ABANDONO DE PERSONAS. PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO BASTA CON QUE QUIEN TIENE EL DEBER DERIVADO DE UNA DETERMINACIÓN O SANCIÓN JUDICIAL DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA DEJE DE HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, CHIAPAS Y PUEBLA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, que versan sobre la materia penal, que es de la especialización de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, órgano jurisdiccional que sostuvo uno de los criterios en posible contradicción, de forma que se encuentra facultada para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo que, en su parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."
TERCERO. En lo que es materia de estudio, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo penal 709/2007, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil ocho, en lo que interesa, sostuvo lo que a continuación se transcribe.
"... Por otro lado, contrario a lo que sostiene el peticionario, del análisis de las constancias que integran tanto la causa penal número ********** como el toca **********, del índice del Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos no Graves, del Distrito Judicial de **********, se establece que se encuentra acreditado el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 138 del Código Penal para el Estado de Chiapas, así como la plena responsabilidad del sentenciado en su comisión. Del precepto legal en cita, se advierte que los elementos constitutivos del delito en mención, son los siguientes: a) Que el agente activo abandone y deje de cumplir su obligación de asistencia, para con quienes tenga ese deber legal; b) Que carezca de motivo justificado para ello; y, c) Que en virtud de esa conducta omisiva los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia. El deber legal del activo de proporcional (sic) alimentos a lo (sic) pasivos del ilícito, se encuentra acreditado con la copia certificada de las actas de matrimonio y de nacimiento de ********** y **********, ambos de apellidos ********** (fojas 14 y 15), expedidas por la jefa del Archivo del Registro Civil del Estado y el Oficial 1 del Registro Civil, con sede en **********, respectivamente, de las cuales se desprende que, por un lado, el quejoso figura como esposo de **********, y por otro como padre de los menores mencionados y, por ende, la obligación que tiene de conformidad con el dígito 299 del Código Civil para esta entidad federativa, consistentes en que: ‘los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos ...’. Por otro lado, el inconforme sostiene que el delito que nos ocupa no se configura con el solo incumplimiento de la obligación de dar alimentos, pues se requiere además que los acreedores carezcan en lo absoluto de recursos económicos para hacer frente a una situación de abandono de subsistencia, de tal manera que el extremo a colmar no debe limitarse al simple incumplimiento del activo, sino al desamparo absoluto, lo cual no aconteció pues su cónyuge confesó que desde antes de la presentación de la querella desempeña un trabajo remunerado, lo cual fue corroborado por las testigos de cargo, con lo cual se demuestra que cuenta con ingresos económicos propios y a la vez que sus menores hijos nunca han sufrido de un abandono total. Lo anterior se estima infundado, pues aun cuando al sujeto activo se le imputa haber sido omiso en proporcionar esos recursos tanto a sus hijos menores como a su cónyuge, estando en posibilidad económica de hacerlo, el hecho de que ésta haya estado en aptitud de trabajar y en el supuesto de que recibiera una remuneración suficiente para atender sus necesidades de subsistencia, dicha eventualidad sólo destruiría el acto delictivo en cuanto a ella se refiere, ya que en puridad jurídica no sería sujeto pasivo del delito, porque el inculpado ya no tendría ese deber jurídico, de conformidad con el numeral 316, fracción II, del Código Civil para el Estado, el cual establece lo siguiente: ‘Artículo 316. Cesa la obligación de dar alimentos: ... II. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; ...’. De la transcripción anterior, se desprende que dicho numeral prevé como causa de cesación de la obligación alimentaria que el acreedor dejare de necesitar los alimentos, y si la cónyuge estima que aun cuando percibe un sueldo, éste no es suficiente para cubrir todas sus necesidades alimentarias en sentido amplio o jurídico, en términos de los numerales 304 y 307 del código en cita, los puede reclamar por la vía civil; incluso es factible que por su perdón se extinga la acción persecutoria, en atención a que este ilícito se persigue por querella del sujeto pasivo, cuando se trate del cónyuge, de acuerdo con el precepto 139 del código sustantivo penal; situación que no acontece tratándose de los hijos menores, pues en este supuesto se persigue de oficio. Por otra parte, como la norma sanciona el riesgo o peligro en que se deja a una o más personas, sin posibilidad de sobrevivir por sí solas, es entendible que si una se ubica en la hipótesis contraria, se le reste toda protección penal; empero, el padre sigue obligado a proporcionar los recursos para atender las necesidades de subsistencia de los menores de edad, y la circunstancia de que éstos reciban ayuda de parientes, terceros o incluso de su madre, quien también tiene la obligación de contribuir a su alimentación, no le quita el carácter de delito a la conducta omisiva del obligado, porque quien obtiene tales ingresos son estas personas y no los menores. En esas condiciones, para que la omisión delictiva desaparezca resulta indispensable que sea el propio sujeto pasivo, y no otros, el que haga cesar ese estado antijurídico de desamparo absoluto, ya sea porque tenga bienes propios, susceptibles de producir frutos que constituyan ministraciones periódicas para su subsistencia, o bien allegándose por sí solo de tales recursos. ... Cabe señalar que este órgano colegiado no comparte la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 1472, cuyos rubro y texto establecen: ‘INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, NO BASTA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTIVO SINO, ADEMÁS, DEBERÁ DEMOSTRARSE EL DESAMPARO TOTAL Y ABSOLUTO DEL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).’ (se transcribe texto). En la ejecutoria de la cual derivó dicha tesis, el Tribunal Colegiado en cita sostuvo lo siguiente: (se transcribe). Asimismo, tampoco se comparte la tesis aislada del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el órgano de difusión en cita, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 923, que establece lo siguiente: ‘ABANDONO DE PERSONAS. NO SE ACTUALIZA ESTE DELITO CUANDO SE ACREDITA QUE EL CÓNYUGE DEL ACUSADO SUMINISTRA ALIMENTOS A LOS HIJOS CON LOS INGRESOS QUE PERCIBE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (se transcribe texto). Lo anterior, porque, como se estableció en párrafos precedentes, como la norma sanciona el riesgo o peligro en que se deja a una o más personas, sin posibilidad de sobrevivir por sí solas, es entendible que si una de ellas se ubica en la hipótesis contraria, se le reste toda protección penal; empero, el padre sigue obligado a proporcionar los recursos para atender las necesidades de subsistencia de los menores de edad, y la circunstancia de que éstos reciban ayuda de parientes, terceros o incluso de su madre, quien también tiene la obligación de contribuir a su alimentación, no le quita el carácter de delito a la conducta omisiva del obligado, porque quien obtiene tales ingresos son estas personas y no los menores ..."
El criterio expuesto quedó plasmado en las tesis que a continuación se transcriben:
Tesis XX.2o.92 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 1357, de rubro y texto siguientes:
"INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ALIMENTARIOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA CÓNYUGE, EN SU CALIDAD DE SUJETO PASIVO, HAYA ESTADO EN APTITUD DE TRABAJAR Y POR ELLO DE RECIBIR UNA REMUNERACIÓN SUFICIENTE PARA ATENDER SUS NECESIDADES DE SUBSISTENCIA, SÓLO IMPLICA PARA EL INCULPADO LA EXTINCIÓN DEL HECHO DELICTIVO EN CUANTO A ELLA SE REFIERE, PERO NO RESPECTO A SUS MENORES HIJOS (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ABROGADA). El artículo 138 del abrogado Código Penal para el Estado de Chiapas establece el tipo penal de incumplimiento de deberes alimentarios, el cual es un delito de los llamados de peligro y no de resultado, cuyos elementos de configuración son: 1) Que el agente activo abandone y deje de cumplir su obligación de asistencia, para con quienes tenga ese deber legal; 2) Que carezca de motivo justificado para ello, y 3) Que en virtud de esa conducta omisiva los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia. Ahora bien, cuando al sujeto activo se le imputa haber sido omiso en proporcionar esos recursos tanto a sus hijos menores como a su cónyuge, estando en posibilidad económica de hacerlo, el hecho de que ésta haya estado en aptitud de trabajar y por ello recibir una remuneración suficiente para atender sus necesidades de subsistencia, sólo implica para el inculpado la extinción del hecho delictivo que se le imputa en cuanto a ella se refiere, pero no respecto de los menores, toda vez que con dicha eventualidad su pareja ya no sería sujeto pasivo del delito y, por ende, ya no tendría con ella ese deber jurídico, pues el artículo 316, fracción II, del Código Civil de la entidad prevé como causa de cesación de la obligación alimentaria que el acreedor dejare de necesitar los alimentos; y si la cónyuge estimara que, aun cuando percibe un sueldo, éste no es suficiente para cubrir todas sus necesidades alimentarias en sentido amplio o jurídico, puede reclamarlas por la vía civil en términos de los numerales 304 y 307 de la última legislación citada, incluso es factible que por su perdón se extinga la acción persecutoria, en atención a que este ilícito se persigue por querella del sujeto pasivo cuando se trate del cónyuge, de acuerdo con el precepto 139 del referido código sustantivo penal, situación que no acontece tratándose de los hijos menores, pues en este supuesto el delito en estudio es perseguido oficiosamente."
Tesis XX.2o.94 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 1358, del siguiente tenor literal:
"INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ALIMENTARIOS. PARA QUE DESAPAREZCA LA OMISIÓN DELICTIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 138 DEL ABROGADO CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS ES INDISPENSABLE QUE SEA EL SUJETO PASIVO, Y NO OTRO, EL QUE HAGA CESAR EL ESTADO ANTIJURÍDICO DE DESAMPARO ABSOLUTO. El artículo 138 del abrogado Código Penal para el Estado de Chiapas establece que el tipo penal de incumplimiento de deberes alimentarios sanciona el riesgo o peligro en que se deja a una o más personas sin posibilidad de sobrevivir por sí solas. En ese sentido, cuando se impute al inculpado haber sido omiso en proporcionar dichos recursos, tanto a sus hijos menores como a su cónyuge, y esta última se ubica en la hipótesis contraria, esto es, que haya estado en aptitud de trabajar y por ello recibido una remuneración suficiente para atender sus necesidades de subsistencia, resulta inconcuso que sólo a ella debe restarse la protección penal, toda vez que el padre, en su calidad de sujeto activo, seguirá obligado a proporcionar los recursos para atender las necesidades de subsistencia de los menores de edad; sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que los menores reciban ayuda de parientes, terceros o incluso de su madre, quien también tiene la obligación de contribuir a su alimentación. Por tanto, para que desaparezca la omisión delictiva prevista en el citado artículo 138, resulta indispensable que sea el sujeto pasivo, y no otro, el que haga cesar el estado antijurídico de desamparo absoluto, ya sea porque tenga bienes propios susceptibles de producir frutos que constituyan ministraciones periódicas para su subsistencia, o bien, porque puede allegarse por sí solo de tales recursos."
El anterior criterio lo reiteró al resolver el amparo directo penal 569/2008, el diez de noviembre de dos mil ocho.
CUARTO. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo penal 119/2006, en sesión de treinta de marzo de dos mil seis, sostuvo lo siguiente:
"... Contrario a lo estimado por la autoridad señalada como responsable, este órgano colegiado considera que no se acreditó el segundo de los elementos del cuerpo del delito en comento; ya que el artículo 215, del Código Penal del Estado de Guanajuato, establece: ‘Artículo 215. A quien injustificadamente deje de satisfacer obligaciones alimentarias, no suministrando a otro los recursos necesarios para que subsista, se le aplicará prisión de seis meses a tres años y de diez a treinta días multa, así como el pago de los alimentos caídos en los términos de la ley civil.’. De lo que se sigue que, los elementos del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, son los siguientes: a) Que el sujeto activo injustificadamente deje de satisfacer obligaciones alimentarias; b) Que dicho sujeto no suministre a otro los recursos necesarios para que subsista. De la lectura del artículo transcrito en concordancia al alcance de los conceptos jurídicos de ‘alimentos’ y ‘elementos de subsistencia’, que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se precisó párrafos atrás, para la acreditación del cuerpo del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, no basta que el obligado incumpla su obligación alimentaria para que se configure el delito, sino que es preciso, además, que los acreedores carezcan de recursos propios, esto es, debió acreditarse el desamparo absoluto de los acreedores; circunstancia que no quedó demostrada con las pruebas que se desahogaron para tal efecto, pues de ellas no se arriba a dicho convencimiento. ... De las pruebas antes reseñadas y que obran en la causa penal, se demostró, el nacimiento de los menores de edad ********** y **********, quienes son hijos del quejoso ********** y **********, asimismo se acreditó, con los testimonios de **********, **********, ********** y **********, que si bien la querellante no recibe dinero por parte del sujeto activo, también lo es que **********, sufraga los gastos de los citados menores de edad, de manera que no se quedan sin los recursos necesarios para que atiendan sus necesidades de subsistencia; luego, como se ha establecido desde el principio de esta ejecutoria, no basta que el quejoso incumpla su obligación alimentaria para que se configure el delito, sino que es preciso, además, que los acreedores carezcan de recursos propios para subsistir, de manera que el Juez Primero Penal del Partido Judicial de Guanajuato, Guanajuato, señalado como autoridad responsable, al analizar en el acto reclamado, estableció que: ... Con dichos argumentos, la autoridad señalada como responsable transgrede las garantías del quejoso, pues de acuerdo a la diferencia conceptual que ha quedado asentada, el extremo a colmarse no debe limitarse al simple incumplimiento del activo, sino al desamparo absoluto de los acreedores, surgido de la ausencia de recursos provenientes del deudor, o aun propios, que permitan la subsistencia; lo que no se demostró dentro de las constancias que al efecto se exhibieron, pues no debe perderse de vista que la ofendida percibía al momento de la denuncia de los hechos la cantidad de tres mil seiscientos pesos mensuales (foja 6 de la causa penal), incluso del estudio socioeconómico practicado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, se determinó que los ingresos mensuales de **********, corresponden a la cantidad de **********, toda vez que labora como empleada en una constructora (fojas 260 a 264 de la causa penal); además de que la mamá de la denunciante tiene una tienda de abarrotes y les proporciona a los acreedores ayuda con productos de esa tienda y con dinero (foja 7 de la causa penal); lo que resultó coincidente con la declaración de ********** (foja 7 vuelta de la causa penal). Así, al no probarse fehacientemente, que existía el desamparo total de los acreedores respecto del deudor alimentario, surgido de la ausencia de recursos que permitieran la subsistencia, ello impide la integración de la figura delictiva de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, dado que ante la ausencia del elemento aludido, no se vulnera el bien jurídico tutelado por la norma, consistente en la seguridad de la familia. Por el contrario se acreditó que los acreedores tienen los medios para su subsistencia pues se los proporciona **********. Por lo tanto, en cumplimiento al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, anunciada al inicio de la presente ejecutoria, se actualiza la causa de exclusión del delito, a que alude el artículo 33, fracción II, del Código Penal del Estado de Guanajuato, consistente en la falta de uno de los elementos del cuerpo del delito."
En el mismo sentido resolvió el Tribunal Colegiado en cita los amparos directos 8/2006, 175/2006, 218/2006 y 584/2006, de los que derivó la tesis de jurisprudencia XVI.P. J/2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 1472, de rubro y texto siguientes:
"INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, NO BASTA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTIVO SINO, ADEMÁS, DEBERÁ DEMOSTRARSE EL DESAMPARO TOTAL Y ABSOLUTO DEL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De la interpretación del artículo 215 del Código Penal para el Estado de Guanajuato se advierte, que uno de los elementos del cuerpo del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, es que el sujeto activo, injustificadamente, no satisfaga las obligaciones alimentarias, esto es, que no suministre los recursos necesarios para que subsista el acreedor, por lo que el extremo a colmarse no debe ser simplemente el incumplimiento del sujeto activo, sino el desamparo total y absoluto del acreedor, surgido de la ausencia de recursos provenientes del deudor, o aun propios, que permitan su subsistencia; por lo tanto, es potestad del juzgador valorar las pruebas que obran en la causa penal para determinar fundada y motivadamente dichos elementos, pues ante la falta de acreditación de ellos, es evidente que esa conducta no vulnera el bien jurídico tutelado por la norma, consistente en la seguridad de la familia."
El anterior criterio se reiteró en los amparos identificados con los números 307/2007, 422/2007, 515/2007 y 719/2007.
QUINTO. Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito), al resolver el amparo directo 408/99, sostuvo las consideraciones que a continuación se transcriben:
"SEXTO. Supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es fundado el concepto de violación en el que se cuestiona que los pasivos fueron objeto de abandono, sin medios de subsistencia para atender sus necesidades primarias y, por lo mismo, suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal solicitada. Ciertamente, los fundamentos del tipo penal de abandono de persona, previsto y sancionado por el artículo 347 del Código de Defensa Social, son los siguientes: a) que una persona abandone a sus hijos sin motivo justificado; y b) que los hijos no cuenten con recursos para atender sus necesidades de subsistencia. Al respecto debe precisarse que el delito de que se trata tutela la vida humana, es delito doloso, de peligro, porque del abandono podría resultar un daño no previsto ni querido por el agente (lesiones) como consecuencia eventual del mismo abandono, es también permanente y de tracto sucesivo, cuyo núcleo del delito consiste en incumplir las obligaciones primarias de orden económico nacidas del matrimonio (sin distinguir la ley en cuanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio), por ello, la conducta antijurídica se ajusta a un abandono de las obligaciones económicas matrimoniales, mismas obligaciones que están prescritas en el artículo 323 del Código Civil para el Estado de Puebla, que dispone que el marido está obligado a sufragar todos los gastos para el sostenimiento del hogar y la educación de los hijos, obligaciones que se hacen extensivas a la mujer, ya que el citado ordenamiento legal, en su artículo 324 establece, que si ésta obtiene sueldo o ganancias, debe contribuir al sostenimiento del hogar y a la educación de los hijos, obligaciones que la referida ley, en distinto apartado (artículo 326) precisa que nacen del matrimonio y serán iguales para los cónyuges; de ahí que si bien es cierto que el Código Civil para el Estado, establece en otro apartado, las medidas conducentes para asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al acreedor (hijos), también lo es que no basta para actualizar el tipo de abandono de persona, el solo hecho de que se demuestre la existencia de un mandamiento judicial que decrete una pensión alimentaria a favor del acreedor alimentario y que el deudor incumpla con la pensión, ya que es menester que se ponga de manifiesto que con tal conducta omisiva se creó un estado de abandono en los acreedores que pusiera en peligro la vida de éstos por carecer de recursos indispensables para satisfacer las necesidades primarias, precisamente porque tales recursos provienen sólo del deudor alimentario; por el contrario, si el deudor alimentario cesa en dar los alimentos al acreedor (hijos), a sabiendas de que la excónyuge percibe ingresos y son a la vez suficientes para satisfacer las necesidades primarias, no se estaría ante la presencia de una lesión al bien jurídico tutelado por la ley. Incluso, conviene destacar que el adeudo de pensiones alimentarias, en principio genera una acción civil para obtener el acreedor alimentista el pago de las pensiones adeudadas, esto es, cuando un cónyuge incurre en la omisión de aportar pensión alimentaria proveniente de un convenio aprobado por un órgano judicial de lo familiar, podrá el acreedor reclamar el pago de alimentos por la vía civil, pero se insiste, no necesariamente está vinculado el incumplimiento de un convenio con el delito de abandono de persona, pues para la configuración de éste, se requiere que exista la falta absoluta de suministro de alimentos a causa de la actividad dolosa de la persona obligada a suministrarlos; allí que se (sic) sería inexacto considerar que el solo incumplimiento de un convenio relativo al suministro de alimentos, resulte un factor condicionante para actualizar el estado de abandono cuando no quedó demostrado este extremo. ... Sin embargo, contrario a la apreciación que de las constancias del proceso, hizo la Sala responsable, son insuficientes para justificar que con la omisión del enjuiciado en el cumplimiento de las pensiones alimentarias decretadas por mandamiento judicial, se propició un riesgo en la subsistencia de los pasivos, pues debe recordarse que se trata de un delito de peligro cuya naturaleza radica en el hecho de poner en riesgo a la persona abandonada, y en el caso se soslayaron aquellas circunstancias que indican la ausencia de una auténtica situación de desamparo para con los hijos, pues precisamente, para justificar la indemostración del delito, debió apreciarse en primer término el contenido de la querella formulada por la excónyuge, de la que se aprecia, entre otras cosas, que no se incurrió en el abandono material de los hijos, ya que la querellante refirió que hubo la disolución del vínculo matrimonial y de acuerdo al convenio exhibido en la demanda de divorcio voluntario, documento al que hizo referencia la excónyuge, se desprende a su vez que se acordó que los aludidos hijos estarían bajo la custodia de la madre e, incluso, en la cláusula décima cuarta se advierte que ambos convinieron en renunciar al cincuenta por ciento de los derechos que les correspondían del inmueble adquirido dentro de la sociedad conyugal y cederlos a favor de los tres menores hijos y que dicho inmueble sería ocupado para vivienda de la madre e hijos, datos que evidencian que los hijos quedaron bajo la custodia de la madre y que implica la admisión de que no hubo privación de los cuidados debidos para unos menores y que pone de manifiesto a su vez que el quejoso, al igual que la excónyuge acordaron en satisfacer la necesidad de la vivienda, y al respecto, tales circunstancias no fueron controvertidas por la querellante al comparecer ante la presencia ministerial y ratificar su escrito de denuncia, sino por el contrario, lejos de demostrarse que la querellante quedó sin recursos para atender el resto de los satisfactores referidos a la subsistencia de los hijos, para justificar el estado de abandono en que se dice que aquéllos quedaron, se evidenció que la madre ya laboraba con anterioridad a la exhibición que hizo el quejoso de la última aportación de la pensión alimentaria (diciembre de mil novecientos noventa y cinco), y que con los ingresos obtenidos la posibilitan (descartando desde luego la vivienda) a cubrir al menos las necesidades de subsistencia de los hijos, alimentación, vestido y gastos médicos, en su caso, pues en ese aspecto, en la instrucción, el enjuiciado, para acreditar la capacidad económica de la querellante, esto es que cuenta con recursos para atender las necesidades de subsistencia de los hijos, entre otras pruebas solicitó informe del director de relaciones laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado, a través de la cual se demostró que ********** es profesora, que labora en la escuela denominada ********** de la ciudad de **********, y percibe mensualmente como sueldo la cantidad de ********** (f. 454) e incluso, la actividad desempeñada dentro del magisterio la propia querellante ante el Ministerio Público la puso de manifiesto al ratificar su escrito de denuncia, e identificarse con credencial expedida por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que consigna como fecha de expedición el ocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, fecha que como ya se dijo, corresponde con antelación al incumplimiento del deudor alimentario a las pensiones, datos que viene a fortalecer el hecho de que los menores hijos no estuvieron en un estado de abandono en sus necesidades alimenticias, dada la capacidad económica de la madre para proporcionar los recursos elementales para subsistir con sus hijos, y sin que sea el caso de cuestionar si el sueldo que percibe sea insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias, ya que al respecto, con independencia de que demostrara las necesidades de carácter incierto, sólo le consta a la querellante, esto es si el ingreso que percibe es suficiente o no, el referido informe no fue objetado, aunado a lo anterior, el enjuiciado exhibió una documental privada consistente en un recibo expedido con letra manuscrita por ********** que consignaba que su hija menor ********** recibió en el mes de junio de mil novecientos noventa y seis, ********** pesos por concepto de transportes y otros gastos, sin especificar este último, recibo firmado por la referida hija, mismo que obra a foja noventa y cinco del proceso, documental que a su vez reconoció en su contenido la aludida hija y que además se desahogó el testimonio de la citada hija de nombre **********, prueba ofrecida con la finalidad de que esta última manifestara que recibió en reiteradas ocasiones por parte de su padre dinero, de ahí que también se ponga de manifiesto que el padre no tuvo conocimiento a través de la hija **********, que tuvieran sus demás hermanos apremio económico que trascendiera en riesgo sobre la subsistencia de éstos, como sería una enfermedad que requiriera asistencia médica y que la madre estuviera imposibilitada para proporcionársela o bien que no contaran con alimentación, satisfactores que sí resultan apremiantes. Luego, es exacta la argumentación referida a que la Sala responsable en forma incorrecta no advirtió agravio que suplir por cuanto a las pruebas que a juicio del Juez del primer grado justificaban la comprobación d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22383-c9fa0ada/abandono-de-personas-para-la-configuracion-de-ese · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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