AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 156/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; en relación con el punto segundo del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de tratarse de una contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con apoyo en la facultad que les confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (denunciante), al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"De lo hasta aquí expuesto se evidencia que por competencia constitucional corresponde al Juez de la causa resolver la situación jurídica del inculpado que le ha sido puesto a su disposición, y en ejercicio de la misma está a su cargo, en su caso, la emisión de un auto de formal prisión que debe satisfacer ciertos y determinados requisitos de forma y fondo, y entre los primeros se encuentran los destacados en parágrafos precedentes, esto es, que la resolución de término constitucional contenga la expresión del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta catalogada como delictiva, así como los argumentos que reflejen la mención precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su dictado como bases para encuadrar los hechos en el precepto legal que contempla la figura delictiva por la cual se emite ese auto de formal prisión y, consecuentemente, la expresión de las razones por las que desde la perspectiva de la autoridad responsable las pruebas existentes en autos son bastantes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
"Ahora bien, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen garantías individuales.
"En tanto que del artículo 107, fracciones VII y XII, de ese precepto del Pacto Federal, se obtiene que el juicio de amparo contra actos en juicio y contra violación de las garantías previstas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 del propio Ordenamiento Supremo, podrán ser reclamadas ante el Juez de Distrito correspondiente.
"Consecuentemente, es palmario que el juicio de amparo tiene como finalidad analizar la constitucionalidad de la actuación de la autoridad frente al particular, a efecto de estudiar si en esa actuación el órgano del Estado infringió o no garantías individuales del gobernado, y en caso afirmativo obligar a la autoridad responsable a dejar sin efectos su acto para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, tal como lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo.
"Pero conforme a la propia técnica del juicio constitucional, no es factible que el juzgador de amparo subrogue a la autoridad responsable y motu proprio ejerza las funciones que por disposición constitucional están encomendadas a aquélla.
"Bajo ese contexto, si en el caso concreto el acto reclamado lo constituye un auto de formal prisión que resulta violatorio de las garantías individuales de la quejosa por incumplir los requisitos formales exigidos por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, referidos en párrafos precedentes, y por esa razón la Jueza de Distrito le concedió la protección federal, e inconforme con el efecto del amparo la quejosa interpuso el recurso de revisión que nos ocupa con la finalidad de que este Tribunal Colegiado lleve a cabo un estudio del caudal probatorio existente en la causa penal a fin de determinar si se colman los requisitos de fondo del auto de formal prisión, esto es, si se encuentra acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad penal.
"No obstante esa inconformidad, este órgano colegiado jurídicamente no puede acceder a la petición de la inconforme, porque ello implicaría sustituirse en la función de la autoridad responsable y arrogarse la atribución que por mandato constitucional corresponde llevar a cabo en forma genuina a la potestad común.
"Es decir, si la razón toral por la cual se concede a la quejosa la protección federal, estriba en que la autoridad jurisdiccional responsable al emitir el auto de término constitucional, no llevó a cabo una valoración de las pruebas existentes en autos que la condujera a expresar por qué considera que con esos medios de prueba se acredita el cuerpo del delito, particularmente en qué consiste la acción de abandono de una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla, y porque además no puntualizó cuáles de los hechos denunciados y aparentemente probados son relevantes para reflejar las circunstancia de ejecución de la conducta delictiva, de tal manera que permitan comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico; entonces es inconcuso que el juzgador de amparo no puede prima facie efectuar la valoración de esos medios de convicción y determinar si los mismos son suficientes e idóneos para colmar la materialidad del cuerpo del delito y hacer probable para participación del inculpado en la comisión del injusto, porque se insiste que ello conllevaría sustituir a la autoridad responsable en una labor que por mandato constitucional le corresponde realizar a ella."
Similares consideraciones fueron sustentadas por el citado Tribunal Colegiado de Circuito al resolver los amparos en revisión 270/2008, 226/2008 y 56/2008.
CUARTO. Por su parte, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito -tribunales emisores de los criterios que se consideran contradictorios con el señalado en el considerando anterior-, al resolver los amparos en revisión 302/1977, 290/1977, 380/1977, 598/1977 y 708/1977, así como 56/87, 4/90, 48/90, 538/90 y 382/90, respectivamente, se pronunciaron en el sentido siguiente:
Que es contrario a la técnica del juicio de amparo, que la sentencia se limite a estudiar si en el auto de formal prisión se colmaron los requisitos de forma previstos en el artículo 19 constitucional, siendo que primero deben apreciarse las pruebas para determinar si se encuentran satisfechos los requisitos de fondo concernientes a la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculpado, y en caso afirmativo proceder a estudiar si se satisfacen los requisitos de forma.
De los asuntos referidos, surgieron las siguientes tesis jurisprudenciales:
"Séptima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"109-114 Sexta Parte
"Página: 313
"Genealogía: Informe 1978, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 1, página 297
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE FONDO Y DE FORMA DEL, EN EL AMPARO. Es contraria a la técnica del juicio de amparo la conducta del Juez de Distrito que consiste en limitarse a estudiar en su sentencia, cuando el acto reclamado es el auto de formal prisión, la cuestión relativa a si en ese mandamiento se llenaron los requisitos de forma a que se contrae el artículo 19 constitucional, y a conceder el amparo para que el Juez natural resuelva nuevamente lo que proceda en derecho. Lo debido es -conforme a las jurisprudencias números 36 y 40, y a la segunda tesis relacionada con esta última, consultables en las páginas ochenta y ocho, noventa y dos y noventa y tres, respectivamente, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos setenta y cinco-, apreciar las pruebas del proceso para determinar primeramente si se encuentran o no satisfechos los requisitos de fondo concernientes a la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, y sólo en la hipótesis afirmativa pasar al estudio del cumplimiento o incumplimiento de los de forma, para que en caso de que no se hayan satisfecho conceder la protección constitucional solamente para que esa omisión sea subsanada y de ninguna manera con la plenitud de jurisdicción a que antes se hizo referencia, que podría conducir inclusive a agravar la situación del peticionario de garantías.
"Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito."
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"VII, junio de 1991
"Tesis: I.2o.P. J/29
"Página: 145
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EXAMEN DEL, EN EL JUICIO DE AMPARO. Es contraria a la técnica del juicio de amparo, el fallo del Juez de Distrito que se limita a estudiar en su sentencia, cuando el acto reclamado es un auto de formal prisión, la cuestión relativa a si en ese mandamiento se llenaron los requisitos de forma a que se contrae el artículo 19 Constitucional, y a conceder el amparo para que el Juez natural subsane dicha deficiencia y resuelva nuevamente lo que proceda en derecho. Pues de conformidad con las jurisprudencias número 56 y 61, y a la cuarta tesis relacionada con esta última, consultables a fojas 89, 94 y 96 respectivamente de la Novena Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, primero deben apreciarse las pruebas que arrojó la averiguación, para determinar si se encuentran o no satisfechos los requisitos de fondo concernientes a la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad penal del inculpado en su comisión, y sólo en la hipótesis afirmativa pasar al estudio del cumplimiento o incumplimiento de requisitos de forma, para que en caso de no haberse satisfecho, se conceda la protección constitucional, solamente para el efecto de que esa omisión sea subsanada y de ninguna manera con plenitud de jurisdicción, pues ello podría conducir a agravar la situación del peticionario de garantías.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito."
QUINTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
Expuesto lo anterior y de la lectura de las sentencias pronunciadas por los tribunales contendientes, esta Primera Sala estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
Con la finalidad de demostrar lo anterior, en primer lugar, hay que señalar que, como se advierte, al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por una parte y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por la otra, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, consistente en determinar si en la sentencia de un juicio de amparo, en el que el acto reclamado sea un auto de formal prisión, al carecer de fundamentación y motivación en la valoración de pruebas, el órgano de control constitucional puede ocuparse o no del estudio directo de dichas pruebas, relativas a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
Al respecto, los Tribunales Colegiados en mención adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, pues el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito concluyó que en un juicio de amparo en que el acto reclamado sea un auto de formal prisión, el Juez respectivo está imposibilitado para valorar directamente las pruebas relacionadas a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado (requisitos de fondo), toda vez que ello implicaría sustituir a la autoridad responsable en facultades que incumben a su jurisdicción natural; mientras que, por su parte, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvieron que es contrario a la técnica del juicio de amparo que el juzgador se limite a estudiar si en el auto de formal prisión se llenaron los requisitos de forma previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -circunstancias de lugar, tiempo y modo-, siendo que primero deben valorarse las pruebas para determinar si se encuentran satisfechos los requisitos de fondo concernientes a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado y, en caso afirmativo, proceder al estudio de los requisitos de forma.
Como se advierte de la lectura comparativa de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico, relativo a determinar si en la sentencia de un juicio de amparo, en el que el acto reclamado sea un auto de formal prisión, al carecer de fundamentación y motivación en la valoración de pruebas, el órgano de control constitucional puede ocuparse o no del estudio directo de dichas pruebas, relativas a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
Además, resulta oportuno agregar que los hechos que dieron origen a las posiciones contradictorias son similares, pues en los asuntos del conocimiento de los tribunales referidos se reclamaron resoluciones vinculadas con autos de formal prisión y en los amparos por medio de los cuales se combatieron se alegó la falta de valoración de pruebas (en cuanto a su debida fundamentación y motivación) para así estar en condiciones de determinar si se encontraban satisfechos los requisitos de fondo concernientes a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
En ese contexto, se concluye que en el caso analizado sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con el tema relativo a determinar si en la sentencia de un juicio de amparo, en el que el acto reclamado sea un auto de formal prisión, al carecer de fundamentación y motivación en la valoración de pruebas, el órgano de control constitucional puede ocuparse o no del estudio directo de dichas pruebas, relativas a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
No es obstáculo a la conclusión anterior la circunstancia de que el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito no se haya redactado ni publicado en la forma establecida por el artículo 195 de la Ley de Amparo, toda vez que aun y cuando tal criterio no esté contenido en una tesis, ello no impide que el mismo pueda ser parte una contradicción de tesis.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que esta Primera Sala comparte, cuyo contenido es el siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XII, noviembre de 2000
"Tesis: 2a./J. 94/2000
"Página: 319
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
SEXTO. Una vez fijada la materia sobre la que versa la presente contradicción, así como las circunstancias de hecho y de derecho que se erigen en los supuestos esenciales que dieron lugar a ella, se impone reiterar que sí existe la contradicción de tesis denunciada y, por ende, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que debe prevalecer es el que sustenta la presente resolución.
En primera instancia, es necesario delimitar la naturaleza del tema jurídico medular que abordan las resoluciones que integran la presente contradicción de tesis, como es lo que debe hacer el órgano de control constitucional cuando la falta de fundamentación y motivación, recae respecto de la valoración de las pruebas (requisito de fondo) por parte de la autoridad responsable al momento en que emite el auto de procesamiento.
Así pues, para resolver la problemática planteada, nos referiremos en primer lugar, a la naturaleza jurídica y consecuencias que derivan del auto de formal prisión, en segundo lugar, a los alcances de la garantía de legalidad de los actos de autoridad y, en tercer lugar, a los efectos que debe traer consigo una sentencia de amparo que se concede por no haberse fundado y motivado debidamente la valoración de las pruebas a fin de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en el delito por el cual se pretenda instaurar un proceso penal.
Para comenzar, es indispensable transcribir el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituye el fundamento de todo auto de formal prisión, que a la letra dispone:
"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.
"Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del Juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
"Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.
"Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades."
Tal como lo sostuvo esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 44/2001-PS, por unanimidad de cuatro votos, bajo la ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, el auto de formal prisión, de acuerdo con la norma constitucional, tiene como primer objetivo justificar la detención del inculpado que es puesto a disposición del Juez por el Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito. Tal auto debe dictarse siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito que se atribuye al detenido y que establezcan la probable responsabilidad de éste en la comisión del ilícito imputado. Tales son las exigencias de fondo de dicha resolución, reconocidas doctrinariamente y en la jurisprudencia, en el entendido de que los elementos del cuerpo del delito que se impute al detenido, deben quedar plenamente comprobados y la responsabilidad penal puede ser simplemente presuncional.
En el mismo contexto, el Diccionario Jurídico Mexicano editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que el auto de formal prisión es una "resolución dictada por el órgano jurisdiccional, durante el curso del proceso penal, en cuya virtud se fija la calificación legal de un hecho consignado por la acusación y se atribuye a un sujeto, previamente señalado por ésta, la responsabilidad penal correspondiente, con carácter provisional y en grado de probabilidad. Al mismo tiempo, y eventualmente, se ordena la privación de la libertad del presunto responsable a título de medida cautelar".
Al respeto, el maestro Alcalá Zamora afirma que el auto de formal prisión o de procesamiento, como sería mejor denominarle, sirve esencialmente para darle un destinatario a la instrucción y, por lo menos, una apariencia de contradictorio a la misma, aun sin erigirla en proceso entre partes.
Por su parte, Jiménez Asenjo señala el auto de formal prisión puede definirse como:
"Aquella resolución judicial interlocutoria fundada, en la que, imputándose provisionalmente a determinada persona o personas un hecho punible, se la sujeta directamente y con bienes bastantes, si los tiene, al resultado definitivo que dicte el tribunal juzgador."
Además, Guillermo Colín Sánchez en su libro intitulado "Derecho Mexicano de Procedimientos Penales", señala que:
"El auto de formal prisión es la resolución pronunciada por el Juez, para resolver la situación jurídica del procesado al vencerse el término constitucional de setenta y dos horas, por estar comprobados los elementos integrantes del cuerpo de un delito que merezca pena corporal y los datos suficientes para presumir la responsabilidad, siempre y cuando no esté probada a favor del procesado una causa de justificación o que extinga la acción penal para así determinar el delito o delitos por los que ha de seguirse el proceso."
Dicho lo anterior, recordemos que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la palabra "delito" empleada en la disposición constitucional que se comenta, debe entenderse como el conjunto de los hechos sancionados por las leyes penales materia de la acusación, por los que se decreta la formal prisión, debiendo señalarse en dicha resolución el precepto sustantivo que sanciona tales hechos, al igual que las razones por las que se estimen probados los elementos constitutivos de ese delito, con las pruebas aportadas que los acrediten y precisando probable la sanción imponible para justificar que dicho delito tiene señalada sanción corporal.
En consecuencia, la palabra "delito" contenida en el texto del mencionado precepto constitucional, no debe entenderse como la denominación legal contenida en los Códigos Penales, como por ejemplo homicidio, robo, fraude, etcétera, sino, como ya se dijo, que por dicho término debe entenderse el conjunto de los hechos por los que el Ministerio Público realiza la consignación ante el Juez de la causa y por los que la autoridad judicial dicta el auto de formal prisión, aunque para emitir el auto de término constitucional, se emplee la denominación genérica a que tales hechos se asimilan, como puede ser, por ejemplo, alguna hipótesis del delito de robo previsto en determinado precepto del Código Penal, lo que resulta indispensable porque sólo así se puede señalar la probable hipótesis de pena de prisión aplicable, que es la que justifica el pronunciamiento del auto de formal prisión.
Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señala
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21869-b87a5fa8/auto-de-formal-prision-cuando-a-traves-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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