PRESIDENTES DE LAS JUNTAS FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE O DE LAS JUNTAS ESPECIALES. CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO UN LAUDO O RESOLUCIÓN PRONUNCIADOS POR AQUÉLLAS Y COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A SUS PRESIDENTES, NO ES MOTIVO PARA NO RECONOCER A ÉSTOS TAL CARÁCTER NI PARA DECLARAR INEXISTENTES DICHOS ACTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a partir de una interpretación teleológica de las reformas constitucionales a los artículos 94 y 107 de la Norma Suprema, consolidadas en 1994, 1996 y 1999, en relación con los puntos segundo, tercero, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001 de veintiuno de junio del dos mil uno, dado que el tema a dilucidar, aunque es común a ambas Salas de este Alto Tribunal, no requiere la intervención del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque existen criterios jurisprudenciales que informan el sentido del presente asunto.
No es óbice para establecer la determinación anterior, el hecho de que en la presente contradicción de tesis intervenga el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, esto es, de materia diversa a las de especialización (de trabajo y administrativa) de esta Segunda Sala, pues de acuerdo a las consideraciones que se expondrán posteriormente el criterio sustentado por dicho órgano colegiado no está en contradicción con los criterios sostenidos por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Circuito indicado y el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, motivo por el cual se declarará la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada respecto aquel órgano colegiado y los tribunales últimamente citados; luego, no es necesario fijar la tesis que debe prevalecer; razón por la cual, en beneficio de una pronta administración de justicia esta Sala debe conocer del presente asunto.
A este criterio resulta aplicable, por analogía, la tesis siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SON COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLA, AUN CUANDO LOS CRITERIOS PROVENGAN DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIVERSA ESPECIALIZACIÓN, CUANDO DEBA DECLARARSE SIN MATERIA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los incisos primero y segundo del Acuerdo Plenario Número 1/1995, las Salas de la Suprema Corte de Justicia son competentes para conocer de las denuncias de contradicción de tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, si las materias sobre las que tratan son de su especialización. No obstante, aun cuando los criterios denunciados como contradictorios provengan de Tribunales Colegiados sobre materias que no sean competencia exclusiva de una Sala, ésta puede válidamente conocer de la cuestión por no ser necesario fijar la tesis que deba prevalecer; ello, en beneficio de una pronta administración de justicia y con apoyo en lo dispuesto en el Acuerdo Plenario 4/1995, inciso primero, fracción V, emitido por el Tribunal Pleno el trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, junio de 1995, tesis 2a. LI/95, página 229).
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
TERCERO. El entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 591/1991, el trece de febrero de mil novecientos noventa y dos, en la parte conducente, sostuvo:
"SEGUNDO. Resulta innecesario transcribir y estudiar las consideraciones que sustenta (sic) el laudo reclamado, así como los concretos de violación formulados por el peticionario del amparo, toda vez que se advierten causales de improcedencia del juicio de garantías, cuyo examen debe hacerse de oficio, en términos de la tesis de jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917 a 1988, que dice: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables al presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y al Actuario de dicha Junta, reclamándole al primero, la resolución que se dictó con fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, en que se condena a su representada al pago de las prestaciones que reclama Noé de León Fajardo y, del segundo, el cumplimiento de dicha resolución. Ahora bien, por lo que toca al presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, cabe decir, que teniendo en consideración que conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, es evidente que en el caso el presidente, en sí mismo, no tiene el carácter de autoridad responsable en el laudo impugnado, supuesto que quienes emitieron esa resolución fueron los integrantes de la referida Junta; luego entonces, como dentro de las obligaciones y facultades que al citado presidente le confiere el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo no se encuentran las de dictar laudos como el que en la especie se reclama, tal circunstancia hace que opere la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103, y 107, de la Constitución Federal y por lo mismo, con fundamento en el numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer el presente juicio. Es aplicable al caso concreto la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 308, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: ‘JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y ESPECIALES DE LA. SUS PRESIDENTES NO SON EN SÍ MISMOS AUTORIDADES RESPONSABLES EN LA EMISIÓN DE UN LAUDO.’ (se transcribe)."
Del mismo modo, es necesario señalar que resulta innecesario reproducir las resoluciones dictadas por el Tribunal Colegiado mencionado, en los amparos directos AD. 591/1981, AD. 613/1991, AD. 611/1991 y AD. 629/1991, en virtud de que las consideraciones ahí sustentadas son similares a las arriba transcritas.
De las ejecutorias dictadas en los amparos directos precitados surgió la jurisprudencia, cuyo texto y datos de localización son:
"PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SÍ MISMO NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL LAUDO RECLAMADO EL. Conforme a los dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el reclamado; por tanto, es evidente que el presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, como tal, no tiene el carácter de autoridad responsable en el laudo impugnado, ya que dentro de las obligaciones y facultades que al citado presidente le confiere el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo, no se encuentran las de dictar laudos, función ésta que atañe a los integrantes de la citada Junta." (Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 52, abril de 1992, tesis XX. J/19, página 65).
CUARTO. El criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el quince de junio de dos mil cinco, al resolver el amparo en revisión AR. 1055/2005 se apoyó en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Por ser preferente y oficioso el examen de las causales de improcedencia en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, este tribunal analizará la que en el caso se actualiza, respecto del acto reclamado al procurador general de Justicia del Distrito Federal, no obstante que el recurrente sea el ofendido y que no haya impugnado el sobreseimiento que en relación a tal acto decretó el Juez de amparo. En efecto, el a quo, en el considerando segundo de la sentencia recurrida, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al procurador general de Justicia del Distrito Federal; en virtud de que dicha autoridad responsable, al rendir su informe justificado, negó la existencia del mismo (foja 99 del cuaderno de amparo), sin que la parte quejosa aportara probanza alguna para desvirtuar esa negativa; por lo que se consideró inexistente el acto que se reclamó de tal autoridad. Lo anterior no se comparte, pues como se advierte de las constancias que integran el juicio constitucional, es claro que el acto reclamado sí existe, ya que por acuerdo de cinco de agosto de dos mil cuatro, dictado por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la averiguación previa CUH-8T1/4427/03-12, autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal (fojas 266 a 676 -sic- del cuaderno de amparo); en estas condiciones, lo cierto es que el procurador general de Justicia del Distrito Federal no intervino en su emisión. Esto es así, pues no resulta lógico ni jurídico sostener que el acto reclamado, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica de un quejoso, sólo exista respecto de alguna autoridad y no en relación con otra, toda vez que la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, establece: ‘Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley, es decir, esta hipótesis se actualiza sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables niegan la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestra lo contrario, pero no como en el caso, que se acreditó que el acto reclamado sí existe.’. De lo expuesto, se concluye que respecto del acto reclamado al procurador general de Justicia del Distrito Federal, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el ordinal 11, ambos de la Ley de Amparo, pues no emitió, dictó, publicó ni ejecutó el acto que se reclama; por lo que no puede considerársele como autoridad responsable en el juicio de amparo del que emana la sentencia que se revisa. Consecuentemente, debe sobreseerse en el juicio de amparo por lo que a tal acto de autoridad corresponde, en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, y no de la fracción IV, del mismo precepto como lo consideró el a quo."
En este apartado es necesario señalar que resulta innecesario reproducir las resoluciones dictadas por el Tribunal Colegiado mencionado, en los amparos en revisión RP. 975/2005, AR. 1045/2005, AR. 1115/2005 y AR. 895/2005 en virtud de que las consideraciones ahí sustentadas son similares a las precedentes.
De las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisión precitados derivó la jurisprudencia, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento." (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, tesis I.5o.P. J/3, página 1363).
QUINTO. El criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veinticuatro de enero de dos mil ocho, al resolver el amparo en revisión AR. 2633/2007, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"CUARTO. De la sentencia recurrida, se desprende que el a quo sobreseyó en el juicio respecto a los actos reclamados al presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, con base en los siguientes argumentos: ‘El presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, aceptó la existencia del acto reclamado, por cuanto hace a su representación, consistente en la resolución de personalidad de trece de junio de dos mil siete, emitida en el expediente laboral 809/2006 (fojas 276 a 284) tal como se advierte de su informe justificado (foja 62), sin embargo no es el caso de aceptar su asentimiento, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta una orden, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, y es palpable que en el caso el presidente en sí mismo, no le asiste el carácter de autoridad responsable en el dictado de la interlocutoria reclamada de trece de junio de dos mil siete, en virtud de que dicha resolución fue emitida por la Junta, como órgano colegiado, y no como actuación propia del presidente; tal circunstancia, hace que opere la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Federal y por lo mismo, con fundamento en el numeral 74, fracción III, del citado ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio’; y se apoyó en los criterios jurisprudenciales de rubro: ‘PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SÍ MISMO NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL LAUDO RECLAMADO EL.’ y ‘SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS.’, emitidas por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente. Este tribunal estima que la anterior consideración es incongruente, por lo que de oficio procede a corregirla; ello, en virtud de que las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público. Sirve de apoyo por identidad jurídica, la tesis P./J. 133/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que textualmente establece: ‘SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.’ (se transcribe). En efecto, la recurrente precisó en la demanda de amparo indirecto como autoridades responsables a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y su presidente. Como acto reclamado señaló la resolución interlocutoria de personalidad dictada el trece de junio de dos mil siete, en la que se declaró improcedente el incidente. El presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, al rendir informe justificado a nombre de la Junta y del suyo propio, aceptó la existencia del acto que se le imputó (foja sesenta y dos del expediente de amparo indirecto 1434/2007-VI), consistente en la emisión de la resolución incidental de personalidad. De autos se aprecia que la resolución interlocutoria de personalidad fue dictada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal de manera colegiada, y no por el presidente de la citada Junta en lo individual; cuestión por la cual el a quo consideró que el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal no era autoridad responsable, conclusión que se estima incorrecta, y para explicarlo, es necesario precisar lo que se entiende por autoridad responsable. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 11.’ (se transcribe). Ignacio Burgoa, en su obra ‘El Juicio de Amparo’, México dos mil cinco, editorial Porrúa, cuadragésima primera edición, página trescientos treinta y ocho, señala que autoridad es: ‘aquel órgano estatal, de facto o de jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada, de una manera imperativa’; y respecto a autoridad responsable en el juicio de amparo afirma que es: ‘aquél órgano del Estado, con los caracteres y notas que hemos expresado anteriormente, al cual se imputa una contravención’. De lo anterior, encontramos que una autoridad es aquella que dispone de fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y, que por lo mismo, se encuentra en posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, por lo que puede dictar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, lo que da lugar a que existan dos clases de autoridades, la ordenadora, que es aquella que emite un acto de autoridad, y la ejecutora, que es la que va a materializar el acto; y para ser considerada como responsable en el juicio de amparo, no sólo debe contar con esas facultades, sino también que se le impute dicho acto. En ese sentido, si en la especie no le correspondía al presidente de la Junta dictar la resolución incidental en lo particular, sino que se trataba de un acto el cual, para dictarlo, tiene competencia la Junta como órgano colegiado, no quiere decir que el presidente de ésta no pueda ser autoridad para el efecto del amparo (sic) es aquélla que tiene dentro de sus atribuciones actos de promulgación, publicación, o bien, de ejecución, conforme a la ley que la rige, de la ley o el acto reclamado a ella; por lo que si en la especie, el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal se encuentra dentro de los supuestos del artículo 11 de la Ley de Amparo ya transcrito, y a él se le atribuyó el acto consistente en la resolución interlocutoria de personalidad, con independencia de que la ley lo faculte o no para su dictado, debe considerarse autoridad responsable en el juicio de garantías. Además, la existencia del acto reclamado es de estudio preferente, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, pero al no existir, se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, por lo que si la resolución incidental de personalidad, señalada como acto reclamado, fue dictada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal de manera colegiada, atendiendo a lo que dispone el artículo 889 de la Ley Federal del Trabajo y no por el presidente, a quien de conformidad con dicho numeral no corresponde tal atribución, aun cuando en el informe que rindió haya aceptado el acto a él imputado, trae como consecuencia que dicho acto no sea cierto y, de conformidad con el precitado artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, deba sobreseerse en el juicio respecto a esa autoridad, pero de ninguna manera puede afirmarse que éste no sea autoridad responsable. En consecuencia, aun cuando la autoridad señalada como responsable acepte la existencia del acto que directamente se le imputa, si de constancias se desprende que el mismo no fue emitido por él, éste debe considerarse inexistente y, por tanto, decretarse el sobreseimiento con base en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo a lo anterior que no haya emitido el acto porque de acuerdo a las disposiciones de la ley laboral no correspondía a éste, ya que la inexistencia del acto deriva de si éste fue o no emitido por la autoridad señalada como responsable, pero no del evento de que no esté facultado conforme a la ley para dictarlo. Por lo que si el a quo resolvió sobreseer en el juicio de amparo respecto al presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, considerando que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 11 y el 74, fracción III, todos de la Ley de Amparo, dictó una resolución contraria a la misma, pues dejó de considerar que el propio artículo 74 prevé el sobreseimiento directo por la inexistencia del acto reclamado, tal como sucedió en la especie, en virtud de que el presidente de la Junta sí es autoridad responsable en el juicio de garantías pero no emitió el acto a él reclamado, por lo que se actualizó la inexistencia del mismo, y ello da lugar a que el sobreseimiento en el juicio se dé sin necesidad de que se surta una causal de improcedencia. En las relatadas circunstancias, respecto al presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, señalado como autoridad responsable en la emisión de la resolución interlocutoria de personalidad de trece de junio de dos mil, si bien al rendir informe a nombre de la Junta y el suyo propio aceptó el acto que se le atribuyó, y esto se desvirtúa en razón de que dicha resolución fue dictada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal de manera colegiada, por lo que el acto atribuido a dicho presidente, no es cierto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de garantías, en esta parte. Es decir, en atención con lo expuesto, el presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje sí es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que la Ley Federal del Trabajo lo señala como tal en el artículo 11; asimismo, la existencia del acto reclamado es de estudio preferente, y en caso de que resulte inexistente respecto a esta autoridad, da lugar a que se sobresea en el juicio por inexistencia del acto reclamado, sin que la falta de facultades para emitirlo dé lugar a que no sea autoridad responsable, pues se insiste, el reconocimiento de autoridad responsable depende de que ésta cuente con la posibilidad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar la ley o el acto reclamado y que a ésta se le impute dicho acto, sin que tenga nada que ver para ese reconocimiento que posea facultades o no para emitir dicho acto, en virtud de que al no haberlo emitido, trae como consecuencia la inexistencia del acto reclamado respecto a esa autoridad, pero no que ésta carezca del carácter de autoridad responsable. Por tanto, no se comparte el criterio en que se apoyó el Juez de Distrito, emitido por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y dos, abril de mil novecientos noventa y dos, página sesenta y cinco, Octava Época, de rubro y texto siguientes: ‘PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SÍ MISMO NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL LAUDO RECLAMADO EL.’ (se transcribe). En otro aspecto, el a quo también fundamentó su determinación en la jurisprudencia J/3, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página mil trescientos sesenta y tres, Novena Época, del tenor literal siguiente: ‘SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS.’ (se transcribe). Criterio que tampoco comparte este Tribunal Colegiado, en razón de que cuando se reclama un acto a diversas autoridades responsables, con independencia de que nieguen o acepten el acto, si resulta inexistente respecto a una de éstas por no haber emitido o ejecutado el mismo, no impide que sea cierto respecto a otra u otras autoridades a las que también se les imputó dicho acto; lo anterior, dado que jurídicamente unos actos pueden resultar inexistentes, y otros existentes, lo que dará lugar a que en el primer supuesto se decrete el sobreseimiento en el juicio por aquéllos, de conformidad con la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo; y si resultan ciertos por otra autoridad, dará lugar a que se estudien las causales de improcedencia y el fondo del asunto; ello, porque la existencia o inexistencia del acto deriva de la emisión del mismo por las autoridades señaladas como responsables, así como del informe que rindan, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en un juicio de garantías es factible que se declare existente el acto reclamado respecto a una autoridad de las señaladas como responsables y, al mismo tiempo, sea inexistente en relación con otra, caso en el que operará el sobreseimiento de conformidad con la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo únicamente en cuanto a la autoridad por la que no existe el acto. Por estas razones, procede denunciar la posible contradicción de tesis, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 5/2000, que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuarenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, junio de dos mil, Novena Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.’ (se transcribe). Consecuentemente en este aspecto procede confirmar la sentencia que se recurre, pero por razones diferentes."
SEXTO. En principio se precisa que el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia que más adelante se citará, estableció los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
a) Que al resolver los negocios jurídicos los Tribunales Colegiados hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que las diferencias de criterios se presenten en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
El rubro y datos de la jurisprudencia de mérito es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
Ahora bien, para determinar si en el caso a estudio existe o no la contradicción de tesis denunciada, a continuación se realiza una síntesis de los argumentos externados en las ejecutorias preinsertas, en los términos siguientes:
1. Previamente a sintetizar las consideraciones que el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sustentó al resolver el amparo directo 591/91, es útil precisar lo siguiente.
Que la quejosa señaló como autoridades responsable al presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas y al actuario de la misma. Del primero reclamó, el laudo dictado el quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, y del segundo el cumplimiento de éste.
Las consideraciones que el órgano colegiado indicado sustentó, esencialmente, al resolver el AD. 591/91 citado, son las siguientes.
Si conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado, es obvio que en el caso el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20973-53e7264c/presidentes-de-las-juntas-federal-o-local-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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