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SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2011. · Registro digital (IUS): 23124
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO Y EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 1512.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO Y EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios denunciada, corresponde a la materia laboral, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito.

TERCERO. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 69/2011, en sesión de tres de marzo de dos mil once, en la parte conducente, sostuvo:

"QUINTO. Antecedentes del asunto.

"La quejosa inicialmente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Coahuila, consistente en la abstención de tramitar y resolver el recurso de inconformidad que hizo valer ante la mencionada autoridad mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil diez.

"Posteriormente, toda vez que la responsable resolvió el recurso de inconformidad promovido por la quejosa, ésta amplió la demanda de amparo el nueve de junio de dos mil diez, y señaló como diverso acto reclamado la resolución pronunciada por la propia autoridad el veinticuatro de mayo de dos mil diez, que puso fin al recurso de inconformidad radicado bajo el expediente **********, la cual se le notificó el ocho de junio de dos mil diez, petición que se proveyó de conformidad el diez de junio de dos mil diez.

"Tramitado el juicio de amparo indirecto el tres de noviembre de dos mil diez se terminó de engrosar la sentencia que ahora se recurre.

"SEXTO. Estudio de los agravios.

"En sus motivos de agravio el autorizado de la recurrente -después de transcribir el contenido de los artículos 294 de la Ley del Seguro Social y 1, 4, 12, 17 y 25 del Reglamento del Recurso de Inconformidad- dice que del contenido de las señaladas disposiciones legales se concluye que el recurso de inconformidad dota al Instituto Mexicano del Seguro Social del carácter de autoridad para que decida el asunto conforme a los lineamientos ahí establecidos, pues en el mencionado reglamento se prevé cómo se va a tramitar y resolver el recurso y la consecuente obligación de la responsable de acatar esos lineamientos, con el deber de ocuparse de todos los motivos de impugnación, deducir las pretensiones planteadas, analizar las pruebas recabadas y expresar los fundamentos jurídicos en que se apoyen 'los puntos decisorios de la resolución', es decir, se le atribuyen a la autoridad obligaciones que son propias de un ente dotado de potestad ya que al resolver el recurso ejerce facultades decisorias que le atribuye la ley, y que por consiguiente constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de esta facultad, además, existe la posibilidad de que la resolución emitida en el recurso de inconformidad se convierta en un acto ejecutivo, lo cual no es propio de la actuación de un particular sino de un ente investido de potestad pública que emite actos administrativos que se identifican como actos de autoridad al crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del inconforme, emitidos de manera unilateral sin el consenso de la voluntad del afectado y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales.

"Por ello, el inconforme aduce, no son aplicables los criterios que invoca el Juez de Distrito en la sentencia impugnada ya que estos corresponden a la relación de coordinación existente entre un asegurado y el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando éste funge como órgano asegurador, pero no cuando tramita y resuelve el recurso de inconformidad establecido en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social.

"Y agrega que la autoridad responsable desatendió lo establecido por los artículos 294 de la Ley del Seguro Social así como el 1 y 25 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, pues en ningún momento le permitió a la quejosa ampliar el recurso interpuesto a pesar de que había manifestado que desconocía la resolución impugnada porque no le fue notificada, lo que constituye un acto unilateral.

"También señala que contrario a lo señalado por el Juez de Distrito, los actos reclamados sí constituyen actos de autoridad en la medida que si el quejoso interpuso un recurso de inconformidad y la responsable lo resolvió con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos, entonces se origina una relación de naturaleza administrativa de supra a subordinación, ya que el recurrente como gobernado se somete al imperio del instituto, quien ante él ha adquirido el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"Son fundados los anteriores argumentos, por los motivos y fundamentos que se expondrán a continuación:

"De inicio, es pertinente señalar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia visible en la página doscientos veinticuatro, Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, -que incluso el recurrente invoca en sus motivos de agravio- que dice:

"‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"Del anterior criterio se desprende que para determinar si en el asunto que se analiza el Consejo Consultivo Delegacional de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Coahuila, tiene o no el carácter de autoridad para efectos del amparo, debe hacerse un estudio acucioso, entre otras cosas, sobre la naturaleza jurídica del recurso que se intentó, los supuestos en que procede, los diversos ordenamientos legales que lo regulan, la naturaleza jurídica de la prestación de la cual derivó la interposición del recurso, y las facultades que los ordenamientos legales le otorgan a la autoridad que lo resolvió, pues sólo así sería posible determinar si efectivamente dicha autoridad afecta o no la esfera jurídica de la quejosa con la emisión del acto reclamado en un plano de supra a subordinación.

"Lo anterior se corrobora, si se atiende al contenido de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió la contradicción de tesis 86/2008, de la cual surgió la tesis jurisprudencial antes citada, la cual en lo que interesa dice:

"‘SEXTO.’ (resulta innecesario transcribir su contenido).

"Como se ve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, en un caso determinado (cuando resuelve la inconformidad interpuesta contra la determinación de la instancia de queja administrativa en la que se reclamó el reembolso en gastos médicos extrainstitucionales), entre otras cosas analizó los ordenamientos legales que regulan el trámite del recurso de inconformidad, la naturaleza jurídica de las prestaciones de las que derivó el citado medio de impugnación, la naturaleza jurídica del instituto, y sus facultades.

"Además, en la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en mención, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si bien el derecho a disfrutar de las prestaciones en especie y en dinero previstas en la Ley del Seguro Social, tienen su origen en un vínculo laboral, lo que constituye una relación de coordinación entre los asegurados, beneficiarios o pensionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social, no menos cierto es que cuando éstos deciden controvertir un acto definitivo de dicho organismo público descentralizado mediante el recurso de inconformidad, se origina una nueva relación de naturaleza administrativa, la cual es de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del instituto de referencia, quien ante él adquiere el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar, o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del inconforme.

"Bajo esa perspectiva, y como en el caso se advierte que el recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa tuvo su origen en la suspensión de la pensión de viudez, lo que atañe al derecho a disfrutar de las prestaciones en dinero previstas en la Ley del Seguro Social, derivadas de la existencia de un vínculo laboral y ello genera una relación de coordinación entre los asegurados, beneficiarios o pensionados con el referido instituto, ello no es razón suficiente para estimar que en el caso, la institución de seguridad social no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, pues si la quejosa decidió controvertir una actuación de dicho organismo público descentralizado mediante el recurso de inconformidad, ello generó una nueva relación de naturaleza administrativa, de supra a subordinación, si se atiende al hecho de que la interesada, como gobernada se sometió al imperio del Instituto de referencia.

"Cabe señalar que en la contradicción de tesis 86/2008, en cuyas consideraciones se apoya sustancialmente el contenido de la presente resolución, se analizó el supuesto en que el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad interpuesto contra la determinación de la instancia de queja administrativa en la que se reclamó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, y en el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución -emitida por el propio instituto- que también resuelve un recurso de inconformidad aunque interpuesto contra la determinación que suspende una pensión de viudez; sin embargo, dicha circunstancia no constituye obstáculo para aplicar al presente asunto los mismos razonamientos que los expresados en la indicada contradicción de tesis para considerar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad, pues como se señaló en la propia ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de que el derecho a disfrutar prestaciones en especie y en dinero (como lo son la pensión de viudez y el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales) previstas en la Ley del Seguro Social tiene su origen en un vínculo laboral, lo que constituye una relación de coordinación entre los asegurados beneficiarios o pensionarios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, no menos cierto es que cuando éstos deciden controvertir un acto definitivo de dicho organismo público descentralizado mediante el recurso de inconformidad, se origina una nueva relación de naturaleza administrativa la cual es de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del instituto de referencia, quien ante él adquiere el carácter de autoridad.

"Así pues, como la resolución que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto contra la resolución que suspendió el otorgamiento de una pensión de viudez es un acto emitido por una autoridad en uso de su potestad administrativa, lo procedente es declarar infundada la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, determinar si existe una diversa y de no ser así, analizar el fondo del asunto, lo anterior, en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo.

"Por último, como los razonamientos antes expuestos no comulgan con el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito al resolver en sesión de veinte de enero de dos mil once el amparo en revisión 4/2011, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de tesis respectiva.

"SÉPTIMO. Con fundamento en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del propio ordenamiento, procede sobreseer en el juicio de garantías -por causa diversa a la invocada por el Juez de Distrito- por lo que hace al acto que se hizo consistir en ‘... la abstención para tramitar y resolver el recurso de inconformidad hecho valer por la quejosa en escrito presentado el día 3 de marzo de 2010’.

"En efecto, el artículo 73, fracción XVI, antes aludido establece: (resulta innecesario transcribir su texto).

"En tanto que el artículo 74, fracción III, establece: (resulta innecesario transcribir su texto).

"Se sostiene la actualización de la invocada causa de improcedencia, pues como se puede apreciar de la constancia que obra a foja 40 del juicio de amparo indirecto, el veinticuatro de mayo de dos mil diez se emitió la resolución que resolvió el recurso de inconformidad hecho valer por la quejosa mediante el escrito de tres de marzo de dos mil diez, resolución que se le notificó el ocho de junio de dos mil diez, por tanto, la conducta omisiva de la autoridad responsable -que le imputó la solicitante del amparo- cesó cuando emitió la resolución correspondiente.

"OCTAVO. Por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la determinación pronunciada el veinticuatro de mayo de dos mil diez por los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa -mediante escrito de tres de marzo de dos mil diez- contra la determinación de suspensión de pensión de viudez, es pertinente señalar que este Tribunal Colegiado estima que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo ya que el quejoso no se encontraba obligado a acudir al juicio laboral a impugnar la resolución que resolvió el recurso de inconformidad, previamente a la promoción del juicio de amparo por los motivos y fundamentos siguientes:

"Como quedó establecido en el considerando anterior, independientemente de que el derecho de los trabajadores a disfrutar de las prestaciones en especie y en dinero previstas en la Ley del Seguro Social tiene su origen en un vínculo laboral, lo que constituye una relación de coordinación entre los asegurados beneficiarios o pensionarios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, no menos cierto es que cuando éstos deciden controvertir un acto definitivo de dicho organismo público descentralizado mediante el recurso de inconformidad, se origina una nueva relación de naturaleza administrativa la cual es de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del Instituto de referencia, quien ante él adquiere el carácter de autoridad.

"En tal orden de exposición debe concluirse que como la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social que resuelve un recurso de inconformidad constituye un acto de autoridad, entonces no puede ser impugnada por medio de un juicio laboral, ya que no existe disposición legal que permita la impugnación de actos de autoridad a través de un juicio de esta naturaleza.

"En efecto, a los conflictos laborales dilucidados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje las partes acuden desprovistas de imperio, incluso el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las diferencias o los conflictos ‘entre el capital y el trabajo’ se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno de gobierno, lo que de manera implícita deja de manifiesto que ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje no se dilucidan conflictos entre autoridades y particulares.

"Ahora bien, es pertinente señalar que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social fue reformado el veinte de diciembre de dos mil uno, después de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional porque el derogado precepto exigía que los asegurados o sus beneficiarios agotaran previamente al juicio laboral el recurso de inconformidad.

"La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se declaró la inconstitucionalidad del citado precepto está visible en la página siete del tomo XIV, septiembre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y dice:

"‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"Como se ve, en la jurisprudencia antes transcrita se sostiene que no existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disposición alguna que justifique obligar a alguna de las partes a acudir a una instancia administrativa a solicitar el cumplimiento de prestaciones de seguridad social previamente al juicio laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es decir, de cierta manera se destacó la autonomía de la vía laboral y la administrativa pues, además, se señaló que la regulación del recurso de inconformidad prevista en el reglamento respectivo, desconoce los requisitos y prerrogativas para hacer valer el derecho de acción que tienen los asegurados o sus beneficiarios para acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a solicitar el cumplimiento de las respectivas prestaciones de seguridad social.

"En ese orden de ideas, se estima que no existe disposición que justifique la promoción de un juicio laboral para combatir actos de autoridad en un juicio laboral, precisamente porque la vía administrativa es independiente de la laboral.

"Así pues, si los asegurados o sus beneficiarios optaron por la vía administrativa para dilucidar lo referente a las prestaciones a que tienen derecho derivadas de la Ley del Seguro Social, y de acuerdo con el artículo 295 del citado ordenamiento los asegurados o sus beneficiarios no pueden instar un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -en el cual sí es posible combatir actos de autoridad-, pues dicho juicio, en términos del propio numeral, está reservado para dirimir conflictos entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los patrones y demás sujetos obligados, entonces es evidente que pueden acudir directamente al juicio de amparo, pues como ya se dijo, el juicio laboral no es la instancia adecuada para combatir actos de autoridad.

"A mayor abundamiento, debe señalarse que en el supuesto de que se estimara que no obstante que la resolución que resuelve un recurso de inconformidad como acto de autoridad puede combatirse a través de un juicio laboral, de cualquier forma se actualizaría la excepción al principio de definitividad prevista en el propio artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo que ordena el agotamiento de los recursos, juicios o medios de defensa legal ‘siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado’, pues como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 86/2008, previamente transcrita, existe la posibilidad de que la resolución del recurso de inconformidad se convierta en un acto ejecutivo, y la Junta de Conciliación y Arbitraje no tiene facultades para suspender en forma provisional o definitiva el acto de autoridad.

"No se soslaya que de conformidad con el artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje pueden decretar providencias cautelares consistentes en arraigo (cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda) y secuestro provisional (cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento), pero no existe disposición alguna que faculte a las Juntas o a su presidente a decretar la suspensión provisional o definitiva de los actos, lo que se justifica si se atiende al hecho de que los juicios laborales no fueron previstos por el legislador para combatir actos de autoridad.

"Así las cosas, como los razonamientos antes expuestos no comulgan con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito al resolver en sesión de nueve de diciembre de dos mil nueve el amparo en revisión 313/2009, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo denúnciese la contradicción de tesis respectiva.

"NOVENO. Acotado lo anterior, se analizarán los conceptos de violación expuestos en la ampliación de la demanda encaminados a controvertir el diverso acto reclamado consistente en la determinación pronunciada el veinticuatro de mayo de dos mil diez por los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa mediante escrito presentado ante dicha autoridad el tres de marzo de dos mil diez.

"Los conceptos de violación son del tenor siguiente:

"‘Único.’ (resulta innecesario transcribir su contenido).

"Son fundados los anteriores conceptos de violación.

"Lo anterior es así, pues como se ve, el autorizado de la recurrente sustancialmente aduce que se violaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que en la tramitación del recurso de inconformidad que interpuso se inobservó el contenido del artículo 12, fracción II, del Reglamento del Recurso de Inconformidad el cual establece:

"‘Artículo 12.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"De lo anterior se advierte que, la indicada disposición es clara al establecer que cuando se alegue que un acto definitivo no fue notificado o que la notificación se realizó ilegalmente y el recurrente así lo manifiesta en el escrito de interposición del recurso, la autoridad tramitadora le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, en el domicilio indicado en el escrito de inconformidad y a la persona autorizada para tal efecto.

"Así pues, como en el caso la quejosa (promovente del recurso) señaló que el medio de impugnación lo interpuso contra la resolución mediante la cual le fue suspendida la pensión de viudez la cual desconocía porque no le había sido notificada, incluso señaló que la anterior precisión la hacía para los efectos establecidos en el artículo 12 del Reglamento del Recurso de Inconformidad y proporcionó domicilio para oír y recibir notificaciones, es claro que la autoridad responsable debió proceder en consecuencia, esto es, debió dar a conocer al inconforme el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado para que éste estuviera en aptitud de combatirlo en el plazo de quince días que le confiere el artículo 12, fracción II, segundo párrafo, del Reglamento del Recurso de Inconformidad.

"No se soslaya que el artículo 12 del Reglamento del Recurso de Inconformidad se refiere a ‘actos definitivos no notificados o notificados irregularmente’, y en la especie, el acto emitido por el Instituto y que precisamente generó que la quejosa promoviera el recurso de inconformidad se refiere a la ‘suspensión de la pensión de viudez’ porque -de conformidad con lo señalado por la autoridad responsable en la resolución que constituye el acto reclamado- ‘se encuentra en trámite su negativa de pensión definitiva’ lo que podría generar que la suspensión de la pensión de viudez sea considerada un acto provisional y no definitivo y, por tanto, que se considere inaplicable el artículo 12 del reglamento aludido.

"Sin embargo, dicha circunstancia se ve superada pues el numeral 12 del reglamento debe interpretarse en conjunto con el artículo 292 de la Ley del Seguro Social donde se impone la obligación de fundar y motivar los acuerdos relativos a la concesión, rechazo o modificación de una pensión al establecer:

"‘Artículo 292.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"Como se ve, la anterior disposición impone a la autoridad la obligación de fundar y motivar los acuerdos relativos, entre otros supuestos a la modificación de una pensión, los cuales deberán ser notificados al quejoso para que los pueda impugnar mediante el recurso de inconformidad.

"En tal virtud, como los acuerdos de modificación de pensión también son impugnables a través del recurso de inconformidad, es claro que la autoridad responsable al tramitar el recurso debió ceñirse al procedimiento establecido en el artículo 12 del reglamento que regula el aludido medio de impugnación, de tal manera que si la quejosa le manifestó que desconocía la determinación que suspendió su pensión de viudez, la responsable debió darle a conocer dicho acto en el domicilio que señaló para tal efecto y por medio de la persona que autorizó para que estuviera en aptitud de combatirlo.

"En las relatadas circunstancias procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y al tramitar el recurso de inconformidad planteado se ajuste a lo establecido en el artículo 12, fracción II del Reglamento del Recurso de Inconformidad esto es, le dé a conocer al inconforme el acto (que en el caso lo es la resolución de suspensión de viudez) junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado para que la quejosa esté en aptitud de combatirla."

El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 4/2011, en sesión de veinte de enero de dos mil once, en la parte conducente, determinó:

"SEXTO. Precisado lo anterior, cabe decir que los agravios esgrimidos por la recurrente son infundados.

"En efecto, sostiene que el a quo limita los derechos establecidos en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, en el sentido de que las controversias suscitadas sólo puede seguirse en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin tomar en cuenta que el artículo 294 de dicho ordenamiento contempla el recurso de inconformidad, lo cual es la base de la demanda de amparo presentada y que el juez indebidamente sobreseyó al estimar que el acto reclamado no era de autoridad.

"El a quo federal no realizó un razonamiento lógico jurídico para determinar que la resolución dictada al recurso de inconformidad no es un acto de autoridad.

"El Juez pretendió hacer ver que el acto reclamado en la demanda de garantías era la respuesta recaída a la solicitud de pensión formulada por la quejosa; sin embargo, el acto reclamado era la resolución dictada en el recurso de inconformidad presentado por la impetrante del amparo; por tanto, estima que el Juez de Distrito en primer lugar debía analizar si dicha resolución fue emitida en su carácter de autoridad, conclusión a la que pudo arribar si hubiera analizado los fundamentos que contemplan el recurso de inconformidad.

"Por lo que estima que la resolución dictada en el recurso de inconformidad es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que dicha resolución afecta en forma unilateral la esfera jurídica del gobernado, facultad que es propia de los actos de un ente investido de potestad pública con los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado.

"Aduce que es ilegal la determinación del a quo de sobreseer en el juicio de amparo, ya que en términos del artículo 294 de la Ley del Seguro Social los actos emitidos por ese organismo, que lesionen los derechos de los asegurados, pueden ser revisados en sede administrativa, por lo que al existir un órgano facultado para revisar una decisión unilateral de la responsable, ello coloca a dicho acto en una relación de supra a subordinación, es decir, lo convierte en uno de autoridad.

"Además, que es ilógico que por el simple hecho de que la quejosa tenga el carácter de asegurada, el acto reclamado no sea uno de autoridad y que todas las controversias que tenga la impetrante con el Instituto Mexicano del Seguro Social, tengan que ventilarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que el recurso de inconformidad es un medio de defensa contemplado en la ley del instituto en cita y si la quejosa decidió agotar dicho medio de defensa, lo puede hacer independientemente de que promueva un juicio laboral, ya que la obligación de agotar la vía laboral, la priva de sus derechos de interponer los recursos que tiene a su favor y que la ley del seguro social contempla.

"Lo anterior es infundado.

"A fin de arribar a lo anterior, conviene tener presente que, el Pl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23124-64bab736/seguro-social-el-instituto-relativo-no-es-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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