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Modo: Corpus Pro

ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 241/2010. · Registro digital (IUS): 22599
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 323.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 241/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal y civil, materias de especialización de esta Primera Sala, aun cuando el criterio que se emita sea aplicable en materia común.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. En sesión de treinta de abril de dos mil nueve, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(1) sostuvo que la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(2) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.

Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se plantea una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Suprema Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", toda vez que, esencialmente, las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva, tanto, como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito".(3) La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, realicen una interpretación en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto. De este modo, con base en el presente criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.(4)-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. (5)Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

El tribunal denunciante, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2010, analizó un asunto con las siguientes características:

1. Una persona solicitó el amparo contra actos de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. La demanda fue turnada al Juez Séptimo de Distrito en la misma entidad federativa, quien mediante proveído de siete de septiembre de dos mil nueve la desechó de plano.

2. Inconforme con la referida resolución la quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. En sesión de quince de octubre de dos mil nueve, el citado órgano colegiado ordenó revocar el auto recurrido y que se admitiera a trámite la demanda de amparo.

3. En cumplimiento a la resolución anterior, el Juez Séptimo de Distrito admitió la demanda mediante acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil nueve. Agotadas las etapas procesales correspondientes, el referido Juez celebró la audiencia constitucional el diecisiete de diciembre de dos mil nueve y ordenó remitir los autos al Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para el dictado de la sentencia.

4. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región quien, en sentencia de nueve de febrero de dos mil diez determinó que no era legalmente competente para conocer del juicio de amparo que le fue remitido, en virtud de que el Juzgado Séptimo de Distrito no lo era.

5. Una vez notificada la resolución y recibidos los autos en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, éste en proveído de veintidós de febrero de dos mil diez se negó a aceptar la competencia planteada y comunicó su decisión tanto al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, como al Juez Segundo de Distrito en el Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.

6. El referido Juez Séptimo de Distrito, mediante auto de cuatro de marzo de dos mil diez, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo correspondiente, a efecto de que resolviera el conflicto competencial suscitado.

En sesión de once de junio de dos mil diez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito determinó que el Juzgado Primero de Distrito resultaba competente para conocer del juicio de amparo en cuestión. Dentro del razonamiento que dio lugar a esta decisión, el aludido órgano colegiado hizo referencia al Acuerdo General 18/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el que se creó el Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, con la finalidad de apoyar a los órganos jurisdiccionales con cargas de trabajo que propician un congestionamiento en la resolución de los asuntos, situación que va en contra de la impartición de justicia de manera pronta y expedita.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al analizar el papel que juegan los órganos integrantes del Centro auxiliar, estableció lo siguiente:

"Sin embargo, lo anterior no implica que los órganos auxiliares al momento de emitir sentencia se limiten a resolver el fondo de la cuestión debatida, sin analizar si tiene competencia para conocer del acto reclamado, pues si se parte de la idea de que tales órganos se erigen como si resolviera el juzgado auxiliado, debe concluirse que sí estaría en aptitud de examinar las cuestiones de esa índole. Lo anterior es así, pues de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el Juez del conocimiento advierte, una vez celebrada la audiencia constitucional, que la autoridad responsable ejecutora negó los actos reclamados y esa negativa no quedó desvirtuada, dicha autoridad federal deberá declararse incompetente y en términos del artículo 52 de la Ley de Amparo, remitirá los autos al Juez competente para que conforme a sus atribuciones legales, dicte la sentencia que corresponda, situación la cual corrobora que el juzgador sí está en aptitud de declararse incompetente al momento de dictar su sentencia."(6)

En consecuencia, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo concluyó que el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región acertó al pronunciarse respecto de la competencia del órgano auxiliado toda vez que se encontraba resolviendo como si fuese este último.

Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, analizó un asunto con las siguientes características:

1. Una persona promovió un juicio de amparo indirecto contra actos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, que hizo consistir en el auto de formal prisión, así como la orden de traslado a un penal de alta seguridad del Estado de Tamaulipas, lo cual estimó violatorio de los artículos 16, 20 y 22 constitucionales.

2. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio de garantías al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, que por auto de veintiocho de octubre de dos mil ocho, admitió la demanda de garantías. El juicio se sustanció y el dos de diciembre de dos mil ocho se celebró la audiencia constitucional. Además se ordenó la remisión de los autos al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región para que éste se encargara de dictar sentencia.

3. Por resolución de veintitrés de enero de dos mil nueve, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo toda vez que el órgano auxiliado resultaba incompetente en razón del territorio en que se ejecutarían los actos, y ordenó enviar los autos al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Tamaulipas.

4. Por razón de turno las constancias se remitieron al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil nueve, rechazó la competencia planteada y devolvió los autos al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato.

5. El referido Juez Primero de Distrito insistió en su incompetencia y por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil nueve, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito al efecto de que éste resolviera el conflicto competencial suscitado.

6. En sesión de once de mayo de dos mil nueve el citado Tribunal Colegiado declaró la inexistencia del conflicto competencial que se le planteó ya que estimó que éste era producto de un pronunciamiento irregular del órgano auxiliar quien no estaba facultado para resolver respecto de la competencia del órgano auxiliado. El referido tribunal llega a esta conclusión con base en las siguientes consideraciones:

"Ahora, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar, en la resolución de veintitrés de enero de dos mil nueve, mediante la cual declara su incompetencia expone que el juzgado auxiliado es incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo materia de ese juicio de garantías y, consecuentemente, el tribunal auxiliar carece de competencia por razón de territorio para emitir la sentencia correspondiente en dicho asunto, sin embargo, no funda su determinación en precepto normativo alguno que le faculte para hacer tal pronunciamiento a título del tribunal auxiliado, en tanto que este último es quien está en posibilidad jurídica de declinar el conocimiento de un asunto por razón de competencia, además se margina que el órgano jurisdiccional auxiliar tiene competencia mixta y en todo el territorio nacional.

"En efecto, este Tribunal Colegiado considera que el pronunciamiento sobre la competencia de determinado órgano, no puede ser determinado por otro diverso (excepto un superior), ni aun so pretexto de que presta determinado auxilio ya sea para la sustanciación del juicio, como ocurre tratándose de los casos previstos en el artículo 38 de la Ley de Amparo o para el dictado de la sentencia, según lo disponen los considerandos quinto y séptimo del Acuerdo General 18/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región.

"...

"A lo anterior se suma que en el Acuerdo General 18/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán (modificado por Acuerdo General 28/2008 y 44/2008, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio y el veinticinco de agosto de dos mil ocho, respectivamente), se limita la facultad de los tribunales auxiliares al dictado de las sentencias y no para pronunciarse sobre la competencia o jurisdicción de las dependencias auxiliadas, en tanto que el fin teleológico de su creación es conforme al artículo 17 de la Constitución Federal en torno a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, ante la dinámica social que implica el crecimiento de la población, el desarrollo económico del país y la promulgación de nuevos ordenamientos legales o la reforma de éstos como generadores de una demanda creciente de impartición de justicia pronta y expedita, situación que trae aparejada la necesidad de contar con órganos jurisdiccionales suficientes para abreviar el tiempo en el dictado de las resoluciones, en cumplimiento del imperativo consagrado en ese dispositivo constitucional, cuyo objeto específico se circunscribe a apoyar en el dictado de resoluciones a los órganos jurisdiccionales federales en donde existan problemas de cargas de trabajo que propicien congestionamiento en la resolución de los asuntos.

"...

"En las relatadas condiciones, como el apoyo que brindan los órganos auxiliares se circunscribe al dictado de las sentencias, se pone de manifiesto que no cuentan con facultades de hacer pronunciamiento relativo a la competencia del órgano remitente, amén de que establecer un alcance mayor a esas facultades se daría la pauta incluso para que se hiciera pronunciamiento, en su caso, a la incompetencia subjetiva vinculada con los impedimentos que pudiera tener el titular del juzgado auxiliado, lo cual desnaturalizaría el propósito de esos organismos, creados precisamente para que el dictado de las resoluciones sea más pronta y expedita, en la medida en que los temas relativos a la competencia por sí retardan la resolución del asunto."

* * * * *

Ahora, aplicando los referidos criterios para la existencia de las contradicciones de tesis, se sostiene que en el caso concreto se surte el primer requisito, ya que cada uno de los tribunales, ante la falta de una norma que de manera expresa regulara el supuesto presentado, a través del arbitrio judicial, realizaron una interpretación jurídica del Acuerdo General 18/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el cual se creó el Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.

De este modo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito interpretó que el acuerdo general referido se instituyó con la finalidad de brindar apoyo a aquellos órganos que enfrentaran problemas de excesiva carga de trabajo. En este contexto, se entiende que los órganos auxiliares, al adoptar la posición del juzgado auxiliado para resolver los asuntos, se encuentran en aptitud de analizar la competencia.

Por otra parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito interpretó el mismo acuerdo general estableciendo que el juzgado auxiliar debe limitarse a dictar sentencia sin analizar la competencia del órgano a quien auxilia debido a que no hay precepto normativo alguno que lo faculte para hacerlo.

Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque, con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver, para el cual, se necesitó del arbitrio judicial para determinar el alcance de una norma jurídica.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito consideró que los órganos auxiliares, al dictar sentencia, no deben limitarse a resolver el fondo ya que, al erigirse en el lugar del órgano auxiliado, están en aptitud de analizar la competencia. El referido órgano colegiado se basó en varios criterios de esta Suprema Corte en los que se estableció, que una vez celebrada la audiencia constitucional, si el Juez del conocimiento advierte que la autoridad responsable negó los actos reclamados y dicha negativa no fue desvirtuada por el quejoso, debe declararse incompetente y remitir los autos al competente para que conozca. De esta forma, el Tribunal Colegiado demuestra que existen casos en los que la declaración de incompetencia debe hacerse al momento de dictar sentencia.

Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito señaló que no existe norma jurídica alguna que faculte a un órgano auxiliar para pronunciarse respecto de la competencia del órgano auxiliado. El referido Tribunal Colegiado estimó que un órgano diverso al del conocimiento no puede pronunciarse sobre la competencia, excepto en el caso de los órganos revisores que sí lo pueden hacer. De esta forma, se concluye que un órgano que apoya a otro en la sustanciación de un juicio o en el dictado de la sentencia no debe entrar al análisis de la competencia.

Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Finalmente, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista analizados, al presentar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca, de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Al analizar cada una de las referidas ejecutorias es posible afirmar, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo y el Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos del Décimo Sexto Circuito, resolvieron el mismo problema jurídico de manera diversa: el primero determinó que los órganos auxiliares al dictar sentencia deben analizar la competencia; mientras que el segundo sostuvo que éstos no están facultados para hacerlo.

En consecuencia, deriva la siguiente pregunta: Un juzgado auxiliar que se encarga únicamente de dictar sentencia en ayuda de otro juzgado ¿debe pronunciarse respecto de la competencia del órgano en cuyo lugar actúa o auxilia?

CUARTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia lo sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

A juicio de esta Primera Sala, los órganos auxiliares, al resolver, pueden analizar la competencia del órgano de origen y, si lo estiman procedente, declarar la incompetencia. Esto, en virtud de que un órgano perteneciente a un centro auxiliar como el que se creó mediante el Acuerdo General 18/2008 resuelve haciendo las veces del juzgado o tribunal de origen. Como se expondrá a continuación, hay casos en los que no se puede hacer un análisis completo de la competencia sino hasta el momento de dictar sentencia y no se advierte razón alguna por la que el órgano auxiliar se encuentre impedido para realizar el estudio en comento y emitir algún pronunciamiento al respecto.

Para resolver la contradicción de criterios suscitada es preciso determinar qué es un órgano auxiliar y qué funciones debe cumplir. De esta forma se dará respuesta a la pregunta anteriormente planteada ya que, al precisar el ámbito de actuación de los órganos auxiliares, será posible saber si cuentan con la facultad de pronunciarse respecto de la competencia.

El Acuerdo General 18/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal(7) por el que se creó el Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, hace referencia a lo dispuesto en los artículos 94, segundo párrafo, 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Federal; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establecen que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22599-60a16952/organos-auxiliares-deben-analizar-la-competencia-al-dictar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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