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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD EN MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN APELACIÓN QUE DECLARA FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD DEL ACTOR Y LE CONCEDE UN PLAZO PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS FORMALES RESPECTIVOS, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21745
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 287.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.

TERCERO. Ante todo, es significativo tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados contendientes expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.

En ese sentido, cabe destacar que el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver la improcedencia civil **********, el dieciséis de octubre de dos mil ocho, sostuvo, en lo conducente, las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Son esencialmente fundados los agravios que esgrime el apoderado legal de la quejosa inconforme y suficientes para revocar el auto impugnado. De inicio, a guisa de paréntesis, cabe precisar que el artículo 145 de la Ley de Amparo exige como requisito sine qua non para desechar una demanda de garantías, que la causa de improcedencia en que se base sea: manifiesta e indudable; por manifiesto debe entenderse que el motivo esté advertido de forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que lo indudable debe interpretarse en el sentido de que se tiene la certeza y plena convicción de que en el caso justiciable opera la causal de mérito. De ahí que un motivo de improcedencia sólo se estimará manifiesto e indudable, cuando esté plenamente demostrado por haberse advertido de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el proceso, no sería factible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, ya que nada de lo que se alegue o pruebe en el juicio será capaz de cambiar esa apreciación inicial; sólo en ese caso el Juez de amparo puede desechar la demanda y ante la menor duda o posibilidad de prueba en contra de esa primigenia apreciación debe admitirla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186,605, que expresa: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (se transcribe). En la especie, el Juez de control constitucional desechó la demanda de amparo bajo el argumento de que el juicio de garantías es improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo dado que -aseguró- (sic) el acto reclamado no constituía un caso que causara un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, porque -dijo- que al darle el Juez Octavo de lo Civil con sede en la ciudad de Tijuana un término de diez días para que subsanara lo relativo a la personalidad, dicha circunstancia no constituía un acto que causara perjuicio inmediato y directo de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, en virtud de que se encontraba en aptitud de subsanar lo relativo a la falta de personalidad, y así continuar el juicio de origen, o bien en el caso de que no lo hiciera se pondría fin al juicio natural, refiriendo que hasta entonces se le ocasionaría a la quejosa un perjuicio inmediato de imposible reparación, para estar así, dentro de los supuestos de la procedencia del juicio de garantía contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación (sic). Y citó como fundamento la tesis con el rubro: ‘PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA ESA EXCEPCIÓN EN RELACIÓN CON EL ACTOR Y A SU VEZ LE CONCEDE UN TÉRMINO PARA QUE LA SUBSANE, NO CONSTITUYE UN ACTO QUE CAUSE UN PERJUICIO INMEDIATO Y DIRECTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR ENDE, NO ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’. Por su parte, la recurrente esgrime como motivos de disentimiento que el Juez de Distrito incorrectamente desechó su demanda bajo la premisa de que el acto reclamado no era de inmediato e imposible reparación; agrega, que contrario a lo argüido por el a quo, el solo dictado de la Sala responsable (sic) al confirmar la sentencia interlocutoria de primera instancia, en la que declaró procedente la excepción de falta de personalidad del actor, le causa un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, porque indebidamente se le desconoció la personalidad a la parte actora y se pretende obligarla a que en el término de diez días subsane lo relativo a su personalidad, no obstante que -afirma- no existe falta de personalidad y de considerar que la sentencia interlocutoria reclamada en el juicio de garantías no constituye un acto que cause un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, por haberle otorgado el citado término de diez días, equivale a convertir en inimpugnable la sentencia que constituye el acto reclamado, dejando a la accionante en estado de indefensión, al no existir recurso alguno en contra de la misma, y quedando obligada a cumplir con dicha resolución no obstante que sea contraria a derecho, porque se acreditó la misma con los documentos exhibidos al presentarse la demanda de amparo; insiste, que la circunstancia de que cuente con el término de diez días para subsanar lo relativo a su personalidad, no la priva del derecho de impugnar o contradecir la sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado, porque -afirma- es contraria a derecho, siendo la vía idónea el amparo indirecto; porque esa resolución no constituye una determinación que ponga fin al juicio, por tanto, no procede el amparo directo. Añade, que de quedar firme la resolución impugnada, las actuaciones efectuadas en el juicio se declararían ineficaces e insubsistentes y se daría por terminado el mismo. Agrega, que el criterio citado como apoyo por el Juez de Distrito es erróneo, porque en el supuesto que no cumpla con el requerimiento ordenado y el Juez sobresea el juicio natural, le ocasionaría un perjuicio de imposible reparación, por lo que dicha determinación no sería reclamable en amparo indirecto como erróneamente lo sostiene la tesis en cuestión, sino en amparo directo, por ser una resolución que pone fin al juicio, y en el amparo que se promoviera sobre el auto de sobreseimiento, no podrían reclamarse las violaciones cometidas en la sentencia interlocutoria dictada por la responsable que confirmó la sentencia de primera instancia, quedando éste inaudito, lo que convertiría en inimpugnable la resolución de la responsable. Citó como apoyo a sus argumentos las tesis con los rubros: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE DICHA EXCEPCIÓN ANTES DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, PROCEDE AMPARO INDIRECTO.’, ‘PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE, PERO OTORGA UN TÉRMINO PARA ACREDITARLA, NO DA FIN AL JUICIO.’, ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.»).’, ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’. Como se anticipó, participa de razón la recurrente. Cierto, la hoy disconforme reclamó en el amparo indirecto, la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil ocho, dictada en el toca civil ********** relativo al recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora en el juicio natural **********, en contra de la sentencia interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil siete, dictada en el juicio ordinario mercantil con número de expediente **********, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, que confirmó la interlocutoria recurrida. Conviene precisar que la aquí recurrente el treinta de mayo de dos mil siete, demandó en la vía ordinaria mercantil al **********, integrante del ********** y la sucesión de ********** por conducto de su representante legal, reclamándoles diversas prestaciones. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto de lo Civil con sede en la ciudad de Tijuana en la entidad, quien radicó el juicio bajo el número de expediente 639/2007, ordenando que dicho procedimiento se acumulara al diverso juicio sucesorio testamentario a bienes de **********, por lo que mediante auto de cuatro de julio del citado año, el Juez Octavo de lo Civil de la expresada ciudad, ordenó la acumulación de la demanda, al expediente ********** de su índice; asimismo ordenó el emplazamiento de los demandados. Al contestar la demanda interpuesta, el **********, hizo valer la excepción de falta de personalidad de la actora, por lo que el veinte de agosto del citado año, se le tuvo en tiempo dando contestación a la demanda y haciendo valer dicha excepción, dando vista a la accionante por el término de tres días, el veintiocho de agosto desahogó la vista, y mediante interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil siete, el Juez de origen declaró procedente la excepción de falta de personalidad, otorgando a la actora aquí recurrente, un plazo de diez días para que subsanara tal omisión, apercibido que en caso de no hacerlo se daría por concluido el referido juicio. Inconforme con lo anterior, la accionante interpuso recurso de apelación, mismo que se registró con el número de toca civil **********, y mediante sentencia de veinte de junio de la anualidad en curso, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la sentencia interlocutoria pronunciada por el Juez de origen, y condenó a la parte recurrente al pago de costas generadas en ambas instancias. Resolución que constituyó el acto reclamado en el juicio de garantías. Ahora, esta magistratura considera que el juzgador de amparo desechó la demanda sin apoyarse en una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no obstante que como se dijo con antelación, para tener por acreditada una causa de improcedencia en términos del artículo 145 de la ley de la materia, es indispensable que dicha causal salte a la vista de manera fehaciente y que sea tan indiscutible que nada de lo que se alegue o pruebe en el juicio, será capaz de cambiar esa apreciación inicial, requisitos que no se encuentran satisfechos en el auto impugnado; porque como lo argumenta la recurrente, la interlocutoria emitida por la responsable que confirma la excepción de falta de personalidad de la accionante (actora en el juicio natural), contrario a lo expresado por el Juez de Amparo, sí le irroga un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, con lo cual se colma lo exigido por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que hace procedente el juicio de amparo biinstancial, dado que la Sala del conocimiento al confirmar la falta de personalidad de la actora y la decisión del Juez de origen de haberle condicionado a la aquí inconforme, para que en el término de diez días subsane lo relativo a su falta de personalidad, que hizo valer como excepción uno de los demandados del juicio natural, le causa perjuicio inmediato y directo, dado que la obliga aportar (sic) diversos documentos a los anexados al libelo inicial de demanda, mismos que en caso de no subsanarlos no podrían reclamarse como erróneamente lo manifiesta el a quo en amparo indirecto, toda vez que esa circunstancia daría como resultado que se diera por concluido el juicio de origen y, por ende, sería procedente el juicio de amparo directo, y no el biinstancial como lo afirma el Juez de amparo; además, como lo refiere la inconforme en ese juicio (amparo directo) no podrán analizarse las violaciones que se hubieran causado en la sentencia de apelación señalada como acto reclamado en el presente caso, de ahí que deba admitirse la demanda de garantías, ya que el acto reclamado sí le causa perjuicio inmediato y de imposible reparación. En las relatadas condiciones, toda vez que el juzgador de distrito desechó la demanda de garantías sin apoyarse en una causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo procedente es revocar el auto impugnado y ordenar a la a quo que, de no existir una diversa causa de improcedencia (manifiesta e indudable) o un motivo para ordenar la aclaración del escrito de garantías, admita a trámite la demanda. Sin que la anterior determinación se contraponga al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita, porque no está en el supuesto del presente asunto, dado que la autoridad responsable no declaró únicamente que quien comparece por la parte actora carece de personalidad caso en que se (sic) trataría de una resolución que pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo, sino que confirmó la interlocutoria del Juez de primera instancia, en la que también otorgó un plazo de diez días al actor para subsanar lo referente a la falta de personalidad de la actora. La jurisprudencia en cuestión es del tenor literal siguiente: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). Finalmente, debe decirse que la tesis invocada por el a quo con el rubro y texto siguiente: ‘PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA ESA EXCEPCIÓN EN RELACIÓN CON EL ACTOR Y A SU VEZ LE CONCEDE UN TÉRMINO PARA QUE LA SUBSANE, NO CONSTITUYE UN ACTO QUE CAUSE UN PERJUICIO INMEDIATO Y DIRECTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR ENDE, NO ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). Por tratarse de una tesis aislada, este Tribunal Colegiado, no está obligado a acatarla, además coincide con la recurrente al estimar incorrecto el criterio ahí sostenido, porque la tesis sostiene que en el caso de que la actora no cumpliera con el requerimiento ordenado, originaría la falta de personalidad en el actor y obligaría al Juez a sobreseer el juicio natural, que sería esa última determinación que (sic) pondría fin al juicio, resolución que le ocasionaría un perjuicio inmediato de imposible reparación que sería enmendado a través del juicio de amparo indirecto, dado que contrario a lo expresado en esa circunstancia lo que procedería era el amparo directo, de acuerdo a lo sostenido por el Máximo Tribunal del país, al señalar que la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo biinstancial. En esa virtud, toda vez que el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis citada con antelación, sostiene diverso criterio al vertido en esta ejecutoria, que no se comparte, procédase a denunciar la contradicción de tesis, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. ..."

En cambio, el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la improcedencia civil **********, el veintinueve de abril de dos mil cuatro, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. ... Este órgano jurisdiccional considera que, independientemente de las razones expuestas por el Juez Federal para desechar la demanda de garantías, en el caso concreto, de oficio se advierte que se actualiza en forma indudable y manifiesta una causal de improcedencia diferente a que (sic) el Juez de Distrito estimó actualizada para el desechamiento de la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 122/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). En efecto, la actora, ahora recurrente, reclama la resolución del ad quem que declara fundada la excepción de falta de personalidad opuesta por la tercera llamada a juicio **********, y con motivo de ello, le concede un término de diez días para que subsane lo relativo a su personalidad. En ese sentido, si bien es cierto que tratándose de la resolución que dirime lo relativo a la personalidad, previamente al dictado de la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado a través del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; no menos cierto es que en el caso, el acto reclamado que consistente (sic) en la resolución que declaró fundada la excepción de falta de personalidad del representante de la parte actora, ahora recurrente, se le concede un término de diez (sic) para que lo subsane, en términos del artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: (se transcribe). Del precepto transcrito se desprende que aun cuando se declaró fundada la excepción de falta de personalidad del actor y tomando en consideración que puede ser subsanado por la ahora recurrente dentro del término que la autoridad jurisdiccional concedió no mayor a diez días, en caso de no hacerlo así, sobreseería el juicio natural y devolvería los documentos. Atendiendo a dicho precepto legal, la quejosa, ahora recurrente, aún se encuentra en aptitud de subsanar lo relativo a la falta de personalidad de su representante, y de hacerlo, se continuará con el trámite del juicio. Sin embargo, puede suceder que la actora no cumpla con el requerimiento ordenado y la falta de personalidad en el actor (sic), obligaría al Juez (sic) sobreseer el juicio natural. Esta última determinación pondría fin a la contienda judicial, que repercutiría notablemente a la parte actora, por tratarse de una resolución definitiva que decide sobre su falta de personalidad, y por consiguiente, le ocasionaría un perjuicio inmediato de imposible reparación que exigiría ser enmendado, desde luego a través del juicio de amparo, que en su caso corresponda, previo agotamiento del principio de definitividad. Por tanto, si el acto reclamado no constituye una resolución que decide en forma definitiva sobre la personería de la parte actora, ahora recurrente, es evidente que contra dicha resolución, no procede el amparo indirecto, no obstante que se trate de una determinación que declara fundada la excepción de falta de personalidad del actor, ya que se le concede un término de diez días para que subsane lo relativo a su personalidad, por lo que la determinación definitiva del Juez natural, queda subjúdice (sic) a la forma y términos en que el actor desahogue el requerimiento ordenado. En ese sentido, el acto reclamado no es un acto definitivo, pues se trata de un acto intermedio que forma parte del procedimiento que establece el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el que una vez concluido, recaerá una decisión (sic) que en definitiva decidirá sobre la personería de la parte actora, ahora recurrente, resolución que finalmente sería la decisión que le causaría perjuicios a la parte agraviada. Este órgano jurisdiccional comparte el criterio establecido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 1184, que dice: ‘PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE, PERO OTORGA UN TÉRMINO PARA ACREDITARLA, NO DA FIN AL JUICIO.’ (se transcribe). Asimismo, se comparte el criterio establecido por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de 1996, página 370, que dice: ‘AMPARO, JUICIO DE. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE UN INCIDENTE.’ (se transcribe). En tales condiciones, como el acto reclamado no ha adquirido la calidad de definitivo, y no porque no se haya agotado el principio de definitividad, como erróneamente lo consideró el Juez de Distrito, sino porque la autoridad responsable no se ha pronunciado en definitiva sobre la personería del actor, ya que se le otorgó un término de diez días para que pudiera subsanarla; es evidente que el amparo indirecto resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 114, fracción IV, a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado. No obsta a lo anterior, que la parte recurrente aduzca como quinto y último agravio, que la regla de excepción para que un acto procesal sea reclamable en amparo indirecto, consiste en que de ejecutarse el acto, este sea irreparable material o jurídicamente en la sentencia, por lo que al obligársele a acatar el requerimiento ordenado por la autoridad responsable, en el sentido de que subsane lo relativo a la supuesta falta de personalidad, ese acto no podrá ser subsanado en la sentencia definitiva. Argumento que resulta infundado, pues ya quedó establecido en párrafos precedentes, que si bien es cierto que tratándose de la resolución que dirime lo relativo a la personalidad, previamente al dictado de la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado a través del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; no menos cierto es que en el caso, al ser el acto reclamado una resolución que no resuelve en definitiva lo relativo a la personería del actor, toda vez que la autoridad jurisdiccional le concede un término de diez días para que la subsane, es evidente que dicha determinación no le causa perjuicio irreparable que no pueda ser subsanado en la sentencia, por el contrario, puede acontecer que la promovente desahogue el requerimiento ordenado, de ahí que la resolución reclamada no se trata de un acto irreparable que no pueda ser subsanado al momento en que la autoridad responsable se pronuncie en definitiva sobre la personería de la parte actora, ahora recurrente. Por otra parte, la inconforme alega como segundo, tercero y cuarto agravios, lo siguiente: Que en la resolución reclamada se ordena se subsane lo relativo a la falta de personalidad en términos de la Ley de Propiedad en Condominio de inmuebles, lo que trae como consecuencia una imposibilidad jurídica para cumplir con lo ordenado, ya que la personalidad con que se ostenta no encuentra su fundamento en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, sino en las disposiciones comunes relativas a la autonomía de la voluntad y a la facultad que cada persona tiene de asociarse libremente y otorgar poderes generales, según convenga a sus intereses. Que al negarse la procedencia del amparo, trae como consecuencia una afectación a sus derechos fundamentales, ya que se le está obligando a subsanar un requerimiento basado en criterios poco claros y en aplicación de leyes a las que explícitamente no quiere someterse. Que contrario a lo establecido por la sala responsable, la parte actora constituye una asociación ajena a las previstas en la Ley de Condominios para el Distrito Federal. Que al subsanarse la falta de personalidad, implica realizar un acto positivo que afecta su esfera de derechos fundamentales, en específico su libertad de asociación, además de que implica costos (debe constar ante notario), que de ninguna forma es reparable, pues no encuadra en los supuestos de gastos y costas. Que la autoridad responsable al imponerle una obligación imposible de cumplir, resulta evidente que no existe un medio ordinario de defensa, sino únicamente el juicio de amparo. Argumentos que resultan inoperantes, pues pretenden controvertir que resulta ilegal el requerimiento que le efectuó la autoridad responsable para que subsane lo relativo a su falta de personalidad, ya que según la recurrente, se encuentra imposibilitada jurídicamente para cumplir con lo ordenado, pues la personalidad con que se ostenta no encuentra su fundamento en la Ley de Propiedad en Condominio e Inmuebles, sino en las disposiciones comunes relativas a la autonomía de la voluntad. Sin embargo, la ahora agraviada soslaya que dichas manifestaciones las tiene que hacer valer ante la autoridad responsable, no así ante este órgano revisor, quien únicamente tiene la facultad de analizar la legalidad de la resolución recurrida con base en los agravios que se hagan valer al respecto, en términos del artículo 91 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, al ser manifestaciones que se refieren a cuestiones de fondo y al resultar improcedente el amparo en contra del acto reclamado, no procede el examen de las cuestiones de fondo a que la parte recurrente se refiere en su escrito de expresión de agravios, habida cuenta de que la improcedencia del juicio de amparo impide las alegaciones que se refieren al fondo del asunto. Este órgano jurisdiccional comparte el criterio establecido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, visible en la página cincuenta y siete, que es del siguiente tenor: ‘SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe). Finalmente, la agraviada aduce en su primer motivo de inconformidad, que la resolución recurrida viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, ya que no se encuentra debidamente fundada, en virtud de que el Juez Federal apoya el desechamiento de la demanda en el artículo 1126 del Código de Comercio, el cual no es aplicable para los asuntos ordinarios civiles. Argumento que resulta inoperante, porque si bien como lo señala la agraviada en el caso no resulta aplicable el precepto 1126 del Código de Comercio, en virtud de que el juicio natural deriva de un juicio ordinario civil, de cualquier manera el precepto aplicable es el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual es literalmente igual al precepto 1126 del Código de Comercio y que establece el trámite de las excepciones por falta de personalidad o legitimación de alguna de las partes, tratándose de juicios ordinarios civiles, tal y como lo citó y lo consideró la Sala responsable en la resolución reclamada; de ahí que no le cause algún perjuicio a la recurrente la cita del precepto legal invocado por el Juez Federal. Lo anterior, se advierte del escrito inicial de demanda, específicamente en el capítulo de los conceptos de violación, en donde la promovente transcribe una parte de la resolución reclamada, en los siguientes términos: (se transcribe). Además, también resulta inoperante dicho argumento, en virtud de que a través del recurso de revisión, técnicamente no deben analizarse los agravios relativos a que el Juez Federal viola garantías individuales al pronunciarse sobre el desechamiento de la demanda de garantías, ya que si así se hiciera, se equipararía dicha autoridad a un autoridad responsable, y se desnaturalizaría el juicio de amparo al establecerse un control constitucional sobre otro control constitucional. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia P./J. 2/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe). En esas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los agravios que se hicieron valer, lo que procede es confirmar la resolución recurrida que desechó la demanda de garantías por notoriamente improcedente máxime que no se aprecia una violación manifiesta en perjuicio de la parte agraviada que de lugar a suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. ..."

De la ejecutoria relativa derivó la tesis que a continuación se precisa:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, mayo de 2005

"Tesis: I.11o.C.122 C

"Página: 1500

"PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA ESA EXCEPCIÓN EN RELACIÓN CON EL ACTOR Y A SU VEZ LE CONCEDE UN TÉRMINO PARA QUE LA SUBSANE, NO CONSTITUYE UN ACTO QUE CAUSE UN PERJUICIO INMEDIATO Y DIRECTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR ENDE, NO ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece: ‘En la excepción de fal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21745-ec77d91c/personalidad-en-materias-civil-y-mercantil-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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