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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21509
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CI
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, , Pág. 516.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la posible contradicción de criterios se presentó en la materia civil, la que es competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, habida cuenta que la formularon quienes tienen la calidad de Magistrados de circuito.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el toca QC. 24/2008, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

"... Son infundados los motivos de inconformidad antes sintetizados. El artículo 124 de la Ley de Amparo, dispone: Del texto transcrito se advierten los requisitos mínimos para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, precepto que es complementado con lo dispuesto en los artículos 125 y 135 de la propia Ley de Amparo, según la naturaleza del acto reclamado. Así, esos requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo citado, es que lo solicite el agraviado y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y otro, contemplado en la fracción III del mismo precepto, es que la ejecución del acto reclamado cause al agraviado daños y perjuicios de difícil reparación. Lo primero, resulta fundamental, ya que es necesario acreditar que se es agraviado y que de no concederse la suspensión solicitada, se causarán daños y perjuicios de difícil reparación, siendo que en el caso de la suspensión provisional, dada la prontitud que se requiere para su emisión, es necesario únicamente acreditar de manera indiciaria que se es titular del derecho que se invoca, y cuando se refiere al tema de la posesión, debe acreditarse tanto por lo que se refiere al título jurídico que es la base o fuente de su derecho como al hecho mismo de la posesión cuya tutela se pide como manifiesta concreción de la existencia de ese derecho. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia 1/2002, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: ‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. ...’. El carácter indiciario de la prueba del derecho cuya tutela se pide con la medida cautelar se apoya en las propias disposiciones de la Ley de Amparo, tomándose como base un hecho, una circunstancia o documento, que sea verosímil y que sea cierto y conocido por virtud del cual, con arreglo a las reglas de la lógica y la experiencia, el Juez de Distrito pueda presumir válidamente esa afectación que se invoca por el agraviado y que los actos que reclama pueden causarle daños y perjuicios de difícil reparación. En ese sentido, un primer indicio de la existencia de ese derecho y la posibilidad de su afectación con la ejecución de los actos reclamados viene determinado con la afirmación bajo protesta de decir verdad, contenida en la demanda, de los hechos y abstenciones que le consten al agraviado y que constituyen antecedentes del acto o actos reclamados, el cual es un requisito formal de la demanda que refleja el acto unilateral de voluntad del quejoso de solicitar la actividad jurisdiccional y exigir la tutela correspondiente al derecho sustantivo que estima violado, por lo cual es un dato que el juzgador federal no puede discriminar al momento de pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión provisional de los actos reclamados. Empero ese indicio es insuficiente por sí mismo para acreditar esa titularidad del derecho cuando se reclama el desposeimiento de un bien, no obstante que la institución del amparo se apoya en el principio de la buena fe, porque se parte también de la posible afectación que la decisión judicial tendrá sobre el actuar de la autoridad y los terceros y exige que el mismo sea corroborado con otros elementos de prueba como puede ser la constancia documental de la existencia de un título que acredite la posesión que se ostenta respecto del bien cuya tutela cautelar se decide y de aquellas que demuestren o hagan presumir el hecho de la posesión que es el derecho cuya tutela se pretende decidir de modo provisional. En efecto, un acto de autoridad no puede paralizarse por el solo hecho de que quien promueve el amparo en su contra, solicite su suspensión, sino que para ello debe haber prueba indiciaria, o sea, tiene que estar probado indiciariamente, que esa persona es titular de un derecho legítimamente tutelado, que se verá afectado a consecuencia de la ejecución del acto. En el caso de que quien solicite el amparo sea parte en el juicio del cual emanan los actos reclamados, no precisa acreditar su interés jurídico, porque éste es inherente a su calidad de parte. Así, el solo hecho de figurar como parte en el juicio natural, da al quejoso la legitimación para solicitar la suspensión del acto reclamado, ya que como parte del juicio, los actos que del mismo emanen, presuntamente lo agravian, y ello será suficiente para que si el acto es cierto o se presume su certeza, y además es susceptible de suspenderse, se decrete la suspensión de dicho acto. En cambio, cuando se trata de persona extraña a la controversia natural, debe acreditar indiciaria o presuntivamente su interés jurídico en los autos del incidente de suspensión, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que conforme a este precepto, el quejoso debe aportar una prueba idónea y suficiente que revele presuntivamente, que hay cierta veracidad de la existencia del derecho que podría afectarse con la ejecución del acto reclamado. Ese acreditamiento en forma indiciaria o presuntiva implica que, tratándose de actos tendientes a privar de la posesión como el de la especie, si bien no se puede exigir la prueba testimonial que es la idónea para acreditar plenamente la posesión, que es propio del análisis del fondo del amparo, también lo es que el peticionario de garantías debe allegar elementos de prueba, como documentos públicos o privados de fecha cierta anterior al juicio natural, que por sí mismos, no son aptos para acreditar plenamente la posesión y que son susceptibles de ser desvirtuados en la secuela del procedimiento, pero que debe ser suficientes para establecer en forma indiciaria o presuntiva que el quejoso realmente es titular de un derecho que podrá afectarse con la ejecución, ya que al decretarse la medida cautelar no se realiza un análisis relativo a la calidad de la posesión, es decir, si es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es únicamente decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. En ese contexto, debe exigirse la prueba presuntiva o indiciaria suficiente para otorgar la suspensión como medida accesoria de un juicio de amparo porque participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la verosimilitud de la existencia de un derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento a priori, o sea que implica un análisis previo sobre el derecho que será materia del fondo o sea un cálculo de posibilidades sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio de amparo. Por tanto, para la concesión de la medida, en estricta observancia a los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, es necesario que se establezcan los medios de prueba de los cuales derive la probable o presunta existencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, para lo cual el Juez Federal debe tomar en cuenta si las pruebas aportadas revelan que hay un interés suspensional que va a ser tutelado. Es así, porque el tercero extraño con su petición de suspensión podrá paralizar un acto judicial que se presume válido, con lo que se perjudicaría al interés social y al orden público que están por encima del interés particular afectado, si es que realmente carece de ese interés suspensional, máxime cuando se trata de una sentencia que es cosa juzgada para las partes que intervinieron en el mismo. Así lo ha sostenido el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 96/97, publicada en la página 23, Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. ...’ Esto es así, porque si bien es cierto que este Tribunal Colegiado en diversos precedentes ha sostenido que para acreditar la posesión que se solicita sea protegida a través de la institución de la suspensión, la prueba idónea es la testimonial, también lo es que ese medio de prueba no puede recibirse en el incidente de suspensión para acreditar ese hecho, por lo que no puede exigirse al quejoso una prueba que no solamente no está en condiciones de aportar sino que por la sumariedad del incidente de suspensión, al momento de decidirse provisionalmente sobre el mismo, no puede ser analizado por el juzgador conforme a las reglas del proceso ordinario sino que debe apreciarlas según la apariencia del buen derecho que sea materia de la litis incidental. Precisamente, en función de lo anterior y la experiencia que proviene de la práctica judicial es que se arriba a la convicción de que ese extremo sí puede ser acreditado analizando conjuntamente los indicios que se desprenden de la Ley de Amparo y que se refieren tanto a la protesta de decir verdad sobre los hechos antecedentes del acto o actos reclamados que realiza el quejoso como a la verosimilitud de los mismos que se corroboren con las constancias documentales que aporte que no sólo acredita la existencia de un título jurídico que dé la posesión que se ostenta y se defiende a través de la suspensión provisional en cuanto se pretenden evitar daños y perjuicios de difícil reparación, sino de que existen realmente hechos que permiten presumir la posesión misma y con anterioridad a la ejecución de los actos reclamados, y se trata de pruebas que por sí solas no son aptas para acreditar plenamente la posesión, pero conjuntamente pueden arrojar, aunque sea indiciariamente la convicción de la existencia del derecho y de su ejercicio cuya tutela se pretende, lo cual hasta ese momento, tampoco presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, sino únicamente la base para suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación para el agraviado. Sobre la base anterior, los indicios que se desprenden tanto de la protesta de decir verdad de los hechos antecedentes de los actos reclamados que se contiene en la demanda de garantías y el contrato de comodato que en copia certificada acompañó la quejosa a la demanda de amparo celebrado entre ********** en su carácter de comodataria, y **********, como comodante, el cinco de septiembre de dos mil cuatro y que registró en la Secretaría de Finanzas de la Tesorería del Distrito Federal el ocho de septiembre de dos mil cuatro, que permite presumir que es de fecha cierta, no arrojan la convicción judicial suficiente de que se acredita la existencia de los actos reclamados e indiciariamente la titularidad de la posesión cuya tutela se pide. Esto es así, porque a través del contenido de dicha documental (contrato de comodato) se acredita la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no demuestra indiciariamente que el quejoso ha entrado a poseer y ejerce actos de posesión posteriores por quien solicita el amparo, por lo que sí era necesario que el quejoso ofreciera otras pruebas relacionadas con el contrato de comodato, pues este último no obstante ser de fecha cierta sólo acreditaría la existencia del acto jurídico que contiene y de que puede presumirse su data desde la fecha de su inscripción ante la autoridad fiscal local, pero por sí mismo no acredita el hecho de la posesión que es el objeto de la suspensión provisional y, por tanto, para acreditar ese extremo, requiere de otros documentos privados como pago de servicios de energía eléctrica, teléfono o la recepción de correspondencia, para hacer presumir la posesión que se ha ejercido y cuya protección cautelar se reclama, pues sólo así se acreditaría, por un lado, para los efectos de la suspensión tanto el derecho del quejoso a poseer el inmueble a que alude, así como permite que entró a poseer y mantiene la posesión en sí misma. Por tanto, adversamente a lo señalado por el recurrente, la mera existencia de un contrato de comodato exhibido en copia certificada con la demanda de garantías presentado con anterioridad a la existencia de los actos reclamados ante la autoridad fiscal respectiva, le da el carácter de un documento de fecha cierta y presume que el acuerdo de voluntades contenido en el mismo existe desde la fecha de su registro ante dicha autoridad sobre lo que no existe duda hasta ese momento del proceso incidental, pero por sí mismo no refleja el hecho de la posesión, sino que requiere de otras pruebas que por su naturaleza permitan inferir la existencia de actos o hechos posesorios del referido inmueble pasados y actuales, que puedan arrojar la convicción que de no suspenderse los actos reclamados puedan causarse perjuicios de difícil reparación. En esa medida devienen inaplicables las tesis cuyos rubros son: ‘SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO.’; ‘SUSPENSIÓN PEDIDA POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL INTERÉS JURÍDICO SE ACREDITA PRESUNTIVAMENTE MEDIANTE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.’; ‘INTERÉS JURÍDICO DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO EN LA SUSPENSIÓN. SE JUSTIFICA CON COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO QUE JUSTIFIQUE LA POSESIÓN O USUFRUCTO Y CON LA ADMISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’; ‘SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO (ARRENDAMIENTO).’; ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’ y ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR FECHA CIERTA DE LOS.’, dado que se trata de criterios aislados que no obligan a este tribunal y fundamentalmente porque en términos de lo expuesto en esta ejecutoria, no basta que se acredite la fecha cierta del documento en que consta el acto jurídico con el que se demuestra el título que se tiene que poseer, pues con ello sólo se demuestra hasta ese momento del procedimiento, la veracidad de un acto que da nacimiento al derecho de la posesión, sino que resulta necesario que, además, se acrediten los hechos de la posesión que se defiende a través de la institución cautelar, para los cuales sí es relevante que el quejoso aporte las constancias o pruebas necesarias que permitan presumir al juzgador de amparo la veracidad del hecho de la posesión misma y con anterioridad a la ejecución de los actos reclamados. En ese tenor, la tesis de este tribunal cuyo rubro es: ‘SUSPENSIÓN PEDIDA POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL INTERÉS JURÍDICO SE ACREDITA PRESUNTIVAMENTE MEDIANTE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.’, no le obliga a seguir un criterio que se estima superado en función de lo expuesto en este fallo, porque debe partirse de la base de la demostración presuntiva del interés jurídico suspensional no sólo del derecho a través de la prueba legalmente admisible en esa fase del procedimiento como la documental de fecha cierta, sino de los actos posesorios que derivan del mismo y cuya tutela se exige en la vía incidental. En mérito de lo expuesto, lo que procede es confirmar la resolución recurrida y negar la suspensión provisional de los actos reclamados." (fojas 45 a 55 del toca).

CUARTO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el toca QC. 12-XI/2008, consideró, lo que enseguida se expone:

"CUARTO. Análisis de agravios. En su único agravio, la recurrente aduce que la autoridad de amparo se equivoca al estimar que la documental que contiene el contrato de compraventa de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno es insuficiente para acreditar de manera presuntiva el interés jurídico, cuando lo cierto es, dice, que tal probanza tiene valor de ‘indicio’ o ‘presunción’ para demostrar tanto el derecho de propiedad, como la posesión que tiene sobre el cuarto número **********, planta alta, de la casa ubicada en calle ********** número **********, colonia **********, delegación **********. En relación a esto, agrega que para efectos de obtener la suspensión provisional es suficiente el indicio que arroja la documental mencionada. El motivo de inconformidad planteado es infundado. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, para que se decrete la suspensión del acto reclamado, se requieren tres elementos, a saber: 1. Que la solicite el agraviado. 2. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. En cuanto al primero de los elementos mencionados, es necesario que el quejoso demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular del derecho que estima violado. En el caso justiciable, ********** se ostenta persona extraña al juicio ordinario civil número 1992/1994, del índice del Juzgado Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, seguido por ********** en contra de **********, su sucesión, y alega, en lo sustancial que, en ese juicio se dictó la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil cuatro, que aprobó el remate del inmueble ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, delegación ********** de esta ciudad, con motivo de lo cual se le pretende desposeer del bien que es de su propiedad y que identifica como ‘cuarto número **********, planta alta’, de la casa descrita. Para demostrar sus aseveraciones exhibió la documental de fecha incierta consistente en el contrato privado de compraventa de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno que, en su concepto, es indicio suficiente para obtener la suspensión del acto de desposeimiento. Es cierto que la suspensión provisional debe concederse cuando el quejoso demuestra, al menos en forma indiciaria, que el acto reclamado le agravia; sin embargo, como resolvió el Juez Federal, en el presente asunto el quejoso no logra ese propósito, pues no basta la demostración de cualquier indicio, sino el indicio serio, por ejemplo, un documento de presuntiva veracidad, que precisamente tenga relación directa con lo que será materia de la suspensión. En el caso concreto, la forma escrita del contrato privado de compraventa de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno, solamente constituye un indicio de la celebración del acto que ahí se documentó, es decir, una pretendida compraventa; sin embargo, no logra demostrar, ni aun indiciariamente, la situación de hecho relativa a que dicha impetrante tenga la posesión del inmueble y cuya privación es lo que constituye la materia de la suspensión solicitada. En esas condiciones, ninguna ilegalidad entraña la decisión del Juez Federal, al negar la suspensión provisional solicitada por el ahora recurrente, pues en efecto, la documental exhibida (contrato de compraventa) por sí sola es insuficiente para probar, al menos de manera indiciaria, que el acto reclamado le agravia ya que, en su caso, dicho peticionario debió ofrecer elementos de prueba tendentes a demostrar la posesión de la que, dijo, se le pretende privar, como fueron pagos de suministro de energía eléctrica, teléfono o la recepción de diversa correspondencia, que sí se encuentran enderezados a demostrar esa situación de hecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 96/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.’ (la transcribe). En esa tesitura, al no haber ofrecido el quejoso ningún medio de prueba que acreditara ni aun en forma presuntiva que los actos de desposeimiento que reclama y que serían la materia de la suspensión solicitada, le agraviaran, es evidente que no se actualizan los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe subsistir la negativa de la suspensión solicitada. En cuanto a su afirmación en el sentido de que no es necesaria la demostración plena del interés jurídico para efectos de la suspensión provisional y que en ese momento procesal la autoridad de amparo no debe prejuzgar sobre la certeza del derecho. Por otro lado, es inoperante el agravio relativo a que la tesis aplicada por el Juez de Distrito del rubro: ‘CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO. ES INSUFICIENTE PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA PORQUE NO DEMUESTRA EN FORMA INDICIARIA O PRESUNTIVA QUE EL QUEJOSO ES TITULAR DEL DERECHO DE POSESIÓN QUE PODRÁ AFECTARSE CON LA EJECUCIÓN.’, no es aplicable ni aun por analogía. Lo ineficaz de su alegato estriba en que al margen de la aplicabilidad del criterio invocado por el Juez de amparo, ello no modifica el sentido de la resolución impugnada. En similares términos debe desestimarse el motivo de disenso consistente en que el Juez de Distrito no debió analizar la representación de quien firmó el contrato de compraventa de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno, pues tal inconformidad no logra desvirtuar las consideraciones del Juez de amparo, ni demuestra que el quejoso haya demostrado la afectación sufrida con motivo del acto reclamado. En consecuencia, dado el resultado de los agravios antes estudiados, lo procedente es declarar infundada la presente queja."

QUINTO. Finalmente, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo en revisión RC. 117/2008-13, en lo que interesa resolvió:

"IV. Es inoperante el anterior agravio. El Juez de Distrito negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, porque la quejosa no acreditó su interés jurídico. Las razones de esa conclusión son: Que la quejosa se ostenta tercera extraña al juicio ordinario civil número 608/2006, seguido por **********, en contra de **********, ante el Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, invocando un derecho de posesión sobre el departamento número **********, del edificio número **********, de la calle de **********, en la colonia **********, de esta ciudad; que para acreditar su interés jurídico exhibió una serie de recibos de luz y un contrato privado de comodato de primero de abril de dos mil cinco; pero que esas documentales son insuficientes para acreditar la posesión que dice tener sobre ese inmueble, porque los recibos de luz están a nombre de otra persona y el contrato de comodato es de fecha incierta. En contra de tales consideraciones la recurrente aduce que para determinar la certeza del acto jurídico que le da derecho a poseer el inmueble de referencia, exhibió unos recibos de pago de energía eléctrica, en los que si bien no consta su nombre, la verdad es que ella fue la que realizó los pagos, atento a que el inmueble de regencia lo tiene en préstamo. Se sostiene que tal agravio resulta inoperante para revocar la resolución recurrida, porque los aludidos recibos de consumo de energía eléctrica, en los que si bien no consta su nombre, atento a que el inmueble de referencia lo tiene en préstamo. Se sostiene que tal agravio resulta inoperante para revocar la resolución recurrida, porque los aludidos recibos de consumo de energía eléctrica, únicamente justifican que se pagó en ese servicio en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta en la suspensión posea el inmueble a que aquéllos se refieren o que sean aptos para considerar que el mencionado contrato de comodato es de fecha cierta, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, la fecha cierta de un documento privado no se adquiere por la existencia de unos recibos de consumo de energía eléctrica, sino a partir del día en que tal instrumento se inscriba en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 237 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 162, que reza: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’ (la transcribe). Y jurisprudencia número 1a./ 44/2005, de la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de 2005, página 77, que en lo conducente dice: ‘DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL.’. En consecuencia, si los recibos de consumo de energía eléctrica, no acreditan la posesión ni son aptos para considerar que el mencionado contrato de comodato es de fecha cierta, es legal la resolución recurrida, pues para resolver sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, es correcto que, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito haga una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado. Esto con apoyo en la jurisprudencia número P./J. 15/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 16, que es como sigue: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’. En consecuencia, debe confirmarse la resolución que se revisa."

SEXTO. Por otra parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar en sesión de tres de julio de dos mil ocho, los recursos de queja QC. XI 3/2008-IV, QC. XI 4/2008, y QC. XI 5/2008, en lo que interesa resolvió:

"... Lo fundado de los agravios deriva de que en primer lugar la tesis de jurisprudencia que cita el Juez Federal no resulta aplicable al caso, ya que dicha tesis en todo caso se podrá aplicar al resolver el fondo del juicio de garantías. Esto es así, ya que el interés para conceder la suspensión en el juicio de garantías debe ser presuncional, es decir, puede deducirse de la existencia de un enlace más o menos necesario entre los hechos probados y aquellos que se buscan, poniéndolos unos frente a otros y enlazándolos entre sí lógicamente. En ese contexto, el análisis de los documentos ofrecidos para demostrar el interés en el incidente de suspensión debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Lo anterior, en la medida en que el estudio de la validez de un acto jurídico para efectos del juicio de amparo debe realizarse hasta la sentencia constitucional, porque atañe al fondo del juicio y es hasta esa etapa y momento procesal en el que se exige que el quejoso demuestre fehacientemente su interés jurídico y no se deduzca con base en presunciones, tan es así, que incluso tratándose de la falta de acreditamiento del interés jurídico al momento de promover la demanda de garantías, no opera el desechamiento de la misma por notoria improcedencia por falta de dich

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21509-90ee7b74/suspension-provisional-cuando-el-quejoso-se-ostenta-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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