DEMANDA MERCANTIL OSCURA O IRREGULAR. EL JUEZ DEBE PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE, COMPLETE O CORRIJA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, OCTAVO Y DÉCIMO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter civil.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito en su carácter de autoridad responsable en los citados juicios de amparo directo.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación, en la parte que interesa, se transcriben:
I. Con fecha once de enero de dos mil siete, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó resolución en el amparo directo DC. 774/2006, en la cual sustentó en la parte conducente, el criterio siguiente:
"QUINTO. Que son inoperantes los citados motivos de inconformidad, mismos que por su estrecha relación serán analizados en forma conjunta en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque tales conceptos de violación se concretan a sostener que la autoridad responsable no consideró que el Código de Comercio vigente anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, prevé una institución por la que puede enmendarse un acto procesal; que dicha autoridad no se valió de la legislación aplicable al caso concreto; que en la especie se actualizaron los requisitos para la procedencia de la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal al Código de Comercio; y que la sentencia reclamada es imprecisa e incongruente, por no encontrarse debidamente fundada y motivada, y por no haber aplicado correctamente los artículos 257 del primero de los ordenamientos legales invocados, 1054 y 1069 del segundo; pues lo argumentado así, en forma alguna ataca las consideraciones por virtud de las cuales el tribunal de alzada desestimó por infundados e inoperantes los agravios que se expresaron en la apelación, es decir, las consistentes en que el Código de Comercio vigente antes de las reformas mencionadas, no contempla una figura que se asemeje a la que alude el artículo 257 de la ley adjetiva local, merced de la cual se le confiere al actor la oportunidad de que en el plazo de cinco días, corrija los defectos de su demanda, previa la obligación del Juez de precisar los puntos en que ésta fuera oscura o irregular, de donde se sigue que no puede tener aplicación supletoria este último precepto a la primera de las legislaciones referidas, sostener una postura contraria equivaldría a crear una prerrogativa en los juicios mercantiles, lo cual es inadmisible, en virtud de que los fines de la supletoriedad descansan en colmar lagunas legislativas y no a implementar nuevas instituciones que implícitamente representen derechos para una de las partes; y que aun cuando asistiera razón al apelante, de que resultaba innecesario que en la demanda existiera precisión de la fecha del vencimiento del pagaré, de cualquier manera, seguirían prevaleciendo las demás razones que apoyaron el desechamiento, al no ser impugnadas a través de argumentos jurídicos concretos encaminados a poner de manifiesto su posible ilegalidad. A mayor abundamiento, debe decirse que el requisito relativo a que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata, no se surte en la especie, en razón de que la legislación mercantil en cita, no regula la figura de la prevención a fin de subsanar los defectos de la demanda, motivo por el cual no puede operar la figura de la supletoriedad de la ley procesal local a aquel ordenamiento legal, como correctamente lo consideró la autoridad responsable. Además, es inexacto que el artículo 1069 del Código de Comercio, contenga la institución jurídica de que se trata, pues éste se refiere al requerimiento que se debe hacer al litigante para que designe domicilio de su contraparte a efecto de que se le hagan las notificaciones y se le practiquen las diligencias necesarias, pero no a la prevención del actor para que corrija los defectos de su demanda. Igualmente, el acto reclamado cumplió esencialmente con los principios de fundamentación y motivación, pues en él se plasmaron las consideraciones y los preceptos legales debidamente aplicables al caso concreto, razón por la cual resultan inaplicables los criterios que al respecto se invocaron, de rubros: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ y ‘MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE.’. Asimismo, como el Código de Comercio, no regula la figura de la prevención a fin de subsanar los defectos de la demanda, deviene inaplicable supletoriamente al caso que nos ocupa lo dispuesto por el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En consecuencia, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal."
II. Por otra parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en el amparo directo DC. 760/2006 el doce de diciembre de dos mil seis, en los siguientes términos:
"SEXTO. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son ineficaces por las razones que a continuación se verán. Ciertamente, la parte quejosa aduce que si se estimó que la demanda es oscura e imprecisa se debió prevenir para que se aclarara, que cuando la demanda cumple con los requisitos esenciales pero se omite alguna formalidad o elementos de menor entidad que puede traer como consecuencia el rechazo de la misma, el juzgador antes de emitir su resolución desechatoria debe formular y notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio para que el compareciente manifieste lo que convenga a sus intereses respecto a los requisitos supuestamente omitidos o satisfechos irregularmente, esto es, para que complemente, aclare o exhiba las constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el procedimiento no contemple esa posibilidad, lo anterior con la finalidad de darle al compareciente la oportunidad de defensa ante la posible afectación o privación de sus derechos sustantivos y respetar la garantía de audiencia, así como de quedar en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, al que es necesario atender respecto de cualquier petición que se formule a una autoridad; argumento que apoyó en el criterio publicado bajo el rubro: ‘PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.’. También, que si el Código de Comercio no contiene precepto que establezca los requisitos que debe reunir una demanda para poder ser admitida, por tal razón tienen aplicación supletoria los artículos 255 y 257 del Código de Procedimientos Civiles, pues contrario a lo resuelto en el acto reclamado no debió desecharse la demanda sino de provenir a la actora para que la ajustara, manifestación que apoyó en el criterio bajo el rubro: ‘DEMANDA MERCANTIL. SI ES OBSCURA O IRREGULAR EL JUEZ DEBE PREVENIR AL ACTOR POR UNA SOLA VEZ Y EN FORMA VERBAL PARA QUE LA ACLARE, COMPLETE O CORRIJA.’, que al Código de Comercio, le es aplicable de manera supletoria lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, razón para estimar que el acto reclamado es violatorio de garantías; lo anterior lo apoyó en los criterios bajo los rubros: ‘CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES LOCAL, CUANDO EXISTE ALGUNA OMISIÓN, O FALTA ALGUNA DISPOSICIÓN SOBRE DETERMINADO PUNTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO ES SUPLETORIO EL.’, ‘OBSCURIDAD DE LA DEMANDA. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL NO ESTABLECE LA EXCEPCIÓN DE, CORRESPONDE AL JUEZ PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE.’. Los anteriores motivos de inconformidad hechos valer por la parte quejosa devienen ineficaces, por lo siguiente. Se puntualiza que los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de una norma respecto de otra, son: a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio. b) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate. c) Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra. También se precisa que la supletoriedad de la ley sólo se surte cuando, en determinada institución jurídica prevista por la ley a suplir, existen lagunas u omisiones, las cuales podrían ser subsanadas con las disposiciones que la ley supletoria contenga en relación a dicha institución jurídica, pero de ninguna manera la supletoriedad tendrá el alcance de aplicar dentro de la codificación especial relativa, instituciones o requisitos no contemplados en la ley a suplir. Bajo este contexto, se concluye, que tomando en cuenta que la supletoriedad de las normas opera cuando, existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, lo que hace necesario acudir a otra ley para determinar sus particularidades, y que lo anterior constituye un requisito indispensable; esto es, que la institución jurídica, como en la especie es la prevención, se encuentre prevista en la ley motivo del problema y que contenga lagunas u omisiones, para que se considere que debe ser motivo de suplencia. En otras palabras, si en el Código de Comercio vigente antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, no se encuentra prevista en forma expresa la obligación del juzgador de mandar aclarar, corregir o subsanar la demanda, en caso de que ésta presente oscuridad o ciertas irregularidades, es claro que no tiene cabida la figura de la supletoriedad con base en el Código de Procedimientos Civiles. Ahora, si la parte quejosa aduce que aun cuando la ley que regule el procedimiento no contemple esa posibilidad, se debe mandar prevenir, lo anterior con la finalidad de darle al compareciente la oportunidad de defensa, ante la posible afectación o privación de sus derechos sustantivos y respetar la garantía de audiencia, así como de quedar en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, al que es necesario atender respecto de cualquier petición que se formule a una autoridad; no menos cierto es que lo anterior no es posible, porque la finalidad de la supletoriedad descansa en colmar lagunas legislativas y no a implementar nuevas instituciones que implícitamente representen derechos no previstos para una de las partes; tal como lo estimó el tribunal responsable al emitir su resolución, ya que al no contemplar la figura jurídica de la prevención el Código de Comercio, y de tomarse en cuenta para ello el Código de Procedimientos Civiles, se crearía una prerrogativa en el juicio mercantil no contemplada, lo cual infringiría el principio que rige la supletoriedad aludida. Ahora, si aduce que el Código de Comercio no contiene precepto que establezca los requisitos que debe reunir una demanda para poder ser admitida, por tal razón tienen aplicación supletoria los artículos 255 y 257 del Código de Procedimientos Civiles; dicho argumento se tiene que desestimar, porque en ese caso el Código de Comercio sí establece o hace alusión a la figura de la demanda inicial, esto es, sí contempla dicha figura jurídica, por lo que en ese aspecto sí le es aplicable de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles; de ahí la desestimación de su motivo de inconformidad. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 58, que puede ser localizada bajo el número de registro 212754, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y que comparte este colegiado, Octava Época, 76, abril de 1994, visible en la página 33 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.’. Por lo demás, se dice que la sola cita de tesis no puede tenerse como conceptos de violación en el juicio de amparo, ya que no se realiza una exposición razonada del porqué son aplicables dichas tesis al caso concreto, lo cual es indispensable para emprender su análisis. Aún más, se puede decir, que de la lectura de la resolución materia del amparo se aprecia, que el tribunal de apelación consideró lo siguiente: a) Que en la resolución impugnada se había determinado que no existía claridad en la demanda formulada por los siguientes aspectos: ‘1. Porque la actora no planteó adecuadamente sus pretensiones de declaración judicial de la terminación del contrato DGJ/D/814/II-93 de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y tres. 2. Porque también omitió precisar los hechos en que fundó sus pretensiones para determinar si existió o no la prórroga, ya que en cláusula décima tercera del pacto los contendientes acordaron como vigencia del mismo una duración de cuatro años a partir de la fecha de su firma, dicho acto jurídico concluyó por el transcurso del tiempo el día veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete. 3. Porque tampoco expresó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se acordó la temporalidad en que habría de restituirse la cantidad que reclama en concepto de suerte principal, es decir no precisa si efectivamente elaboraron calendario de pagos conforme lo establecido en la cláusula novena del contrato basal, elementos fácticos que son indispensables para dilucidar la litis planteada; y 4. Porque indicó que en su diversa cláusula octava, las partes convinieron que la accionante participaría en las utilidades que se generaran; sin embargo, dicha cita es errónea, ya que la obligación a que alude está contenida en la cláusula séptima.’. b) Que el apelante sólo había controvertido el primero de los motivos en que descansaba el auto impugnado, en la que se había estimado que no existió un planteamiento nítido acerca de la acción de terminación del contrato base de la acción, pues su duración había concluido el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, por el simple transcurso de tiempo. c) Que nada había esgrimido respecto a las restantes razones en que se había fundado el desechamiento; que en el caso regía el principio de estricto derecho, entonces, si una de las consideraciones esenciales que por sí sola regía el sentido de la resolución no era atacada, era claro que debía quedar subsistente. d) Que aun cuando asistiera razón al apelante en el sentido de que era innecesario que en la demanda existiera la precisión de la fecha del vencimiento del pagaré, de cualquier manera seguirían prevaleciendo las demás razones que apoyaban el desechamiento, al no haber sido rebatidas a través de argumentos jurídicos concretos encaminados a poner de manifiesto su posible irregularidad. Argumentos lógico jurídicos por parte del tribunal de alzada que al no haber sido controvertidos en el escrito de conceptos de violación que nos ocupa, siguen rigiendo el sentido del fallo materia del presente amparo. En este orden de ideas, y habiendo sido ineficaces los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que resultara procedente suplir la deficiencia de la queja, por no darse ninguna de las hipótesis del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, deberá de negarse la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II, III, inciso a) y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46, del 76 al 79, 158, 159, 184 y 190 de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, contra el acto que reclamó del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, consistente en la resolución dictada el once de octubre de dos mil seis, en el toca de apelación número 385/2006."
III. Asimismo, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en el amparo directo civil número 692/95 el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en la cual sustentó el criterio siguiente:
"QUINTO. La quejosa expresa como conceptos de violación los siguientes: ... II. El considerando segundo es notoriamente infundado, ya que en forma narrativa reproduce la demanda, prevención con el sentido de apreciación y de analogía manifestando mi intención sin entrar al análisis ni estudio, ya que los demandados y el fondo del negocio es que se compró una película que no le pertenecía a los demandados, siendo que desde que se elabora la demanda desde el rubro tiene contenido a las personas señaladas, así como en diversas partes de los hechos se señalan las causas, razones y hechos que se tienen cada uno de los que se demandan del escrito inicial de la demanda. Por lo que al resumen sin motivar ni fundamento (sic) y señalar a decir que mi ‘intención fue’, es que en tema sumana se me juzgó la ‘intención’ y no el considero tener acción personal que deducen en contra de los demandados, sin considerar el derecho de instancia y lo más importante, ya que el auto recurrido no causa perjuicio alguno a los demandados dada la cuenta de que sólo se admitió a trámite por lo que el enjuiciado puede deducir sus derechos dentro del procedimiento. Asimismo, en lo referente que se refiere (sic) de lo que señala el artículo 1061 es que al momento de presentar la demanda se deben presentar los documentos que acrediten concediéndome con fundamento en el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles, que pueda ajustar la demanda y subsane por única vez lo que fuera oscura e irregular por lo que los efectos de admisión de la demanda cuando se admitió la demanda ésta cumplía con los elementos que se requieren y exige el artículo 1061 por lo que mi primer escrito y causa efectos reales al demandado tenía todos los elementos necesarios por lo cual le dio entrada el C. Juez de origen por lo que señala que nunca se dio trámite es falso de toda falsedad y no entró al estudio ni valoró las documentales que existían dando una preclusión sin hacer cotejo real de la documentación se abstiene de señalar que el demandado tuvo al momento de ser notificado los juegos completos que menciona no existe ni se presentaron, ya que como señala en el margen de anotación se puso que iban 4 anexos no dos y esto dio resultado por la falta de apreciación y de entrada al estudio de los agravios con dicha resolución. III. Considerando en base a las manifestaciones que vierte que manifiesta que es fundado, en el tercer agravio es que sirviera de entrada al análisis de los agravios se hubiera revisado que iban completas al momento de darse entrada la demanda todo lo requerido por el artículo 1061 y lo que señalo que al no entrar al estudio y la aplicación de lo aperceptuado (sic) se demuestran la preclusión y juicio sumario que me hacen los representantes de la Sala recurrida. ... . SEXTO. Son sustancialmente fundados los motivos de inconformidad correspondientes a los incisos II) y III) del capítulo de conceptos de violación, en los que se alega que de conformidad con el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, el hoy quejoso tenía derecho a ajustar su demanda inicial por una sola vez, en caso de que ésta fuera oscura o irregular. En efecto, es verdad que conforme al artículo 1061 del Código de Comercio, al primer escrito (demanda o contestación) se acompañara el documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio; el poder que acredite su personalidad; y una copia en papel común del escrito y de los documentos. Ahora bien, el Código de Comercio no contiene precepto alguno que establezca los requisitos que debe reunir una demanda para poder ser admitida, por lo que en el caso tienen aplicación supletoria los artículos 255 y 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el primero de los cuales establece una serie de requisitos formales que toda demanda debe satisfacer, y el segundo, previene que presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga y se les emplazara para que la contesten. Por su parte, el citado artículo 257 establece que si la demanda fuere oscura o irregular, el Juez debe prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalando en concreto sus defectos; hecho cual le dará curso; asimismo, se señala que el Juez puede hacer esa prevención por una sola vez y verbalmente. En tales condiciones, obvio es concluir que la Sala responsable en forma incorrecta consideró que en el caso procedía desechar a demanda inicial, por estimar que necesariamente se deben presentar con la demanda los documentos que acrediten el carácter y la personalidad del promovente, así como las copias para el traslado; lo que como se vio es contrario a lo expresamente dispuesto por el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual autoriza al promovente para aclarar, corregir o completar la demanda con sus anexos, lo que realizó el quejoso al dar cumplimiento a la prevención verbal que le hizo el juzgador. Por otro lado, este Tribunal Colegiado advierte que ha ocurrido contra la persona moral quejosa una violación manifiesta de la ley, que la dejó sin defensa, por lo que de oficio entra a su estudio y reparación, en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como con apoyo en la tesis de jurisprudencia número 22, publicada en la página cincuenta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 13-15, enero-marzo de 1989, que dice: ‘SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías ...’."
Lo anterior originó el criterio aislado sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor literal siguiente:
"DEMANDA MERCANTIL. SI ES OBSCURA O IRREGULAR EL JUEZ DEBE PREVENIR AL ACTOR POR UNA SOLA VEZ Y EN FORMA VERBAL PARA QUE LA ACLARE, COMPLETE O CORRIJA. El Código de Comercio no contiene precepto alguno que establezca los requisitos que debe reunir una demanda para poder ser admitida, por lo que tienen aplicación supletoria los artículos 255 y 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el primero de los cuales establece una serie de requisitos formales que toda demanda debe satisfacer, y el segundo establece que si la demanda es obscura o irregular el Juez debe prevenir al actor para que la aclare, complete o corrija, señalando en concreto sus defectos; hecho lo cual le dará curso; asimismo, señala que el Juez puede hacer esa prevención por una sola vez y verbalmente. En tal virtud, no se puede desechar la demanda inicial, por estimar que necesariamente se deben presentar con ella los documentos que acrediten el carácter y la personalidad del promovente, así como las copias de traslado, pues ello es contrario a lo expresamente expuesto en el segundo de los numerales citados." (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 1996, tesis I.8o.C.41 C, página 918).
CUARTO. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.
Tienen aplicación las siguientes tesis que a continuación se transcriben:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así." (Tesis P. L/94, publicada en la página treinta y cinco, Tomo ochenta y tres, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Pleno, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados." (Tesis de jurisprudencia 2a./J. 94/2000, Segunda Sala, publicada en la página trescientos diecinueve, Tomo XII, noviembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).
QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Séptimo, el Octavo y el Décimo Tribunales Colegiados todos en Materia Civil del Primer Circuito reúnen o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001 que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Tesis P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis).
También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirve como marco d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21437-9795cabe/demanda-mercantil-oscura-o-irregular-el-juez-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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