REMATE EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO NO SE FINCA EN LA SEGUNDA ALMONEDA, EL ARTÍCULO 584 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO ES SUPLETORIO DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 16/2012. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MÓNICA CACHO MALDONADO.
México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día seis de febrero de dos mil trece, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la que se resuelve la solicitud de modificación de jurisprudencia 16/2012, formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.
I. ANTECEDENTES
1. Por oficio administrativo 358/2012 recibido el veintidós de octubre de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito solicitaron la modificación de la jurisprudencia 134/2009 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa petición obedeció a lo resuelto en el juicio de amparo en revisión 187/2011 del índice del tribunal solicitante (cuya ejecutoria fue remitida como anexo en copia certificada). El contenido de la jurisprudencia en cuestión es el siguiente:
" Conforme al citado precepto, es posible solicitar la celebración de una tercera subasta sin sujeción a tipo, y el ejecutante puede ofrecer una postura inferior a las dos terceras partes del precio que sirvió de base para la segunda almoneda. Por su parte, el artículo 1,412 del Código de Comercio señala que tratándose de la adjudicación de bienes, cuando no haya comparecido postor, el acreedor podrá pedir su adjudicación por el precio que para subastarlos se haya fijado en la última almoneda. En ese sentido, si se toma en cuenta, por un lado, que ambas legislaciones regulan de manera expresa, concreta y diferente lo relativo al remate y, por el otro, que esta Sala ha sostenido que la finalidad de la supletoriedad es colmar las lagunas legislativas sin llegar al extremo de implementar derechos o instituciones no regulados en la ley que ha de suplirse, resulta indudable que cuando el remate mercantil no se finca en la segunda almoneda, el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no es supletorio del Código de Comercio, pues de lo contrario se estaría legislando -y no llenando una laguna legal-, ya que se crearía una nueva figura en relación con los remates en materia mercantil, siendo que el legislador no previó en el Código de Comercio una tercera subasta sin sujeción a tipo; de ahí que la indicada aplicación supletoria contravendría las bases esenciales del sistema legal en que se sustenta la institución del remate en el Código de Comercio, pues el juicio ejecutivo mercantil es sumario, lo cual implica prontitud en el procedimiento, y aceptar una tercera o ulteriores subastas prolongaría indefinidamente el remate, lo que es ajeno a la naturaleza de la vía ejecutiva mercantil."(1)
2. En la ejecutoria del juicio de amparo en revisión 187/2011, en donde el Tribunal Colegiado tomó la decisión de pedir la modificación de jurisprudencia, cuya forma escrita se acompañó en copia certificada al escrito petitorio, consta que:
3. El veintiocho de febrero de dos mil seis ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil, de **********, el pago de $********** (**********) por concepto de suerte principal, así como los intereses moratorios y gastos y costas generados por dicho juicio. De dicha demanda correspondió el conocimiento, en razón de turno, al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, Chihuahua, el cual radicó el expediente con el número **********.
4. El veintiuno de septiembre de dos mil siete, se emitió sentencia definitiva en el sentido de condenar a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Después de haberse declarado ejecutoriado el citado fallo, se inició el procedimiento de remate. De esta forma, el veintiuno de enero de dos mil nueve fue designado para que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda. Para la misma no comparecieron las partes, así como tampoco postores.
5. Mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil nueve se ordenó la celebración de una nueva audiencia de remate, ahora en segunda almoneda, con respecto al bien inmueble de la demandada; se señalaron para tal efecto las once horas del veintisiete de marzo de dos mil nueve. Sin embargo, una vez más las partes se abstuvieron de comparecer, y tampoco concurrieron postores a la misma.
6. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diez se ordenó nuevamente sacar a remate el referido inmueble en segunda almoneda, en audiencia que tendría verificativo el veintiuno de octubre de dos mil diez. A dicho acto compareció el licenciado **********, en calidad de endosatario en procuración de la actora. Se hizo constar la falta de asistencia de postores, además de la circunstancia de que no se admitirían nuevos.
7. El veintiocho de octubre de dos mil diez se ordenó la celebración de una nueva audiencia de remate, en tercera almoneda, con relación al bien mencionado, y se anunció su venta sin sujeción a postura, en el entendido de que la última suma que sirvió de base para el remate fue de $********** (**********). Asimismo, se indicó que aquélla se realizaría a las diez horas con treinta minutos del diez de enero de dos mil once. Una vez más se refirió la ausencia de postores, así como que ya no se admitirían nuevos.
8. Por escrito presentado el trece de enero de dos mil once, el endosatario en procuración de ********** solicitó al Juez la fijación de una nueva fecha para que tuviera verificativo una nueva almoneda. A dicha petición recayó un auto dictado el diecinueve de enero de la misma anualidad, en el cual se determinó que no había lugar a acordar de conformidad con lo requerido, en virtud de que el artículo 1412 del Código de Comercio no prevé la realización de otra subasta y que de fijarse una nueva fecha se prolongaría indefinidamente el remate. Citó como fundamento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "", cuya modificación se analiza en el presente asunto.
9. La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la determinación citada, de la cual correspondió conocer al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León, quien lo radicó bajo el toca **********. El trece de abril de dos mil once emitió resolución por medio de la cual confirmó el auto apelado, al considerar que los agravios expresados por el inconforme resultaban inoperantes -y, por ende, era innecesario pronunciarse con respecto al fondo del asunto- debido a que ya existe jurisprudencia que resuelve el tema planteado, y responde de forma integral a los razonamientos del recurrente.
10. Dicho pronunciamiento constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto promovido por Elena Valdez Ortiz. La demanda de garantías fue radicada con el número de expediente 535/2011 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua.
11. El veintinueve de julio de dos mil once, el juzgador federal negó la protección federal solicitada pues consideró que el primer concepto de violación esgrimido por la impetrante del amparo era inoperante, en virtud de que la quejosa no argumentó por qué la reforma al artículo 1054 del Código de Comercio constituía una razón suficiente para que operara la supletoriedad -ya fuere del Código Federal de Procedimientos Civiles o la legislación estatal de la materia- en relación con el artículo 1412 de dicho ordenamiento. Lo anterior, en adición a que dicho precepto ya había sido ampliamente analizado por la jurisprudencia invocada en el acto reclamado.
12. Por otra parte, frente a los argumentos en los que se sostuvo que la regulación del remate de bienes embargados en el juicio mercantil resultaba ineficiente, el Juez de Distrito manifestó que la quejosa no había hecho valer argumentos encaminados a demostrar por qué actualmente el Código de Comercio permite la supletoriedad, esto, a fin de hacer patente la inaplicabilidad de la jurisprudencia citada.
13. Finalmente, por cuanto hace a los argumentos relativos a la falta de fundamentación y motivación alegada, el Juez determinó que éstos devienen inoperantes pues no se expresaron razones por las que suponía la solicitante del amparo que debía aplicarse un criterio diverso al expuesto en el acuerdo combatido, es decir, por qué a diferencia de los asuntos que motivaron la resolución de la contradicción de tesis, en este caso debía permitírsele convocar postores a una tercera o ulteriores subastas.
14. La quejosa interpuso recurso de revisión número ARC. 187/2011, en contra del fallo anterior. Éste fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en sesión celebrada el dieciséis de febrero de dos mil doce, en el sentido de negar el amparo a la quejosa. En esta resolución se aplicó la jurisprudencia que se solicita modificar y se expresaron las razones para ello, como se verá más adelante.
II. TRÁMITE DE LA SOLICITUD PLANTEADA
15. Por auto de cinco de noviembre de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de modificación de jurisprudencia y ordenó la formación y registro del expediente correspondiente con el número 16/2012. En el mismo auto, mandó dar vista a la procuradora general de la República para que en el plazo de treinta días expusiera su parecer y, finalmente, turnó los autos a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Por oficio DGC/DCC/29/2013, recibido el diez de enero de dos mil trece, el agente del Ministerio Público de la Federación, designado por el director general de Constitucionalidad para intervenir en el presente asunto, expuso el parecer de la institución ministerial de la Federación que representa, en el sentido de declarar procedente, pero infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia.
16. En auto de catorce de enero de dos mil trece, se tuvieron por hechas las manifestaciones de la representación social y se ordenó devolver los autos al ministro ponente.
III. COMPETENCIA
17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto conforme lo dispuesto en los artículos 194, tercer párrafo, 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, reformado mediante el Acuerdo General Plenario Número 3/2008 emitido el diez de marzo de dos mil ocho, en atención a que se trata de la solicitud de modificación de una jurisprudencia en materia civil emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
IV. LEGITIMACIÓN
18. La presente solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, en términos del artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo.(2)
V. PROCEDENCIA
19. Para la procedencia de la solicitud de modificación de jurisprudencia por parte de un Magistrado integrante de un Tribunal Colegiado de Circuito, deben actualizarse necesariamente los siguientes supuestos:
a) Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la origina, con observancia estricta de lo señalado en la jurisprudencia; y,
b) Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su modificación.
20. Para apoyar lo expuesto, es aplicable el siguiente criterio:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. El artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que ‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. Ahora bien, una recta interpretación de este dispositivo lleva a concluir que no sería correcto que la Sala o el Tribunal Colegiado que pretenda pedir al órgano respectivo la modificación de la jurisprudencia que lo obligue, retrasara la solución del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que ésta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que así lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estarían contraviniendo las disposiciones relativas que constriñen a los órganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los términos establecidos, sobrevendría otra situación grave que se traduciría en el rehusamiento, en su caso, del Tribunal Colegiado o la Sala, a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulneraría el artículo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que si de conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncia ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse que mientras no se produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa una jurisprudencia, ésta debe acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al órgano respectivo la solicitud de modificación de la jurisprudencia que tuviese establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petición aplicándose la tesis jurisprudencial de que se trate."(3)
21. En el caso concreto, la presente solicitud de modificación de jurisprudencia resulta procedente, por las siguientes razones:
22. De la lectura de la ejecutoria base de la presente solicitud de modificación de jurisprudencia se advierte que el Tribunal Colegiado sí aplicó la tesis que pretende se modifique, ya que mediante dicho criterio desestimó uno de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, relativo a que la tesis de jurisprudencia invocada por la responsable resultaba inaplicable, motivo por el cual el Juez civil debía ordenar una nueva almoneda para el remate del bien embargado en el juicio ejecutivo mercantil de origen. En este sentido, el órgano colegiado federal sostuvo que no asistía la razón a la quejosa en cuanto al fondo del asunto, pues la tesis jurisprudencial en la que se fundó el acto reclamado sí resultaba apta para dar solución al recurso de apelación interpuesto por la inconforme y, en consecuencia, no debía aplicarse en forma supletoria la legislación procesal civil respectiva y, por eso, no debía permitirse una nueva subasta en términos del artículo 1412 del Código de Comercio.
23. El Tribunal Colegiado sustentó dicho argumento con los razonamientos contenidos en la jurisprudencia 134/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -cuya modificación se pretende- habiendo emitido el siguiente razonamiento:
"... La jurisprudencia de mérito fue el fundamento para negar en primer término una cuarta almoneda en el juicio ejecutivo mercantil, luego, con motivo de la apelación interpuesta contra esa negativa, el Magistrado responsable decidió no estudiar los agravios donde aquélla se impugnaba por no considerar que el aludido criterio de amparo daba la respuesta a esos agravios, esto es, que la jurisprudencia resolvía la controversia de apelación y dada la fuerza jurídica de ella, no podía modificarse en modo alguno.
"Lo así resuelto, contrario a lo expuesto por la quejosa, en modo alguno resulta contrario a derecho, puesto que ciertamente, la jurisprudencia citada por el Magistrado responsable sí era apta para dar solución al recurso de apelación, por cuanto en la misma se establece que en el juicio ejecutivo mercantil y tratándose de remate, no cabe aplicar supletoriamente la legislación procesal civil respectiva (en ella se anotó el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), porque el ‘... juicio ejecutivo mercantil es sumario, lo cual implica prontitud en el procedimiento, y aceptar una tercera o ulteriores subastas prolongaría indefinidamente el remate, lo que es ajeno a la naturaleza de la vía ejecutiva mercantil’; conforme a tal resolución jurisprudencial, para el juicio de origen no podía permitirse una nueva subasta porque el artículo 1412 analizado también en la aludida jurisprudencia no permitía esa tercera audiencia."(4)
24. Por lo que respecta al segundo requisito de procedencia, en el escrito de solicitud de modificación presentado por los señores Magistrados, se advierten los razonamientos que apoyan dicha solicitud. En efecto, en el oficio número 358/2012, los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, manifiestan los siguientes motivos que fundan la solicitud de mérito.
25. En primer lugar, se señala que del análisis e interpretación de los artículos 1411 (reformado el diecinueve de octubre de dos mil once) y 1412 del Código de Comercio, no se advierte que el remate de bienes deba fincarse únicamente en dos almonedas. Ello pues, a su juicio, dichos numerales indican las formalidades que deben seguirse para el anuncio de la subasta, una vez presentado el avalúo de los bienes, y prevé la hipótesis de inasistencia de postores al remate, caso en el cual el acreedor puede pedir la adjudicación por el precio que para subastarlos se haya fijado en la última almoneda, sin indicar que ésta sólo pueda ser hasta la segunda.
26. En adición a lo anterior, refieren que la jurisprudencia cuya modificación se solicita indica que no opera la supletoriedad del artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pero esto no es acorde con el artículo 1414 del Código de Comercio reformado por decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil ocho, donde se establece la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto, la ley procesal de la entidad correspondiente, para cualquier incidente o cuestión que se suscite en los juicios ejecutivos mercantiles.
27. Sostienen que en el sistema procesal del remate contenido en ambos códigos supletorios, el valor de los bienes se deprecia conforme se desahoga cada almoneda, y con eso se genera un precio atractivo para los interesados en la subasta. Esto, pues conforme a los artículos 475 y 476 del Código Federal de Procedimientos Civiles se rebaja un diez por ciento al precio que sirvió de base a la subasta anterior, en cada nueva almoneda que deba celebrarse por falta de postores, hasta que ocurra el remate. Y conforme a los artículos 752 a 754 y 756 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, ante la falta de postores en la primera almoneda, el ejecutante puede pedir la adjudicación del bien por las dos terceras partes del precio, o pedir una segunda almoneda con rebaja del veinte por ciento de la tasación, y si tampoco hay postores en la segunda, puede adjudicarse el bien por las dos terceras partes del precio o pedir la entrega de la administración de los bienes para aplicar los productos al pago de intereses y extinción de capitales y costas; pero si no le conviene ninguna de esas dos opciones, el ejecutante puede pedir una tercera almoneda sin sujeción a tipo, donde puede pedir la adjudicación por las dos terceras partes del precio de la segunda subasta, cuando el postor ofrezca pagar a plazos o alterando alguna otra condición.
28. De tales legislaciones, dicen, se aprecia que el desahogo de las almonedas permite llegar a un momento en el cual la sentencia puede ejecutarse con la reparación adecuada al actor, porque es de toda lógica que una persona puede estar interesada en adquirir un bien a través de subasta pública cuando existe un precio atractivo. Asimismo, señalan que esto no significa prolongar indefinidamente el juicio, porque éste ya concluyó con el dictado de la sentencia.
29. Los solicitantes estiman que la exclusión de una tercera o ulteriores subastas en el juicio ejecutivo mercantil impide al actor hacer real y efectiva la condena decretada a su favor, porque el bien carecerá del precio que pueda ser del interés del ejecutante o de posibles postores, y esto puede traer como consecuencia la inejecución de la sentencia, o su paralización, por ejemplo, si la condena fuera por cien mil pesos y el avalúo del bien por un millón de pesos, el acreedor tendría que erogar la diferencia para poder adjudicarse el bien, cuando lo que requiere es liquidez a través del pago.
30. Con lo anterior, afirman, se contravendrían los artículos 17 constitucional y 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contienen el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva.
31. De lo anterior se concluye que se reúnen los requisitos de procedencia a que se refiere el presente apartado.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
32. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que resulta parcialmente fundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 16/2012, de conformidad con lo siguiente:
33. Norma supletoria. En principio cabe dejar establecido que la contradicción de tesis 143/2008-PS tuvo por objeto dilucidar si el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, donde se prevé una tercer almoneda sin sujeción a tipo en los procedimientos de remate de bienes, es de aplicación supletoria al Código de Comercio, puesto que los criterios de los tribunales contendientes se contradijeron en ese punto, ya que mientras los Tribunales Colegiados Primero y Séptimo en Materia Civil del Primer Circuito se pronunciaron por la inaplicabilidad de ese precepto local, el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito consideró que sí cabía su aplicación supletoria a los remates en materia mercantil.
34. La Sala resolvió la contradicción en el sentido de que no debía aplicarse el mencionado precepto de la ley procesal local.
35. Ahora, debe tomarse en cuenta que los asuntos mercantiles de los cuales derivaron los criterios de los Tribunales Colegiados estaban regidos por las normas anteriores a la reforma al Código de Comercio, de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la cual solamente se preveía la supletoriedad de la ley de procedimientos local, en el artículo 1054. Y aunque precisamente con motivo de esa reforma se cambió la norma supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles, finalmente por reforma de dos mil tres, se adicionó el precepto de manera que en su texto vigente, se admite la supletoriedad del mencionado Código Federal, en primer lugar, pero también de la norma local, en segundo lugar, igual que sucede en el artículo 1414 del Código de Comercio, respecto de los juicios ejecutivos.(5) En esa medida, la tesis derivada de la contradicción aún tendría vigencia para los casos en que se planteara la posibilidad de aplicación supletoria de la citada norma local, a los remates de bienes en juicios mercantiles.
36. Así, la reforma por la cual se cambió la previsión de las normas supletorias no es motivo suficiente para producir modificación alguna a la tesis, en tanto que ésta no resuelve el problema de la aplicabilidad supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles al procedimiento de remate del juicio ejecutivo mercantil, sino sólo de la norma local. Es decir, se trata de un problema distinto o ajeno a la tesis que, en su caso, tendría que ser planteado y resuelto en las vías correspondientes.
37. Análisis de los artículos 1411 y 1412 del Código de Comercio y supletoriedad. A fin de dilucidar la materia del presente asunto resulta conveniente transcribir el contenido de los preceptos en los que se funda la jurisprudencia cuya modificación se solicita:
"Artículo 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, en un periódico de circulación amplia de la entidad federativa donde se ventile el juicio, rematándose enseguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho."
"Artículo 1412. No habiéndose presentado postor a los bienes, el acreedor podrá pedir la adjudicación de ellos por el precio que para subastarlos se les haya fijado en la última almoneda."
38. Tales preceptos están contenidos en el título tercero del Código de Comercio, relativo a "Los juicios ejecutivos", mismo que se encuentra contenido en el libro quinto "De los juicios mercantiles". En ellos se establecen algunas reglas para llevar a cabo el remate de los bienes embargados, es decir, su venta en pública subasta para la satisfacción del crédito establecido en la condena decretada en la sentencia.
39. Conforme a dichas reglas es necesario que primero se haga un avalúo de los bienes y éste se notifique a las partes para que concurran al juzgado a imponerse de él. Una vez llevadas a cabo esas acciones, se anuncia la venta de los bienes en la forma legal: si son muebles, el anuncio es por tres veces, dentro de tres días, y si son inmuebles, tres veces dentro nueve días. Cabe señalar que la reforma al artículo 1411, de diecinueve de octubre de dos mil once, a la cual se refieren los Magistrados solicitantes, sólo tuvo por objeto incluir como medio de publicidad del anuncio de venta, a un periódico de amplia circulación en la entidad federativa donde se ventila el juicio, en lugar del Diario Oficial de la Federación establecido en la norma supletoria. Esa inclusión es irrelevante para los fines de la modificación que se propone, en tanto que la materia es ajena al tema del medio en que se realiza el anuncio de la venta pública, sino que se refiere a si por aplicación supletoria de la norma procesal local, cabe celebrar una tercera subasta sin sujeción a tipo.
40. Es importante destacar que una vez anunciada la venta, el precepto ordena rematar el bien enseguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho. De acuerdo con el Diccionario « de la Lengua Española» de la Real Academia de la Lengua Española, entre las distintas acepciones de la palabra seguida, se encuentran las siguientes: adj. Continuo, sucesivo, sin intermisión de lugar o tiempo.// 6. loc. adv. Consecutiva o continuamente, sin interrupción.// 2. Inmediatamente.// en seguida. Loc. adv. Inmediatamente después en el tiempo o en el espacio.(6) Por tanto, puede entenderse que el paso inmediato siguiente al anuncio de la venta judicial, es el remate del bien en pública subasta, lo que denota la previsión de cierta rapidez o agilidad para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de la sentencia mercantil.
41. Lo anterior corresponde con la naturaleza sumaria del juicio ejecutivo mercantil, cuyo objetivo es obtener el pago inmediato y llano del crédito demandado, o bien que se pronuncie una sentencia condenatoria de remate de los bienes que aseguren el pago del citado crédito.(7) Es cierto que al momento del remate ya concluyó el juicio precisamente con el dictado de la sentencia que lo ordena, pero de la norma analizada se aprecia cómo para el legislador, igualmente esa etapa debe ser ágil para lograr el propósito de la sentencia, lo cual también puede tener explicación en la naturaleza de la materia mercantil, dadas las necesidades del tráfico de las mercancías y valores.
42. Por otra parte, en el precepto 1412 se prevé el caso de que no concurran postores, en el cual se establece el derecho del acreedor para pedir la adjudicación del bien, y a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos sobre remates,(8) la adjudicación siempre debe ser sobre el total del precio fijado para la última subasta, lo cual se traduce en una norma de mayor beneficio para el deudor.
43. De lo anterior se obtiene que en el remate mercantil, necesariamente debe fijarse un precio a las subastas, que servirá de base para la presentación de las posturas, pero además, sobre el cual puede llevarse a cabo la adjudicación del bien al acreedor. Por tanto, es correcto lo determinado en la tesis acerca de que en el ordenamiento mercantil no se admite la posibilidad de subastas sin sujeción a tipo, si se toma en cuenta que en éstas se permite que se presenten posturas sin apegarse a un parámetro de precio, ni a las condiciones de pago, de modo que los postores pueden modificarlas para ofrecer el pago a plazos o imponer alguna otra condición, así como presentar una postura inferior a las dos terceras partes del precio fijado para la segunda subasta, como se aprecia de los artículos 584 a 586 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
44. Tal situación entraría en conflicto con lo dispuesto en el artículo 1412 del Código de Comercio, según el cual, para las subastas siempre debe haber un precio que le sirva de base, sobre el cual presentar las posturas. Con lo anterior se incumple la cuarta de las condiciones necesarias para que opere la supletoriedad de leyes, según la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"DEMANDA MERCANTIL OSCURA O IRREGULAR. EL JUEZ DE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24421-31cd74be/remate-en-materia-mercantil-cuando-no-se-finca · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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