REMATE EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA VIGENCIA DEL AVALÚO DE LOS BIENES EMBARGADOS PUEDE DETERMINARSE CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL LOCAL APLICADA SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO DE COMERCIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y BAJA CALIFORNIA).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 376/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: CLAUDIA LISSETTE MONTAÑO MENDOZA.
ÍNDICE TEMÁTICO
La denuncia de la contradicción de criterios fue realizada por los Magistrados integrantes de uno de los órganos contendientes. El problema jurídico cuya resolución se pretendió en la denuncia, fue determinar si para establecer el plazo para la vigencia de los avalúos de bienes inmuebles en los juicios ejecutivos mercantiles debe aplicarse o no supletoriamente al Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa correspondiente.
No obstante, dadas las circunstancias fácticas de los asuntos resueltos por los tribunales contendientes, esta Primera Sala arriba a la conclusión de que la contradicción de criterios planteada es existente, en razón de que, en primer lugar, los tribunales se enfrentaron a problemas jurídicos similares. En relación con el segundo requisito de existencia de la contradicción de criterios, los ejercicios interpretativos de las sentencias denunciadas encontraron un punto de toque. Mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consideró que la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, en el particular el artículo 484, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, no era aplicable supletoriamente al Código de Comercio, a efecto de establecer que, en el procedimiento de remate, el avalúo de los bienes inmuebles tenía la vigencia máxima de un año. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consideró que en los juicios ejecutivos mercantiles, a efecto de establecer la vigencia del avalúo de los bienes presentados en el procedimiento de remate, sí era aplicable supletoriamente al Código de Comercio, lo dispuesto en la ley procesal Estatal, esto es, el artículo 469, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, conforme al cual la vigencia del valor que se obtuviera del avalúo era de seis meses. En efecto, el colegiado del Sexto Circuito consideró que aplicar lo dispuesto en el código adjetivo estatal no implicaba supletoriedad, sino el establecimiento de un requisito adicional a lo establecido en el Código de Comercio, pasando por alto que corresponde a las partes solicitar que el bien sea revaluado y precisar los motivos por los que lo estimen necesario; mientras que el colegiado del Décimo Quinto Circuito, estimó que en el Código de Comercio existía una laguna por no establecer vigencia del avalúo, motivo por el que en términos del artículo 1414 de dicho ordenamiento mercantil, resultaba aplicable supletoriamente el término para ese efecto establecido en la legislación adjetiva estatal.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 376/2023, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
2. El problema jurídico que se plantea como susceptible de resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si para establecer el plazo para la vigencia de los avalúos de bienes inmuebles en los juicios ejecutivos mercantiles debe aplicarse o no supletoriamente al Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa correspondiente.
ANTECEDENTES
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio **********, firmado electrónicamente por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (Región Centro-Sur), determinó denunciar ante este Alto Tribunal de la Nación,(1) la posible contradicción de criterios suscitada entre los emitidos por el tribunal colegiado de su adscripción al resolver el juicio de amparo en revisión **********; y, lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (Región Centro-Norte) en el amparo en revisión **********.
4. Trámite de la denuncia ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia, señalando que el tema esencial consistía en: "AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DETERMINAR SI PARA ESTABLECER EL PLAZO PARA SU VIGENCIA DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO DE COMERCIO, LA LEY PROCESAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE."; y, se turnó para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
5. En ese mismo acuerdo, se destacó que la denuncia respectiva se presentó ante este Alto Tribunal con posterioridad al quince de enero de dos mil veintitrés, por lo que atendiendo al principio establecido en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, se debía estimar que la competencia para conocer del asunto, al derivar de la materia civil, correspondía a esta Primera Sala, de conformidad con los artículos 37, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, así como lo dispuesto en los artículos 7 y 8, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al tenor de los cuales, se establece que corresponde al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dilucidar contradicciones de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a distintas regiones.
6. Asimismo, se solicitó a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, remitiera por medio del sistema MINTERSCJN, la versión digitalizada del proveído en el que informe si el criterio sustentado en el amparo en revisión **********, de su índice se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respetivas; remitiera la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio. Asimismo, se ordenó el envío de la información electrónica que contenga dicha sentencia; también se solicitó a la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, que a través de correo electrónico, enviara copia certificada de la ejecutoria, o bien, la versión electrónica, relativa al asunto antes referido.
7. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala dispuso el avocamiento del asunto, y ordenó el envío de los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que posteriormente diera cuenta en la Sala a la que se encuentra adscrito.
8. En proveído de cuatro de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala, ordenó agregar el oficio con terminación ********** y anexo, del índice de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se remitió copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Además, en ese mismo acuerdo, se destacó que la referida Dirección General informó que ordenó el envío de la sentencia antes citada mediante correo electrónico institucional. Por último, se ordenó el envío de los autos a su Ponencia.
9. En proveído de veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala, ordenó agregar el oficio ********* y anexo, remitidos vía MINTERSCJN por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por medio del cual informó que el criterio emitido en el amparo en revisión ********** continúa vigente, y remitió copia digitalizada de la sentencia antes referida.
I. COMPETENCIA
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 7 y 8, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización, y funcionamiento de los Plenos Regionales, al tenor de los cuales se establece que corresponde al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dilucidar las contradicciones de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuitos pertenecientes a distintas regiones, como ocurre en el particular; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal.
II. LEGITIMACIÓN
11. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues fue presentada por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (Región Centro-SUR), órgano que resolvió el juicio de amparo en revisión **********, siendo la ejecutoria de dicho amparo uno de los criterios contendientes.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, poder establecer la postura que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron las ejecutorias contendientes:
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el juicio de amparo en revisión **********.
13. Antecedentes.(2) Pascual Velasco Bautista, por propio derecho, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Javier Romero Saldívar, en su carácter de deudor principal, mismo que se admitió a trámite y se registró con el número **********, por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, en el Estado de Puebla. En él se tuvo por perdido el derecho de la parte reo para contestar la demanda, y seguido el trámite procesal se dictó sentencia, en la cual se declaró probada la acción y, consecuentemente, se condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas. Dicha sentencia causó ejecutoria.
14. Ahora bien, mediante interlocutoria de veinte de marzo de dos mil dieciocho, se aprobó la planilla de liquidación de sentencia formulada; se ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, en el Estado de Puebla, con el objetivo de trabar el embargo. En ese tenor, se admitió a trámite la pericial en avalúo ofrecida por el actor, el demandado no designó perito, teniéndose por perdido su derecho, asimismo, rendido el dictamen del experto nombrado por el actor, se dio vista a la contraria, quien no la desahogó, motivo por el que se le estimó conforme con el dictamen emitido.
15. El demandado Javier Romero Saldivar, promovió juicio de amparo indirecto en el que se dolió del emplazamiento y diversas resoluciones del juicio de origen, sin embargo, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien lo registró con el número **********, dictó sentencia en el sentido de negar la protección constitucional; determinación que fue recurrida mediante recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, registrándolo con el número **********, en el que ordenó modificar la sentencia recurrida, para decretar el sobreseimiento respecto al emplazamiento al juicio de origen, así como la sentencia y la inscripción del embargo; y, negar el amparo respecto de la resolución de dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.
16. Por su parte, el actor solicitó se fijara fecha para la audiencia de remate y se ordenara la publicación de la convocatoria respectiva; sin embargo, ello no fue acordado de conformidad, al no guardar estado los autos. Así, el actor presentó un certificado de libertad de gravamen y pidió nuevamente se fijara fecha para la audiencia de remate del inmueble embargado, a lo cual el juzgador determinó el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, que no ha lugar por no guardar estado los autos; motivo por el que el accionante solicitó se le indicara la razón, a lo que por acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, se determinó al promovente que debía estarse a lo acordado en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.
17. En contra de ese acuerdo, el actor interpuso recurso de revocación, que se resolvió el cinco de enero de dos mil veintidós y, en lo que interesa se determinó que era infundado por no constar en autos un avalúo con antigüedad máxima de un año, para ser considerado en el remate, lo que el juzgador sustentó, en la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro: "AVALÚOS DE INMUEBLES EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. PARA ESTABLECER EL PLAZO DE SU VIGENCIA DEBE APLICARSE LA LEY PROCESAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE"; por lo tanto, se determinó que lo procedente era confirmar el proveído recurrido.
18. Inconforme con esa determinación, el actor promovió juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien lo radicó con el número ********** y desechó la demanda de amparo al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu (principio de definitividad).
19. En desacuerdo con lo anterior, el quejoso, interpuso recurso de queja, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, registrándolo con el número **********, y el treinta de junio de dos mil veintidós, lo declaró fundado y encomendó al resolutor Federal proveer sobre la admisión de la demanda. En ese sentido, el dieciocho de julio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo y, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en el sentido de negar el amparo al quejoso.
20. En discrepancia con la sentencia anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, bajo el número de expediente **********, mismo que fue resuelto en sesión de trece de octubre de dos mil veintitrés, en el sentido de revocar la resolución impugnada que negó la protección; y, por vicios de fondo, se otorgó el amparo al quejoso.(3)
21. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al emitir su resolución fueron del tenor siguiente:
a) El tribunal de amparo determinó que los agravios hechos valer por el recurrente eran fundados, pues el juez de distrito, al resolver sobre la supletoriedad de la ley adjetiva civil del Estado al Código de Comercio declaró infundados los conceptos de violación, al estimar que la responsable estaba autorizada para aplicar la legislación del orden común, por así facultarla el criterio de rubro: "AVALÚOS DE INMUEBLES EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. PARA ESTABLECER EL PLAZO DE SU VIGENCIA DEBE APLICARSE LA LEY PROCESAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE".(4)
b) En ese sentido, el colegiado destacó que el juez de amparo se limitó a exponer esa conclusión sin dar respuesta al problema jurídico planteado, consistente en determinar si procede o no la aplicación supletoria de la ley procesal civil de la entidad para establecer la vigencia del avalúo dentro del procedimiento de remate. Pues no bastaba simplemente citar el criterio que invocó; máxime que no es obligatorio en términos de lo previsto en el artículo 217, de la Ley de Amparo.
c) Por tanto, concluyó que no había sido analizado el argumento del quejoso, atingente a que no operaba la supletoriedad de la ley procesal civil estatal, al Código de Comercio, para establecer la vigencia del avalúo y ordenar la presentación de uno nuevo, por ser una atribución exclusiva de las partes promover lo conducente, dado que en los juicios mercantiles la litis es cerrada.
d) En ese sentido, el órgano colegiado estableció que lo procedente era reasumir jurisdicción y emitir un pronunciamiento al respecto. Así, determinó que la aplicación supletoria de las leyes procesales locales al Código de Comercio, para sustanciar el período de ejecución de sentencia de los juicios mercantiles, la Primera Sala del Alto Tribunal, no había adoptado un criterio uniforme, sino casuístico, precisamente dependiendo de si la norma requiere ser suplida o no. Por ello, el tribunal de amparo consideró que al resolverse la contradicción de tesis 143/2008-PS, se determinó que en relación con el remate en el procedimiento mercantil, cuando no se finca en segunda almoneda, no procede la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que en ambas legislaciones está regulado de manera expresa, concreta y diferente ese tópico, por lo cual, de aplicarse supletoriamente el último de los ordenamientos legales citados se estaría legislando y no llenando una laguna legislativa. En efecto, el colegiado señaló que de la referida contradicción de tesis, emanó la jurisprudencia 1a./J. 134/2009, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, marzo de 2010, página 647, registro digital 164935, de rubro: "REMATE EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO NO SE FINCA EN LA SEGUNDA ALMONEDA, EL ARTÍCULO 584 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO ES SUPLETORIO DEL CÓDIGO DE COMERCIO".
e) En ese contexto, el tribunal de amparo señaló que al resolverse la solicitud de modificación de jurisprudencia 16/2012, en lo relativo al número de subastas para rematar un bien, esta Primera Sala estableció que aun cuando en el Código de Comercio esa cuestión aparecía indefinida, era inaplicable supletoriamente la norma local que prevé una tercera subasta sin sujeción a tipo. De ese asunto surgió la jurisprudencia 1a./J. 34/2013 (10a.), publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, mayo de 2013, tomo 1, página 518, registro digital 2003738, de rubro: "REMATE EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO NO SE FINCA EN LA SEGUNDA ALMONEDA, EL ARTÍCULO 584 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO ES SUPLETORIO DEL CÓDIGO DE COMERCIO".
f) También, el colegiado destacó que esta Primera Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 94/2002-P, estableció que en relación con el plazo dentro del cual debe verificarse el remate una vez hecha la publicación de la venta, que al no existir en el Código de Comercio un plazo específico, debía acudirse a la supletoriedad de la ley procesal común, por la falta de claridad sobre ese aspecto. Resolución de la cual surgió la jurisprudencia 1a./J. 67/2004, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 228, registro digital 180272, de rubro: "REMATE DE BIENES INMUEBLES. LA SUBASTA DERIVADA DE JUICIOS MERCANTILES, DEBE VERIFICARSE EN EL LAPSO DE VEINTE DÍAS SIGUIENTES A HABERLO MANDADO ANUNCIAR, PERO EN NINGÚN CASO MEDIARÁN MENOS DE CINCO DÍAS ENTRE LA PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO EDICTO Y LA ALMONEDA (ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, SUPLETORIO DEL ARTÍCULO 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CONFORME AL TEXTO ANTERIOR DEL PRECEPTO 1054)". g) En ese sentido, el colegiado sostuvo que no existe un criterio jurídico único que resuelva en todos los casos la supletoriedad de la norma procesal común al Código de Comercio, para sustanciar el procedimiento de ejecución de sentencia de los juicios mercantiles; lo que implica que tal determinación debe hacerse en forma casuística, a partir de si la norma regula o no una figura jurídica, o bien, lo hace en mayor o menor grado o claridad, de manera que sea imprescindible la supletoriedad.
h) En esa tesitura, el tribunal colegiado estableció que debía realizar un análisis de la hipótesis específica del caso en particular para resolver si se aplica o no la supletoriedad referida. Ahora bien, señaló que en el presente asunto el juicio es un ejecutivo mercantil el cual está en la etapa de ejecución de sentencia. También, añadió que el actor -ahora recurrente- obtuvo sentencia favorable y como consecuencia de ello se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, las cuales ya fueron liquidadas al aprobarse la planilla correspondiente. Así las cosas, el colegiado afirmó que, a fin de valuar el inmueble embargado, la parte actora designó su perito y la parte reo perdió su derecho para hacerlo, por ende, se le tuvo por conforme con el dictamen en valuación que presentó el perito nombrado por el actor. Además, el colegiado señaló que quedaba de relieve que había transcurrido más de un año desde que se rindió el avalúo, lo cual, atendió al ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada al interponer diversos medios defensivos.
i) En ese contexto, el tribunal colegiado destacó que el Código de Comercio (artículos 1408 a 1413) regula el procedimiento de remate de un bien secuestrado, lo cual requiere necesariamente para la venta de los bienes secuestrados que se realicen avalúos, además determina las personas que pueden emitirlos y lo que sucede cuando son discrepantes. También establece la obligación de notificar a las partes el contenido de la valuación como requisito para estar en aptitud de anunciar la venta de los bienes, y la posibilidad de que las partes convengan en que los bienes embargados sean valuados o se vendan en la forma en que ellos acuerden. Asimismo, el órgano colegiado mencionó que en un diverso apartado del Código de Comercio, en el capítulo relativo a la prueba pericial, se contemplan reglas referentes al avalúo, particularmente el artículo 1257, consigna que cuando una de las partes no exhibe el avalúo, el valor de los bienes será el presentado por quien sí designó perito, mientras que el contrario pierde el derecho de impugnarlo.
j) En atención a lo expuesto, el tribunal colegiado, concluyó que no procedía aplicar supletoriamente al Código de Comercio, el artículo 484, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que consigna que el avalúo sólo puede tomarse en cuenta en el remate si tiene una antigüedad máxima de un año. Pues de hacerlo, no se estaría complementando o aclarando el texto de la norma ni allanando su aplicación, sino introduciendo un requisito adicional no previsto en el Código de Comercio.
k) En ese orden de ideas, el tribunal de amparo estimó que la codificación mercantil al regular el procedimiento de remate únicamente requiere la presentación del avalúo para anunciar la venta legal de los bienes, y las reglas que deben seguirse ante las diferencias en los montos de los peritajes, o cuando alguna de las partes omite designar a un experto en la materia o presentar el avalúo correspondiente. Por tanto, el colegiado precisó que las características del juicio ejecutivo mercantil y la limitación del juzgador de intervenir oficiosamente en el procedimiento, constituyen aspectos relevantes para establecer la inaplicabilidad supletoria del dispositivo legal en cita, pues ello implicaría no llenar una laguna, sino introducir una nueva figura jurídica (legislar).
l) El tribunal colegiado, agregó que si el invocado artículo 1257 del Código de Comercio, contempla que el valor de los bienes corresponde al avalúo presentado y la pérdida del derecho del contrario para impugnarlo; entonces, ello es otro elemento para establecer que la aplicación supletoria de una porción normativa para la vigencia del avalúo, iría en detrimento de quien lo presentó, pues no gozaría del beneficio consignado en ese ordinal, ya que bastaría que transcurriera un año para que tuviera que presentar una nueva valuación, lo que evidentemente generaría otra oportunidad de refutar su contenido. Razones que apoyó en la tesis aislada de la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal, consultable en la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XL, página 1880, registro digital 361338, de rubro: "REMATE, AVALÚO COMO BASE DEL".
m) En efecto, el colegiado destacó que, si bien el avalúo de los bienes embargados persigue que el remate maximice el producto de la venta, al buscar el valor real al momento del remate, lo cierto es que tal finalidad está vinculada con el interés de las partes legitimadas para intervenir en el procedimiento de ejecución, toda vez que la eventual disparidad del valor de avalúo, respecto del valor real del inmueble, sólo tiene un impacto en las pretensiones o patrimonio de esas partes. Por ende, la tarea de velar y procurar que el valor del avalúo de los bienes embargados corresponda al real, constituye una carga procesal que recae en las partes legitimadas para intervenir en el proceso de remate. En apoyo a lo anterior, el tribunal colegiado invocó la jurisprudencia 1a./J. 11/2012 (10a.), sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 786, de registro digital 2001172, de rubro: "REMATE. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A ORDENAR DE OFICIO EL REAVALÚO DE LOS BIENES EMBARGADOS CUANDO POR MEJORAS O POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO HUBIERE VARIADO SU PRECIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE SINALOA, JALISCO Y EL DISTRITO FEDERAL).
n) En seguida, el órgano colegiado indicó que el juicio ejecutivo mercantil es un proceso que pertenece al derecho privado, en el que rige el principio dispositivo cuya litis es de tipo cerrada, por lo cual, por regla general la intervención oficiosa del juzgador está limitada. Ahora bien, el tribunal de amparo mencionó que en relación con el remate, el operador jurídico sólo está obligado a revisar de oficio, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para anunciar la venta del inmueble embargado, como es la existencia del avalúo y su notificación a la parte contraria, pues sin ese documento no podría iniciarse el procedimiento de remate, ya que al juzgador le corresponde velar porque las normas procesales se cumplan, más no puede optar por una postura en la que imponga otro requisito a las partes, ante la posibilidad de que el avalúo no sea acorde al valor del bien al momento en que se proceda el anuncio de su venta.
o) En ese sentido, el colegiado enfatizó que no existe justificación para ordenar oficiosamente revaluar el inmueble embargado, ante la probabilidad de que su valor hubiera aumentado o disminuido por el transcurso del tiempo. De ahí que, si las partes consideran que se generó una causa superveniente que incide en la cantidad fijada en el avalúo, a ellas corresponde solicitar una revaluación del bien y acreditar que el valor del bien cambió.
p) Dadas las anteriores circunstancias, el tribunal de amparo concedió el amparo para los siguientes efectos: Dejar insubsistente la resolución reclamada; y en su lugar, dictar una nueva determinación en la que al pronunciarse sobre los agravios propuestos, para determinar la vigencia el avalúo, se abstenga de aplicar supletoriamente al Código de Comercio el artículo 484, fracción V, de la ley adjetiva civil del Estado.
B. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
22. Antecedentes.(5) Dicho recurso tiene su origen en el procedimiento de remate promovido por Auto Ya, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Josefina Sánchez de Fonseca, Salvador Fonseca Higuera y Empresa Fonseca, Sociedad Anónima de Capital Variable; en el juicio ejecutivo mercantil **********, del Juzgado Segundo de lo Civil, en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
23. Seguido el procedimiento, se dictó la sentencia el veintiocho de enero de dos mil ocho, en la que se declaró aprobado el procedimiento de remate. Inconforme con ello, el demandado interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien le asignó el número de toca ********** y, dictó resolución en el sentido de revocar el auto que aprobó el procedimiento de remate. Cabe señalar que ambas autoridades de instancia hicieron énfasis en que al ser el remate de orden público, su estudio resultaba oficioso, correspondiendo así al juzgador verificar que se cumplieran las disposiciones legales que rigen el trámite respectivo.
24. En contra de esa determinación, Fidel Alfaro Melendrez, en su carácter de mandatario de Auto Ya, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió amparo indi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32844-fb554b2b/remate-en-el-juicio-ejecutivo-mercantil-la-vigencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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