RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA ADJUDICACIÓN DEL INMUEBLE REMATADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, AL NO TRATARSE DE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1323 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 3/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JAIME ARTURO GARZÓN OROZCO (PRESIDENTE), ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, GUILLERMO ESPARZA ALFARO, HANZ EDUARDO LÓPEZ MUÑOZ Y MARIO CÉSAR FLORES MUÑOZ. PONENTE: MARIO CÉSAR FLORES MUÑOZ. SECRETARIA: THANIA GABRIELA OLVERA GIL.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, sentencia del Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, correspondiente a la sesión virtual del día veintidós de noviembre de dos mil veintidós.
VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 3/2022; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia. Mediante oficio presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes Común del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en esta ciudad, Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 332/2010 y el diverso sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 500/2018.
SEGUNDO.—Radicación. Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós el Magistrado presidente del Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito registró el expediente bajo el número de contradicción de criterios 3/2022; ordenó dar trámite a la denuncia de posible contradicción de criterios, señalando que el tema a abordar era el siguiente:
"1. ¿La decisión del juez de primera instancia, dentro de un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, en la etapa de ejecución, en el sentido de no adjudicar el bien sacado a remate, constituye un auto definitivo o una resolución interlocutoria?
"2. ¿Es procedente en ese caso el recurso de revocación o es una determinación irrecurrible?"
Se solicitó a los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes, copia certificada de las sentencias relativas, así como su versión electrónica y hacer del conocimiento del Pleno, si los criterios sustentados se encontraban vigentes.
Finalmente, se ordenó hacer del conocimiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los titulares de las Oficinas de Estadística Judicial, dependiente de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación de la citada contradicción de tesis.
TERCERO.—Recepción de informes, admisión de la denuncia. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós el Magistrado presidente del Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, dio cuenta con el informe rendido por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, así como con la circunstancia de que por auto de veintiuno del citado mes y año se tuvo por recibido el informe del secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
Se tuvo a los órganos jurisdiccionales contendientes remitiendo copia certificada de las sentencias dictadas en el amparo en revisión 332/2010 del índice del Primer Tribunal, y el amparo en revisión 500/2018 del Segundo Tribunal, y por recibida su información en el sentido de que la actual integración de esos Colegiados no han analizado el tema a que se refieren las citadas sentencias, por lo que no podían afirmar que sostuvieran dichos criterios, respectivamente; de igual forma, se tuvo al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informando que, en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en el citado Tribunal Constitucional, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios durante los últimos seis meses, no se encontró radicada contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que es materia de la presente contradicción.
Por tanto, se admitió a trámite la denuncia de posible contradicción entre los criterios asumidos por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
CUARTO.—Turno. En el mismo auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós el presidente del referido Pleno de Circuito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII,(1) del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito turnó el presente asunto, al Magistrado ponente Mario César Flores Muñoz, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.—Presentación del proyecto. Una vez elaborado el proyecto de resolución, el Magistrado ponente lo envió mediante oficio el diecisiete de octubre de dos mil veintidós; y, en esa misma fecha, fue ingresado al Sistema de Plenos de Circuito; posteriormente, el Magistrado presidente del Pleno Jaime Arturo Garzón Orozco, lo remitió en vía electrónica a los Magistrados integrantes de este Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para los efectos de los artículos 29 y 30 del Acuerdo General 8/2015(2) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concediéndoles el plazo de diez días hábiles para que realizaran observaciones que estimaran procedentes al proyecto; finalmente, el Magistrado presidente convocó a la sesión ordinaria a celebrarse el veintidós de noviembre de dos mil veintidós.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito es competente para conocer y resolver sobre esta contradicción de tesis, de conformidad con el Acuerdo General Número 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, reformado por su similar 52/2015, así como lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de este Noveno Circuito, cuyo tema es materia civil, la cual corresponde a la especialidad de este Pleno.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos del artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Jueza Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad.
TERCERO.—Criterios contendientes.
I. El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito resolvió el amparo en revisión 332/2010, interpuesto contra el auto en que la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí sobreseyó en el juicio de amparo indirecto **********, fuera de audiencia, al estimar que, respecto del acto reclamado consistente en la resolución que declaró improcedente la adjudicación del inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, se actualizó la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que no se había agotado el recurso de revocación en su contra.
En su fallo, dicho Colegiado expuso en lo conducente lo siguiente:
"CUARTO.—Son fundados los agravios formulados por la recurrente y suficientes para revocar el auto recurrido, según se evidenciará enseguida.
"En principio conviene puntualizar que al tenor de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito dará respuesta a la cuestión efectivamente planteada por los recurrentes, y para ello se destacará la esencia del motivo de inconformidad, porque de la lectura acuciosa del escrito de expresión de agravios se desprende que la recurrente es redundante en el aspecto por el que considera ilegal la resolución recurrida, y en esa virtud sería ocioso dar respuesta a cada una de las expresiones si a fin de cuentas giran sobre el mismo tema.
"Apoya lo ante dicho la tesis aislada CVIII/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional –como las de prontitud y expeditez– y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente.’(3)
"La inconforme refiere que es ilegal el auto a través del cual la Jueza Sexto de Distrito en el Estado sobreseyó fuera de audiencia constitucional, debido a que no se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues contra la interlocutoria que no adjudicó el bien rematado a favor de la quejosa no procede el recurso de revocación, toda vez que el artículo 1334 del Código de Comercio señala que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del negocio, pero en el caso concreto no puede obligársele a interponer ese medio ordinario de de (sic) defensa debido a que el acto reclamado es una interlocutoria.
"Esto es, afirma la inconforme que, adverso a lo alegado por la a quo, el recurso de revocación no es procedente contra interlocutorias, por tanto, estima que no hay inobservancia al principio de definitividad.
"Asiste razón a la recurrente porque de las constancias enviadas por la autoridad responsable en unión a su informe justificado, se obtiene que ********** y/o **********, en su carácter de endosatarios en procuración de **********, demandaron en la vía ejecutiva mercantil a ********** y **********, ambos de apellidos **********, por la cantidad de $********** (**********M.N.), por concepto de suerte principal y demás anexidades reclamadas.
"La Jueza Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, el nueve de julio de dos mil nueve dictó sentencia definitiva en el expediente ********** donde condenó a la demandada ********** al pago de las prestaciones reclamadas.
"En la fase de ejecución de sentencia, el veinticinco de mayo del presente año, se celebró la audiencia de almoneda de remate en la cual la ahora quejosa solicitó la adjudicación del inmueble rematado.
"Finalmente, el treinta y uno de mayo del año en curso, se dictó resolución en la que la autoridad responsable declaró improcedente la aprobación de la adjudicación pretendida por la aquí quejosa.
"Esta determinación constituye el acto reclamado.
"Como puede apreciarse, el acto reclamado consiste en la resolución dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, a través de la cual la jueza responsable negó adjudicar el bien sacado a remate a favor de la quejosa.
"Ahora bien, los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, señalan que los autos y decretos son simples determinaciones de trámite que deben dictarse al dar cuenta el secretario con la promoción respectiva y, sólo en caso de que los autos para ser dictados requieran citación, se pronunciará dentro del término que fije la ley.
"Por su parte, los artículos 1321 y 1323 del Código de Comercio, por su orden disponen que las sentencias son definitivas o interlocutorias y que estas últimas son aquellas en las que se decide un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia.
"De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente resulta ser similar al procedimiento de un proceso. El proceso es el conjunto de actos jurídicos realizados por las partes, los terceros, los auxiliares de justicia y el juzgador, con motivo del ejercicio de la acción, cuyo fin es la sentencia.
"El incidente es un procedimiento que se sigue dentro de un proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal, a través de una resolución que generalmente se le denomina interlocutoria.
"Expuesto en otros términos, las sentencias interlocutorias son el resultado del juicio que establece la autoridad, sobre una cuestión incidental, objeto de una tramitación rápida que participa de la esencia de los procedimientos; por cuanto constituye la expresión concreta del juicio del sentenciador sobre una cuestión incidental, sustanciada con audiencia de las partes.
"Sobre esa base, la determinación a través de la cual el órgano jurisdiccional decide si aprueba o desaprueba la adjudicación del bien sacado a remate en un juicio ejecutivo mercantil, participa de la naturaleza de una sentencia interlocutoria, debido a que a través de ella se culmina con una serie de actuaciones desplegadas por las partes y por el juzgador para estar en condiciones de sacar a remate el bien embargado en autos.
"En efecto, acerca del tema relacionado con el remate de los bienes embargados en un juicio ejecutivo mercantil, el Código de Comercio establece:
"‘Art. 1,408. Si en la sentencia se declara haber lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor, en la misma sentencia se decidirá también sobre los derechos controvertidos.’
"‘Art. 1,410. A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secuestrados, previo avalúo hecho por dos corredores a peritos y un tercero en caso de discordia, nombrados aquéllos por las partes y éste por el juez.’
"‘Art. 1,411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquél, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho.’
"‘Art. 1,412. No habiéndose presentado postor a los bienes, el acreedor podrá pedir la adjudicación de ellos por el precio que para subastarlos se les haya fijado en la última almoneda.’
"De estos preceptos legales deriva que ante el dictado de una sentencia que declara procedente el juicio ejecutivo mercantil, el juez ordenará sacar a remate los bienes embargados en garantía de las prestaciones reclamadas por el actor.
"Para ello, con audiencia de las partes y de terceros al juicio, como son los peritos, se despliega un pequeño procedimiento accesorio al principal, cuya finalidad es valuar los bienes embargados, anunciar su venta en subasta pública, convocar a postores y desahogar una audiencia especial donde se escucha las propuestas de los postores o la solicitud de adjudicación del ejecutante, para que después el órgano jurisdiccional esté en condiciones de emitir un veredicto en donde determine si ha o no lugar a la venta pública de los bienes subastados y, en su caso, las condiciones en cómo debe operar esa enajenación.
"Esa resolución tiene la naturaleza de una interlocutoria y no de un auto, porque a través de ella se resuelve un procedimiento accesorio al juicio principal, es decir, una cuestión incidental a pesar de que el Código de Comercio expresamente no le dé esa denominación.
"En suma, si la resolución que se dicta a propósito del procedimiento de remate tiene como principal finalidad resolver una cuestión accesoria al juicio mercantil, es evidente que se trata de una resolución interlocutoria.
"Respalda lo antes dicho la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS. Conforme al Código de Comercio, tiene el carácter de sentencia interlocutoria, la que decide un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia.’(4)
"Ahora bien, el artículo 1334 del Código de Comercio en que se fundó la Jueza Federal para emitir la resolución recurrida, dispone:
"‘Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.
"‘De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición.’
"Del precepto legal inserto se obtiene que el recurso de revocación proceda únicamente contra autos y decretos.
"En congruencia con lo anterior, contrario a lo razonado por la A quo federal, resulta improcedente el recurso de revocación, pues de estimar lo contrario se violaría el principio de que el Juez no puede revocar sus propias sentencias, y de la naturaleza sustancial de éstas, participa el fallo interlocutorio que decide el procedimiento de remate de los bienes embargados.
"Si conforme a lo establecido en el ordinal 1334 del Código de Comercio, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó; de ello deriva que dicho recurso no es procedente si no se trata de este tipo de pronunciamiento judiciales (autos o decretos) cuya naturaleza es diversa a las sentencias interlocutorias.
"Por ello la quejosa no tenía obligación de intentar el citado medio de impugnación previo acudir al juicio de garantías; de ahí lo fundado de los argumentos planteados en esta vía constitucional.
"Al respecto, resulta de puntual aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes:
"‘REVOCACIÓN, RECURSO DE, EN MATERIA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA EN ASUNTOS DE CUANTÍA MENOR. Ciertamente el Código de Comercio en su artículo 1334 prevé el recurso de revocación, pero como en forma categórica establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, de ello se sigue que cuando se impugne una sentencia interlocutoria en juicio de cuantía menor, que incluso procesalmente difiere de la naturaleza de los autos y decretos, es indiscutible que no existe la obligación de intentar el aludido recurso de revocación. En tales condiciones, por inexistir recurso ordinario alguno o medio de defensa procesal al respecto en el Código de Comercio, mediante el cual pueda revocarse, modificarse o nulificarse una sentencia interlocutoria, procede en su contra el juicio de amparo indirecto.’(5) "Con base en lo anterior, se impone revocar el auto recurrido, y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que la Jueza Federal señale fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en la que resuelva lo que en derecho proceda.
"Sobre el particular tiene aplicación la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes:
"‘SOBRESEIMIENTO DECRETADO FUERA DE AUDIENCIA. SU REVOCACIÓN TRAE COMO CONSECUENCIA QUE SE ORDENE REPONER EL PROCEDIMIENTO. En términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, si los agravios planteados en la revisión son fundados, ello obliga en principio al Tribunal Colegiado a abordar el examen de la constitucionalidad del acto o los actos reclamados en orden con los conceptos de violación expuestos. Ahora bien, tal examen no es jurídicamente posible efectuarlo cuando el Juez Federal sobresee en el juicio de garantías fuera de audiencia, en virtud de que en ese supuesto aún no se han recibido las pruebas y alegatos de las partes y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público de la Federación, presupuestos jurídicos indispensables para el válido dictado de la sentencia constitucional que corresponda; por ende, ante tal imposibilidad de resolver, lo que procede es que el Tribunal Colegiado decrete la reposición del procedimiento en términos de la fracción IV del propio artículo 91 de la citada ley para que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, oportunamente, resuelva lo que en derecho corresponda.’(6) ..."
De esa sentencia surgió la tesis IX.2o.58 C, visible en la página 3305 del Tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero de 2011, con número de registro digital: 163004, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"REVOCACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA O NO LA ADJUDICACIÓN DE UN BIEN SACADO A REMATE EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DE DICHO RECURSO. El artículo 1334 del Código de Comercio dispone: ‘Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. ...’. Los artículos 1321 y 1323 del Código de Comercio, por su orden, establecen que las sentencias son definitivas o interlocutorias y que estas últimas son aquellas en las que se decide un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. Sobre esa base, la decisión a través de la cual el órgano jurisdiccional decide si aprueba o no la adjudicación del bien sacado a remate en un juicio ejecutivo mercantil, participa de la naturaleza de una sentencia interlocutoria, debido a que a través de ella se culmina con una serie de actuaciones desplegadas por las partes y por el juzgador para estar en condiciones de emitir ese tipo de resolución; consecuentemente, contra ésta es improcedente el recurso de revocación previsto por el primero de los citados numerales."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver el amparo en revisión 500/2018, interpuesto por el quejoso **********, por conducto de su apoderado legal **********, contra la sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto **********, en la que se sobreseyó en el citado juicio al estimar que respecto del acto reclamado –resolución dictada dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil de origen, que declara improcedente la adjudicación del inmueble rematado–, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que no se había agotado el recurso de revocación en su contra, expuso en lo conducente lo siguiente:
"QUINTO.—Los agravios que anteceden son infundados, sin que se advierta motivo que autorice suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
"En principio, se precisa que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto de origen consistió en la determinación de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero del Ramo Mercantil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********** de su índice, en la que declaró improcedente la adjudicación del inmueble rematado en la almoneda que se llevó a cabo el once de julio anterior.
"Previo al análisis de los motivos de inconformidad, y para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario efectuar una breve síntesis de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se obtienen del juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Estado, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2o., a saber:
"• ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil a **********, por el pago de la suerte principal de $********** (********** moneda nacional) y demás prestaciones (fojas 1 a 4 del tomo único).
"• Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda, al Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Estado, el que por auto de uno de junio de dos mil doce, la registró con el número **********, la admitió a trámite y ordenó al actuario de su adscripción que requiriera de pago a la parte demandada, en caso de no hacerlo se trabara embargo sobre bienes de su propiedad para garantizar el adeudo y se le emplazara al controvertido (fojas 8 y 9 del tomo único).
"• El veintisiete de febrero de dos mil catorce, el Juez de instancia dictó sentencia en la que resolvió que el actor probó su acción y la demandada no justificó sus excepciones, por lo que la condenó al pago de las prestaciones que le fueron reclamadas (fojas 62 a 66).
"• En desacuerdo con tal fallo, la demandada ********** promovió juicio de amparo directo, del cual le tocó conocer a este Órgano Colegiado, el que lo registró como Amparo Directo ********** y que en sesión plenaria de dos de octubre de dos mil catorce, se resolvió negar la protección solicitada por la quejosa (fojas 106 a 128).
"• Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil catorce, el Juez natural requirió a la demandada por el cumplimiento voluntario de la sentencia (foja 131).
"• El doce de abril de dos mil dieciocho, el a quo aprobó la planilla de liquidación de intereses moratorios presentada por la parte actora (fojas 379 a 381).
"• Posteriormente, el once de julio de dos mil dieciocho, se sacó a remate el bien inmueble embargado en primera almoneda (fojas 429 y 430).
"• Finalmente, el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el Juez de primera instancia determinó no adjudicar el bien en favor del actor y ejecutante, bajo las consideraciones torales siguientes:
"‘CONSIDERANDO:
"‘ÚNICO.—Los artículos 1410 a 1412 y 1414 del Código de Comercio disponen:
"‘«Artículo 1410. A virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta de los bienes retenidos o embargados, con el avalúo que cada parte exhiba dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Si los valores determinados en cada avalúo no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista una diferencia mayor al veinte por ciento entre el más bajo y el más alto. Si la discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes fuera superior al porcentaje referido, el Juez podrá ordenar que se practique un tercer avalúo.—En caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo se entenderá su conformidad con el avalúo exhibido por su contraria.—El avalúo de los bienes retenidos o embargados será practicado por un corredor público, una Institución de crédito o perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura correspondiente quienes no podrán tener el carácter de parte o de interesada en el juicio.»
"‘«Artículo 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes por medio de edictos que se publicarán dos veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio. Entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de tres días si fuesen muebles, y nueve días si fuesen raíces. Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días.»
"‘«Artículo 1412. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del precio fijado por las partes a los bienes retenidos o embargados, o en su defecto, el establecido mediante el procedimiento previsto en el artículo 1410 de este ordenamiento, con tal de que sea suficiente para pagar el importe de lo sentenciado.—Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a una segunda, para lo cual se hará una sola publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1411 de este Código. En la segunda almoneda se tendrá como precio el de la primera con deducción de un diez por ciento.—Si en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se citará a la tercera en la forma que dispone e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31573-5a1c6f17/recurso-de-revocacion-procede-en-contra-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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