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Modo: Corpus Pro

REMATE. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A ORDENAR DE OFICIO EL REAVALÚO DE LOS BIENES EMBARGADOS CUANDO POR MEJORAS O POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO HUBIERE VARIADO SU PRECIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE SINALOA, JALISCO Y EL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 310/2010. · Registro digital (IUS): 23700
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Pág. 752.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 310/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil (penal), corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que se encuentra facultado para ello, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. En esencia, las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la presente denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito -denunciante de la presente contradicción- conoció del amparo en revisión 235/2010, con las siguientes características:

1. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil nueve, ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de ocho de septiembre de dos mil nueve, emitida en el toca número **********, formado con motivo del recurso de apelación, promovido por éste, en contra del auto aprobatorio de remate de veintiuno de mayo de dos mil nueve, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en los autos del expediente número **********, relativo al juicio ordinario civil, promovido por el **********, en contra de ********** y **********, auto en el cual el juzgador del primer conocimiento del juicio natural aprobó el remate celebrado el treinta y uno de marzo de dos mil nueve.

2. Por auto de cinco de octubre de dos mil nueve, el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Los Mochis, Sinaloa, admitió la demanda de garantías, registrándola bajo el expediente **********; seguido el juicio en sus etapas procesales, el Juez Federal determinó negar la protección constitucional solicitada.

3. En contra de la resolución anterior, la parte quejosa promovió recurso de revisión. Seguidos los trámites de ley, el veintinueve de julio de dos mil diez, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al que por turno tocó conocer del asunto, dictó sentencia en el sentido de negar el amparo a la parte quejosa y, por tanto, confirmar la sentencia recurrida, ya que consideró que del contenido del artículo 495 del código procesal se desprende que procede hacer un nuevo avalúo, únicamente cuando el precio del inmueble objeto del remate haya variado por mejoras, o bien, por el transcurso del tiempo, ya que no se establece tiempo de vigencia de los avalúos en un procedimiento de remate dentro de un juicio ordinario civil.

4. Por lo que en los juicios ordinarios civiles, un nuevo avalúo debe hacerse a instancia de parte, cuando ésta argumente que el valor del inmueble varió por el transcurso del tiempo o por mejoras del mismo, así como por los procesos inflacionarios, ya que el juzgador no está facultado para ordenar de oficio que se efectúe un nuevo avalúo en beneficio o en perjuicio de las partes, por lo que se hace necesario que la actualización del avalúo sea solicitada por la parte interesada, lo que, en la especie, no aconteció. Dicha resolución -en lo que a esta contradicción interesa- establece lo siguiente:

"En otro punto, el recurrente refiere: que el Juez de Distrito fue omiso en resolver los argumentos tendientes a poner de manifiesto la violación procedimental cometida en su perjuicio, consistente en la obligación que existe sobre que el Juez del procedimiento de manera previa a ordenar la subasta pública, debe llevar a cabo la actualización de los avalúos rendidos por los peritos del caso.

"Lo anterior es infundado, porque basta imponerse del contenido de la sentencia que se revisa para percatarse de que el Juez Federal sí se pronunció al respecto, ya que ponderó lo siguiente: ‘... en cuanto al concepto de violación que el quejoso hace valer, consistente en que debieron actualizarse los avalúos periciales por haber transcrito (sic) más de dos años entre la fecha en que se emitieron y la de la celebración del remate, debe estimarse infundado, debido a que en el capítulo del Código de Procedimientos Civiles del Estado, correspondiente a los remates, no existe dispositivo legal que obligue al Juez natural a actualizar periódicamente los avalúos periciales previo a la celebración del remate’; por consiguiente, es inconcuso que sí se atendió el planteamiento del hoy recurrente.

"Finalmente, el recurrente, básicamente, sostiene: que la jurisprudencia que citó a foja doce de la demanda de garantías, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tiene el carácter de obligatoria para la autoridad que resolvió el recurso de apelación, así como también para el Juez de Distrito, pero este último, al no abordar y exponer las razones por las cuales no acataba dicha tesis, tal proceder le causa agravios, ya que lo menos que le correspondería realizar era pronunciarse del porqué no resultaba aplicable; y que aun cuando no existe disposición legal que imponga dicha obligación (la revaluación de la finca a subastar), el Juez de amparo pasa por alto la finalidad de la jurisprudencia, que lo es dilucidar situaciones o interpretaciones no contenidas de manera específica en la ley, verbigracia, la relativa a la actualización de los avalúos en un procedimiento de ejecución cuando ha transcurrido un tiempo en el que por simple sentido común lleve a cavilar que la finca pudo haber sufrido incremento o decremento en el valor real, idea que tiene su soporte en que la venta de la finca a subastar se lleve en un valor con el que tanto el deudor como el acreedor se vean favorecidos, el primero, para que le pueda alcanzar para cubrir el monto de sus créditos y, al segundo, para que sea suficiente para el pago del crédito que reclama.

"Dichas manifestaciones se tornan ineficaces; esto es así, pues aun cuando pudiera estimarse que el Juez de Distrito indebidamente no expresó las razones por las cuales no era aplicable la jurisprudencia que se citó, el hoy recurrente a foja doce de la demanda de garantías, cuyo rubro es: ‘REMATE. REAVALÚO POR VARIACIÓN DEL PRECIO FIJADO A LOS BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, en el caso, ello es insuficiente para revocar la sentencia recurrida y conceder la protección de la Justicia Federal, en la medida de que si bien el criterio que se cita constituye jurisprudencia de Colegiado, lo cierto es que el contenido de la misma no rige a este tribunal a su observancia y aplicación, porque la única obligatoria para este órgano jurisdiccional es la que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo; además de que, en la especie, se tiene que la Sala Civil responsable sobre el tópico en cuestión consideró que la oficiosidad atribuida al juzgador para revisar el procedimiento de ejecución, de conformidad con el ordinal 577 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de ningún modo implicaba la obligación de mandar a revalorizar el inmueble relativo cuando se advirtiera que las fechas de los avalúos no acontecían de manera inmediata a la fecha de la venta judicial, puesto que no existía precepto legal que así lo contemplara; que la sola circunstancia del transcurso del tiempo no constituía una base idónea para considerar que el precio comercial del inmueble rematado fuera más alto que el que tenía en la fecha en que fueron practicados los avalúos, toda vez que el transcurso del tiempo también acarreaba menoscabo de las cosas materiales, de tal modo que el inmueble sujeto a remate también pudo haberse devaluado por ese transcurso de tiempo; y que, en ese tenor, era en todo caso al demandado ejecutado a quien le pudo corresponder la carga de solicitar, previo a la almoneda relativa, la revalorización del inmueble rematado, no así al Juez primigenio, cuya obligación legal se constriñe únicamente en analizar si en el procedimiento de ejecución se cumplieron con todas las formalidades que marca la ley para el remate de bienes inmuebles (foja 23 del cuaderno de amparo). Sin que dichas determinaciones se impugnaran debidamente por el peticionario de garantías.

"...

"Más aún, como en el caso el juicio de origen es de naturaleza ordinaria civil; entonces, cabe señalar que el procedimiento de remate debe sujetarse a las reglas contenidas en el capítulo IV, intitulado ‘De los remates’, del título octavo séptimo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, ya que el artículo 559 de dicho ordenamiento legal dispone: (se transcribe).

"Por su parte, el numeral 495 del código procesal en cita establece: (se transcribe).

"Del precepto legal transcrito se desprende que procede hacer un nuevo avalúo, únicamente cuando el precio del inmueble objeto del remate haya variado por mejoras, o bien, por el transcurso del tiempo, ya que no se establece tiempo de vigencia de los avalúos en un procedimiento de remate dentro de un juicio ordinario civil.

"En la especie, de las constancias que integran el procedimiento de ejecución del juicio de origen, las cuales fueron acompañadas al informe justificado respectivo, no se advierte que el demandado, hoy quejoso, haya solicitado y mucho menos demostrado que el inmueble subastado tuviera un valor económico superior al señalado por los peritajes, siendo intrascendente, por tanto, que hubieren transcurrido, como se alegó, más de dos años entre los avalúos presentados y la audiencia de remate en primera almoneda celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve (fojas 89 a 91 del cuaderno de amparo).

"Lo anterior se afirma así, pues en los juicios ordinarios civiles un nuevo avalúo debe hacerse a instancia de parte, cuando ésta argumente que el valor del inmueble varió por el transcurso del tiempo o por mejoras del mismo, así como por los procesos inflacionarios, ya que el juzgador no está facultado para ordenar de oficio que se efectúe un nuevo avalúo en beneficio o en perjuicio de las partes, por lo que se hace necesario que la actualización del avalúo sea solicitado por la parte interesada, lo que, en la especie, no aconteció.

"Fundamenta lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, visible en la página 1358, septiembre de 2001, Tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: ‘REMATE. LA CARGA DE SOLICITAR NUEVO AVALÚO DEL INMUEBLE, CORRESPONDE AL EJECUTADO Y NO ES OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR.’ (se transcribe)."

II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el treinta y uno de mayo de dos mil uno, el amparo en revisión **********. Para una mejor comprensión, es necesario conocer los antecedentes del juicio de amparo del que derivó ese recurso de revisión:

1. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil, ********** promovió juicio de amparo en contra de la resolución de doce de junio de dos mil, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de nueve de febrero de dos mil, pronunciada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto **********, dentro del toca número **********, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por la tercero perjudicada, en contra de la sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, que revocó dicha resolución para determinar no aprobar el remate del inmueble embargado en el juicio natural, dentro del incidente de actualización de liquidación de intereses tramitado dentro del juicio ejecutivo mercantil **********.

2. Por auto de siete de julio de dos mil, el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal admitió la demanda de garantías, registrándola bajo el expediente **********, seguido el juicio en sus etapas procesales, el Juez Federal determinó negar la protección constitucional solicitada.

3. En contra de la resolución anterior, la parte quejosa promovió recurso de revisión, argumentando, en la parte que interesa, que la Juez de Distrito interpretó erróneamente el artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en virtud de que correspondía la carga de la prueba al ejecutado, en cuanto a que el bien a rematar por el transcurso del tiempo, o por mejoras, hubiere variado su precio.

4. Seguidos los trámites de ley, el treinta y uno de mayo de dos mil uno, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que por turno tocó conocer del asunto, dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo a la parte quejosa y, por tanto, revocar la sentencia recurrida, toda vez que el órgano jurisdiccional consideró que era fundado el agravio del recurrente, en el cual manifestaba que el Juez de Distrito interpretó erróneamente el artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Lo anterior es así, ya que el órgano jurisdiccional indicó que la carga de la prueba correspondía a la parte ejecutada, en relación con que las hipótesis contempladas en el segundo párrafo del artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, esto es, que el citado artículo no impone una revisión oficiosa al juzgador, con relación a constatar si los avalúos exhibidos se encuentran obsoletos por el simple transcurso del tiempo, ya que esa carga procesal le corresponde a la persona que considere que el resultado del avalúo perjudicará su patrimonio, en el caso de que se llegase a aprobar el remate por la cantidad fijada en el avalúo. Dicha resolución establece literalmente lo siguiente:

"... el órgano juzgador está obligado a revisar de oficio, al momento de aprobar o desaprobar el remate, que durante el procedimiento correspondiente se hayan cumplido con los dispositivos legales que rigen el trámite que tiene por efecto que con el precio del bien materia de garantía, el deudor se libere de las obligaciones a las que ha sido condenada mediante resolución judicial elevada a categoría de cosa juzgada, es decir, que debe revisar sobre la existencia del certificado de gravámenes, de los avalúos correspondientes, que éstos se hayan notificado a efecto de que las partes se impongan de ellos, que la publicación de los edictos se haya efectuado de acuerdo a los términos legales fijados al respecto y que el desahogo de la diligencia de almoneda haya cumplido con las cuestiones de fondo que impone la ley de la materia; sin que de modo alguno el artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, imponga la revisión oficiosa al juzgador, con relación a constatar si los avalúos exhibidos se encuentran obsoletos por el simple transcurso del tiempo, ya que esa carga procesal le corresponde a la persona que considere que el resultado del avalúo perjudicara su patrimonio en el caso de que se llegase a aprobar el remate por la cantidad fijada en el avalúo.

"En efecto, en caso de que el bien hubiese sufrido una considerable disminución en su valor económico, por regla general, es a la parte ejecutada a la que le interesa ajustar el valor económico, por lo que a ella le corresponde la carga de probar tal circunstancia, ya que en ella recaerá el perjuicio de subastar el bien en un precio menor al valor comercial."

La resolución reseñada dio lugar a la siguiente tesis aislada: "REMATE. LA CARGA DE SOLICITAR NUEVO AVALÚO DEL INMUEBLE, CORRESPONDE AL EJECUTADO Y NO ES OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR."(2)

En similares términos, este Tribunal Colegiado resolvió los amparos en revisión **********, **********, ********** y **********.

A) Amparo en revisión **********

1. En el presente asunto, la parte quejosa solicitó el amparo en contra de la sentencia confirmatoria dictada el trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho en el toca **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete, que aprobó la diligencia de remate de segunda almoneda, dictada por el Juez Trigésimo Sexto de lo Civil en el juicio ejecutivo mercantil que ante dicha autoridad se tramitó por **********. Seguido el trámite en sus efectos legales, el Juez de Distrito determinó, por un lado, sobreseer y, por otro, negar el amparo respecto de los artículos 1411 del Código de Comercio y 573 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y, finalmente, negar la protección constitucional respecto de los actos reclamados de un Magistrado integrante de la Décima Quinta Sala.

2. Inconforme con la resolución anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, que fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que resolviera el planteamiento de inconstitucionalidad de los artículos 1411 del Código de Comercio y 573 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó confirmar la sentencia recurrida.

3. Posteriormente, se remitieron los autos del juicio de amparo para la sustanciación del recurso de revisión. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual dictó sentencia el veintinueve de enero de dos mil uno, en el sentido de negar el amparo a la parte quejosa. Para arribar a la anterior conclusión, en lo que a esta contradicción interesa, el órgano jurisdiccional indicó que transcurrieron más de seis meses entre la fecha del avalúo emitido por el perito tercero en discordia y aquella en que tuvo verificativo la audiencia de remate en su segunda almoneda, y aunque el artículo 511 de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en que se fundamenta el recurrente, prevé en su segundo párrafo, el nuevo avalúo de un bien que se va a rematar, por haber variado el precio ya determinado, debido al transcurso del tiempo o a mejoras; sin embargo, el hoy recurrente no acreditó que hubiere realizado mejoras en el inmueble, o bien, que éste hubiese sufrido un incremento en su valor por el transcurso del tiempo; de ahí que no proceda realizar un nuevo avalúo.

Igualmente, señaló que la actualización de los avalúos no debe decretarse de oficio por el Juez, sino que el deudor debe formular su petición, demostrando que varió el precio ya determinado, debido al transcurso del tiempo o a mejoras que hubiere realizado al inmueble, lo que no ocurrió en la especie.

En la parte conducente de sus consideraciones, señaló lo siguiente:

"De las constancias relatadas se aprecia que, efectivamente, transcurrieron más de seis meses entre la fecha del avalúo emitido por el perito tercero en discordia y aquella en que tuvo verificativo la audiencia de remate en su segunda almoneda, y aunque el artículo 511 de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en que se fundamenta el recurrente, prevé en su segundo párrafo, el nuevo avalúo de un bien que se va a rematar, por haber variado el precio ya determinado, debido al transcurso del tiempo o a mejoras; sin embargo, el hoy recurrente no acreditó que hubiere realizado mejoras en el inmueble, o bien, que éste hubiese sufrido un incremento en su valor por el transcurso del tiempo; de ahí que no proceda realizar un nuevo avalúo.

"Además, la actualización de los avalúos no debe decretarse de oficio por el Juez, sino que el deudor debe formular su petición, demostrando que varió el precio ya determinado, debido al transcurso del tiempo o a mejoras que hubiere realizado al inmueble, lo que no ocurrió en la especie.

"En otro orden de ideas, es irrelevante que el Juez de Distrito haya resuelto que no procedía la actualización de los valores, porque entre la primera almoneda y la segunda no mediaron seis meses, apoyando su determinación en el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y que el juicio ejecutivo mercantil tenga su origen en un crédito contratado antes de la vigencia de dicha reforma. Ello, puesto que, como ya se mencionó con anterioridad, el recurrente no acreditó que hubiere variado el precio determinado al inmueble, por el transcurso del tiempo o por mejoras que hubiere hecho al mismo y, por ende, no procedía actualizar los avalúos."

B) Amparo en revisión **********

1. En el presente asunto, la parte quejosa solicitó el amparo en contra de la sentencia confirmatoria de cuatro de septiembre de dos mil, en los autos del toca **********, que se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria, que aprobó el remate de primera almoneda, dictada el veinte de junio de dos mil, pronunciada por el Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal, dentro del juicio especial hipotecario **********. Seguido el trámite en sus efectos legales, el Juez de Distrito determinó negar la protección constitucional solicitada.

2. En contra de la resolución anterior, la parte quejosa presentó revisión argumentando, esencialmente, que se inobservó lo planteado respecto a lo que dispone el artículo 566 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al no ordenar un nuevo certificado antes de proceder al remate del bien embargado, a partir de la fecha del certificado exhibido en autos.

Al respecto, se determinó que el recurrente no tiene razón, ya que el deudor carece de derecho para reclamar lo relativo a la actualización del certificado de gravámenes, pues tal derecho corresponde a los acreedores que, en su caso, aparezcan en la certificación complementaria y que no hubiesen sido citados al remate.

En la parte conducente de sus consideraciones, señaló lo siguiente:

"... Por lo tanto, de acuerdo con los artículos 566, 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el deudor carece de derecho para reclamar lo relativo a la actualización del indicado certificado de gravámenes, pues según lo prevén dichos numerales, tal derecho corresponde a los acreedores que, en su caso, aparezcan en la certificación complementaria y que no hubiesen sido citados al remate, dado que serían ellos quienes resultaría perjudicados por la falta de esa citación, porque se les privaría de los derechos que les concede la ley para asistir a la almoneda e impugnarla, pero de ninguna manera la parte demandada.

"De ahí que el hecho de haber transcurrido nueve meses catorce días entre la fecha de expedición del certificado de gravamen y el día de la celebración del remate (ocho de junio del dos mil) no le para perjuicio alguno al quejoso (demandada en el juicio natural), porque el único que podría reclamarla legalmente sería el acreedor omitido, a quien, en su caso, se le privaría de los derechos que le concede la ley para asistir a la almoneda e impugnarla.

"Luego, la tesis invocada por el Juez Federal sí cobra aplicación, por analogía, cuyo rubro es: ‘CERTIFICADO DE GRAVAMEN. NINGÚN PERJUICIO LE CAUSA AL DEMANDADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE NO ABARQUE HASTA EL MOMENTO MISMO EN QUE SE REALIZA EL REMATE EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).’

"Por otra parte, es infundado el agravio del recurrente en el que señala que las objeciones no necesitan prueba alguna, toda vez que tales objeciones se acreditan de las propias constancias procesales, mismas que hacen prueba plena, en términos de los artículos 327, fracción VIII y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, anterior a las reformas del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

"En efecto, es infundado, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las partes asumen la carga de sus pruebas, por lo que, como lo señaló el Juez de Distrito, el quejoso debió probar los hechos que expuso dentro del procedimiento de remate en relación a la objeción de los dictámenes rendidos por el perito nombrado en su rebeldía, así como el rendido por la parte actora. Máxime que no señala qué constancias sirven de fundamento para tener por objetados los dictámenes respectivos.

"Por otra parte, respecto al hecho de que el perito **********, nombrado en su rebeldía, compareció sin citación para aceptar y protestar el cargo discernido, es una violación procedimental que debió ser observada en estricto apego y respecto de la garantía de seguridad jurídica y legalidad.

"En efecto, es infundado, porque si bien es cierto en autos del juicio natural no obra la cédula de notificación con la que se demuestre que se haya notificado en forma personal al perito designado en su rebeldía **********, también es que mediante comparecencia de fecha diecisiete de febrero de dos mil, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se dio por notificado de su designación como perito valuador, hecha por Juez natural, en rebeldía del demandado, aceptando y protestando su fiel y leal desempeño, por lo que el hecho de que no se haya notificado personalmente a dicho perito su designación, no le irroga perjuicio alguno al recurrente, puesto que tal perito aceptó y protestó su cargo conferido, aun sin ser notificado personalmente, por lo que no se incurrió en ninguna violación al procedimiento, puesto que el fin de la notificación es para el efecto de que comparezca para la aceptación y protesta del cargo.

"Por último, es fundado pero inoperante el agravio en el que aduce que el Juez Federal, al desestimar su cuarto concepto de violación, y señalando que es válido el hecho de que sea contador público la persona que rinde un avalúo comercial de un bien inmueble y que, en su caso, debió inconformarse con el proveído de aceptación de designación de dicho perito, se olvidó de que las violaciones cometidas en su curso, sólo son reclamables cuando se combate la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y la única obligación del recurrente se limita a hacer valer tales violaciones en vía de agravio para que sean tomadas en consideración en el amparo. Además de que la profesión del perito designado se impugnó desde el momento mismo de la vista que se dio con su dictamen.

"En efecto, tal como lo señala el recurrente, las violaciones cometidas durante el procedimiento de bienes embargados no tienen el carácter de irreparables, pues las mismas válidamente pueden impugnarse en el último acto relativo al procedimiento en cuestión, que sería la resolución definitiva que aprueba o desaprueba el remate.

"Además, el contenido del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, limita la procedencia de los recursos ordinarios contemplados por la ley contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia. Sin embargo, esta norma comprende específicamente a los actos procesales encaminados en forma directa e inmediata al cumplimiento o ejecución de las sentencias dictadas en los juicios civiles.

"Sin embargo, es inoperante, porque si bien es cierto que el perito de la actora es un contador público, y que el artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si estuviera legalmente reglamentado; sin embargo, cuando se trata de establecer el precio de un bien mueble o inmueble no es requisito indispensable que la prueba se ofrezca por conducto de un ingeniero o arquitecto, pues el hecho de que una persona no tenga esa profesión, no es obstáculo para que sea perito, siempre que posea los conocimientos especiales requeridos y proporcione al juzgador los datos necesarios para que éste pueda constatar su certeza, a fin de normar su arbitrio.

"La inoperancia también estriba en que el dictamen, de parte del actor, no fue tomado en cuenta por el Juez natural, al fijar la postura legal para el remate, sino que le sirvió de sustento el dictamen del perito designado en rebeldía del demandado.

"En consecuencia, dada la ineficacia de los agravios hechos valer, procede confirmar la sentencia recurrida que negó el amparo solicitado."

C) Amparo en revisión **********

1. Mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil siete, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la sentencia dictada

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23700-282822f3/remate-el-juzgador-no-esta-obligado-a-ordenar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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