REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: LUIS GILBERTO VARGAS CHÁVEZ, DANIEL PATIÑO PEREZNEGRÓN, VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER: QUIEN MANIFESTÓ SALVEDADES; ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES: QUIEN MANIFESTÓ SALVEDADES; ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ: QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO; MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, GILBERTO CHÁVEZ PRIEGO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y VIRGILIO SOLORIO CAMPOS. DISIDENTES: MAGISTRADOS INDALFER INFANTE GONZALES: QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO: MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, JOSÉ LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER: QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: GILBERTO CHÁVEZ PRIEGO. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL SILVA SANTILLÁN.
México, Distrito Federal, acuerdo del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la sesión celebrada el día seis de mayo de dos mil catorce.
VISTOS; para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de la contradicción de tesis. Por escrito de cinco de diciembre de dos mil trece, dirigido al Magistrado Víctor Manuel Islas Domínguez, presidente del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, el Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, como presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por este último órgano jurisdiccional colegiado en el recurso de queja QC. 88/2013, el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los recursos de queja QC. 82/2013 y QC. 102/2013, y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, en los recursos de queja QC. 45/2013, QC. 108/2013, QC. 121/2013, QC. 129/2013, QC. 243/2013 y QC. 264/2013.
SEGUNDO. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Mediante acuerdo de dos de enero de dos mil catorce, el presidente del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito ordenó formar y registrar el expediente respectivo; admitió la denuncia de la posible contradicción de tesis, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes, la remisión del archivo digital de las ejecutorias emitidas en los asuntos de sus índices, y al Primer y Quinto Colegiados informaran, si se encontraba vigente el criterio sustentado en el asunto con el cual se denunció la contradicción o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; se tuvo al Magistrado presidente del Tercer Tribunal, señalando que no ha emitido criterios similares al tema de contradicción ni se ha apartado del mismo.
En proveído de ocho de enero de dos mil catorce, se tuvo al Tercer Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dando cumplimiento a la remisión del archivo digital solicitado, y al Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, informando que no se ha apartado del criterio sustentado en la sentencia dictada en el recurso de queja número QC. 45/2013.
En autos de nueve de enero de este año, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, manifestando que los criterios emitidos en los recursos de queja QC. 82/2013 y QC. 102/2013 se encuentran vigentes, y dando cumplimiento al requerimiento que se le realizó de enviar los archivos electrónicos de las ejecutorias dictadas en los expedientes citados.
En proveído de trece de enero del año que transcurre, se tuvo al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito remitiendo diversos archivos donde ha sostenido similar criterio, y enviando el archivo digital correspondiente.
En auto de la misma fecha, se ordenó turnar el expediente virtual al presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que se formuló por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien se encuentra facultado para tal efecto, en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
A. Recurso de queja QC. 82/2013
En la demanda de amparo se reclamó la resolución de veintinueve de abril de dos mil trece, dictada en el toca 1749/2012, por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que confirmó el auto pronunciado por el Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, en el juicio especial hipotecario 1620/2009, donde aprobó el remate celebrado y decretó la adjudicación del inmueble subastado, así como la ejecución de dicha resolución.
En el propio escrito de demanda, la parte quejosa indicó que en auto de trece de junio de dos mil trece, el Juez a quo ordenó el otorgamiento y firma de escritura de adjudicación por remate, y ordenó enviar el expediente al notario público.
La demanda fue desechada por la Juez de Distrito, porque estimó que el acto impugnado no es la última resolución en el procedimiento de ejecución de remate.
El Tribunal Colegiado confirmó el desechamiento de la acción constitucional, con base en las siguientes consideraciones:
"Los agravios a que hace referencia la quejosa son infundados, motivo por el cual procede conformar la resolución que desechó el amparo de conformidad con las siguientes consideraciones:
"Los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo disponen: (se dan por transcritos).
"De conformidad con lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo, sigue subsistiendo la regla relativa a que tratándose de actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia, es indispensable esperar a que se dicte la última resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.
"Tal principio se estableció en aras de tutelar el cumplimiento efectivo de las sentencias definitivas, pues el legislador tiende a evitar su obstaculización, impidiendo que en el juicio constitucional se combata la que no constituya, precisamente, la ‘última resolución’ que se dé en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones que, por el contrario, lo retardarían.
"Es por ello que la ‘última resolución’ en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de que se hace mérito, tratándose de remate, es aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.
"Se debe tomar en consideración, además, que a efecto de evitar abusos de las autoridades correspondientes, en el mismo precepto legal se previene, de manera expresa, que en la demanda del juicio constitucional biinstancial, la parte afectada podrá hacer valer las demás infracciones cometidas durante el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva.
"En tales condiciones, el requisito de procedencia que se analiza de ningún modo supone formalismos excesivos o carentes de razón.
"Ahora, es cierto que el dispositivo 581 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone: (se da por transcrito).
"No obstante lo dispuesto en el precepto transcrito, es el propio quejoso quien, al presentar su demanda, destaca que en la resolución que aprobó el remate, no se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega de los bienes pues, como actos reclamados, señaló: i) la resolución que aprobó el remate; y, ii) el auto que ordenó el otorgamiento y firma de la escritura.
"Esto es, la impetrante del amparo expresamente indicó que la resolución que aprobó el remate y el que ordenó el otorgamiento y firma de la escritura fueron dos diversos autos.
"Asimismo, de las manifestaciones realizadas por la quejosa no se advierte que el juzgador ya haya ordenado la entrega del bien rematado.
"Al respecto, cabe señalar que la recurrente no debe confundir la orden de entrega del bien rematado con el lanzamiento y no es verdad que el Juez haya considerado que, a fin de ocurrir al amparo, primero es menester que se dé el lanzamiento, pues tal situación no se desprende ni siquiera de manera implícita de la resolución recurrida.
"Así las cosas, es procedente declarar infundado el recurso de queja que se analiza."
B. Recurso de queja QC. 102/2013
El acto reclamado en la demanda de amparo se hizo consistir en la sentencia de trece de agosto de dos mil trece, emitida en el toca 547/2013/1, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que confirmó el auto que no aprobó el remate celebrado en el juicio especial hipotecario 1451/2011, dictado por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal.
El Juez Federal desechó la demanda de amparo sobre la base de que el acto combatido no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate.
El órgano colegiado revocó el desechamiento, con sustento en las consideraciones siguientes:
"CUARTO. Los agravios son sustancialmente fundados.
"En el auto impugnado, el Juez de Distrito consideró que el acto reclamado (resolución que confirma no aprobar el remate) no era la última resolución en el procedimiento de remate, por lo cual estimó actualizada de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, y desechó de plano la demanda de amparo.
"El inconforme sostiene que ello es ilegal, porque el acto reclamado, al no aprobar el remate, es la última resolución en ese procedimiento, además de que se trata de una determinación que impide la ejecución de la sentencia definitiva, por lo cual, dice, adverso a lo que consideró el Juez de Distrito, la demanda de amparo sí es procedente.
"Lo anterior es sustancialmente fundado.
"El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente, donde se podrán reclamar las infracciones cometidas durante ese procedimiento.
"En este sentido, esa norma destaca que en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.
"Así, conforme a esa disposición legal, se puede establecer que en el procedimiento de remate el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución.
"Ahora bien, la razón que inspira esa regla específica para la procedencia del juicio de amparo, es no obstaculizar la ejecución de las sentencias respecto de las cuales operó la cosa juzgada, en función de los principios de orden público e interés social.
"En efecto, pues la sociedad está interesada en que ese tipo de resoluciones se cumplan, ya que ello constituye la materialización de la solución a las controversias y, por tanto, el imperio del Estado de derecho.
"En estas condiciones, la regla de procedencia mencionada parte del supuesto en el cual, el remate ha sido calificado de legal, como condición para continuar con el procedimiento hasta dictar la resolución donde se ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados, donde podrán impugnarse las demás infracciones cometidas en ese procedimiento (última resolución).
"Sin embargo, esa regla no excluye la procedencia del juicio de amparo respecto a la determinación que no aprueba el remate, pues esa decisión impide la continuación del procedimiento de remate; por consiguiente, para efectos del juicio de amparo, sí es la última resolución en dicho procedimiento.
"En este sentido, resulta aplicable (conforme al artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente) la jurisprudencia 1a./J. 78/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 376 del Tomo XXX, septiembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO ES LA QUE EXPRESA O TÁCITAMENTE CONFIRMA O ANULA LA DECLARACIÓN DE FINCADO EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA O NO POR CONSIGNADO SU PRECIO. La declaración de fincado el remate y, en su caso, la adjudicación del bien, no constituyen la resolución definitiva a que se refiere el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de declaraciones provisionales que están sujetas a confirmación o anulación posterior por parte de la autoridad que las dictó, además de que en su contra procede el recurso de apelación. En efecto, una vez hecha tal declaración, si el postor que ofreció pagar una parte de contado y otra con posterioridad, no cumpliere sus obligaciones, el tribunal podrá declarar sin efecto el remate, conforme a los artículos 482 y 484 del Código Federal de Procedimientos Civiles y sus correlativos de las entidades federativas. Por tanto, contra aquella determinación no procede el juicio de amparo, sino contra la que pronuncia el juzgador después de realizada la subasta, una vez que revisa si en este procedimiento se cometió o no alguna violación, es decir, procede el amparo contra la que expresa o tácitamente confirma o anula la declaración de fincado el remate o la adjudicación de los bienes, con independencia de que tenga o no por consignado su precio, pues la venta judicial puede llevarse a cabo ya sea con pago de contado o mediante pagos diferidos, y en el primer supuesto, según el artículo 483 del indicado Código Federal y sus similares de los Estados de la República, en el acto del remate debe exhibirse el efectivo numerario del precio o el cheque certificado a favor del tribunal, en cuyo caso, de haberse fincado el remate, para aprobarlo el tribunal no tendría necesidad de declarar posteriormente consignado el precio de aquél.’
"Por consiguiente, en el caso no se actualiza de manera notoria ni manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja y -en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo- ordenar al Juez de Distrito provea sobre la admisión de la demanda de amparo, salvo si advierte una diversa causa de improcedencia."
2. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
Resolvió el recurso de queja QC. 88/2013
En la demanda de amparo se reclamó la resolución de veinticuatro de junio de dos mil trece, emitida en el toca 942/2011/5, por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Federal, que confirmó el auto del Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, dictado en el juicio especial hipotecario 45/2011, donde decretó la adjudicación del bien rematado.
La demanda fue desechada por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, encargado del despacho, porque estimó que no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, ya que no se trata de la orden de otorgar en definitiva la escritura pública y de entregar la posesión del bien objeto del remate.
El Tribunal Colegiado referido revocó el desechamiento decretado, por lo siguiente:
"SEGUNDO. Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los actos de ejecución de sentencia y remates como supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto a la luz de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.
"El artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, dispone: (se da por transcrito).
"Conforme a la fracción III de ese precepto, el amparo indirecto procede tanto contra actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, pero, en este último supuesto, si está sustanciándose el procedimiento de ejecución de sentencia el juicio constitucional deberá intentarse únicamente en contra de la última resolución dictada en esa fase ejecutiva, existiendo, además, una regla específica tratándose de remates, conforme a la cual es impugnable solamente la resolución definitiva que apruebe o desapruebe la venta judicial.
"Sobre la expresión última resolución, a que hace referencia esa fracción, debe destacarse que dentro del ámbito de la materia judicial civil, dada la profusión de ordenamientos sobre la materia, de carácter federal o local, no puede derivarse un criterio claro y definitivo para explicar y definir una regla absoluta sobre qué debe entenderse por última resolución. Sin embargo, para hacerlo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un primer precedente, estableció que debía acudirse a la regulación del sistema del juicio de amparo y anticipó, empleando de manera analógica lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que por tal debía entenderse la que declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material para darle cumplimiento.
"De ese modo, se advierte que la expresión última resolución no puede tener un significado preciso, sino que resulta identificable en razón del criterio anteriormente expuesto y será esa la resolución impugnable en amparo indirecto y no otra que le preceda y que tienda a hacer efectiva la sentencia, en la que ya fue oído y vencido el ejecutado, y el cumplimiento de esa sentencia no puede ser obstaculizado por ser una cuestión de interés público, lo cual debe observarse inclusive en los casos en que se impugne la constitucionalidad de una ley.
"Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 29/96, de la 2a. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226, Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto indican:
"‘AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe.’
"También resulta pertinente invocar, en apoyo a lo anterior, la tesis número XLIX/96, publicada en la página 367, Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto indican:
"‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.’ (se da por transcrito su contenido)
"Esa interpretación realizada de esa fracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sustentó, básicamente, en que el amparo indirecto sólo procede contra la ‘última resolución’ como aquí ha sido definida, con la finalidad de que se evite el abuso del juicio de garantías, lo cual sólo podría obtenerse si todas las violaciones cometidas en esa fase ejecutiva se analizan conjuntamente con la impugnación de esa última resolución.
"Con posterioridad a lo anterior citado, nuestro Máximo Tribunal reiteró sobre el tema de que se trata que, con relación a los actos dictados en ejecución de sentencia, sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel en el que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; dicho criterio dio lugar a la jurisprudencia publicada en la página 31, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto indican:
"‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se da por transcrito su contenido). La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude, en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.
"También existe jurisprudencia sobre el tema de que el amparo indirecto no procede en contra de la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, ya que éste no puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados, pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personalidad del ejecutante.
"Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia 23/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo XXI, mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto indican:
"‘INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa.’
"En complemento a los criterios antes precisados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural u oponerse a la ejecución de la sentencia, como cuando se trata de aquellos casos en que el acto reclamado se refiere a la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, o la orden de arresto dictada como medida de apremio.
"Los anteriores criterios resultan útiles para establecer cuándo procede el juicio de amparo indirecto en tratándose de actos emitidos en la fase ejecutiva, pero resulta insuficiente en la materia judicial civil para determinar en qué casos la característica de autonomía puede actualizarse, si en el proceso ejecutivo existe la posibilidad de que no haya una última resolución, tal como la ha definido nuestro Máximo Tribunal, sino que se está en casos en que la ejecución de la sentencia que es cosa juzgada se da de manera fraccionada o parcial por existir diversas condenas o siendo única requiera de especial preparación en diversas fases y cuyo impulso corresponde al ejecutante.
"Esto último es de especial relevancia en la medida en que, si de la parte que venció depende que el proceso ejecutivo culmine con la declaración de que ha quedado totalmente cumplida la sentencia o que existe imposibilidad jurídica o material para ello, porque a ella toque preparar e impulsar ese procedimiento, la acción de amparo quedaría sujeta a su voluntad, lo cual no puede ser el propósito del legislador, máxime que la ejecución de una sentencia dictada por los tribunales del Estado obedece a una cuestión de interés público, pues a la sociedad le importa que las decisiones citadas se cumplan en aras de la certeza y seguridad jurídica, y todo lo cual hace indispensable establecer los parámetros de la aplicación del criterio de acto autónomo en el procedimiento de ejecución de sentencia en la materia judicial civil.
"En efecto, ya se ha establecido que el principio rector para la procedencia del juicio biinstancial en la fase ejecutiva de un juicio civil radica en:
"a) La impugnación de la última resolución que se dictó en la etapa de ejecución.
"b) Que esa resolución apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.
"c) Excepcionalmente, procede el juicio de amparo indirecto en la fase ejecutiva cuando se trata de actos que guardan autonomía respecto de la última resolución que se dicte en esa etapa.
"d) Cuando el acto reclamado por sus consecuencias constituya un obstáculo para continuar el curso de la ejecución.
"Lo anterior se comprende aún más, si se toma en consideración lo expuesto en relación con que el juicio de amparo indirecto en materia judicial civil es un medio de control excepcional y residual al juicio de amparo directo civil, en el que puede analizarse el tema de fondo de la cuestión debatida y las violaciones cometidas en el procedimiento que culminarán en esa resolución y, conforme a ello, el juicio de garantías biinstancial se instaura para analizar la legalidad de la ejecución del fallo definitivo que es cosa juzgada.
"Esto es, la característica de autonomía radica en que el acto dictado en la fase de ejecución de sentencia no decide de manera lisa y llana sobre la ejecución del derecho o condena que haya sido materia de pronunciamiento en el fallo que se ejecuta, sino que se refiere a cuestiones que puedan constituir una fase previa y necesaria para continuar con la ejecución o una modificación a la situación jurídica creada con la sentencia o que pretenda incluir derechos y obligaciones no comprendidas en ésta.
"En función de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25204-8c3822df/remate-la-resolucion-definitiva-impugnable-en-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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