REMATE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO, SEXTO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ. SECRETARIA: MARÍA ELENA CORRAL GOYENECHE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación.
La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por el Pleno de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, en conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Posturas de los Tribunales de Circuito.
En todos los asuntos analizados, los actos reclamados fueron sendas resoluciones que confirmaron la desaprobación del remate.
I. Criterio sustentado por el Sexto Tribunal.
El veinte de abril de dos mil diecisiete, el Sexto Tribunal resolvió, el recurso de revisión RC. 48/2017, interpuesto por **********, en contra de la resolución de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:
• El juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo siguiente:
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."(2)
• El acto reclamado en el juicio de amparo es la resolución que confirmó la determinación de no aprobar el remate, en un juicio especial hipotecario. Por tanto, no constituye la última resolución, pues no es la que ordena, en forma definitiva, el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados.
• No pasa desapercibida la tesis relevante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado, titulada: "REMATE. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA, POR SER AUTÓNOMA Y AJENA A LA COSA JUZGADA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [MODIFICACIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.13o.C.7 K (10a.)]."(3) Sin embargo, su aplicación no es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y dado que no se comparte el criterio, se denuncia la posible contradicción.
II. Criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal.
El veintiséis de noviembre dos mil catorce, el Décimo Tercer Tribunal resolvió, el recurso de queja QC. 220/2014-13, interpuesto por **********, contra el auto dictado el trece de octubre de dos mil catorce, por la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********, el que se resolvió en el sentido de declarar fundado el recurso.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:
• El acto reclamado en el juicio de amparo es la resolución que confirma la desaprobación del remate, dictada en un juicio especial hipotecario.
• El artículo 107, fracciones IV, segundo párrafo, y V, de la Ley de Amparo, establecen la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sobre la base de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada, para equilibrar el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia.
• En ese contexto, conforme a la Ley de Amparo y a lo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."(4) tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede:
a) Contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución, entendiéndose por tal aquella que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente;
b) Contra actos que gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y,
c) Contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso, que tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada.
• En ese orden de ideas, la determinación que desaprueba el remate es un acto dotado de autonomía, que no tiene como finalidad directa e inmediata, ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, cuya ejecución es de imposible reparación, al afectar directamente el derecho sustantivo del quejoso, concerniente a impedirle el cobro de lo que se le adeuda, pues no se aprobó el remate del inmueble con cuya venta se realizaría ese pago.
• Por tanto, resulta aplicable la hipótesis de procedencia excepcional e inmediata del juicio de amparo indirecto, en términos de la indicada fracción IV, así como de los criterios jurisprudenciales, previo el acatamiento del principio de definitividad.
• Con base en estos razonamientos, se modifica la tesis relevante emitida por el propio tribunal, titulada: "REMATE. LA NEGATIVA DE APROBARLO O EL ACUERDO QUE LO DESAPRUEBA Y SUS CONSECUENCIAS CONSTITUYEN UN CASO DE EXCEPCIÓN QUE ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, AL AFECTAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."; en la que se determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que desaprueba el remate, de manera excepcional, sobre la base de que esta determinación produce una afectación de imposible reparación, en perjuicio de los derechos sustantivos del promovente.
Esta ejecutoria dio origen a la siguiente tesis relevante:
"REMATE. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA, POR SER AUTÓNOMA Y AJENA A LA COSA JUZGADA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [MODIFICACIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.13o.C.7 K (10a.)]. Este órgano jurisdiccional emitió la tesis I.13o.C.7 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 1941, de título y subtítulo: ‘REMATE. LA NEGATIVA DE APROBARLO O EL ACUERDO QUE LO DESAPRUEBA Y SUS CONSECUENCIAS CONSTITUYEN UN CASO DE EXCEPCIÓN QUE ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, AL AFECTAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.’; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la resolución que desaprueba el remate, lleva a modificar el criterio mencionado, ya que de conformidad con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra los actos dictados después de concluido el juicio contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo. Sin embargo, nuestro Máximo Tribunal del País consideró que procede el juicio de amparo indirecto cuando se trate de actos que afecten derechos sustantivos del quejoso, tengan autonomía propia y sean ajenos a la cosa juzgada; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se busque -directamente- impedir el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquiere la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse. Lo que se actualiza en tratándose de la resolución del tribunal de alzada que confirmó la determinación del Juez a quo de no aprobar el remate, porque constituye un acto ajeno a la cosa juzgada, goza de autonomía propia, es un acto de imposible reparación, al afectar directamente el derecho sustantivo del quejoso y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por lo cual, respecto a éste procede el amparo indirecto."(5)
III. Criterio sustentado por el Primer Tribunal.
El veintiséis de junio de dos mil catorce, el Primer Tribunal resolvió el recurso de queja RQC. 105/2014, interpuesto por **********, contra el auto dictado el doce de mayo de dos mil catorce, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el expediente **********, que desechó la demanda de amparo, en el sentido de declarar fundada la queja.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:
• El acto reclamado en el juicio de amparo es la resolución que confirmó la determinación de no aprobar el remate, en un juicio especial hipotecario.
• El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional únicamente podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo.
• En el remate, la última resolución es la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.
• La razón de esta regla específica es agilizar la ejecución de las sentencias respecto de las cuales operó la cosa juzgada, en función de los principios de orden público e interés social.
• Esta regla, parte del supuesto de que el remate ha sido calificado de legal, como condición para continuar con el procedimiento hasta que se ordene la escrituración y entrega, momento en el que podrán impugnarse las demás infracciones cometidas en el procedimiento.
• Sin embargo, no excluye la determinación que desaprueba el remate, porque precisamente esta decisión, impide la continuación de ese procedimiento, por lo que, para efectos del juicio de amparo, sí es la última resolución.
• Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO ES LA QUE EXPRESA O TÁCITAMENTE CONFIRMA O ANULA LA DECLARACIÓN DE FINCADO EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA O NO POR CONSIGNADO SU PRECIO."(6)
IV. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal.
El quince de marzo de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal resolvió el recurso de queja QC. 39/2017, interpuesto por **********, contra el auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente **********, por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que desechó la demanda de amparo indirecto; en el sentido de declarar fundada la queja.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:
• La Ley de Amparo establece dos pautas para la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en ejecución de sentencia.
• La primera, de carácter general, se refiere a que la procedencia del amparo sólo se da respecto de la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse ahí las violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo.
• La segunda de carácter específico, al estar dirigida a los procedimientos de remate, en donde se indica que la última resolución es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado.
• La disposición específica de la Ley de Amparo, sólo comprende el supuesto en que el procedimiento haya culminado positivamente con el remate de un bien, que deba ser entregado al nuevo dueño y escriturado a su nombre; pero no explica, en modo alguno, cómo proceder en los supuestos en los cuales no se dicte una resolución que ordene la escrituración y/o la entrega del bien o derecho sujeto a remate.
• En estas circunstancias, se debe acudir a la regla de mayor generalidad, esto es, definir si la resolución reclamada puso fin o no al procedimiento de remate.
• La resolución que confirma la desaprobación del remate, pone fin al procedimiento, porque no conduce en forma natural a su reposición por alguna falta observada en el mismo, sino al inicio de un nuevo procedimiento.
• En esas condiciones, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la resolución que confirma la desaprobación del remate, constituye la última resolución contra la cual procede el juicio de amparo indirecto.
CUARTO.-Existencia de la contradicción.
Este Pleno de Circuito considera que en el caso sí se actualiza una contradicción de criterios entre el Sexto y el Primero, el Tercero y el Décimo Tercero Tribunales Colegiados, respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que hace a la resolución que desaprueba el remate.
Es así, porque los Tribunales Colegiados contendientes, resolvieron con razonamientos jurídicos discrepantes, la aplicabilidad de la hipótesis normativa de procedencia del juicio constitucional, prevista en el último párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.
El Sexto Tribunal consideró improcedente el juicio de amparo en contra de la resolución que confirma la desaprobación del remate, por no ser la última dictada en este procedimiento, toda vez que no es la que ordena, en forma definitiva, la escrituración y entrega.
El Primer Tribunal determinó que la regla específica prevista en el último párrafo de la fracción IV del precepto analizado, parte de la base de que el remate ha sido aprobado; sin embargo, no excluye la determinación que desaprueba el remate, cuya decisión impide la continuación del procedimiento, por lo que sí constituye la última resolución en ese procedimiento.
El Tercer Tribunal resolvió que la disposición analizada es una regla específica, que únicamente comprende el supuesto de que el procedimiento de remate haya culminado positivamente; pero no explica cómo se debe proceder en los casos que no se ordene la escrituración y entrega; por tanto, se debe acudir a la regla de mayor generalidad, esto es, definir si la resolución reclamada puso fin o no al procedimiento de remate, y como la resolución que desaprueba sí pone fin al procedimiento respectivo, es que en su contra procede el juicio amparo.
Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal determinó que la resolución que desaprueba el remate es un acto dotado de autonomía, ajeno a la cosa juzgada, que afecta derechos sustantivos, por lo que en su contra procede el juicio de amparo.
Lo anterior demuestra las diferencias interpretativas de los tribunales contendientes, pues a un mismo tiempo afirman y niegan la procedencia del juicio de amparo, respecto de la resolución que desaprueba el remate.
Lo anterior es suficiente para considerar que se verifican las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción, establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2010, titulada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA." (7)
QUINTO.-Resolución del Pleno Civil.
La cuestión sujeta a decisión en este fallo, consiste en determinar si procede el juicio de amparo indirecto, contra la resolución que desaprueba un remate, en materia, civil y mercantil.
Para esto, se procederá a la interpretación jurídica de la preceptiva constitucional y legal aplicable, de la que se obtiene que la hipótesis normativa prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto en los procedimientos de remate, es una norma específica para aquellos que concluyen con una resolución aprobatoria, en la que se ordene, de manera formal y expresa, el otorgamiento de una escritura de adjudicación, y además, que el adjudicatario sea puesto en posesión del o los bienes de que se trate.
La resolución que desaprueba el remate no actualiza este supuesto específico, por lo que para determinar la procedencia del juicio constitucional, debe acudirse a la regla general de los procedimientos de ejecución, para lo cual se requiere determinar cuál es la resolución conclusiva del procedimiento respectivo, en la que se subsumen todas las actuaciones procesales que le preceden.
Por tanto, dado que la resolución inhibitoria que desaprueba el remate ya fincado, es la última resolución dictada en ese procedimiento respectivo, es que en su contra, procede el juicio de amparo indirecto.
Para demostrar esta tesis, se estima necesario analizar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto en los procedimientos de ejecución, y para esto, es fundamental la definición del enunciado "procedimiento respectivo", la cual se enmarcará a través de su interpretación constitucional.
1. Interpretación de la normativa constitucional aplicable.
En las bases constitucionales del juicio de amparo, establecidas a partir de 1917, la procedencia de este juicio contra resoluciones judiciales, se estableció del modo siguiente:
a) Por regla general sólo se admitió su procedencia contra las sentencias definitivas, respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia, se haya alegado en la segunda, por vía de agravio (fracción II del artículo 107 constitucional).
b) Como excepción, se admitió la procedencia del juicio de amparo en contra de las siguientes clases de actos judiciales:
• Ejecutados fuera de juicio;
• Emitidos después de concluido el juicio;
• En juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación;
• Que afecten a personas extrañas al juicio.
Esto se constata con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IX, del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponía:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103, se seguirán a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley que se ajustará a las bases siguientes:
"...
"IX. Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la judicial, o de actos de ésta ejecutados fuera de juicio o después de concluido; o de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación o que afecte a personas extrañas al juicio, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción esté el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, limitándose la tramitación al informe de la autoridad, a una audiencia para la cual se citará en el mismo auto en que se mande pedir el informe y que se verificará a la mayor brevedad posible, recibiéndose en ella las pruebas que las partes interesadas ofrecieren, y oyéndose los alegatos, que no podrán exceder de una hora cada uno, y a la sentencia que se pronunciará en la misma audiencia. La sentencia causará ejecutoria, si los interesados no ocurrieren a la Suprema Corte dentro del término que fija la ley, y de la manera que expresa la regla VIII.
"La violación de las garantías de los artículos 16, 19 y 20 se reclamará ante el Superior Tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito que corresponde, pudiéndose recurrir en uno y otro casos a la Corte, contra la resolución que se dicte.
"Si el Juez de Distrito no residiere en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el Juez ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca."
La Constitución no definió cada clase de los actos incluidos en la excepción indicada, sino que dejó tal tarea a la interpretación de los tribunales.
La ley reglamentaria del juicio de amparo de 1919, no pretendió desarrollar estos temas, pues únicamente se constriñó a regular, con base en los parámetros constitucionales, las cuestiones relativas a la sustanciación del juicio de amparo, como la competencia, los recursos, la suspensión del acto reclamado, los requisitos de la demanda, las causales de improcedencia, etcétera. De manera que, la normativa constitucional continuó siendo la base de aplicación directa en los casos concretos, a través de los criterios interpretativos de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la práctica judicial, el Máximo Tribunal enfrentó la necesidad de definir los conceptos constitucionales mencionados.
Tocante a los actos después de concluido el juicio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1924, determinó lo siguiente:
"ACTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.-Se considera así, los que son la consecuencia inmediata y directa de la verdad legal establecida por la sentencia firme, o por convenio entre las partes, y para llevar a cabo los cuales, es necesaria la intervención judicial."(8)
Dentro de esta categoría quedaron incluidos, naturalmente, los actos de ejecución de sentencia, y dentro de éstos, los de los procedimientos de remate, como se definió en la siguiente tesis aislada:
"EJECUCIÓN DE SENTENCIA.-Las determinaciones que se dicten en el curso de ella, son actos judiciales ejecutados después de concluido el juicio."(9)
Sin embargo, la problemática continuaba en otros aspectos. Quizás el más importante de ellos consistió en determinar, si ante la generalidad del texto de la ley superior, cualquier acto concreto del procedimiento de remate, sin distinción, desde el proveído que lo inicia, la designación de peritos valuadores, la recabación de informes del Registro Público de la Propiedad, la fijación de edictos, etcétera, podía ser objeto de un juicio de amparo, esto es, la posibilidad de promover el juicio de amparo contra cada acto procedimental, hasta los de escasa o nula trascendencia para los fines perseguidos por el procedimiento.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizada ya para ese entonces en Salas y Pleno, determinó a través de la Tercera Sala, que a los casos de excepción establecidos en la fracción IX del artículo 107 constitucional, resulta aplicable la regla general prevista para el amparo directo, con sustento en que el artículo 14 constitucional, al hablar de juicio, contempló cualquier procedimiento contencioso, desde que se inicia por cualquier medio hasta que se dicta una resolución conclusiva.
Para mayor ilustración, se reproducen enseguida las consideraciones primera, segunda y quinta del Informe de labores rendido por el Ministro Francisco Díaz Lombardo, presidente de la Tercera Sala, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 14 de diciembre de 1929:
"Primera. El artículo catorce constitucional, al erigir en garantía individual la exacta aplicación de la ley civil, no quiso referirse a todos y cada uno de los actos del procedimiento; esto, en general, y por razones de interés público, ha sido confiado por el legislador, exclusivamente a la rectitud de los tribunales del orden común.
"Como garantía individual, el artículo catorce se limita a exigir la exacta aplicación de la ley, en la sentencia definitiva, y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y este artículo, que es el que se invoca fundamentalmente y con propiedad en todos los negocios civiles, es el que debe servir de norma para interpretar en lo conducente, el artículo ciento siete, que trae las bases conforme a las cuales debe determinarse la procedencia o improcedencia del juicio constitucional.
"Segunda. No cabe duda que según las fracciones segunda, tercera y cuarta del artículo ciento siete, el amparo procede contra las sentencias definitivas que causen ejecutoria, conforme a la ley civil, ya sea por violaciones de fondo o por violaciones del procedimiento, en puntos substanciales y siempre que dejen sin defensa al quejoso, violaciones, estas últimas, que han quedado especificadas en el artículo ciento ocho de la ley reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento cuatro de la Constitución. Es cosa también fuera de duda, que estas violaciones del procedimiento deben reclamarse hasta después de pronunciada la sentencia definitiva, o sea, cuando se ataque ésta por la vía de amparo, de acuerdo con lo que se previene en la fracción segunda del artículo ciento siete constitucional y en los noventa y tres y noventa y siete de la Ley de Amparo. Sin embargo de esto, no es extraño que los litigantes, señalando como acto violatorio, alguno de los expresamente enumerados en el artículo 108 a que antes se hizo referencia, ocurran inmediatamente a los jueces de distrito, en demanda de amparo, sin esperar a que se pronuncie la sentencia definitiva. Esta premura en la manera de proceder, la conceptúa la Sala como un error que hace improcedente, por extemporáneo, el amparo; y aunque pudiera parecer inmotivada la espera impuesta por la ley, la Sala no lo estima así, sino que, por el contrario, la considera justificada, porque ella evita la continua interrupción de los juicios.
"...
"Quinta. Un abuso muy generalizado, es el interponer amparo contra los remates que van a verificarse, causándose con esto serios perjuicios a los que han obtenido sentencia favorable en un juicio, dado que los jueces de distrito se consideran obligados a suspender el acto reclamado. Para fundar la procedencia del amparo, se alega que el remate es un acto después del juicio y que, por tanto, cabe dentro de los términos de la fracción IX del artículo 107 constitucional; y como violaciones se hacen valer, comúnmente, las cometidas durante el juicio o en los procedimientos que precedieron a la citación para la almoneda. La Sala, teniendo en cuenta que las demandas de amparo, en estos casos, llegarían a hacer imposible la ejecución de las sentencias y que a los actos después del juicio, les son aplicables, también, las reglas a que están sujetos los demás actos, pues ya se expresó que el artículo 14 constitucional, al hablar de juicio, quiso referirse a todo el procedimiento, estima que, por regla general, no debe darse entrada a esas demandas, en atención a que el remate no es de ejecución irreparable, ni priva de defensa sino hasta que recae resolución irrevocable, aprobándolo o desaprobándolo y que, por lo mismo, contra esta resolución es contra la que procede el amparo."
Como se ve, el propósito de esta interpretación consistió en descubrir los limites naturales del juicio de amparo en los negocios judiciales, en los actos dictados después de concluido el juicio, y en particular, en el procedimiento de remate, pero sin permitir que la vulneración de los derechos constitucionales se produjera y surtiera efectos, aunque fuera por algún tiempo, antes de que el afectado quedara en aptitud de ocurrir al juicio de garantías, y la solución se encontró precisamente en la naturaleza de los actos procesales y los efectos que generan, ya que en estos procedimientos, lo ordinario es que las actuaciones no afectan por sí y de inmediato los derechos sustantivos, ni la defensa de los gobernados, sino hasta el momento en que se dicta la resolución sobre el contenido sustancial u objeto de la cadena procedimental instaurada; y por esto, se determinó que la resolución reclamable por excelencia es la que pone fin al procedimiento de manera irrevocable, y en el caso del remate la identificó con la que lo aprueba o desaprueba.
Así pues, el Máximo Tribunal del País descubrió que la forma de frenar el abuso del juicio de amparo en la materia estaba inmersa en las propias bases constitucionales, dentro de las cuales, con apoyo en el concepto adoptado de la garantía de la exacta aplicación de la ley, consagrada en el artículo 14 constitucional, debía entenderse generalizada la regla prevista para el juicio de amparo directo, consistente en que la sentencia inimpugnable es la reclamable destacadamente en el juicio de amparo, y que allí se pueden hacer valer las violaciones del procedimiento, cuyo contenido y apreciación hayan ejercido una influencia determinante en el sentido en que se resolvió la materia u objeto sustancial del procedimiento de que se trate, de modo que se logró la finalidad de poner freno al abuso, pero sin sacrificar el derecho al ejercicio del derecho a la jurisdicción constitucional, desde el momento mismo en que un acto judicial afectara los derechos sustantivos de manera irreparable.
Por tanto, la finalidad de la interpretación no fue la de restringir, de cualquier modo, la afluencia de los juicios de amparo contra los actos del procedimiento de remate, con la exclusiva finalidad de privilegiar la celebración de la venta judicial, a cualquier costo, esto es, no se buscó
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27452-fbe75c70/remate-procedencia-del-juicio-de-amparo-indirecto-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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