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Modo: Corpus Pro

REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2015. · Registro digital (IUS): 26250
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-04-22
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Pág. 1028.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO.

II. COMPETENCIA

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"); 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece (de ahora en adelante "Ley de Amparo") y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo consistirá en determinar cuál es la resolución en el procedimiento de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, realizado fuera de juicio o después de concluido, sobre lo cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno al resolverse conforme a precedentes del mismo.(1)

III. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que sustenta uno de los criterios en contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

8. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios contendientes de los Tribunales Colegiados que pudieran dar lugar a la contradicción de tesis.

A. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

Sentencia dictada en el amparo en revisión 376/2014.

Antecedentes procesales

9. La Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, emitió sentencia definitiva, derivada de la apelación que confirmó el auto pronunciado dentro de un juicio mercantil ejecutivo, mediante el cual en la etapa de ejecución de sentencia, se decretó la adjudicación directa a favor de la parte actora respecto del inmueble embargado.

10. En contra de esa determinación y de su inminente ejecución, la parte demandada del juicio mercantil ejecutivo, interpuso demanda de amparo indirecto, del cual conoció el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, registrándola con el número **********, y seguido el juicio en todos sus trámites, en sentencia dictada el diez de septiembre de dos mil catorce, el Juez Federal negó el amparo solicitado.

11. Inconforme con la negativa de amparo el quejoso interpuso el recurso de revisión, que fue registrado con el número 376/2014, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y en sesión del doce de febrero de dos mil quince, ese órgano jurisdiccional determinó sobreseer en el juicio de amparo, al advertir que se configuraba la causa de improcedencia señalada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la ley citada.

Argumentación de la sentencia

12. El Tribunal Colegiado afirmó que se actualizaba la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, en virtud que para la procedencia del juicio de amparo, subsiste la regla relativa a que tratándose de actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia, es indispensable esperar a que se dicte la última resolución y precisó, que en los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.

13. En este sentido, señaló que el acto reclamado en el juicio de amparo, al consistir en la orden de otorgamiento de la escritura de adjudicación, no se reclama ni hay constancia de que se hubiera ordenado la entrega del bien adjudicado a la parte actora, por lo que resultaba inconcuso que el acto reclamado no constituía la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate, en contra de la cual procede el amparo indirecto en términos de lo dispuesto por los artículos señalados de la Ley de Amparo.

14. El Colegiado añadió a sus consideraciones que, contrario a las manifestaciones de la quejosa recurrente, no resulta irrelevante que en el juicio de origen aún no se haya ordenado la entrega del bien inmueble adjudicado, toda vez que existe disposición expresa en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en el sentido de que la última resolución en el procedimiento de remate, en contra de la cual procede el amparo indirecto, es aquella que ordena en definitiva tanto el otorgamiento de la escritura de adjudicación, como la entrega de los bienes rematados; sin que pueda, por ende, interpretarse como irrelevante el segundo requisito, pues de ser así, el legislador no lo hubiera previsto como requisito de procedencia del juicio de amparo.

15. Agregó que si bien pudiera considerarse que una consecuencia natural de la escrituración de adjudicación, es la posterior orden de entrega de los bienes rematados, de ello no se sigue que una vez ordenada la escrituración, se haya llegado a la última resolución del procedimiento de remate, pues como se adelantó, la ley de la materia es clara al establecer que para considerar que se llegó a esa última resolución, se requiere de la existencia de la orden definitiva de escrituración y entrega de la posesión de los bienes adjudicados. Y por esos motivos, al estimar que no existía constancia de la que se desprendiera el dictado de la última resolución en el procedimiento de remate, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resultaba improcedente.

B. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

Sentencia dictada en el amparo en revisión 237/2014, que originó la tesis IX.1o.12 C (10a.), de título, subtítulo y texto: "REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESTE PROCEDIMIENTO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE EN FORMA DEFINITIVA DETERMINA LA ADJUDICACIÓN Y ORIGEN DE ESCRITURACIÓN, EXISTA O NO, LA DE ENTREGA DEL BIEN REMATADO."

Antecedentes procesales

16. Por auto de diecinueve de marzo de dos mil catorce, el Juez Séptimo del Ramo Civil en el Estado de San Luis Potosí, dictado dentro del procedimiento de remate del juicio mercantil, ordenó otorgar en rebeldía a favor del actor, la escritura pública del bien inmueble adjudicado mediante diversa resolución de veintisiete de mayo de dos mil trece.

17. Inconforme con el auto que ordenó la escrituración del inmueble embargado, la parte demandada interpuso juicio de amparo indirecto, del cual conoció el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien después de agotar todas las etapas del procedimiento, dictó el veintiséis de mayo de dos mil catorce, sentencia definitiva en la que determinó conceder el amparo solicitado.

18. Inconforme con la concesión del amparo, el tercero interesado interpuso recurso de revisión, que originó la formación del amparo en revisión 237/2014, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el cual en sesión del dieciséis de octubre de dos mil catorce resolvió en el sentido de considerar infundada la causa de improcedencia hecha valer por el recurrente, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del artículo 107, ambos numerales de la Ley de Amparo vigente, y confirmó la concesión del amparo.

Argumentación de la sentencia en lo relativo a no configurarse la causa de improcedencia, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107, ambos numerales de la Ley de Amparo vigente.

19. El Tribunal Colegiado sostuvo que resultaba incorrecta la apreciación del recurrente, pues aun cuando acompañara a su escrito de revisión, copia certificada de la diligencia en la que consta la entrega material en favor del adjudicatario del inmueble, motivo del remate de que se trata, ello no era conducente para estimar que dicho acto reclamado, consistente en el auto de diecinueve de marzo de dos mil catorce, que ordenó otorgar en rebeldía a favor del adjudicatario, la escritura del inmueble adjudicado, ha quedado irreparablemente consumado, pues basta considerar contra esa apreciación del recurrente, que la hipotética subsistencia del sentido de la sentencia amparatoria recurrida, puede propiciar, en su caso, retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de dicho acto, es decir, antes de la violación a derechos fundamentales; esto es, restituir en la posesión del inmueble en favor de la promovente del amparo, con lo cual, se repararía la transgresión de ese derecho sustantivo.

20. Estimó que el juicio de amparo sí resultaba procedente, porque de acuerdo con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en los procedimientos de remate, entendida ésta como aquella que de manera definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso, se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Sin embargo, consideró, que en el caso concreto, el hecho de que en la determinación reclamada sólo se ordene la escrituración, sin el mandato expreso de que se entregue el bien rematado, no se traduce en la improcedencia del juicio de amparo por la insatisfacción de los extremos legales aludidos.

21. Pues, continuó razonando, que no debe soslayarse que en el caso concreto ya existió incluso la materialización de esa entrega, con motivo de la diligencia del veinticinco de junio de dos mil catorce, luego entonces, lo que restaba para culminar el procedimiento de remate, en los términos del artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, era la orden de escrituración, lo cual aconteció con el acto reclamado y, por consecuencia, puede sostenerse el amparo en su contra, porque en ese entendido, se trata de la resolución definitiva en ese procedimiento de remate, entendida ésta, como aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.

22. Además, el Tribunal Colegiado del conocimiento precisó que en una nueva reflexión respecto al tema, modificaba la postura asumida con anterioridad en la que había considerado que conforme al artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo requiere la emisión conjunta de una orden de otorgamiento de escritura de adjudicación y además, una orden de entrega de los bienes rematados, para considerarla como la última resolución en el procedimiento de remate, pues sostenía como nuevo criterio que, la ausencia de una orden de entrega de un inmueble rematado, a la par del mandamiento por la escrituración correspondiente, en el supuesto de que ya existe adjudicación y tanto ésta como aquélla son definitivas, no necesariamente motiva la posterior emisión de una determinación complementaria a la reclamada, que ordene la entrega material del inmueble precisamente porque al existir la adjudicación y la orden de escrituración correspondientes, la consecuencia natural es la entrega material del inmueble, y en ese entendido, no existiría una posterior resolución.

23. Así, estimó que cuando el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, establece que la última resolución dictada en el procedimiento de remate es la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados, no se refiere, necesariamente, a la existencia de una resolución que, como documento y acto jurídico, satisfaga además de la orden de escrituración, la entrega material del bien rematado, porque ésta depende o es consecuencia necesaria de que exista la resolución que decreta la adjudicación y la orden de escrituración.

24. Por tanto, concluyó que, son éstas (adjudicación y orden de escrituración), las determinaciones que por su naturaleza y alcances deben considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate, para determinar la procedencia del amparo, exista o no, además, la orden de entrega del bien rematado.

25. Con base en los razonamientos anteriores, el Tribunal Colegiado emitió la tesis IX.1o.12 C (10a.),(2) de título, subtítulo y texto siguiente:

"REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESTE PROCEDIMIENTO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE EN FORMA DEFINITIVA DETERMINA LA ADJUDICACIÓN Y ORDEN DE ESCRITURACIÓN, EXISTA O NO, LA DE ENTREGA DEL BIEN REMATADO. La ausencia de una orden de entrega de un inmueble rematado, a la par del mandamiento de la escrituración correspondiente, cuando ya existe adjudicación siempre y cuando tanto ésta como aquélla sean definitivas, no implica la improcedencia del juicio de amparo indirecto en la hipótesis a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, porque al existir la adjudicación y la orden de escrituración correspondientes, la consecuencia natural es la entrega material del inmueble. Así, cuando el artículo invocado establece que la última resolución dictada en el procedimiento de remate es la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, no se refiere, necesariamente, a la existencia de una resolución que, como documento y acto jurídico, satisfaga ambos extremos. De ese modo, son éstas (adjudicación y orden de escrituración), las determinaciones que, por su naturaleza y alcances, deben considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate, para determinar la procedencia del amparo biinstancial, exista o no, además, la orden de entrega del bien rematado."

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

26. Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso sí se actualiza una contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, respecto a la procedencia del amparo indirecto, por lo que hace a la última resolución de la etapa de procedimiento de un remate, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece.

27. Antes de pasar a explicar las razones para corroborar la existencia de la contradicción, como cuestión previa, es importante señalar que tal como sucede con algunos de los criterios contendientes, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales.

28. Pues esta Primera Sala, estima que por contradicción de "tesis", debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(3) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)

29. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.

30. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos, se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-, aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica, es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

31. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de rubro y texto que a continuación se reproducen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(5)

32. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se cumplieron los tres requisitos para la existencia de la contradicción. En primer lugar, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para decidir qué debe entenderse por última resolución en la etapa del procedimiento de remate de bienes inmuebles, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece.

33. En cuanto al segundo requisito, de un análisis a las ejecutorias remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes, abordaron una misma temática, bajo los mismos elementos, con tramos discrepantes de razonamientos jurídicos.

34. Por un lado, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito expuso que el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que la última resolución en el procedimiento de remate de bienes inmuebles la constituye aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes inmuebles, rematados, por lo que procede el amparo indirecto, hasta que se emitan ambas órdenes -la de escriturar y la de la entrega de los bienes- concomitantemente o aun de manera separada.

35. Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, concluyó que no obstante en el caso analizado, ya se había materializado la entrega del bien inmueble adjudicado, consideraba con una nueva reflexión, que de acuerdo con la fracción IV, último párrafo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la última resolución del remate para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, lo era la orden de adjudicación y escrituración, pues la entrega material del inmueble, es una consecuencia de las anteriores, por lo cual el juicio de amparo procede una vez que existe la adjudicación y escrituración del inmueble sujeto a remate, sin importar que exista o no una orden de entrega, pues no necesariamente se emite ésta.

36. De las ejecutorias en contienda, se acreditan los diferendos interpretativos entre lo resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y lo fallado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en tanto el tribunal denunciante estimó que el juicio de amparo indirecto en contra de actos emanados del procedimiento de remate de bienes inmuebles, procede contra la última resolución del remate, esto es, la orden de escrituración y entrega, pues así lo estipula el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, precisando que, es necesaria además de la adjudicación y orden de escrituración, la existencia de la orden de entrega del bien rematado, mientras que el tribunal denunciado estimó que en términos del artículo referido, el juicio de amparo procede tratándose de actos en procedimiento de remate, en contra de la última resolución del remate, la cual consiste en la orden de adjudicación y escrituración, sin ser necesaria la orden de entrega del bien inmueble, pues ésta es una consecuencia connatural a la orden de escrituración.

37. Por tanto, esta Primera Sala concluye que los Tribunales Colegiados se contradicen en el criterio interpretativo sostenido, en cuanto al contenido del artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, lo cual actualiza la necesidad de unificación de criterios a fin de evitar la incertidumbre jurídica respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos emanados de procedimientos de remate.

38. De suerte que, esta Primera Sala concluye que se verifica el tercer requisito necesario para la existencia de contradicción, pues existe un punto de contacto entre los tramos de razonamientos de los Tribunales Colegiados que da lugar a la formulación de la siguiente pregunta, materia para conformar el punto de la presente contradicción de tesis:

• ¿Qué debe entenderse por última resolución en la etapa de remate de bienes inmuebles para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece?

VI. ESTUDIO DE LA CONTRADICCIÓN

39. A fin de resolver la presente contradicción, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera necesario resaltar que el punto de la contradicción que se analiza, se centra en definir qué debe entenderse como la última resolución en el procedimiento de remate de bienes inmuebles, contra la cual procede el juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente.

40. Ya que es claro que ambos tribunales analizaron casos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en los cuales se impugnaron actos derivados de remate de inmuebles, bienes sobre los cuales la ley exige la formalidad de escrituración para efectos de transmitir su propiedad, a diferencia de los bienes muebles para cuya transmisión de propiedad no siempre es exigible la escrituración ante notario público.(6) De suerte que, los casos que dan pie a la existencia de contradicción, plantean un peculiar criterio jurídico e interpretativo sobre lo que dispone el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que estriba en cuestionar si para que proceda el juicio constitucional, la última resolución del remate es aquella que ordene la escrituración del inmueble, así como ordene la entrega material del mismo. Para analizar lo anterior, primeramente es necesario resaltar que la orden de escrituración y la orden de entrega material del bien inmueble, puede ser emitida en el mismo acto o en uno distinto, de suerte que se sigue, que cuando la orden de escrituración y entrega se realizan en el mismo acto, no existe una problemática para determinar cuál es la última resolución del remate, pues resulta inconcuso que será ese auto en conjunto, esto es, el que ordene la escrituración y conjuntamente la entrega del bien inmueble, la que constituya la última resolución del remate contra el cual el juicio de amparo es procedente.

41. Así pues, la problemática se actualiza cuando la orden de escrituración y la orden de entrega se emiten en autos separados, por lo cual la pregunta que constituye la materia de la presente contradicción, estriba en resolver si ¿basta la resolución que ordene la escrituración del bien inmueble para que se actualice la última resolución del remate, o si es necesario esperar hasta la orden de entrega material del bien rematado, para considerar que se actualiza la última resolución del remate?

42. Recordando que esta problemática sólo se actualiza cuando los bienes sujetos a remate requieren del acto de escrituración ante fedatario público para formalizar la transmisión de propiedad, lo cual generalmente oc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26250-9d9b2411/remate-para-efectos-de-la-procedencia-del-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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