ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EN APOYO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTES: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.
II. Competencia
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en términos de la tesis aislada P. I/2012 (10a.) del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).".(1) Así como en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
III. Legitimación
10. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, quien conoció de los juicios de amparo indirecto que motivaron los criterios que participan en este asunto.
IV. Existencia
11. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:(2)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
12. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.
13. El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, analizó un asunto con las siguientes características:
a) Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de su apoderado legal, ejerció acción en la vía especial hipotecaria en contra de Elizandro Ochoa Santos y Elvia Juana Iribe Madero, cuyo conocimiento correspondió al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Culiacán, bajo el expediente ********** de su índice.
b) Seguido el procedimiento por los trámites correspondientes, el Juez aprobó el convenio celebrado por las partes en proveído de once de noviembre de dos mil once; sin embargo, ante el incumplimiento de la demandada, el cinco de febrero de dos mil quince, se ordenó su ejecución forzosa.
c) En auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se adjudicó de manera directa el inmueble a la demandante.
d) En acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete se ordenó requerir a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días compareciera a otorgar la escritura de adjudicación, apercibida que en caso de no hacerlo, el Juez natural lo haría en su rebeldía. Tal proveído se notificó a la demandada el veinticinco de enero siguiente.
e) El veinticuatro de febrero del mismo año, se ordenó otorgar la escritura de adjudicación en rebeldía de la demandada y remitir los autos a la notaría pública a cargo de Manuel Díaz Salazar; sin ordenar el lanzamiento o desalojo.
f) Tal fue el acto reclamado en el juicio de amparo ********* del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, cuyo titular sobreseyó en el juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haberse consentido tácitamente los actos reclamados, por no presentarse la demanda de amparo en el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la propia Ley.
g) Inconforme con esa sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, donde quedó registrado con el número de expediente AR **********. En sesión de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, los Magistrados integrantes de dicho órgano jurisdiccional resolvieron confirmar la sentencia recurrida, aunque por una causa diferente a la señalada por el Juez de Distrito.
14. Las consideraciones en que el Tribunal Colegiado sustentó su decisión son las siguientes:
a) En primer orden, precisó que el supuesto que hace procedente el juicio de amparo (en la etapa ejecutiva de remate) lo constituye la orden de escrituración del inmueble sujeto a remate, no así el proveído que reitera tal orden y determina el otorgamiento de la escritura en rebeldía, pues de conformidad con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, derivados de un procedimiento de remate, el amparo debe promoverse en contra de la última resolución dictada en ese procedimiento, entendiendo por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
b) El Tribunal Colegiado explicó que el anterior precepto fue objeto de interpretación a cargo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se precisó que a pesar de que la legislación prevea la procedencia del amparo, en este supuesto, bajo el texto legal: "...entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados...", lo cierto es que debe entenderse y leerse no con una conjunción copulativa ("y") que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente ("o"), en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate.(3)
c) Bajo esta premisa, en concepto del Tribunal Colegiado, la orden de escrituración del inmueble rematado se verificó desde el auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por el cual, la Juez de la causa ordenó requerir a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días otorgara a favor de la actora la escritura del inmueble adjudicado, apercibida de que en caso de no hacerlo, dicha Juzgadora lo haría en su rebeldía.
d) En ese orden de ideas, la autoridad revisora concluyó que la procedencia del amparo (respecto del procedimiento de remate) se actualizó desde la emisión de dicho acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, y no así hasta el auto de veinticuatro de febrero de ese mismo año, pues ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate.
e) Luego, como el proveído de dieciocho de enero de dos mil diecisiete no fue combatido como acto destacado en el juicio de amparo y sí, por el contrario, los quejosos señalaron como reclamado el diverso de veinticuatro de febrero de ese mismo año, que no hace sino llevar a su más puro y debido cumplimiento el apercibimiento que le antecede, éste carece de autonomía pues, por más que contenga una orden de otorgar la escritura en rebeldía, y se indique al notario público designado para protocolizar las constancias correspondientes, ello sólo derivó de la conducta contumaz de los demandados.
f) Por lo anterior, el Tribunal Colegiado estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia, en el sentido de que el amparo es improcedente cuando se reclaman actos derivados de consentidos.(4)
15. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, por su parte, resolvió un asunto (recurso de revisión civil **********) con las características siguientes:
a) Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado legal, demandó en la vía sumaria civil hipotecaria de Santos Alfredo López Beltrán por el pago de diversas prestaciones.
b) Por auto de quince de agosto de dos mil trece, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, a quien le correspondió conocer del asunto lo radicó bajo el número **********, y admitió a trámite dicha demanda.
c) Desahogadas las etapas procesales del juicio sumario civil hipotecario, el cuatro de abril de dos mil catorce se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones que se le reclamaron; absolviéndose únicamente del pago de las relativas a las primas de seguros, gastos y costas de juicio.
d) Una vez que quedó firme la sentencia definitiva, mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble motivo de la litis. Así, el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el remate en segunda almoneda del bien inmueble de mérito, se adjudicó en favor de cierta persona jurídica y, posteriormente, en auto de veintisiete de septiembre de ese mismo año, se tuvo por aprobado dicho remate.
e) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho se dictó un proveído, en atención al escrito presentado por la adjudicataria, en el que se ordenó requerir a la demandada para que otorgara en favor de la licitante la correspondiente escritura de compraventa del inmueble adjudicado; acuerdo que se notificó de manera personal al quejoso.
f) En auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en atención a la solicitud presentada por la adjudicataria, se determinó otorgarle en rebeldía la referida escritura de compraventa del bien inmueble adjudicado y se solicitó a la Notaría Pública realizar la protocolización correspondiente.
g) Tal fue el acto reclamado en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, cuyo titular sobreseyó en el juicio, por tratarse el proveído reclamado de un acto derivado de otro consentido. Al respecto, el Juez de amparo emitió consideraciones similares a las expresadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, en el expediente AR **********, resuelto el ocho de noviembre de dos mil dieciocho.
h) Inconforme con esa sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, donde quedó registrado con el número de expediente AR **********. Sin embargo, en auxilio a dicho órgano jurisdiccional, fue el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la Cuarta Región, el que en sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, revocó el sobreseimiento y negó el amparo.
i) En su concepto, tratándose de actos de ejecución en el procedimiento de remate, específicamente cuando se reclama la orden judicial de escriturar, el impetrante puede promover la acción constitucional indistintamente, ya sea en contra del proveído que requiere a los reos la entrega de la escritura de adjudicación o aquella que la ordena en su rebeldía, esto es, el juicio de amparo indirecto procede en ambos casos.
16. Al dar respuesta a los agravios formulados por la recurrente, en lo que es tema de la presente contradicción de tesis, el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente:
a) En primer orden, sostuvo que el Juez de Distrito correctamente tuvo como acto reclamado destacado autónomo e independiente el auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, por el cual ante la rebeldía de la parte reo se ordenó otorgar la escritura al adjudicatario del bien inmueble objeto de la venta judicial. Ello, pues acertadamente precisó que el diverso acto combatido relativo a la resolución de trece de febrero de dos mil dieciocho dictada en el toca ********** que confirmó el auto aprobatorio de remate, debía ser estudiado sólo como una violación procesal en el procedimiento de remate al no ser la denominada "última resolución" dentro del mismo.
b) Enseguida, sin embargo, explicó que su criterio no coincide con lo resuelto por el Juez de amparo, en torno a cuál es el último acto en ejecución (remate) tratándose de la orden de escriturar. Al respecto, después de reproducir el contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, explicó que tal precepto fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo análisis surgió la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), con el título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", en la que se llegó a la conclusión de que, para efectos de la procedencia del juicio de amparo debe entenderse que la última resolución dictada en el procedimiento de remate es aquella que ordena la escrituración del bien inmueble rematado al adjudicatario o su entrega física.
c) Sin embargo, advirtió, ni el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo ni la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal definen cuál de las resoluciones que ordena la escrituración del bien inmueble rematado al adjudicatario es la que deberá entenderse como la última resolución para efectos de la procedencia del juicio de garantías, es decir, si será aquella que requiere a los reos la entrega voluntaria de la escrituración o la posterior que la ordena en su rebeldía.
d) A partir de lo anterior y con base en el principio pro personae y en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia tutelados por los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, resolvió que aun cuando en el juicio de garantías no se hubiera combatido la primera resolución que requirió al ejecutado la entrega voluntaria de la escritura de venta en favor del adjudicatario, sino aquella que la ordenó en su rebeldía, debía estimarse que la acción constitucional intentada en su contra era procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.
e) Ello, pues al no ser la ley clara ni precisa en establecer cuál debe entenderse como la última resolución que ordena la escrituración de un bien inmueble rematado, sino que para ello se requiere de una interpretación adicional del precepto de que se trata y sin que se haya emitido, sobre este preciso punto, jurisprudencia por el Máximo Tribunal del País; por tanto, no resulta válido limitar a los gobernados a impugnar tal o cual resolución en el juicio de garantías en perjuicio de su derecho fundamental de acceso a la justicia; sino que, precisamente, en aras de salvaguardarlo debe considerarse que tratándose de los procedimientos de remate, el impetrante puede promover la acción constitucional indistintamente, ya sea en contra del proveído que requiere a los reos la entrega de la escritura de adjudicación o aquella que la ordena en su rebeldía.(5)
f) En ese orden de ideas, el Tribunal Colegiado concluyó que, si en el particular, el quejoso recurrente ejerció la acción constitucional en contra del proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho que en su rebeldía ordenó la escrituración del bien inmueble rematado en favor del adjudicatario debe estimarse que el juicio de amparo válidamente se promovió en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de remate en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, en términos del artículo 93, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo, revocó la sentencia recurrida, levantó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y emprendió el examen de los conceptos de violación propuestos, a partir de lo cual negó el amparo solicitado.
17. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada.
18. Esto es así, porque el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, al interpretar el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, explicó que dicha norma legal fue objeto de interpretación a cargo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo análisis se llegó a la conclusión de que el texto legal del precepto, en la parte que dice: "...entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados...", debe leerse como una conjunción disyuntiva equivalente ("o"), de manera que ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Bajo esta premisa, en concepto del Tribunal Colegiado, la última resolución se verifica desde el auto que ordena requerir la escrituración del inmueble adjudicado de manera voluntaria, en tanto que la resolución que impone su otorgamiento forzoso a cargo del Juez no constituye sino un acto derivado de aquél.
19. En concepto del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la Cuarta Región, por su parte, tratándose de actos de ejecución en el procedimiento de remate, específicamente cuando se reclama la orden judicial de escriturar, el quejoso puede promover la acción constitucional indistintamente, ya sea en contra del proveído que requiere al ejecutado la entrega voluntaria de la escritura de adjudicación o aquella que la ordena en su rebeldía. Dicha determinación, dijo el Tribunal Colegiado, deriva de que si bien la Primera Sala del más Alto Tribunal del País interpretó el artículo 107 de la Ley de Amparo, de ninguna manera definió cuál de las resoluciones que ordena la escrituración del bien inmueble rematado al adjudicatario es la que deberá entenderse como la última resolución para efectos de la procedencia del juicio de garantías, es decir, si será aquella que requiere a los reos la entrega voluntaria de la escrituración o la posterior que la ordena en su rebeldía, ni esa cuestión se advierte clara en la norma legal.
20. A partir de lo anterior, con base en el principio pro personae y en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia consagrados en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, el Tribunal Colegiado resolvió que aun cuando en el juicio de garantías no se hubiera combatido la primera resolución que requirió al ejecutado la entrega voluntaria de la escritura de venta en favor del adjudicatario, sino aquella que la ordenó en su rebeldía, debía estimarse que la acción constitucional intentada en su contra es procedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no resulta válido limitar a los gobernados a impugnar tal o cual resolución en el juicio de garantías en perjuicio de su derecho fundamental de acceso a la justicia; sino que, precisamente, en aras de salvaguardarlo debe considerarse que tratándose de los procedimientos de remate, el impetrante puede promover la acción constitucional indistintamente, ya sea en contra del proveído que requiere a los reos la entrega de la escritura de adjudicación o aquella que la ordena en su rebeldía.(6)
21. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta: En términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo ¿cuál de las resoluciones que ordena la escrituración del bien inmueble rematado es la que deberá entenderse como la última resolución en la etapa de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, es decir, será aquella que requiere al ejecutado la escrituración voluntaria o la posterior, que la ordena en su rebeldía?
V. Estudio de fondo
22. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, la última resolución para efectos del juicio de amparo indirecto es la que ordena requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial.
23. Para resolver la problemática planteada debe partirse de la base de que en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto reconoció la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados después de concluido el juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución dictada en esa etapa.
24. Luego, con el conocimiento de que en la etapa de ejecución de sentencia pueden tener lugar varios procedimientos autónomos (liquidación de condena, liquidación de costas, cuantificación de intereses, remate, etcétera) a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que ésta debe ser entendida como aquella que:
a. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o
b. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o
c. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente.
25. Además, dispuso que en el caso de promover juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones, el justiciable estará en aptitud de hacer valer conceptos de violación contra los vicios ocurridos en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida después de concluido el juicio, siempre que éstos trasciendan a su resultado.
26. Asimismo, con el ánimo de una mayor especificidad y en aras de claridad y certeza, tratándose de actos de remate, el legislador fue incluso más concreto, precisando que la última resolución del procedimiento de remate, es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez emitida esa determinación, no hay posibilidad de dictar otra posterior que retrotraiga o modifique sus efectos, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble, se haya agotado en su totalidad.
27. Lo anterior, refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, emitida en el procedimiento de remate, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, con lo que se limita su procedencia a la última resolución emitida en la etapa de ejecución y se garantiza la efectividad de dicho medio de control de regularidad constitucional bi-instancial, evitando que el mismo quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el consistente en asegurar que la promoción del juicio de control constitucional efectivamente es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, facilitando su culminación.
28. Conviene recordar que la razonabilidad apuntada se preveía de forma similar en la Ley de Amparo abrogada, pues desde entonces se establecía como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el que se interpusiera en contra de la última resolución del remate, lo que de acuerdo con el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, señalaba:
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"...
"III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.
"...
"Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben."
29. Como se observa, la Ley de Amparo abrogada obedecía básicamente a la misma lógica de la legislación en vigor, pues también establecía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste, siempre y cuando consistieran en la última resolución dictada en esa fase ejecutiva y que, tratándose de remates, el amparo solamente procedía contra la resolución definitiva, entendida ésta como aquella que aprobara o desaprobara la venta judicial. De lo que se aprecia la misma justificación del legislador, consistente en evitar el abuso de la tramitación de la acción constitucional, aunada al propósito de facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de sentencia en los procesos jurisdiccionales de instancia, pues se privilegió la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en la fase de remate.
30. Luego, el mismo objetivo pervive en la Ley de Amparo vigente, en la que destaca la intención del legislador, de ser incluso más específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquellos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio y después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: 1) actos emitidos en ejecución de sentencia; y, 2) actos emanados de procedimiento de remate. Tal como se advierte de su contenido, cuyo tenor es el que enseguida se reproduce:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede: ...
"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se tr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29015-a74e7b8e/escrituracion-en-el-remate-la-ultima-resolucion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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