PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA EN QUE OPERA TRATÁNDOSE DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REMATE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN MANUEL ARREDONDO ELÍAS, JOSÉ MORALES CONTRERAS Y JUAN SOLÓRZANO ZAVALA. PONENTE: JUAN MANUEL ARREDONDO ELÍAS. SECRETARIO: SALVADOR ÁLVAREZ VILLANUEVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver la presente contradicción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por **********, por conducto de su apoderado jurídico **********, parte recurrente del amparo en revisión **********, por lo cual se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:
a) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en recurso de queja **********, en sesión de doce de agosto de dos mil quince, en lo que interesa, resolvió:
"CUARTO.—Los agravios transcritos son fundados.
"En el proveído de dieciocho de mayo del año actual materia del presente recurso de queja, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, residente en la ciudad de León, Guanajuato, determinó desechar de plano la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Magistrada de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad en su calidad de ejecutora, que hizo consistir en la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, auto de dieciséis de enero del presente año y resolución de cuatro de mayo siguiente, estos dos últimos pronunciamientos como consecuencia de la primera; por estimar el Juez de Distrito que dicha demanda resultaba notoriamente improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
"Lo anterior, porque si en el caso se reclamaba de manera destacada el auto de cuatro de mayo del presente año, dictado dentro del procedimiento de remate del juicio especial civil **********, que ordenó llevar al cabo la diligencia consistente en poner en posesión al adjudicatario del bien raíz rematado en dicho proceso, autorizando el uso de la fuerza pública con rompimiento de cerraduras en caso necesario; y al no existir precepto que estableciera la posibilidad de impugnar tal determinación mediante el recurso de apelación, era aplicable por exclusión la regla establecida en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, la propia determinación era impugnable mediante el recurso de revocación, el cual debió agotar el quejoso previo a la promoción del amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional.
"Se sostiene que los agravios transcritos previamente son fundados, siendo conveniente en principio tomar en consideración lo que dispone la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, aplicable al caso, cuyo texto se cita enseguida:
"‘El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.’
"Ahora bien, advirtiéndose de la demanda de amparo que promovió **********, que éste, en el apartado relativo al acto reclamado, señaló: ‘Resolución de fecha 31 de octubre del año pasado, notificada por lista el día 3 de noviembre del mismo año. Auto de fecha 16 de enero del presente año, notificada por lista el 19 de enero del año en curso y resolución del día 4 de mayo del presente año, notificada por lista el día 6 de mayo del mismo año, dado que las dos últimas resoluciones referidas, son consecuencia jurídica de la primera y se encuentran vinculadas a esta’; actos que, si de acuerdo con los hechos narrados en la propia demanda, provienen del procedimiento de remate verificado en el juicio especial civil **********, cuya resolución se emitió el veinte de agosto de dos mil catorce, confirmada en la alzada el treinta y uno de octubre del mismo año; se llega al conocimiento de que el asunto sometido a la potestad del Juez de Distrito se ubica precisamente en el supuesto de la última parte de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, antes transcrita.
"Ahora, si bien el Juez de Distrito estimó que en el caso se reclamaba en el amparo, de manera destacada, el auto en el que se ordenó llevar al cabo la diligencia consistente en poner en posesión al adjudicatario del bien raíz rematado en el proceso de origen (auto de cuatro de mayo de dos mil quince); también debió considerar, de acuerdo con la narrativa de hechos de la demanda, que ese proveído constituía la última resolución dictada en el procedimiento de remate en términos del último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en tanto que por diverso acuerdo de fecha anterior (dieciséis de enero de dos mil quince), la autoridad de instancia emitió pronunciamiento para que se otorgara en rebeldía la escritura de adjudicación del propio bien raíz; de manera que si el último proveído de que se trata es sólo una consecuencia legal, necesaria, vinculada al remate, cuya determinación de fincamiento fue apelado según lo dicho por el quejoso, aquí recurrente, por el momento, no hay elementos suficientes para estimar que era necesario en tal contexto que éste recurriera en revocación el auto de cuatro de mayo del año actual, pues en él se constituía precisamente la última resolución en el procedimiento de remate, el cual no se impugnaba por vicios propios, sino que la ilegalidad del fincamiento del remate propiamente dicho, y sus consecuencias (auto de cuatro de mayo de dos mil quince), obedecía, según lo expuesto por el quejoso en su demanda de amparo, a las violaciones que dijo fueron cometidas durante ese procedimiento, en mérito de lo cual, se insiste, sólo atento a lo expuesto en la demanda de amparo, por no existir de momento diversas constancias que corroboren o no los datos ahí contenidos; era procedente la admisión de dicho ocurso en ejercicio de la acción constitucional, pues en tal contexto no puede estimarse que se esté en presencia de una causa manifiesta y notoria que torne improcedente el juicio de garantías; de ahí que ante lo fundado de los agravios expresados sobre el particular, lo conducente sea ordenar al Juez de Distrito que admita a trámite la demanda de garantías promovida por **********.
"Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo que ordenan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo; se resuelve:
"ÚNICO.—Es fundado el recurso de queja."
b) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, en el juicio de amparo en revisión **********, en sesión de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en lo que concierne, resolvió:
"SEXTO.—Los agravios insertos son infundados, los que serán analizados de manera conjunta ante su estrecha vinculación, al así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.
"Consta en la sentencia recurrida de manera sustancial, que el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso ordinal 61, fracción XVIII, en relación con el ordinal 107, todos de la Ley de Amparo.
"Para tales efectos, el Juez de amparo determinó que el acto reclamado consistente en el requerimiento de catorce de octubre de dos mil dieciséis formulado por el Juez Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, a **********, para el efecto de que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del auto en comento otorgara la escritura correspondiente a los bienes inmuebles adjudicados en favor del accionante, apercibida que de no hacerlo ese juzgado lo haría en su rebeldía, no era definitivo para efectos del juicio de amparo, dado que en su contra procedía el recurso de revocación en términos del artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y que era a través del citado medio ordinario de defensa, como se podría modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada.
"Inconforme con lo anterior, la promovente del recurso de revisión sostiene, que no debió agotar el recurso de revocación en contra del auto que ordenó remitir lo actuado a la notaría pública, a efecto de hacer las escrituras en favor del adjudicatario, para lo cual apoya su disenso en la jurisprudencia «1a./J. 13/2016 (10a.)» de rubro: ‘REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’
"Afirma que del criterio en cita se desprende que el último acto dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia que culmina con el remate puede haber dos clases de autos: uno que ordene poner en posesión al adjudicatario y otro que ordene la confección de escrituras, o en su defecto, pueden concurrir ambos.
"Lo anterior es infundado.
"Se sostiene tal aserto, dado que en la especie del acto recurrido se desprende que el Juez de amparo determinó que el acto reclamado consistió en el requerimiento de catorce de octubre de dos mil dieciséis formulado por el Juez Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, a **********, para el efecto de que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del auto en comento otorgara la escritura correspondiente a los bienes inmuebles adjudicados en favor del accionante, apercibida que de no hacerlo, ese juzgado lo haría en su rebeldía, no era definitivo para efectos del juicio de amparo, dado que en su contra procedía el recurso de revocación en términos del artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y que era a través del citado medio ordinario de defensa, como se podría modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada.
"Bajo el anterior contexto, se debe señalar que en el caso, no es verdad que el Juez de amparo omitiera tener en cuenta la orden de la escritura de adjudicación, como tampoco a la entrega de la posesión de los bienes inmuebles rematados que afirma el quejoso fueron los puntos sobre los cuales se basó el juzgador de amparo para decretar improcedente el juicio biinstancial, pues se itera, y tal como se desprende de supralíneas, aquél consistió en el auto por el cual el Juez de conocimiento requirió a la demandada, aquí recurrente, para el efecto de que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del auto en comento, otorgara la escritura correspondiente a los bienes inmuebles adjudicados en favor del accionante, apercibida que de no hacerlo ese juzgado lo haría en su rebeldía, contra el cual, ciertamente se debió de agotar el principio de definitividad a través del recurso de revocación exigido por el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, pues son dos cosas distintas que sea el último acto y que el mismo sea definitivo.
"La parte recurrente sostiene que el Juez de Distrito malinterpretó el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo, al sostener que resultaba procedente el recurso de revocación previo a enderezar la demanda constitucional, porque afirma que el citado medio de impugnación no tiene el alcance de modificar, revocar o nulificar el auto que ordena remitir lo actuado a la notaría pública, además de que el recurso de revocación no tiene el alcance de revisar el procedimiento de ejecución.
"Adverso a lo sostenido por la promovente del recurso de revisión, se debe destacar que contra el acto que reclamó, procede el recurso de revocación dado que el precepto 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece la procedencia de ese medio ordinario de defensa contra las determinaciones que se dictan en primera instancia distintas de la sentencia, como la que ordena requerir a la demandada para que otorgue la escritura correspondiente a los bienes inmuebles adjudicados en favor del tercero interesado; y, por tanto, debe agotarse este recurso antes de acudir al juicio de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige a este último.
"En otras palabras, el artículo 232 del código adjetivo en cita, no establece excepciones para la procedencia del recurso de revocación basada en la clase de autos que se impugnan o en los efectos que tal recurso pueda producir, por tanto, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer interpretación alguna que vaya en contra de lo establecido al respecto por ella, medio de impugnación que debe agotarse previo al juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa.
"Estimar lo contrario, implicaría limitar la impugnación de un acuerdo emitido por el juzgado de conocimiento, extremo que contravendría lo ordenado por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, pues se estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador en cuanto al recurso de revocación, por lo que la parte inconforme debió interponer dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo biinstancial, y si ello no lo hizo así, según se advierte de autos, evidentemente es que no se observó el principio de definitividad.
"Efectivamente, si bien es cierto que con motivo de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorporó el principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que permite realizar una interpretación que favorezca al individuo e implementar los derechos de recurrir un fallo y contar con un recurso efectivo a que se refieren los artículos 8.2 h y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo, ello no implica que se deba admitir una demanda de amparo y analizar su contenido, sin importar que se cumplan los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa ordinario, dado que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución.
"Por tanto, la observación de los derechos humanos que dictan el referido principio pro persona, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de clave 1a./J. 10/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, bajo el tomo (sic) en la página 487, del siguiente rubro y texto:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.’
"De ahí que, a través del aludido principio pro persona, no es factible soslayar las reglas de procedencia de los recursos ordinarios y del juicio de amparo que establece la legislación mexicana, a efecto de otorgar a los quejosos una opción entre agotar o no el principio de definitividad, de ahí lo infundado de los agravios.
"Por otra parte, resulta inatendible el motivo de inconformidad por el cual la recurrente sostiene que en el expediente ********** del índice del Juzgado Octavo de Distrito de Celaya, Guanajuato, se desechó la demanda por considerar el juzgador que el acto que se reclamó en ese amparo no era de carácter definitivo, lo cual afirma le afecta, porque se convirtió en cosa juzgada y permite que en el juicio de amparo que ahora nos ocupa, sea procedente.
"Se sostiene lo inatendible del disentimiento, porque el desechamiento de la demanda a que alude la recurrente no influye de manera alguna en la determinación del Juez de amparo para el efecto de sobreseer en el juicio al advertir la causa de improcedencia que nos ocupa, dado que incluso la demanda en el amparo precitado, no fue siquiera admitida, en tanto que en el presente caso, lo que se determinó para sobreseer, fue la falta de impugnación del proveído por el cual se requirió a la demandada para el otorgamiento de la escritura, y bajo ese tenor, lo resuelto en el amparo ********** del índice del Juzgado Octavo de Distrito de Celaya, Guanajuato, en el que se desechó la demanda de amparo, no puede ser estudiado técnica ni jurídicamente de manera directa en el presente recurso de revisión.
"Relativo a las tesis «III.1o.T.Aux.5 K y P./J. 144/2000», que cita la recurrente para apoyar sus disentimientos de rubros: ‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CONTRA ACTOS JURISDICCIONALES. NO ES UNA EXCEPCIÓN PARA AGOTARLO, RECLAMAR VIOLACIONES DIRECTAS DE FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (LINEAMIENTOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS FRACCIONES XIII Y XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO).’ e ‘IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’, dado que con ellas se da apoyo a la determinación del Juez de Distrito, en cuanto a que no le eximía a la quejosa de responsabilidad jurídica el de agotar los medios ordinarios que la ley dispone para ello.
"En esas condiciones, ante lo ineficaz de los agravios, lo que se impone es confirmar la resolución recurrida. ..."
CUARTO.—Requisitos.
La existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan criterios, aun cuando no se formulen en jurisprudencias, en los que las argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión sean discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales.
En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, estableció que para que se dé una contradicción de tesis, es indispensable que exista un problema jurídico que amerite ser definido, y así evitar que se sigan dando situaciones confusas y, desde luego, soluciones distintas y contradictorias en asuntos similares.
Así lo plasmó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, con el texto siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Atendiendo a lo expuesto en la jurisprudencia citada, la existencia de una contradicción de tesis está condicionada a que:
a) Dos o más órganos contendientes ejerciendo el arbitrio judicial, se pronuncien sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, habida cuenta que la finalidad es unificar criterios por encima de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos.
b) En los procesos interpretativos respectivos exista una parte del razonamiento que verse sobre el mismo problema jurídico y que, en relación con ese punto, sostengan criterios discrepantes.
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que sea legalmente posible.
QUINTO.—Existencia o inexistencia de la contradicción de tesis.
En el caso, debe establecerse que sí existe contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con base a las siguientes consideraciones.
Este Pleno de Circuito establece lo anterior, en virtud de que en el caso, ambos órganos jurisdiccionales partieron de supuestos fácticos similares y llegaron a conclusiones distintas en relación con el alcance del artículo 107, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito sostiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tratándose de remates, el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, siendo ésta aquella que de manera definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados y que desde esa perspectiva, a efecto de colmar el principio de definitividad y estar en aptitud de acudir al juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Guanajuato, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que ordene la escrituración y/o la entrega de los bienes rematados.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito sostiene, implícitamente, que el auto que ordena que ordene la escrituración y/o la entrega de los bienes rematados es per se la última resolución y ya reviste la calidad de definitiva, pues no hay posibilidad de proponer en la revocación irregularidades verificadas en el curso del procedimiento de remate o en la propia audiencia de remate, sino exclusivamente se podrían plantear vicios propios del acuerdo, de ahí que no fuera posible desechar la demanda por notoriamente improcedente, pues tal procedencia debía advertirse desde aquella perspectiva, esto es, si se proponían violaciones verificadas en la secuela de remate o se impugnaba el propio proveído por vicios propios.
Por lo anterior, se surten los dos primeros requisitos para la existencia de la contradicción de criterios, puesto que los órganos contendientes se pronunciaron sobre un mismo punto de derecho, derivado incluso de iguales situaciones fácticas, pero al resolver el problema jurídico sostuvieron criterios discrepantes.
Asimismo, se verifica el tercer requisito necesario para la existencia de contradicción de tesis, pues existe un punto de contacto entre los razonamientos jurídicos de los órganos jurisdiccionales federales que da lugar a la formulación de una pregunta genuina cuyo punto concreto de contradicción de tesis consiste en determinar:
¿Si tratándose de procedimientos de remate, para estar en aptitud jurídica de impugnar en amparo indirecto el acuerdo que ordena la escrituración y/o la entrega de los bienes rematados, ha de agotarse o no, el recurso de revocación a efecto de considerar que ese proveído tiene la calidad de "última resolución", en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo?
SEXTO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno de Circuito, en atención a las consideraciones siguientes:
De inicio, ha de tenerse en consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas ejecutorias ha abordado el tema y ha venido precisando bajo diversos aspectos la interpretación del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Ciertamente, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala, publicada en el Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 1066 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas con número de registro digital: 2011474, de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29376-e9f3d46e/principio-de-definitividad-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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