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Modo: Corpus Pro

REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 420/2018. · Registro digital (IUS): 28856
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-07-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo I, Pág. 234.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 420/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: CÉSAR DE LA ROSA ZUBRÁN.

CONSIDERANDO:

7. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado Especializado de distinto Circuito, y el tema de fondo consistirá en determinar, si es necesaria la previa escrituración para poder entregar al adjudicatario la posesión del bien inmueble que adquirió mediante remate judicial o si existe alguna prohibición legal para efectuar dicha entrega, sobre lo cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución General y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por el Magistrado presidente del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio se señala como discrepante respecto del sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

9. TERCERO.—Criterios contendientes. Los antecedentes y consideraciones de las ejecutorias que dieron lugar a la presente contradicción de tesis, son las que a continuación se sintetizan:

10. A. El seis de septiembre de dos mil dieciséis, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito resolvió la contradicción de tesis **********, de la que es necesario conocer los datos relevantes que se advierten del cuerpo de esa ejecutoria:

i. En sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por dicho tribunal, al resolver el amparo en revisión ********** y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión **********, que dio origen a la tesis de rubro: "ADJUDICACIÓN POR REMATE JUDICIAL. LA PROTOCOLIZACIÓN O ESCRITURACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO NECESARIO PREVIO A PONER AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN."

ii. De dicha contradicción conoció el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, quien determinó que era existente en virtud de que los tribunales contendientes se ocuparon de una misma cuestión jurídica, a saber: determinar si para la entrega del inmueble adjudicado en ejecución de sentencia, se requiere su previa escrituración a favor del adjudicatario, conforme al análisis de los artículos 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); o en su defecto, privilegiar una interpretación de dichas disposiciones para sostener que, jurídicamente procede la entrega del mencionado bien, sin necesidad de formalizar la escritura de adjudicación.

iii. En ese sentido, resolvió que debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de rubro: "ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PARA QUE PUEDAN ENTREGARSE AL ADJUDICATARIO ES NECESARIA SU PREVIA ESCRITURACIÓN.". Lo anterior, en esencia, bajo los siguientes argumentos:

• Al resolver la contradicción de tesis, el Pleno de Circuito consideró que en la etapa de ejecución de sentencia, el procedimiento de remate se verifica conforme a las reglas previstas en el artículo 489 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), mediante el avalúo de bienes, venta judicial y escrituración respectiva, los cuales constituyen actos que se traducen en las diligencias conducentes para poner el inmueble en posesión del adjudicatario.

• Realizó una interpretación del artículo 589 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a la luz de la exposición de motivos de las reformas publicadas el ocho de noviembre de dos mil siete, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la cual desentraña la intención del legislador y sobre esa base se argumentó que la firma de la escritura es un acto que no solamente atañe al cumplimiento de una obligación civil, sino a una orden judicial, como parte conclusiva del procedimiento que se ejerce en vía de apremio y en la que el Juez hace efectiva su resolución soberana.

• Sobre esa base, determinó que, de la intelección de los artículos 525, primer párrafo, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles, se advierte que la entrega de un inmueble tiene por efecto la inmediatez en la devolución de la posesión, siempre y cuando se cumplan todas las diligencias conducentes a ese fin, entre la que destaca, la escrituración de adjudicación del inmueble.

• Lo anterior, al estimar que la escrituración es un acto conclusivo del procedimiento de remate, además de que dicha formalización brinda certeza y seguridad jurídica al derecho constituido por la adjudicación del bien, incluso frente a terceros, al ser el perfeccionamiento del derecho real del adquirente y, por tanto, un requisito previo a poner al adjudicatario en posesión del bien inmueble rematado.

• De igual forma, consideró que el juzgador debe ceñirse a la letra de la ley, es decir, a su interpretación literal, por lo que la claridad en la redacción de los artículos 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), permite concluir que el legislador ordinario instituyó la escrituración del inmueble, previo a su entrega.

• Por tales razones, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito consideró que la tesis que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es la que dice:

"ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PARA QUE PUEDAN ENTREGARSE AL ADJUDICATARIO ES NECESARIA SU PREVIA ESCRITURACIÓN. El artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé la entrega inmediata de la posesión de un inmueble en dos supuestos específicos: 1) a la persona que corresponda derivado de una sentencia o determinación en la que así se ordena; y, 2) a la persona a cuyo favor se fincó el remate aprobado. En este último supuesto, para que pueda materializarse dicha entrega es menester que, acorde al análisis sistemático de los artículos 581, 589 y 590 del ordenamiento legal citado, una vez aprobado el remate y consignado el precio de la venta, y ante la contumacia de la parte vencida, el Juez firme la escritura respectiva, con el objeto de formalizar la adjudicación y entregar tanto el título de propiedad, como la posesión del inmueble. Lo anterior, porque acorde a la exposición de motivos relativa a la reforma al mencionado numeral 589, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de noviembre de 2007, el legislador sostuvo que la razón de dicha formalización atiende a que la firma de la escritura es un acto que no sólo atañe al cumplimiento de una obligación civil que un acreedor puede exigir, sino a una orden judicial, como parte conclusiva del procedimiento que se ejerce en vía de apremio y en la que el Juez hace efectiva su resolución soberana; de lo que se colige que esas disposiciones no generan duda de la intención del legislador y, por tanto, que la autoridad judicial esté obligada a su aplicación literal, es decir, conforme a la letra de la ley, como ordena el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(2)

11. B. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el amparo en revisión **********, del que es necesario conocer los antecedentes que se advierten del cuerpo de esa ejecutoria:

• El caso concreto es éste. ********** por conducto de su apoderado, como parte actora en el juicio natural, promovió juicio de amparo indirecto contra el auto que declaró infundado un recurso de revocación interpuesto en contra del diverso proveído que negó la entrega de la posesión material del inmueble adjudicado en ejecución de sentencia, hasta en tanto se exhibiera la escritura pública de adjudicación respectiva.

• El conocimiento de la demanda de amparo indirecto correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, (hoy Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan) bajo el número de expediente **********, que resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal.

• En contra de esa resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito quien, mediante sentencia dictada en sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

• El Órgano Colegiado sostuvo que el tema materia de la litis constitucional consistió en determinar, si en el procedimiento de remate en ejecución de sentencia existía prohibición en la ley para entregar la posesión del inmueble al adjudicatario, aun sin haberse otorgado la escritura pública correspondiente.

• Al analizar la pretensión de la recurrente, estimó que existe el derecho humano a la propiedad, el cual se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que dicha propiedad es un derecho real que conlleva otros derechos, como el de usar, disfrutar, conservar y disponer de un bien, con las únicas limitaciones y modalidades previstas en la ley.

• Consideró que la adjudicación por remate judicial, es el acto por el cual se declara que la propiedad de un bien o un conjunto de bienes pasa al patrimonio del adjudicatario, al transmitirse mediante ese acto formal y materialmente la propiedad de un bien en favor del adjudicatario y tiene la naturaleza de una venta forzosa.

• Observó que del artículo 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco no se desprende una prohibición expresa de entregar el bien inmueble adjudicado si no se cuenta con la escritura de propiedad correspondiente; en todo caso, sólo se prevé un orden secuencial de cómo se presentan los eventos dentro de un procedimiento de remate, en la lógica de la cronología en que se dan, conforme al diseño legislativo.

• Destacó que la venta judicial del inmueble embargado se perfeccionó al causar estado la resolución aprobatoria del procedimiento de remate, por lo que, desde ese momento, la propiedad y el dominio del bien inmueble se consolida a favor del adjudicatario ya que, a partir de ese instante, el deudor pierde la propiedad, por lo que no cuenta más con la prerrogativa de seguir disfrutando de su posesión; ya que este derecho pasó al ejecutante, con independencia de que se haya otorgado o no a su favor la escritura pública correspondiente.

• El Órgano Colegiado enfatizó que, al aprobarse el procedimiento de remate y adjudicación del bien subastado, una vez consignado el precio, no existe impedimento legal para que se requiera al ejecutado el otorgamiento de la escritura de adjudicación y, al mismo tiempo, se provea la entrega del bien rematado al ejecutante o adjudicatario, al bastar la declaración judicial de mérito para ejecutar dicha orden, ya que, en su caso, la falta de escrituración y registro sólo puede perjudicar al adjudicatario; porque su efecto sólo es declarativo y no constitutivo.

• Sobre esas bases sostuvo, que si en la sentencia que ordenó sacar a remate el inmueble hipotecado y en el procedimiento de remate se estableció que debía otorgarse la escritura de adjudicación respectiva y después proceder a la entrega del bien por parte del deudor, se debía hacer una interpretación conforme en sentido estricto, para reconocer el derecho de propiedad a favor del nuevo titular y que la publicidad del mismo, sólo puede beneficiar o perjudicar al nuevo dueño, pero no hace que los efectos jurídicos de la adjudicación queden en suspenso para el ejecutante, hasta en tanto se expida la escritura pública que formalice la adjudicación respectiva; de modo que, si el demandado no lleva a cabo la protocolización o ésta no culmina en su inscripción, tal situación no constituye obstáculo para que no pueda ejecutarse la sentencia en su integridad, precisamente con la entrega del bien.

• Finalmente consideró que la tesis, de rubro: "ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PARA QUE PUEDAN ENTREGARSE AL ADJUDICATARIO ES NECESARIA SU PREVIA ESCRITURACIÓN." no le resultaba obligatoria, ya que dicho criterio surgió de la contradicción de criterios resuelta por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito; por ello, únicamente es obligatoria a los tribunales de esa jurisdicción, ubicados en la Ciudad de México; aunado a ser un criterio que, por una interpretación pro persona, no compartía.

• Con base en los razonamientos anteriores, el Tribunal Colegiado emitió la tesis III.2o.C.96 C,(3) de rubro y texto siguientes:

"REMATE. NO EXISTE PROHIBICIÓN LEGAL DE ENTREGAR EL BIEN INMUEBLE ADJUDICADO EN EL JUICIO, PREVIAMENTE A LA EXPEDICIÓN DE LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De la interpretación conforme en sentido estricto de los artículos 574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en concordancia con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la conceptualización del derecho fundamental de propiedad, se colige que no existe prohibición legal de entregar el bien inmueble adjudicado en juicio, previamente a la expedición de la escritura de propiedad correspondiente; por cuanto que, en dichos numerales, sólo se prevé el orden secuencial de los autos propios de un procedimiento de remate, en la lógica de la cronología en que se dan conforme al diseño legislativo. Empero, de dicha circunstancia, no es factible extraer un criterio de restricción al ejercicio del derecho fundamental de la propiedad, antes bien, ello permite buscar el real sentido de la norma mediante los métodos que la hermenéutica jurídica autoriza. La conclusión anterior tiene, además, su fundamento en que la propiedad y el dominio del bien inmueble se consolidan a favor del ejecutante y sale del patrimonio del deudor, precisamente, merced a la adjudicación firme de éste en favor del primero; por tanto, el anterior dueño pierde su derecho de propiedad y no cuenta más con la prerrogativa de seguir disfrutando de su posesión, ya que este derecho pasó al ejecutante, con independencia de que se haya otorgado o no a su favor la escritura pública correspondiente, por ende, se considera que si el ejecutante ya tiene la propiedad del inmueble por efecto de la declaratoria judicial, la entrega del bien no puede condicionarse a que esté formalizada por escritura pública, ante notario público, porque su efecto sólo es declarativo y no constitutivo, pues ese carácter lo tiene la decisión judicial de adjudicación firme, de modo que, imponerle el precisado requisito al derecho de posesión contenido como uno de los atributos de la propiedad, tendría como consecuencia natural, desconocer los efectos legales que produce la adjudicación judicial y así afectar un derecho legítimo y fundamental del ejecutante; de lo que se concluye, que no existe razón para negarle al nuevo dueño el disfrute pleno del derecho recién adquirido con todos los atributos que le son propios, entre ellos, el de posesión."

12. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. A continuación, es necesario determinar si en el presente caso existe contradicción de criterios.

13. Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso sí se actualiza una contradicción de criterios entre el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, respecto a si resulta necesaria la previa escrituración para poder entregar al adjudicatario la posesión del bien inmueble que adquirió mediante remate judicial en ejecución de sentencia o si existe alguna prohibición legal para efectuar dicha entrega.

14. Antes de pasar a explicar las razones para corroborar la existencia de la contradicción, como cuestión previa, es importante señalar que, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales.

15. Lo anterior, porque esta Primera Sala estima que, por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales, a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(4) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

16. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados, en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.

17. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que, para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(6)

19. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se cumplieron los tres requisitos para la existencia de la contradicción. En primer lugar, los órganos colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para decidir, si era necesaria la previa escrituración para poder entregar al adjudicatario la posesión del bien inmueble que adquirió mediante remate judicial.

20. En cuanto al segundo requisito, de un análisis a las ejecutorias remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes abordaron una misma temática, bajo los mismos elementos, con tramos discrepantes de razonamientos jurídicos.

21. Por un lado, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que la escrituración es un acto conclusivo en el procedimiento de remate, al constituir el perfeccionamiento del derecho real del adquirente y, por tanto, un requisito previo a poner al adjudicatario en posesión del bien inmueble rematado; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en esencia, sostuvo lo contrario, al establecer que la venta judicial de un inmueble embargado se perfecciona al causar estado la resolución aprobatoria del procedimiento de remate una vez consignado el precio, por lo que desde ese momento la propiedad y el dominio del bien inmueble se consolida a favor del adjudicatario y el deudor pierde la propiedad del mismo, de manera que ya no tiene derecho a seguir disfrutando de su posesión, con independencia de que se haya otorgado o no la escritura pública de adjudicación.

22. De las ejecutorias en contienda se acreditan los diferendos interpretativos entre lo resuelto por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito y lo fallado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en tanto el Pleno denunciante estimó necesaria la previa escrituración del bien inmueble adjudicado, para que pudiera entregarse la posesión de dicho bien al adjudicatario, mientras que el tribunal denunciado consideró que no existe prohibición legal de entregar el bien inmueble al adjudicatario, previamente a la expedición de la escritura correspondiente.

23. Por tanto, esta Primera Sala concluye que los órganos colegiados se contradicen en el criterio interpretativo sostenido, en cuanto al contenido de los preceptos de la legislación adjetiva civil que regulan la formalización de la adjudicación en fase conclusiva del procedimiento de remate y la entrega de los bienes rematados, lo cual actualiza la necesidad de unificación de criterios, a fin de evitar la incertidumbre jurídica respecto a ese punto específico, emanado de los procedimientos de remate.

24. De suerte, que esta Primera Sala concluye que se verifica el tercer requisito necesario para la existencia de contradicción, pues los órganos mencionados se pronunciaron de manera contradictoria respecto de una misma hipótesis jurídica, lo que evidencia la existencia de la contradicción de criterios.

25. Además, del análisis efectuado en los asuntos materia de la contradicción, se desprende similitud en las disposiciones contenidas en los códigos procesales respectivos,(7) donde consta que los órganos examinaron, sustancialmente, la misma problemática, aunque arribaron a conclusiones distintas para solucionar el problema jurídico; incluso adoptaron posiciones jurídicas disímiles sobre la entrega de la posesión del bien adjudicado en etapa de ejecución de sentencia, cuando no se encuentra protocolizada la escritura de adjudicación por remate judicial y, para arribar a su conclusión, acudieron a lo previsto en los artículos 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), cuyo contenido es análogo a los numerales 574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco.

26. Aun cuando las normas aplicadas por los órganos contendientes en cada caso es distinta, porque pertenecen a entidades federativas diversas, ello no constituye un obstáculo para la existencia de la contradicción de tesis, pues en el tema que nos ocupa las legislaciones en cuestión son esencialmente coincidentes, tal como se demuestra con el cuadro comparativo que se reproduce:

Ver cuadro comparativo

27. Por lo anterior se actualiza la procedencia de la contradicción y, al existir un punto de contacto entre los tramos de razonamiento, da lugar a la formulación de la siguiente pregunta, para conformar el punto de la presente contradicción de tesis: Cuando no se ha formalizado la escritura pública de adjudicación, derivada de un remate judicial, cuyo precio se encuentra cubierto ¿Se puede hacer entrega al adjudicatario de la posesión del inmueble rematado o es necesaria la previa escrituración para que proceda dicha entrega?

28. QUINTO.—Determinación del criterio a prevalecer. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, conforme los siguientes razonamientos:

29. Para dar respuesta a la presente contradicción de tesis conviene, en primer lugar, hacer una breve referencia a las ventas judiciales, y en segundo lugar, el momento a partir del que se traslada la propiedad al adjudicatario.

A. Remate o venta judicial

30. Las disposiciones que regulan el procedimiento de remate en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28856-73924837/remate-judicial-la-escritura-publica-de-adjudicacion-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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