ESCRITURACIÓN DEL BIEN INMUEBLE REMATADO. EL AUTO QUE LA ORDENA ES IRRECURRIBLE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE ABRIL DE 2019. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO (VOTO CONCURRENTE), JOSÉ LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, ELISEO PUGA CERVANTES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁZQUEZ (VOTO CONCURRENTE), ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO (VOTO CONCURRENTE), MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO (VOTO CONCURRENTE), FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. DISIDENTES: MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO (VOTO PARTICULAR) Y JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN. PONENTE: JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ. SECRETARIA: LETICIA RAMÍREZ VARELA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que se formuló por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien se encuentra facultado para tal efecto, en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Posturas contendientes.
I. Criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Lo emitió al resolver el amparo en revisión 296/2018-13, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de sus integrantes.
Antecedentes procesales.
Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, ********** promovió juicio de amparo indirecto contra el acto del Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, consistente en el auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio especial hipotecario, radicado en el expediente 1611/2008, mediante el cual dicho juzgador, en el procedimiento de remate tramitado en el juicio natural, ordenó la elaboración de la escritura de adjudicación por remate del inmueble hipotecado y, para tal efecto ordenó poner a disposición del notario público ********** de esta Ciudad de México los autos del juicio de origen. Asimismo, la quejosa reclamó violaciones al procedimiento de remate, entre las cuales señaló la sentencia emitida por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual se confirmó la interlocutoria que aprobó el remate en primera almoneda y adjudicó al postor el inmueble respectivo.
El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien conoció del juicio constitucional, en sentencia dictada el dos de mayo de dos mil dieciocho consideró que en ese asunto no se actualizó alguna causal de improcedencia del juicio amparo, por lo que entró al análisis de fondo y resolvió negar la protección de la Justicia Federal solicitada.
La quejosa combatió ese fallo mediante el recurso de revisión, del cual fue resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo en revisión mencionado, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
Decisión del Tribunal Colegiado.
El órgano revisor determinó que con relación al auto reclamado emitido el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho que ordenó escriturar el inmueble rematado –el cual constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución contra la que procede el amparo indirecto– se surtió la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al inobservar la quejosa el principio de definitividad, en virtud de que en contra del referido auto era procedente el recurso de apelación, según lo dispuesto en el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable para la Ciudad de México, vigente en el año dos mil ocho, en relación con el artículo 714 del mismo ordenamiento legal.
Los fundamentos y los razonamientos emitidos por el Tribunal Colegiado de Circuito se reproducen a continuación:
"CUARTO.—Resulta innecesario analizar el fallo recurrido, así como los agravios que en su contra vierte la parte recurrente, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que respecto al auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo –cumplimiento al principio de definitividad–, y respecto a las resoluciones reclamadas a la Sala responsable, se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, esta última aplicada en sentido contrario, que en términos de lo dispuesto por el artículo 93, fracciones I y III, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, ambos del mismo ordenamiento legal, obligan a revocar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, en atención a los motivos siguientes:
"Respecto al proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, debe decirse que los artículos (sic) 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo establecen:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. ...’
"Los preceptos transcritos prevén que tratándose de actos en ejecución de sentencia el juicio constitucional únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por aquélla la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y que en esa demanda de amparo podrán alegarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa al quejoso y que trasciendan a su resultado.
"Por otra parte, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en la página 6, Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, alude a algunos supuestos de excepción a dicha regla, es decir, que existan actos emitidos en ejecución de sentencia en contra de los cuales sí resulte procedente el amparo indirecto, entre otros, cuando el acto reclamado afecte derechos sustantivos de manera material y en forma irreparable, siempre que sean ajenos a la cosa juzgada, la que es del tenor siguiente:
"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.—La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.’
"De lo anterior puede concluirse que a través del juicio de amparo indirecto, en ejecución de sentencia, sólo pueden reclamarse los actos siguientes:
"a) Contra el último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquella en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), y tratándose de remates, contra la resolución que ordene la escritura correspondiente y la entrega de los bienes rematados (regla general); y,
"b) Cuando el acto reclamado ocasione una afectación inmediata a los derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural (regla de excepción).
"En el caso, la quejosa reclamó como actos destacados los siguientes:
"1. La resolución de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca 589/2017-01, por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la determinación que aprobó el remate en primera almoneda, se adjudicó al postor ********** y se le previno para que consignara ante el juzgado a través de billete de depósito la cantidad restante del precio por el que se aprobó el remate, según se advierte de la transcripción siguiente:
"‘PRIMERO.—Se aprueba el remate en primera almoneda y se adjudica al postor **********, el inmueble identificado como casa o departamento ********** (o dos), **********, del conjunto en condominio ********** marcado con el número ********** de la calle ********** y terreno en que está construido, que es el lote ********** de la manzana **********, **********, también conocida como lote **********, de la manzana **********, del fraccionamiento **********, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, con las superficies y linderos que obran en autos, en la cantidad de $345,050.00 (trescientos cuarenta y cinco mil cincuenta pesos 00/100 M.N.).
"‘SEGUNDO.—Se previene a **********, para que dentro del término de tres días contados a partir de que sea legalmente ejecutable esta sentencia, consigne a este juzgado, a través de billete de depósito, la cantidad restante del precio por el que se aprobó el remate, esto es $295,050.00 (doscientos noventa y cinco mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), apercibido que de no hacerlo, perderá el depósito realizado, el cual se aplicará por la vía de indemnización, por partes iguales, al ejecutante y a la ejecutada, dejando de tener efecto la venta y se procederá a una nueva subasta.’
"2. La resolución de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca 589/2017-02, dictada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que confirmó la determinación del a quo de no admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por la hoy inconforme; y,
"3. El auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, que es del tenor literal siguiente:
"‘Ciudad de México, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.
"‘Agréguese a su expediente número 1611/2008 el escrito presentado por el adjudicatario, se le tiene designando al notario público número ********** de la Ciudad de México, a fin de que elabore la escritura de adjudicación por remate sobre el inmueble hipotecado, por lo que póngase a disposición de dicho fedatario los autos y documentos, previa razón que se deje por persona autorizada para tal efecto, debiendo informar a este juzgado que se encuentra elaborada la escritura, a fin de proceder a notificar a la demandada para que comparezca a la notaría referida a otorgar y firmar dicha escritura.’
"Ahora bien, de los anteriores actos reclamados se advierte, que el identificado con el número 3, es el último dictado en la etapa de ejecución de sentencia, en tanto ordena la escritura correspondiente (se tuvo al adjudicatario designando al notario público número ********** de la Ciudad de México, a fin de que elabore la escritura de adjudicación por remate sobre el inmueble hipotecado).
"De ahí que el auto de veinticuatro de noviembre (sic) de dos mil dieciocho, es la última resolución dictada en la etapa de ejecución, contra el que procede el amparo indirecto.
"Sin embargo, la quejosa no observó el principio de definitividad previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que contra el referido auto era procedente el recurso ordinario de apelación, según lo dispuesto en el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), vigente en dos mil ocho, que en su parte conducente disponía: ‘... Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva.’, en relación con el artículo 714 que establecía: ‘La apelación interpuesta en los juicios sumarios y especiales contra sentencia definitiva o cualquier otra determinación, sólo procederá en el efecto devolutivo.’
"Lo anterior se sostiene, porque si bien reclamó como suerte principal de $197,424.08 (ciento noventa y siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 08/100 M.N.), es decir, una cantidad inferior a la que señala el artículo 691 del actual Código de Procedimientos Civiles, lo cierto es que la demanda inicial se admitió el siete de enero de dos mil nueve, por lo que no resultaron aplicables las reformas a dicho artículo publicadas el diez de septiembre de dos mil nueve, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (que hacía improcedente la apelación cuando el monto del juicio fuera inferior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos, por concepto de suerte principal), de conformidad con el artículo tercero transitorio del citado decreto.
"Lo anterior se corrobora porque, en el momento procesal oportuno, la misma quejosa apeló la resolución interlocutoria que aprobó el remate en primera almoneda y el auto que desechó el incidente de nulidad.
"Entonces, resulta evidente que contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, procedía recurso de apelación, a efecto de observar el principio de definitividad antes de presentar el juicio de amparo indirecto en su contra; de ahí que resulte improcedente el amparo indirecto contra dicho auto y procede revocar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la quejosa no agotó el principio definitividad contra dicho auto.
"Ahora bien, respecto a las resoluciones de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictadas en los tocas 589/2017-01 y 589/2017-02, por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, en virtud de que no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución, en tanto no ordenan la escritura correspondiente, o bien, la entrega de los bienes rematados.
"En consecuencia, con fundamento en el artículo 91, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, conforme lo permite el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo."
II. Criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Recayó a la queja civil 140/2018, resuelta el primero de junio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de sus integrantes.
Antecedentes procesales.
El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la resolución dictada por el Juez Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, el cuatro de abril de dos mil dieciocho, en el juicio especial hipotecario 668/1997, mediante la cual ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación del inmueble rematado.
Esa demanda fue turnada al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, en el expediente 459/2018-IV, resolvió desechar la demanda, al considerar que resultó improcedente de conformidad con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque en contra del acuerdo reclamado el peticionario debió agotar el recurso de apelación previsto en los artículos 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable para la Ciudad de México.
El desechamiento de la demanda de amparo fue combatido a través del recurso de queja, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió declarar fundada la queja.
Decisión del Tribunal Colegiado.
El órgano colegiado resolvió que el auto que ordena la escrituración del bien inmueble rematado es irrecurrible, de conformidad con el último párrafo del artículo 580 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable para la Ciudad de México, según la regla especial prevista en esa disposición para el caso del remate y, que por ello resultaban inaplicables las reglas generales de procedencia del recurso de apelación establecidas en los artículos 689, 691 y 692 de la legislación mencionada.
Las consideraciones vertidas por el citado órgano se reproducen a continuación:
"Irrecurribilidad del auto que ordena la escrituración del inmueble rematado.
"El acto reclamado fundamentalmente en la demanda de amparo es el auto que ordena la escrituración del inmueble rematado, la cual debe llevar a efecto el notario indicado en la propia resolución.
"Sobre la base de la interpretación de los artículos 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, la demanda de amparo fue desechada, al considerar el Juez de Distrito, que de manera manifiesta e indudable, se actualiza en el caso la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionario omitió interponer el recurso de apelación en contra de dicha resolución reclamada, antes de promover el juicio de amparo.
"El promovente de la queja aduce esencialmente, la irrecurribilidad del auto que ordena la escrituración del inmueble rematado.
"Lo aducido al respecto es sustancialmente fundado.
"En materia de recursos, la regla general del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad es que todas las determinaciones son recurribles, salvo que la ley prevea expresamente su irrecurribilidad.
"Argumento sedes materiae.
"Al seguirse las ideas de Giovanni Tarello,(1) cabe considerar, que interpretar la ley es atribuir de significado a un enunciado normativo.
"Según Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, el argumento sedes materiae es aquel por medio del cual, la atribución o justificación del significado de un enunciado se realiza a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo del que forma parte, ya que se piensa, según el autor, que la localización topográfica proporciona información sobre su contenido por ser fruto de un plan del legislador y, por tanto, manifiesta su voluntad.(2)
"Sobre estas bases, cabe destacar que en el título séptimo, capítulo V, ‘De la vía de apremio’, del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad se empieza por regular la ejecución de las sentencias. Una de las instituciones comprendidas en ese capítulo es el remate. Específicamente, el remate se encuentra reglamentado en la sección tercera del citado capítulo que comienza desde el artículo 564.
"En este asunto, el acto reclamado se relaciona con un remate, precisamente en la ejecución de la resolución que aprobó la referida venta judicial, por lo que se rige por lo previsto en la sección tercera citada.
"En esa sección tercera hay disposiciones especiales respecto a los recursos.
"Así, el artículo 580 dispone que:
"a) La resolución que apruebe o desapruebe el remate será apelable en ambos efectos.
"b) No procede recurso alguno en contra de las resoluciones que se dicten durante el procedimiento de remate.
"Como se ve, en el procedimiento de remate la regla general es la irrecurribilidad; la excepción es la resolución que aprueba o desaprueba el remate, que es en donde se decide sobre la validez del procedimiento de venta judicial. En contra de dicha resolución procede el recurso de apelación en ambos efectos.
"Se entiende que esa regla general tiene el propósito de que no se entorpezca el curso del procedimiento con las interrupciones generadas por los medios de impugnación y que, por tanto, se produzcan cuanto antes los efectos de la venta judicial tanto en provecho de las partes, como del adjudicatario que haya resultado beneficiado en la subasta. Esto se logra cuando en el menor tiempo posible se realiza el remate con todos los efectos a que se refieren los artículos 581, 589 y 590 del ordenamiento citado, entre los cuales se encuentra, la escrituración del bien inmueble rematado.
"En conformidad con el artículo 581 del código citado, al declarar aprobado el remate, el Juez mandará dentro de los tres días siguientes, que:
"I. Se otorgue la escritura de adjudicación correspondiente a favor del comprador, en los términos de su postura.
"II. Se le entreguen los bienes rematados.
"De esta manera, este Tribunal Colegiado estima que estos actos forman parte del propio procedimiento de remate, porque a través de ellos, se hace efectivo lo decidido en la resolución que aprueba el remate.
"El último párrafo del artículo 580 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad utiliza la palabra ‘durante’, la cual debe asumirse en la acepción de uso ordinario, como lo refiere Tarello.(3) Según el Diccionario de la Lengua Española, ‘durante’, denota simultaneidad; por lo que, como el procedimiento de remate implica también que se haga efectivo lo decidido en la resolución que aprueba el remate; las resoluciones que se dicten con posterioridad a la resolución mencionada son irrecurribles, en tanto que, acontecen en el procedimiento de remate.
"Se continúa con la regulación de esa realización o ejecución de la resolución que aprueba el remate en los artículos 589 y 590 del código procesal invocado, al prevenir, que consignado el precio de la venta judicial, el Juez firmará la escritura en que se formalice la adjudicación fincada en favor del adquirente ante el notario que éste designe y, otorgada la escritura, se darán al comprador los títulos de propiedad, apremiando al deudor, para que los entregue.
"De esta manera se tiene que las resoluciones dictadas durante el procedimiento de remate a que se refiere el artículo 580 referido, comprenden desde el inicio del procedimiento de remate hasta la ejecución plena del auto aprobatorio.
"En conformidad con lo expuesto, el auto que ordena la escrituración del inmueble rematado, sí forma parte del procedimiento de remate y, por tanto, rige la regla general de irrecurribilidad prevista en el artículo 580 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad.
"No son aplicables las reglas generales de procedencia del recurso de apelación (artículos 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad invocadas en el acuerdo recurrido), porque, como ya se sostuvo, hay reglas específicas para el caso del remate, a las cuales ya se hizo referencia.
"De ahí que, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, al aplicar el principio general de derecho conforme al cual, las normas particulares tienen preeminencia sobre las generales, se llega a la conclusión de que con fundamento en las reglas particulares sobre recurribilidad, que rigen en el procedimiento específico de remate, el auto que ordena la escrituración del bien inmueble rematado es irrecurrible.
"En resumen:
"El fundamento sobre la irrecurribilidad de la resolución que ordena la escrituración del bien inmueble rematado se encuentra en el último párrafo del artículo 580 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México, que prevé la regla general de que contra las resoluciones que se dicten durante el procedimiento de remate, no procede recurso alguno y que la excepción la constituye, la resolución que apruebe o desapruebe el remate, la cual es apelable en ambos efectos.
"Se entiende que esa regla general tiene el propósito de que no se entorpezca el curso del procedimiento con las interrupciones generadas por los medios de impugnación y que, por tanto, se produzcan cuanto antes los efectos de la venta judicial tanto en provecho de las partes, como del adjudicatario que haya resultado beneficiado en la subasta. Esto se logra cuando en el menor tiempo posible se realiza el remate con todos los efectos a que se refieren los artículos 581, 589 y 590 del ordenamiento citado, entre los cuales se encuentra, la escrituración del bien inmueble rematado.
"De ahí que, a la expresión ‘durante’, contenida en el último párrafo del invocado precepto 580, debe atribuírsele el significado que comprende no sólo la parte del procedimiento que llega a la resolución que, en su caso, aprueba el remate, sino hasta que se ejecutan y completan las consecuencias generadas por esa decisión, sin que haya lugar a tomar en cuenta las disposiciones genéricas que regulan a la apelación, previstas en la ley procesal mencionada, porque en conformidad con el argumento sedes materiae cabe destacar, que en el título séptimo, capítulo V, ‘De la vía de apremio’, del cuerpo de leyes indicado, se empieza por regular la ejecución de las sentencias. Una de las instituciones integrantes de ese capítulo es el remate, cuya reglamentación se halla en la sección tercera del capítulo señalado.
"Por consiguiente, queda claro que hay un procedimiento específico para el procedimiento de remate con reglas singulares que rigen el tema de medios de impugnación, lo que es importante, porque al aplicar el principio general de derecho según el cual, las normas especiales tiene preeminencia sobre las generales, se arriba a la conclusión de que con sustento en las reglas particulares sobre recursos que rigen en el procedimiento específico de remate, el auto que ordena la escrituración del bien inmueble rematado es irrecurrible.
"No constituye obstáculo que el recurrente haya invocado el artículo 527 del código citado porque, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional debe corregir la cita errónea de preceptos legales, y a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, podrá examinar en su conjunto los agravios.
"Consecuentemente, se declara fundado el recurso de queja."
Ese fallo dio lugar a la tesis I.4o.C.67 C (10a.), «publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Tomo II, julio de 2018, página 1491» registro digital: 2017427, cuyo tenor es el siguiente:
"ESCRITURACIÓN DEL BIEN INMUEBLE REMATADO. EL AUTO QUE LA ORDENA ES IRRECURRIBLE. El fundamento sobre la irrecurribilidad de tal resolución se encuentra en el último párrafo del artículo 580 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México, que prevé la regla general de que contra las resoluciones que se dicten durante el procedimiento de remate, no procede recurso alguno y que la excepción la constituye, la resolución que apruebe o desapruebe el remate, la cual es apelable en ambos efectos. Se entiende que esa regla general tiene el propósito de que no se entorpezca el curso del procedimiento con las interrupciones generadas por los medios de impugnación y que, por tanto, se produzcan cuanto antes los efectos de la venta judicial tanto en provecho de las partes, como del adjudicatario que haya resultado beneficiado en la subasta. Esto se logra cuando en el menor tiempo posible se realiza el remate con todos los efectos a que se refieren los artículos 581, 589 y 590 del ordenamiento citado, entre los cuales se encuentra, la escrituración del bien inmueble rematado. De ahí que a la expresión ‘durante’, contenida en el último párrafo del invocado precepto 580, debe atribuírsele el significado que comprende no sólo la parte del procedimiento que llega a la resolución que, en su caso, aprueba el remate, sino hasta que se ejecutan y completan las consecuencias generadas por esa decisión, sin que haya lugar a tomar en cuenta las disposiciones genéricas que regulan a la apelación, previstas en la ley procesal mencionada, porque en conformidad con el argumento sedes materiae cabe destacar, que en el título séptimo, capítulo V, ‘De la vía de apremio’, del cuerpo de leyes indicado, se empieza por regular la ejecución de las sentencias. Una de las instituciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28640-7918fc65/escrituracion-del-bien-inmueble-rematado-el-auto-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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