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Modo: Corpus Pro

CITATORIO PREVIO A LA DILIGENCIA DE EMBARGO, REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES INNECESARIO QUE LO FIRME LA PERSONA, DISTINTA AL DEMANDADO, CON QUIEN SE DEJA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 416/2014. · Registro digital (IUS): 27918
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTIL
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Pág. 762.

CITATORIO PREVIO A LA DILIGENCIA DE EMBARGO, REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES INNECESARIO QUE LO FIRME LA PERSONA, DISTINTA AL DEMANDADO, CON QUIEN SE DEJA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 416/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 24 DE MAYO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. AUSENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.

II. Competencia

5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil de distintos Circuitos, en la cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Legitimación

6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en los términos dispuestos por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la hacen valer los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

IV. Cuestiones necesarias para resolver el asunto

7. Antes de determinar la existencia de la contradicción denunciada, se hace necesario hacer una breve comparación de los hechos que motivaron los criterios que se estiman en contradicción.

IV.1. Ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 276/2014.

8. El diez de diciembre de dos mil trece, ********** y **********, de apellidos **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos, entre otros, del secretario ejecutor y notificador adscritos al Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de la entidad, consistente en la diligencia a través de la cual se practicó la diligencia de emplazamiento respecto al juicio sumario hipotecario 308/2012.

9. Del asunto correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el cual, en sentencia autorizada el veinticinco de junio de dos mil catorce, negó el amparo solicitado –en lo que interesa– con base en las consideraciones siguientes:

a) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en: i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) la oportunidad de alegar; y, iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Con base en lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, al originar la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio.

b) La importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que las leyes procesales lo regulan detalladamente al establecer las formalidades de que debe estar investido y, por otro lado, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; pues debe garantizarse, hasta donde sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio entablado en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá oportunidad de defenderse.

c) No obstante, en el caso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/94, señaló que el emplazamiento a juicio constituye una diligencia que, por su naturaleza, puede calificarse como el acto procesal más importante dentro del procedimiento que lo rige, de tal manera que la falta de aquél o de su realización en forma contraria da lugar a una de las violaciones procesales de gran relevancia, ya que no permite al demandado defenderse adecuadamente.

En efecto, el emplazamiento o primera citación a juicio tiene la finalidad primordial de que la parte demandada tenga pleno conocimiento de la demanda que se endereza en su contra, para que esté en posibilidades de oponer sus defensas y excepciones que tuviera que hacer valer en contra de las prestaciones que se demandan por su contraparte; asimismo, esté en aptitud de probar sus defensas a través de los medios de convicción que la propia ley le conceda. Por estas razones, debe estimarse que el emplazamiento es una cuestión de orden pública y, por tanto, los Jueces están obligados a investigar de oficio, si se efectuó o no y si se llevó a cabo, cómo fue que se observaron las leyes de la materia.

d) En el caso, es necesario establecer cuál es la legislación aplicable al caso concreto, y en atención al artículo único transitorio del Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil ocho que reformó, entre otros, el artículo 1054 del Código de Comercio; en dicho numeral transitorio se establece que dicho decreto entró en vigor a los noventa días siguientes a los de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de esa reforma, se tramitarían con las reglas anteriores a la misma.

En el caso concreto, el acto reclamado corresponde a las diligencias de emplazamiento derivadas de un juicio mercantil ejecutivo, cuya demanda se admitió el trece de septiembre de dos mil diez, de manera que la legislación comercial aplicable al caso, en que se dilucida respecto de una cuestión relativa a una diligencia de emplazamiento, lo es, la posterior a la reforma de diecisiete de abril de dos mil ocho.

e) Luego, atento a que en el ordenamiento comercial señalado no se establecen las formalidades que deberán respetarse al momento de practicarse el emplazamiento, debe acudirse al contenido del artículo 1054 del Código de Comercio, posterior a la reforma de diecisiete de abril de dos mil ocho, el cual instituye que en caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule la institución cuya suplencia se requiera, la ley del procedimiento local respectiva.

En orden con lo anterior, los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio disponen que no encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos y que dicha diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior, de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor.

A continuación, se emplazará al demandado y, en todos los casos, se le entregará cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de la demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio.

f) En el caso concreto, la norma supletoria es el Código Federal de Procedimientos Civiles cuyos artículos 309, 310, 311, 312 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles (sic), cuyo contenido establece las reglas genéricas que deben observarse al llevar a cabo un emplazamiento, a saber: i) que el emplazamiento del demandado a juicio debe practicarse en forma personal en el lugar designado para tal efecto; ii) que al momento de practicar la notificación, el actuario deberá dejar copia íntegra de la resolución que notifica; iii) que el notificador tiene la obligación de cerciorarse por cualquier medio de que la persona de que se trata vive en el lugar designado y tomará razón pormenorizada en los autos; iv) que al tratarse de una notificación de la demanda, si en la primera búsqueda no se encuentra a quien deba notificarse, se le dejará citatorio para que espere en la casa designada a la hora fija del día siguiente y, si no espera, se le notificará por instructivo, para lo cual se le entregarán las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo; y, v) que las notificaciones deben estar firmadas por las personas que las hacen y a quien se hacen, y en caso de que no lo supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador y hará constar esa situación.

g) En el caso, las diligencias de emplazamiento practicadas por el secretario ejecutor satisfacen los requisitos de validez impuestos por el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al numeral 1054 del Código de Comercio, pues observaron las exigencias formales de los preceptos aplicables al caso.

h) Del estudio a las constancias relacionadas se advierte que el emplazamiento al juicio mercantil que se tilda de ilegal contiene datos suficientes que permitieron a los ahora quejosos tener pleno conocimiento del juicio instaurado en su contra, pues, en relación con el codemandado **********, el funcionario que efectuó el llamamiento a juicio de forma personal, lo identificó a través de la credencial de elector que es el documento oficial de identificación y suficiente para tener colmados los requisitos exigidos por los numerales antes transcritos que establecen, entre otros, que en toda diligencia se asentará la forma en que se identifica a la persona con quien se entiende la diligencia, particularmente, a través de documento oficial, lo que en el caso fue cumplido al plasmarse en el acta de emplazamiento los datos que se desprenden de la credencial de elector correspondiente, con la cual se identificó el demandado ante el funcionario público que practicó dicha diligencia.

i) Con base en la jurisprudencia 1a./J. 55/98, de la Primera Sala: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", y otros criterios de Tribunales Colegiados de Circuito.

j) Del análisis de las actas de emplazamiento, de la demanda y del auto admisorio firmadas por el codemandado, se deduce que los quejosos tuvieron conocimiento en forma plena de la existencia del juicio incoado en su contra y tuvieron a la vista información suficiente para defender sus derechos; pues el funcionario judicial que practicó la diligencia de emplazamiento al demandado asentó en el acta respectiva que entendió la diligencia con el codemandado, le requirió el pago de las prestaciones reclamadas, al no hacerlo le previno para que señalara bienes de su propiedad en qué trabar la ejecución y suficientes para garantizar lo reclamado, tampoco lo hizo y la parte actora señaló la finca en que se realizaba la diligencia. Acto seguido, emplazó a juicio al demandado y se levantó acta con las firmas de los intervinientes que quisieron, pudieron y supieron hacerlo.

De igual manera, el acta de emplazamiento realizada a la codemandada se llevó a cabo con su hermano (codemandado) en los mismos términos.

Con base en lo anterior, el acta de emplazamiento, el acuerdo que admitió la demanda de origen y el escrito de demanda con los que se corrió traslado a los codemandados se advierte que contaban con el nombre del servidor público que dictó la resolución, el tipo de juicio en que se actuó y las prestaciones reclamadas, la fecha y hora en que se llevó a cabo el emplazamiento, lugar en que se realizó la diligencia, el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia, la firma de la persona que practicó el emplazamiento y las razones por las que la persona que recibió tales copias decidió firmar directamente en el expediente; así como el plazo para contestar la demanda.

k) En las relatadas condiciones, aun cuando no se hizo constar en las actas respectivas el número de expediente que corresponde al juicio al que fueron emplazados los demandados, la omisión no les causa un perjuicio que les prive de la posibilidad de conocer la existencia del juicio instaurado en su contra y de la oportunidad para que se apersonaran a la contienda a oponer excepciones y defensas, ofrecer y desahogar pruebas, así como realizar todos los actos conducentes en beneficio de sus intereses. Al respecto, resulta aplicable la tesis «1a./J. 58/2011» de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL O CÉDULA SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A NOTIFICAR."

l) Finalmente, en relación con la omisión del funcionario que practicó la diligencia de exponer la razón por la que los ahora quejosos no firmaron el citatorio respectivo, en términos de lo previsto por el arábigo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, debe decirse que tal formalidad no se encuentra prevista para la diligencia, por tanto, la firma estampada por el secretario ejecutor se estima suficiente para tener por cumplido el requisito contemplado en el artículo 54 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; en tanto tal omisión no es causa suficiente para considerar que se privó a los disidentes de la posibilidad de conocer la existencia del juicio instaurado en su contra y de la oportunidad para que se apersonaran a la contienda a oponer excepciones y defensas, ofrecer y desahogar pruebas y demás actos.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL O CÉDULA SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A NOTIFICAR."

10. Inconformes, los quejosos interpusieron recurso de revisión del que conoció el citado colegiado, manifestando, en esencia, que era ilegal el emplazamiento al juicio de origen, en virtud de que respecto de dicha diligencia únicamente se plasmó la firma del demandado **********, cuanto también es parte la reo **********, por lo que al haberse entendido ambos llamamientos a juicio con el primero de los mencionados, éste debió firmar dos veces para que resultara válido dicho emplazamiento; así como debió circunstanciarse la razón por la cual ********** no firmó el citatorio de diez de octubre de dos mil diez.

11. A juicio del órgano colegiado, el cual emitió resolución mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil catorce, en el sentido confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo, tal motivo de disenso resultaba infundado conforme a los razonamientos que se sintetizan a continuación:

a) En las diligencias acaecidas el quince de octubre de dos mil diez, a las quince treinta y a las dieciséis horas, efectuadas ambas con el demandado ********** (una en lo personal y otra respecto de su hermana **********), dicho reo expresó que era su deseo firmar al reverso del auto que las antecedía, porque quería firmar directamente en el expediente (acuerdo de trece de septiembre de dos mil diez, que admitió la demanda natural y ordenó realizar la diligencia de exequendo), por lo que con dicha única signatura en unión de las dos firmas del secretario ejecutor que aparecen en cada uno de los emplazamientos, debe entenderse cumplido con el requisito consistente en que deben firmar las notificaciones las personas a quienes se hacen, previsto por el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, porque **********, al plasmar esa firma en el referido acuerdo, tal como expresamente lo solicitó en ambos llamamientos a juicio, evidentemente se encontraba haciéndolo en lo personal y respecto de su citada hermana.

Además, no debe perderse de vista que, contrario a lo asegurado por los quejosos, en el juicio de amparo se demostró, con la prueba pericial respectiva, que la mencionada firma que obra al final del señalado proveído admisorio sí correspondía al disconforme **********, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 60/2011: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO SI EN EL ACTA DE LA DILIGENCIA EL NOTIFICADOR HACE CONSTAR LA CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO OBRE LA FIRMA DE LA PERSONA A QUIEN SE LE PRACTICÓ Y SÓLO APAREZCA LA SUYA EN SU CARÁCTER DE PARTE DEL ÓRGANO JUDICIAL."

b) El Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, no prescriben en parte alguna la obligación del secretario ejecutor de asentar en el citatorio respectivo la razón por la que la persona a quien se entregó no lo firmó; sino que el artículo 317 de la ley federal adjetiva civil, es claro al señalar que ese requisito únicamente es aplicable para las notificaciones, por lo que ante lo claro de su redacción no da lugar a realizar ninguna interpretación, pues estimar lo contrario, implicaría que este órgano de control constitucional se encontrara legislando al establecer requisitos que no se encuentran contemplados en la ley, situación que evidentemente no es una de sus facultades.

Además, cabe señalar que el citatorio constituye una actuación anterior a la diligencia de emplazamiento, en la que el secretario ejecutor, al no encontrar a la persona buscada para llevar a cabo con ella personalmente su llamamiento a juicio, le deja un aviso para que la citada persona lo espere el día, hora y lugar que se señaló, empero, esto no significa que el mencionado citatorio deba cumplir con todos los requisitos del emplazamiento, ya que además de que no existe precepto legal que obligue a tal circunstancia, por sí mismo no deja en estado de indefensión a la persona a quien se busca, puesto que posteriormente se realiza la diligencia de emplazamiento, la cual es la actuación judicial que propiamente tiene a la parte demandada por legalmente llamada a juicio para que comparezca en defensa de sus intereses.

Siendo que en el particular resulta intrascendente el hecho de que el secretario ejecutor no hubiera asentado la razón por la que el codemandado ********** no firmó el referido citatorio de su hermana **********, ya que, como se vio, en el juicio de garantías se probó que ambas diligencias de emplazamiento al procedimiento natural se entendieron con el citado codemandado **********, quien firmó al reverso del auto admisorio de la demanda de origen por solicitud expresa de éste, por lo que no existe duda de que los impetrantes de garantías tuvieron pleno conocimiento del juicio seguido en su contra.

IV.2. Ejecutorias del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver el amparo en revisión 263/2012, en el que se denunció la contradicción de criterios, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito.

IV.2.1. Antecedentes procesales del amparo en revisión 263/2012.

12. El dieciséis de mayo de dos mil once, ********** promovió juicio de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en contra de actos emitidos por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Barca, Jalisco; específicamente en contra del emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 1126/2006.

13. Dicho juicio fue radicado bajo el toca IV-269/2011, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, el cual seguidos los trámites procesales correspondientes, se dictó sentencia autorizada el once de noviembre de dos mil once, en la que se determinó, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, negar el amparo solicitado.

14. Lo anterior, en la parte que interesa, con base en los argumentos siguientes:

a) Con base en los artículos 1068, párrafo segundo, fracción I, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, se colige que los lineamientos y requisitos que debe reunir la diligencia de emplazamiento personal o por cédula son: i) que la primera citación a juicio debe hacerse en la casa designada por el actor y en la persona misma del que deba ser notificado; ii) si no se encuentra la persona en el domicilio cerciorado, el actuario dejará citatorio para hora fija dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas siguientes; iii) si la persona a notificar no atiende la cita de espera, el emplazamiento se hará por medio de cédula que se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado para el llamamiento a juicio, con copia de la diligencia practicada, de la demanda, de los documentos base de la acción y de los demás que se anexaron a la misma, así como de la cédula que contenga la orden de embargo decretada en contra del demandado; y, iv) de todo lo anterior, el actuario asentará razón en autos.

b) Con base en los requisitos señalados, la diligencia de emplazamiento es legal, porque la actuaria responsable se constituyó en el domicilio del demandado, se cercioró de que efectivamente era su domicilio, al no encontrarlo dejó citatorio con ********** para que la esperara en hora y fecha específica a fin de practicar la diligencia judicial y, como el demandado no lo esperó en esa fecha y hora, procedió a emplazarlo mediante cédula para que compareciera ante el juzgado a realizar el pago de lo reclamado, o bien, a oponerse a la ejecución.

c) A lo anterior no se opone que la actuaria hubiera asentado en la cédula de notificación el nombre de ********** en vez de **********, pues es evidente que se trata de un simple error mecanográfico que no conduce a declarar la inconstitucionalidad de la diligencia de emplazamiento, tomando en cuenta que en el citatorio, de la razón que lo respalda y de la diversa diligencia donde se corrió traslado con la demanda mercantil y anexos, se asentó el nombre correcto del quejoso.

15. Inconforme con la decisión del Juez de Distrito, el quejoso interpuso recurso de revisión, en la que el Tribunal Colegiado Auxiliar confirmó el sobreseimiento, modificó la sentencia y concedió el amparo, con base en lo que se expone enseguida:

a) Conforme a lo previsto en el artículo 1393 del Código de Comercio, en relación con los diversos 309, fracción I, 310, 311, 312 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se obtiene que para tener cumplidas las formalidades en tratándose del emplazamiento a juicio, resulta necesario que el notificador encargado de emplazar a juicio al demandado, se cerciore en forma fehaciente de que el domicilio en que se constituye es el designado en autos, así como que habita la persona que se busca, debiendo exponer en el acta los medios por los cuales se enteró de esas circunstancias; que en caso de encontrarse presente el interesado, le hará entrega de copia autorizada de la resolución que se notifica, y sólo si no se encontrara, dejará citatorio de espera y si al regreso del notificador, tampoco se encontrara la persona a notificar, la notificación se practicará mediante instructivo.

Asimismo, si en la casa del demandado se negare el interesado o la persona con quien se entienda la notificación a recibirla, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma y asentará razón de tal circunstancia. De igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador.

b) Las reglas y la prelación de actos a los que habrá de ceñirse el funcionario que practique el emplazamiento a juicio, pese a que no se advierta expresamente, tratándose del citatorio que el funcionario deba cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó es el designado por el actor para tal efecto, así como asentar en el acta respectiva (citatorio), en el supuesto de que la persona con quien se entreviste no supiere o no quisiere firmar, el notificador hará constar esta circunstancia, se obtiene implícitamente, pues se impone la obligación de efectuar el referido cercioramiento, en tanto lo acota como un presupuesto lógico jurídico indispensable.

Lo anterior, porque el citatorio, parte integrante del emplazamiento, por medio del cual, además que debe cumplir con su función principal que es hacer saber el demandado que debe esperar un día y hora fijos para entender una diligencia de carácter judicial –emplazamiento–, también debe cumplir con ciertas formalidades para probar su legalidad por sí mismas, y brindar certeza de la salvaguarda de la garantía de seguridad jurídica del particular a quien se dirige la notificación.

c) Así, la formalidad que exige el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, relativa a la razón que debe asentar el actuario en relación con la firma de la persona con quien entendió la diligencia, para la realización de las notificaciones no debe entenderse únicamente dirigida al acta de emplazamiento (cédula de notificación), sino al propio citatorio, porque en términos de los numerales 1393 del Código de Comercio y 310, último párrafo, del código supletorio, constituye una actuación previa a la verificación del emplazamiento en la que debe incluirse el cercioramiento de que en el domicilio en que se constituye el actuario vive o habita la persona buscada y cuya finalidad es conminar al particular a esperar al diligenciario en ese lugar en día y hora determinados, so pena que de no hacerlo se entenderá la diligencia con quien habite en el mismo o incluso si nadie ocurriere a fijar instructivo que surtirá plenos efectos de emplazamiento.

d) En la especie, el actuario responsable asentó en la razón del citatorio, que al haberse cerciorado de que se trataba del domicilio de la parte demandada por el dicho de quien adujo ser trabajadora doméstica, sin que esta hubiera firmado el documento. Sin embargo, el fedatario prescindió de asentar en el citatorio para el emplazamiento de la demanda y embargo las razones por las cuales la persona con quien entendió el citatorio se negó a firmar el citatorio; de ahí la ilegalidad del emplazamiento, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 39/2011: "NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL."

e) El requisito formal relativo a la firma de la persona con quien se entienda la diligencia se colma si obra debidamente dicha mención actuarial, dado que el funcionario judicial está investido de fe pública, por lo que si sólo obra su firma en el acta respectiva, el acto será válido, siempre y cuando del análisis de los demás elementos esenciales y accesorios se concluya que fueron satisfechos los requisitos legales previstos para esa notificación, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 60/2011: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. JURÍDICAMENTE VÁLIDO SI EN EL ACTA DE LA DILIGENCIA EL NOTIFICADOR HACE CONSTAR LA CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO OBRE LA FIRMA DE LA PERSONA A QUIEN SE LE PRACTICÓ Y SÓLO APAREZCA LA SUYA EN SU CARÁCTER DE PARTE DEL ÓRGANO JUDICIAL."

Por ende, ante la falta de circunstanciación de lo anterior en el citatorio de emplazamiento, debe quedar insubsistente todo lo actuado dentro del expediente mercantil, a partir de la diligencia de emplazamiento, incluyendo su citatorio.

16. En la misma fecha en que fue resuelto el precedente materia de la presente contradicción, el citado tribunal también resolvió los diversos amparos en revisión 232/2012 y 244/2012, en los que se precisó que los citatorios de las diligencias de emplazamiento a los juicios mercantiles materia de dichas secuelas procesales, carecían de circunstanciación por parte del actuario judicial sobre la falta de firma de la persona con quien ent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27918-16087d22/citatorio-previo-a-la-diligencia-de-embargo-requerimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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