EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ARTURO GONZÁLEZ ZÁRATE, VÍCTOR JÁUREGUI QUINTERO, GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ, EDUARDO FRANCISCO NÚÑEZ GAYTÁN Y ALICIA GUADALUPE CABRAL PARRA. PONENTE: EDUARDO FRANCISCO NÚÑEZ GAYTÁN. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
TERCERO.-Posturas contendientes. Se trata de los siguientes criterios:
Primera postura
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito:
1) Ejecutoria emitida al resolver el amparo directo 419/2014, en sesión de catorce de agosto de dos mil catorce, en la que se reclamó una sentencia dictada por una Sala civil con sede en Guadalajara, Jalisco, al fallar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia pronunciada en un juicio civil sumario, que en lo conducente, dice:
"TERCERO.-No se transcribe la sentencia reclamada ni los conceptos de violación, por no exigirlo el numeral 74 de la ley de la materia, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo, ni existir precepto legal que establezca dicha obligación, además de que con esa omisión, no se deja en estado de indefensión a las partes, lo cual encuentra apoyo en la jurisprudencia «2a./J.» 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.‘
"CUARTO.-Los conceptos de violación son infundados, con excepción del primero y partes del segundo, que son inoperantes.
"Previo a exponer los motivos, conviene narrar los siguientes antecedentes:
"1. ********** y **********, por su propio derecho, presentaron demanda en la vía civil sumaria, contra la aquí quejosa **********, ejerciendo la acción de disolución o división de copropiedad que existe respecto del inmueble que se ubica en **********, Colonia **********, Sector **********, Guadalajara (fojas 1-6 del juicio natural).
"2. El Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil doce, admitió la demanda en la vía propuesta (foja 07 íd); y, en el de veinticuatro de abril siguiente, declaró la correspondiente rebeldía de la enjuiciada, así como presunta confesa de los hechos que dejó de contestar (foja 12 íd).
"3. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil doce, compareció la demandada a promover incidente de nulidad de actuaciones por defectos en la diligencia de emplazamiento argumentando, esencialmente, que las copias de la demanda con las que se le corrió traslado, no contenían la firma autógrafa de los actores ni de sus abogados patronos, por lo que, no eran copia fiel de la que el Juez admitió (fojas 22-26 íd).
"Incidente de nulidad que se desechó de plano en el proveído de trece de junio siguiente, sobre la base esencial de que en los numerales 112 y 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles no está previsto, que las copias simples de traslado deban tener la firma de la parte actora, así como de sus abogados patronos (fojas 29-30 íd).
"4. En ocurso presentado el treinta y uno de agosto de dos mil doce, la demandada solicitó copias simples de todo lo actuado, incluyendo los documentos fundatorios y probatorios que se exhibieron en el sumario y los que obraran en el secreto del juzgado (foja 53 íd).
"5. Mediante libelo que se presentó el veintiséis de septiembre siguiente, la enjuiciada interpuso recurso de apelación contra los dos primeros párrafos del auto de diez del mismo mes, en el que se le declaró confesa de las posiciones que dice, erróneamente se calificación (sic) legales (fojas 70-73 íd).
"El anterior recurso se proveyó en el auto de diez de octubre de dos mil doce del texto, en lo que interesa:... ‘dígasele que no ha lugar, toda vez que la resolución que aprueba o repruebe posiciones no admite recurso alguno, tal y como lo establece el numeral 314 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad...’ (foja 74 íd).
"Por lo demás, en el líbelo que la demandada presentó el diecisiete de octubre siguiente, ofreció las pruebas confesionales de posiciones a cargo de los actores (fojas 77-78 íd); las que se admitieron en el proveído de primero de noviembre siguiente (foja 79 íd), y se desahogaron, el diecinueve de ese mes de dos mil trece (fojas 152-156 íd).
"En la inteligencia, que el seis de marzo de ese último año, se llevó a cabo la audiencia conciliatoria a la que asistió la enjuiciada (foja 137 íd).
"6. Seguido el juicio por sus etapas, el veinticuatro de enero pasado, se dictó sentencia en la que se declaró que los actores probaron su acción, empero, no la totalidad de sus prestaciones; en consecuencia, se determinó que cesara la comunidad; se llevara al (sic) cabo la venta del inmueble en disputa y se repartiera el precio entre los interesados en la parte alícuota que les correspondiera (fojas 160-164).
"7. Mediante escrito presentado el catorce de enero del año en curso, el abogado patrono de la enjuiciada, promovió incidente de nulidad de actuaciones contra lo que denominó I). Acta citatorio de emplazamiento... II). Acta de emplazamiento no personal... III). Acta de cédula de emplazamiento... (fojas 165-176); el cual se le desechó en el auto de seis de febrero siguiente, sobre la base de que debía reclamarse en la siguiente actuación en la que intervenga quien lo promueve, y en el que nos ocupa la parte demandada así como también su abogado patrono, han promovido en diversas ocasiones, dentro del procedimiento que nos ocupa, por lo que aterido (sic) resulta el recurso de nulidad planteado, al dolerse de actuaciones que han sido convalidadas por el simple paso del tiempo (fojas 177).
"8. Inconforme la demandada con la sentencia, interpuso recurso de apelación, del que se originó la reclamada, en la que se confirmó la del Juez.
"La quejosa aduce en el primer concepto de violación, que el fundatorio de la acción consistente, en las copias certificadas de la escritura pública ********** de ocho de junio de dos mil diez, pasada ante la fe de **********, Notario Público ********** de Zapopan, no debe considerarse documento público en los términos del numeral 329, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que la certificación de la citada escritura carece del requisito previsto en la fracción III del artículo 89 de la Ley del Notariado, específicamente, en su inciso e), atinente a que en cada una de las hojas se estampe el sello de autorizar y su rúbrica, incorporando el holograma o cualquier medio que el Consejo de Notarios haya dispuesto para su protección; que el fedatario sólo estampó el sello de autorizar en la primera y última hojas, pues en las subsecuentes, únicamente entreselló las caras de las hojas restantes, por lo que no es lo mismo colocar medio sello en una hoja, que estamparlo completo.
"Que el notario tampoco pone el holograma en cada una de las hojas, como lo exige la ley, sólo lo hace en la primera y en la última; que de una correcta interpretación del citado inciso e) fracción III del aludido precepto 89, literalmente se lee, como una sola oración, pues sabemos que gramaticalmente el signo coma une no divide y al señalarse textualmente que en cada una de las hojas se estampará el sello de autorizar y su rúbrica, incorporando el holograma o... (sic)..., debe decirse que aquí se exigen tres requisitos elementales. 1. Sello, 2. Rúbrica, y; 3. Holograma; ya que de lo contrario dicho documento (copias simples), carecería de vida jurídica.
"Tal concepto de oposición deviene inoperante, porque la disconforme no impugna uno de los argumentos torales que la Sala expuso sobre el tópico que trae a colación, a fin de desestimarlo, consistente aquél, en que no debe perderse de vista, que el Fedatario Público número ********** de la municipalidad de ********** que certificó las copias del documento que se cuestiona, fue quien a su vez autorizó en su protocolo la escritura pública **********.
"Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis visible en la página 26, Volúmenes 139-144, Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que informa:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA.-Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya.’
"Pero al margen de lo anterior, si el documento en cuestión no fuera público, entonces le revestiría el carácter de privado, al tenor del artículo 336 del Código de Procedimientos Civiles; en este sentido, de cualquier forma tendría eficacia para demostrar, que el bien inmueble que se ubica en **********, Colonia **********, Sector **********, **********, cuya división se demanda es copropiedad, entre ellos, de la ahora quejosa, quien además no niega que exista; de ahí que es inocuo si el documento fundatorio es o no documento público, pues el tipo de acción que se ejerce, no requiere que lo sea, sólo que esté demostrada la copropiedad.
"Además, al margen de la eficacia del propio documento, lo cierto es que se acreditó la figura jurídica de la copropiedad, porque con motivo de la prueba confesional ofrecida por los demandantes, en proveído de diez de septiembre de dos mil doce (foja 54 del juicio natural), se declaró a la hoy quejosa confesa de las posiciones que se calificaron de legales, entre ellas, la tercera, del texto:
"Diga la absolvente, cómo es cierto como lo es, que usted tiene establecida una copropiedad sobre la finca y el lote de terreno anteriormente mencionadas, y en el cual le corresponde un 12.5% tanto del dominio directo como del usufructo vitalicio del inmueble antes mencionado.’
"Declaración que en términos del numeral 392 del Código de Procedimientos Civiles, es eficaz y prueba plenamente ese hecho; máxime que no existe en autos pruebas o presunciones que la hagan inverosímil o describan la intención de defraudar a terceros, como lo prevé el precepto 397 del ordenamiento en consulta; lo que se corrobora con la posición sexta que la impetrante formuló a los actores en la prueba confesional a su cargo, del texto:
"6. ¿Que confiese el absolvente cómo es cierto como lo es, que la finca y lote de terreno sobre la cual está construida (sic) ubicada, en la calle ********** No. ********** del ********** de esta ciudad, pertenecen en mancomún y proindiviso a él y a sus hermanos **********.’
"Lo anterior con fundamento en el artículo 326 del Código de Procedimientos Civiles, que señala:
"‘Se tendrá por confeso al articulante respecto de los hechos que afirmare en las posiciones y contra ellos no se le admitirá prueba testimonial.’
"Así las cosas, la única consecuencia de que la documental que se exhibió como fundatorio de la acción, no tuviera eficacia probatoria para justificar la copropiedad por la razón que la peticionaria aduce, sería que los actores ya no pudieran ofrecerla durante el juicio; empero, sería irrelevante, en virtud de que, como se constató, con otras pruebas evidenciaron tal figura jurídica.
"La impetrante asevera al inicio del segundo motivo de disenso, que hizo valer incluso en la vía incidental, así como en la de agravios, lo referente a que el emplazamiento que se le practicó no está apegado a derecho, sin que el Juez y la Sala atendieran ese tópico.
"Dicho concepto de inconformidad es inoperante e infundado; lo primero, porque en relación al proceder incorrecto que se atribuye al Juez, la quejosa pierde de vista que el fallo que dictó, quedó substituido por el de la Sala, que es el que aquí es materia de análisis.
"Tiene aplicación, el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, contenido en la jurisprudencia 497, localizable en la página 349, Tomo IV, del Apéndice «al Semanario Judicial de la Federación» de 1917-1995, que expresa:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO EN ELLOS SE ATACA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO.-No es viable combatir en el amparo directo la sentencia de primer grado cuando de ésta se apela, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la finalidad de ese medio de defensa, hecho valer ante el tribunal de alzada es que éste confirme, revoque o modifique la determinación del inferior; entonces, si los conceptos de violación se enderezan con la pretensión de impugnar el fallo inicial, aquéllos deben declararse inoperantes por no atacar las razones del que se haya emitido en la segunda instancia; por tanto, efectuar su análisis implicaría revisar la decisión del Juez del conocimiento que no es materia del acto reclamado, dado que el objeto del juicio constitucional es el estudio de la resolución dictada al resolver el recurso enunciado, para determinar si los fundamentos existentes en ella violan o no las garantías individuales del gobernado.’
"Lo segundo (infundado), toda vez que no existe de parte de la ad quem la omisión que se le imputa, pues basta la lectura de la sentencia reclamada para advertir, contra lo que la quejosa asegura, que sí dio puntual respuesta a sus agravios, toda vez que expuso los argumentos lógico jurídicos en que se sustentó para desestimarlos y considerar que su emplazamiento sí es legal (véanse páginas 10 a 19 del referido fallo).
"En el segundo concepto de violación (véase foja 13, antepenúltimo párrafo y último de la 18 que termina en la 19, de la demanda de amparo) la peticionaria asevera, que constitucionalmente todo acto de autoridad debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación, claro está que contrario a lo que sostiene la Sala el notificador adscrito sí tenía la obligación de fundar y motivar su actuar.
"Deviene infundado este concepto de violación, porque el artículo 16 constitucional si bien prevé en lo conducente, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; sin embargo, también es verdad que la notificadora al practicar el emplazamiento que se le cuestiona, no tenía por qué motivar o fundar su actuación como la impetrante lo asegura, pues al realizarlo no dicta algún acuerdo, orden o resolución, que es a lo que se refiere el citado precepto constitucional; pues a lo que está obligada, además de indicar el carácter con el que actuó, que sí hizo, pues refirió que ocupaba el cargo de notificadora adscrita al juzgado responsable, es a ajustar su actuar a lo que disponen los artículos 112 y 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles, en virtud que regulan la forma en que debe llevarse a cabo tal diligencia y los requisitos que debe llevar la respectiva cédula de emplazamiento, lo cual, en el caso dicha funcionaria cumplió, según se evidenciará.
"En otra parte del segundo concepto de violación (ver foja 14, cuarto párrafo, del líbelo de amparo) la peticionaria asegura, que el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles sólo habla de la notificación y de la cédula, no del citatorio, por lo que debe aplicarse en tratándose del citatorio previo al emplazamiento el artículo 111 de la ley en cita, ya que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, de ahí que al no señalarse en el artículo 112 los requisitos del citatorio debe aplicarse el numeral 111.
"El aludido concepto de disenso deviene infundado, porque contra lo que la disidente afirma, basta la simple lectura del numeral 111 para constatar, que no se refiere al citatorio, sino al instructivo; luego, como en la especie se trata del emplazamiento lo que la ley exige cuando no se encuentra al interesado, es la práctica del citatorio, que lo prevé el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles y, en relación a él señala, que si a la primera búsqueda no se encuentra el demandado, se le dejará para hora fija del día siguiente y, si no espera, se le hará la notificación por cédula; de ahí que no puede llevar los requisitos del instructivo, porque tienen y persiguen cosas distintas; éste tiene su razón de ser, acorde al primero de los invocados preceptos, en que si tratándose de la primera notificación personal no se encuentra al interesado en el domicilio designado, se hará al través de él (el instructivo) aquella notificación; el cual contendrá la fecha y hora en que el notificador lo entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, el número de expediente o toca, la determinación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quién se entregue, recogiéndole la firma en el acta, o en su defecto la razón por la que se negó hacerlo.
"En tanto que la finalidad del citatorio consiste, en hacer del conocimiento del buscado, que deberá esperar a cierta hora y día, a fin de practicar personalmente con él el emplazamiento a juicio o efectuarle un requerimiento; por tanto los datos que debe llevar y que son los que aparecen en el que se le dejó a la aquí quejosa son: el día y la hora en que se practica; el nombre y el domicilio de la demandada; la forma en que la funcionaria se cercioró de su ubicación; el requerimiento por la presencia de la enjuiciada; la fecha del proveído que se pretende notificar, así como el tipo y número de juicio en que se dictó, asimismo el órgano jurisdiccional y el nombre de su titular que lo emitió; nombre de la persona que atendió su llamado (de la notificadora); la data y hora en que ésta se constituirá nuevamente en el propio domicilio a efecto de llevar al cabo la notificación; el apercibimiento consistente en que si no se le espera, se entenderá con quien esté y, finalmente, la firma de la fedataria.
"Es distinta parte del segundo concepto de inconformidad (ver foja 15, último párrafo, que termina en la 16, y tercero, de la 20, de la demanda de amparo) la impetrante asevera, que se aprecia que la firma que estampó su hija ********** a foja 7 vuelta es posterior a la fecha del supuesto citatorio, y si como es sabido las actuaciones deben seguir un orden cronológico que les dé certeza jurídica, la notificadora si en verdad dejó como dice el citatorio el dieciséis de marzo de dos mil doce, existió tiempo suficiente para que levantara el acta machote y la haya agregado al expediente y sobre la vuelta de esta actuación (sic) visible a foja 8, haya estampado mi hija su nombre donde recibía los documentos esto (sic) el día 20 de ese mismo mes y año, por lo que no hay duda de que la funcionaria llevó a cabo ambos actos el mismo día y así los agregó al expediente, lo que explica la contraposición de una fecha y otra, ahora, desde luego que no son meras suposiciones como lo dice la sala, ya que tales hechos constan en las actuaciones.
"Carece de razón, toda vez que es inexacto que por el hecho de que por un lado, el acta citatorio levantada el dieciséis de marzo de dos mil doce, aparezca en la foja 8 del juicio natural, por el otro, que el emplazamiento que se llevó a cabo el veinte del mismo mes y año, esté en la foja 9; en tanto que en la 7 vuelta, que comprende al auto de radicación, se encuentre la firma de la persona con quien se dejó el citatorio y se entendió el emplazamiento; deba concluirse como se alega, que la notificadora realizó ambos actos (citatorio y emplazamiento) el mismo día, debido a que no existe secuencia cronológica en las actuaciones y, porque en un orden lógico normal, debió la funcionaria pedirle a ********** que firmara después de la práctica del emplazamiento; sin embargo, la inconforme pierde de vista, que tal irregularidad cronológica no es una consecuencia lógica y natural para afirmar que dichas diligencias se realizaron el mismo día, pues en actuaciones aparece que se hicieron en distintas fechas y, lo que sucedió es, que la notificadora, como todavía no agregaba a los autos las actas en que llevó a cabo el citatorio y el emplazamiento, para mayor seguridad como lo asentó, pidió que la referida persona firmara al reverso de la foja 7; además, no debe perderse de vista, que la propia **********, con quien se entendió la diligencia, sin que esto esté cuestionado o desvirtuado, asentó de su puño y letra la leyenda Recibí documentos 20-marzo-2012 y enseguida su firma; data que coincide con la que se practicó el emplazamiento.
"En la inteligencia, que la notificadora al no encontrar a la demandada el dieciséis de marzo de dos mil doce, la citó para hora fija del día siguiente hábil como lo prevé el segundo párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, o sea, el veinte del mismo mes y año, toda vez que el diecisiete, dieciocho y diecinueve fueron inhábiles; los primeros por ser sábado y domingo; el último, por ser el tercer lunes de marzo; ello acorde a lo que dispone el artículo 55 del código en consulta, del tenor, en lo conducente:
"‘Son días hábiles o laborables todos los del año menos los sábados y domingos, así como... el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo...’
"En distinta parte del segundo concepto de violación (véase tercer párrafo de la foja 17 del líbelo de amparo) la quejosa aduce, que al señalar la ley, que se dejará citatorio para hora fija del día siguiente, resulta claro pensar que se compone de veinticuatro horas, tiempo en el cual el notificador debe regresar, más sin embargo, escapa a la vista del ad quem lo relativo a que tales horas deben ser hábiles conforme al numeral 55 de la ley procesal, situación que por su parte omitió entrar al estudio, ya que en el caso particular se hizo valer que tal actuación se realizó en horas inhábiles. (el resaltado es propio)
"Al respecto cabe decir, que si bien es cierto, la Sala nada dijo en relación a la aplicación del citado artículo 55, pese a que en el agravio respectivo se invocó, según se constata del líbelo correspondiente; empero, tal omisión no trasciende, toda vez que la impetrante de lo que se duele finalmente es, que el emplazamiento se realizó en horas inhábiles; lo cual es inexacto, en virtud que el aludido numeral 55 establece, en lo que interesa, que se entienden hábiles las que median desde las siete a las diecinueve horas; luego, basta imponerse de la fecha que aparece en la actuación relativa al emplazamiento para advertir, que se practicó a las dieciocho horas del veinte de marzo de dos mil doce, que es hora hábil, del día siguiente al en que se dejó el citatorio que lo fue el dieciséis anterior a la misma hora (dieciocho).
"En diferente parte del segundo concepto de violación (véase párrafo cuarto de la foja 21 del líbelo de amparo) la disidente afirma, que la notificadora asentó equivocadamente la preclusión del derecho para aportar pruebas, lo cual no debe tenerse como un error de redacción, pues es clara la irregularidad en que incurrió, por lo que de ser así, se llegaría al absurdo de que en una sentencia se cambiaran las palabras y se dijera que sólo fue un error de redacción, cuando la intención del juzgador era otra y no una simple palabra equivocada, de aquí que se deben interpretar los actos de la autoridad como están emitidos y no solamente excusarse con el dicho del error gramatical.
"Es verdad que en el acta de emplazamiento aparece lo siguiente:‘... haciéndole saber que cuenta con un término legal de (05 cinco) días hábiles, contados a partir del día siguiente al «en» que se le llame a juicio, para dar contestación a la demanda entablada en su contra, asimismo para que aporte elementos de convicción que estime pertinentes, apercibido que de no hacerlo se le declarará presuntamente confeso de los hechos que se le imputan, le precluirá su derecho a aportar pruebas, el juicio se le seguirá en su rebeldía...’ (el remarcado es nuestro)
"Ahora, también es verdad que es incorrecto que al llevar a cabo el emplazamiento se asiente lo que se resaltó, puesto que no lo prevén los preceptos 112 y 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles que lo regulan; empero, finalmente deviene irrelevante, por un lado, porque se cumplieron las exigencias fundamentales que esos numerales prevén para la realización de tal diligencia; por el otro, en virtud de que como la Sala bien lo estimó, el texto que se resaltó no irroga a la disconforme agravio, porque no conlleva confusión o falta de claridad en el contenido del acta de emplazamiento, además es irrelevante al fondo del asunto, toda vez que no trascendió en menoscabo de las defensas de aquélla en su calidad de demandada; máxime que no constituye una formalidad del emplazamiento el que se asiente, que a la demandada le precluirá su derecho a aportar pruebas si no lo hace; de ahí que la disidente pierde de vista que el numeral 63 del Código de Procedimientos Civiles prevé que, las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales que prescribe el propio código de manera que quede sin defensa alguna de las partes.
"Sirve de apoyo, por analogía, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 1a./J. 155/2007, publicada en la página 96, Tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época, del Semanario «Judicial de la Federación y su Gaceta» correspondiente, que informa:
"‘EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO. LA OBLIGACIÓN DEL ACTUARIO DE APERCIBIR AL ENJUICIADO DE LAS CONSECUENCIAS DE NO CONTESTAR LA DEMANDA DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL NO CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO INVALIDA DICHA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA).-Conforme a los artículos 270 y 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, concluido el término del emplazamiento sin que la demanda hubiera sido contestada, se hará la declaración de rebeldía y se presumirán confesados los hechos manifestados en aquélla. Así, al ser consecuencias previstas en la propia ley, no puede decirse que su desconocimiento impida su actualización, pues es un principio general de derecho que el cumplimiento de las consecuencias jurídicas contenidas en las normas no depende de hechos contingentes ni de la voluntad o el conocimiento previo de sus destinatarios. En ese tenor, se concluye que dentro de un juicio sumario hipotecario la obligación del actuario de apercibir al enjuiciado respecto de las consecuencias de no contestar la demanda dentro del término de ley no constituye una formalidad esencial cuya omisión invalide el emplazamiento, habida cuenta que las consecuencias referidas no derivan del hecho de que ello se manifieste en la diligencia respectiva, sino de lo ordenado en la ley.’
"En el entendido, que los citados preceptos son de similar contenido a los artículos 279 y 621 del Código de Procedimientos del Estado de Jalisco.
"En diversa parte del segundo concepto de inconformidad (véase noveno párrafo de la foja 22 de la demanda de amparo) la quejosa asevera, que la responsable consideró, que la falta de certificación no le originó perjuicio procesal, ya que acudió al juicio a promover incidente de nulidad de actuaciones; que la ad quem evade por la vía más fácil lo que exige la ley, pues si es obligación de los encargados de administrar justicia, cumplirla, deben hacerlo sin pretexto ni menoscabo a los derechos fundamentales de los gobernados.
"Es infundado el anterior concepto de disenso, porque la Sala no evadió lo que la ley prevé, puesto que expuso la razón de orden lógico jurídico por la cual determinó que, aunque se hubiera realizado la certificación prevista en el artículo 130 del Código de Procedimientos Civiles, atinente a hacer constar el día en que comenzó y en el que concluyó el término para contestar la demanda, en nada le hubier
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27179-aa6b80ac/emplazamiento-en-el-acta-de-entrega-del-citatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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