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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. LA "HORA HÁBIL" DE ESPERA EN EL CITATORIO QUE EL ACTUARIO DEBE FIJAR CUANDO NO ENCUENTRA AL DEMANDADO, DEBE ENTENDERSE TANTO COMO UNA HORA EXACTA, COMO UN LAPSO FLEXIBLE, RAZONABLE Y PRUDENTE, PLENAMENTE DEFINIDO EN CUANTO A SU DURACIÓN, PERO ESTE ÚLTIMO NO PODRÁ EXCEDER DE UNA HORA COMO LÍMITE MÁXIMO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 117 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2021. · Registro digital (IUS): 30459
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-03-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO, EL DÉCIMO TERCERO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, Pág. 2621.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO, EL DÉCIMO TERCERO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ, MÓNICA CACHO MALDONADO, ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ Y J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI (PRESIDENTE). DISIDENTE: MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO. PONENTE: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ. SECRETARIO: ENRIQUE CANTOYA HERREJÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al dictarse el acuerdo de admisión de la referida denuncia, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a este circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito; máxime que, a la fecha en que se falla este expediente, el Consejo de la Judicatura Federal no ha implementado los Plenos Regionales conforme al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legitimada, ya que proviene del Magistrado presidente del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación previsto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal.

TERCERO.—Posturas contendientes. Para mayor claridad en el asunto, es conveniente precisar los criterios que adoptaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en las ejecutorias objeto de la presente denuncia de contradicción de tesis.

El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria de ocho de julio de dos mil veinte, resolvió por mayoría de votos el recurso de revisión RC. 93/2020, en el que sostuvo el criterio siguiente:

"TERCERO.—Estudio de los agravios.—Supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles.—La recurrente (tercera interesada) alega que indebidamente se aplicó en forma supletoria al Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente el artículo 310, en relación al citatorio dejado para que la demandada (quejosa) esperara al actuario a practicar la diligencia de exequendo, concretamente en el horario establecido para la celebración de esa actuación, toda vez que el artículo 1393 del referido código mercantil contempla y desarrolla la situación jurídica en cuestión.—Es fundado el agravio.—El artículo 1393 del Código de Comercio dispone: (se transcribe).—De acuerdo a la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.) (se anotan datos de publicación a pie de página), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos para que opere la supletoriedad son: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.—En el caso, debe señalarse que el procedimiento deriva de un juicio ejecutivo mercantil que se rige por las disposiciones del Código de Comercio y aun cuando es verdad que en el artículo 1054 (se transcribe a pie de página), establece la posibilidad de aplicar en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cierto es que como se puede advertir del artículo 1393, se establecen con claridad las reglas respecto a la forma como deberá dejarse el citatorio a la parte demandada ante su ausencia en la primera búsqueda, pues indica que la cita deberá ser en una hora hábil y dentro de las seis y setenta y dos horas posteriores a la primera visita del actuario, ante lo cual no era menester acudir a la normativa supletoria, pues la circunstancia de que no se indique en forma precisa que el citatorio deberá dejarse en una hora fija, sino solamente en una hora hábil, no implica una deficiencia en su regulación, sino una diferencia entre ambos ordenamientos.—Por tanto, indebidamente se acudió a suplir la forma establecida en la legislación aplicable al procedimiento de origen en un caso en el que se regulaba la situación en forma clara y suficiente, como lo es la manera en que debe establecerse el horario para que la parte demandada atendiera el citatorio dejado por el actuario para llevar a cabo la diligencia de exequendo.—Motivos por los cuales es fundado el agravio examinado.—Interpretación del artículo 1393 del Código de Comercio.—La recurrente (tercera interesada) manifiesta que conforme a lo establecido en el artículo 1393 del referido código mercantil, no existía la obligación de señalar una hora fija para que la demandada atendiera el citatorio dejado por el actuario adscrito al juzgado de origen, por lo que fue apegado a derecho que se señalaran entre las doce y trece horas para la celebración de la diligencia correspondiente.—Es fundado el agravio.—Resulta conveniente transcribir de nueva cuenta el contenido del artículo 1393 del Código de Comercio: (se transcribe).—La finalidad esencial del emplazamiento es dar a conocer al demandado la existencia de la demanda promovida en su contra, para darle audiencia, pues sólo con el conocimiento de la demanda y los hechos y pruebas en que se funda, se le vincula al juicio y puede estar en condiciones de darle contestación, rendir pruebas, objetar las de la contraria, promover medios de defensa, etcétera.—Así, el valor de las formalidades establecidas en la ley para la realización del emplazamiento deben verse en función del fin al cual están destinadas: el conocimiento del demandado acerca de la demanda en su contra, del plazo concedido para contestarla y del Juez ante quien debe hacerlo.—Sin embargo, la falta de un cumplimiento sacramental de una formalidad en la práctica de alguna notificación no conduce necesariamente a considerar la diligencia carente de validez jurídica y a privarla de los efectos que corresponden a las de su clase, sino que debe hacerse una evaluación de todos los elementos del acto mediante el cual se verificó la notificación, para determinar, en todo caso, si con los requisitos satisfechos y los demás datos y elementos que obren al respecto, quedó cumplida o no la finalidad esencial apuntada, o si para ello era realmente indispensable la concurrencia de la formalidad omitida o cumplida parcialmente, ya que sólo en este último evento se llegaría a considerar afectado medularmente el acto procesal en cuestión.—Ahora, el objetivo de que el actuario señale en el citatorio el horario en el que lo debe esperar la demandada para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, es permitir a la buscada atender en forma personal la notificación ordenada, lo que debe considerarse que se colma si se establece en un periodo de tiempo accesible en el que la persona que se va emplazar tenga la posibilidad de esperar al fedatario público que llevara a cabo la actuación; de ahí que resulte exagerado pretender que la hora que se indique sea una fija sin posibilidad de señalar un lapso prudente para que el actuario pueda acudir al domicilio en el que se efectuara la diligencia, pues tampoco hay que perder de vista que la actividad de un actuario notificador implica desplazarse por toda la ciudad con los riesgos que implica de encontrar una mayor afluencia de tránsito vehicular, el alargamiento de la diligencia anterior e incluso la posibilidad de retrasarse por alguna manifestación popular, de ahí la pertinencia de conceder un periodo de tiempo para que la persona a la que se le va a notificar espere al fedatario a fin de que personalmente conozca los proveídos y actuaciones que se le notificarán.—En ese sentido, este Tribunal Colegiado estima que la circunstancia de que el actuario adscrito al juzgado de origen, haya señalado en el citatorio de ‘fecha’ veintidós de enero de dos mil quince, que la persona buscada (quejosa) debía esperarlo entre las doce y trece horas del día veintitrés de enero de dos mil quince, resulta apegado al contenido del artículo 1393 del Código de Comercio, toda vez que la cita quedó establecida en un día hábil, pues el día veintitrés fue viernes y dentro de las seis y setenta y dos horas posteriores a la primera visita, así como también en una hora hábil (entre las doce y trece horas).—Ahora, la circunstancia de que el actuario se haya constituido el veintitrés de enero de dos mil quince, a las doce horas con diez minutos y ante la inasistencia de la demandada haya procedido a llevar a cabo la diligencia correspondiente, tampoco genera la ilegalidad de la actuación, pues la diligencia de exequendo se efectuó dentro del lapso del horario establecido en el citatorio, periodo otorgado para que la persona buscada esperara al fedatario público y no para que el actuario tuviera que esperar para ver si la demandada acudía en el lapso señalado, por lo que si la decisión de la demandada fue no estar presente en el horario señalado únicamente derivó en la consecuencia de que la diligencia se realizó con uno de sus empleados.—Por otra parte, con independencia de las consideraciones ya vertidas, es importante insistir en que el cumplimiento de las formalidades que se establecen en la ley previstas para el emplazamiento, entre ellas la manera como se dejó el citatorio, no son exigibles por la forma misma, ni su inobservancia acarrea necesariamente la nulidad de los actos en que ocurre, ya que la forma en los actos procesales tiene como propósito asegurar que se satisfaga el fin perseguido y en el caso la quejosa no controvirtió la diligencia en la que se le requirió de pago, embargo y emplazó al juicio ejecutivo mercantil de origen a pesar de que se le dio vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en las que se asentó la realización de la diligencia de exequendo el veintitrés de enero de dos mil quince, pues no emitió ningún concepto de violación en la (sic) que impugnara alguna irregularidad de ese acto procesal, así como tampoco negó que el domicilio en el que se llevó a cabo no correspondiera al suyo y que la persona que atendió la diligencia no fuera su empleado, incluso que fuera falso que el actuario se hubiera constituido en el día y hora ya mencionados.—De manera que si en el caso, hay elementos suficientes para tener la certidumbre de la realización de la diligencia, por lo que (sic) el acto no debe invalidarse.—Con lo anterior, quedan desvirtuadas las consideraciones en que fundó el Juez de Distrito la decisión de otorgarle la protección constitucional solicitada, sin que exista algún motivo de disenso cuyo análisis hubiera omitido el Juez Federal.—Como consecuencia de lo anterior, procede revocar la sentencia recurrida y negar el amparo. ..."

De la transcripción anterior se desprende que al resolver el recurso de revisión RC. 93/2020, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en lo que interesa, sostuvo el criterio de que el hecho de que en el citatorio se haya señalado que la persona buscada (quejosa) debía esperar al actuario dentro de un lapso prudente (entre las doce y las trece horas del veintitrés de enero de dos mil quince), resultaba apegado al contenido del artículo 1393 del Código de Comercio, toda vez que la cita quedó establecida en un día hábil y dentro de un lapso prudente, establecido entre las seis y setenta y dos horas posteriores a la primera visita, y en hora hábil, conforme a los requisitos establecidos en el precepto legal invocado.

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en ejecutoria de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, resolvió por unanimidad de votos el recurso de revisión RC. 305/2017, en el que sostuvo el criterio siguiente:

"CUARTO.—Análisis de los agravios.—El recurrente expresa en esencia, lo siguiente: - Que el Juez de Distrito no valoró los argumentos emitidos en su demanda de amparo respecto de los actos reclamados, puesto que se advierte que reclamó la falta de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil donde las partes son ********** contra **********, con número de expediente 2730/2011, radicado ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y donde dicho quejoso manifiesta que nunca recibió cédula de notificación, ni personalmente, ni por conducto de ninguna otra persona en su domicilio, por lo que nunca ha estado en posibilidades de defenderse en el controvertido natural. - Que lo resuelto por la autoridad federal a foja diecinueve de la sentencia en donde precisa esencialmente, que existe una diligencia dirigida al enjuiciado que justifica el momento para computar el término legal de quince días, y que no se señaló tal diligencia como acto reclamado de manera destacada, ni amplió la demanda en contra de la referida actuación judicial; deja al quejoso en estado de indefensión, ya que el acto reclamado en la demanda de amparo fue por falta de emplazamiento y por cuestión obvia todo lo actuado en el juicio ya que no ha tenido conocimiento de ninguna actuación en el juicio natural, aunado a que señaló como autoridades responsables al Juez y actuarios del Juzgado Segundo de lo Civil de Cuantía Menor de esta ciudad; y luego de una aclaración solicitada por el Juez Federal se tuvo como diverso acto reclamado el embargo trabado en la cuenta bancaria **********. - Que el Juez de Distrito no dio un análisis correcto a los actos reclamados que refirió en su escrito de demanda y escritos aclaratorios, por lo que refiere que al sobreseer en el juicio de amparo incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento. En apoyo de sus manifestaciones invoca la jurisprudencia de rubro y texto: ‘EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE ÚNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’.—Los agravios señalados resultan parcialmente fundados de acuerdo con lo siguiente: De la lectura realizada a la resolución combatida, se aprecia que el Juez de Distrito señaló que los actos reclamados por el quejoso, son: 1) El emplazamiento practicado al quejoso, el diecisiete de enero de dos mil doce, por el actuario del juzgado del conocimiento y ordenado por el Juez natural en el juicio ejecutivo mercantil, expediente 2730/2011 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Cuantía Menor de esta ciudad; 2) Todo lo actuado posteriormente en la contienda de origen, especialmente el embargo trabado sobre la cuenta bancaria **********, a nombre del quejoso en **********, por la cantidad de **********.—Posteriormente, el Juez Federal realizó una narración de diversas actuaciones ocurridas en el expediente 2730/2011, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Cuantía Menor de esta ciudad y procedió a efectuar las consideraciones siguientes: - Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no promovió el juicio constitucional dentro de los quince días contados a partir del siguiente al en que hubiese tenido conocimiento del acto reclamado. - Que el quejoso se ostentó tercero extraño y reclamó todo lo actuado en el proceso primigenio –el cual se encuentra en la etapa de ejecución–. - Que si bien el quejoso cuestionaba como acto destacado el emplazamiento, no sería factible considerar que tuvo conocimiento del acto reclamado a partir del emplazamiento practicado el diecisiete de enero de dos mil doce, porque se incurría en una petición de principio. - Que tampoco podía considerarse que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados a principios del mes de mayo de dos mil diecisiete, cuando a través del Boletín Judicial se percató de la existencia de la contienda de origen porque esa afirmación se encontraba desvirtuada con las actuaciones del juicio primigenio, en tanto que advertía que el impetrante conoció de los actos impugnados en una fecha anterior, es decir, mediante la diligencia de veintiocho de marzo de dos mil catorce, mediante la cual se ordenó requerirle el pago de la suma a que fue condenado en el juicio de origen y en caso de no efectuar el pago, a embargársele bienes de su propiedad, lo cual ocurrió a través de quien dijo llamarse ********** y ser esposa del buscado, actual quejoso. - Que a partir de la diligencia de veintiocho de marzo de dos mil catorce, el quejoso había tenido conocimiento de los actos reclamados porque en la cédula de esa notificación se asentó el número de la contienda natural y el juzgado del conocimiento; asimismo, el actuario dio fe que en esa fecha se constituyó en el domicilio precisado, en busca del demandado, ahora recurrente, y a través de la persona que afirmó responder al nombre de ********** y ser su esposa, le entregó copia de la cédula de notificación en la cual se transcribió el acuerdo a notificar. - Que el término de quince días para la promoción del amparo debía computarse a partir del día hábil siguiente al en que se notificó al ahora recurrente, el aludido proveído, lo cual ocurrió el veintiocho de marzo de dos mil catorce. - Que el peticionario del amparo no señaló la diligencia de veintiocho de marzo de dos mil catorce como acto reclamado destacado, ni amplió su demanda en contra de la referida actuación judicial no obstante que el artículo 111 de la Ley de Amparo, lo permite. - Que el quejoso tampoco aportó medio de convicción alguno encaminado a desvirtuar la validez de esa actuación, ni en los conceptos de violación atacó su constitucionalidad, lo anterior aun cuando por acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete, se le dio vista con el informe justificado rendido por el Juez responsable, por lo que no se encontraba en aptitud de analizar su legalidad, conforme a los numerales 74, fracción I y 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que debe tenerse por válida esa diligencia, pues no obra constancia alguna que revele que fue anulada o invalidada, por lo que subsiste con la presunción de legalidad que tienen las actuaciones judiciales, mientras no son revocadas por autoridad competente, ya que debe tenerse en cuenta que los notificadores están investidos de fe pública para el cumplimiento de sus funciones. - Que mientras no sea acreditada la inexactitud o falsedad de la actuación judicial, ésta tiene valor probatorio pleno sobre cualquier otro documento que no proceda de autoridad competente ante quien se haya demostrado su falsedad o irregularidad, por lo que estableció que esa diligencia surte todos sus efectos y permite concluir que el término legal de quince días, corrió a partir del día hábil siguiente al veintiocho de marzo de dos mil catorce, y debido a que el quejoso presentó su demanda hasta el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se advertía que su presentación resultaba extemporánea.—Lo precisado revela que el Juez de Distrito en el considerando segundo precisó que el acto reclamado por el quejoso consistía en el emplazamiento practicado al quejoso, el diecisiete de enero de dos mil doce, por el actuario del juzgado del conocimiento y ordenado por el Juez natural en el juicio ejecutivo mercantil, expediente 2730/2011, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Cuantía Menor de esta ciudad; así como todo lo actuado en ese juicio, especialmente el embargo trabado sobre la cuenta bancaria **********, a nombre del quejoso en **********, por la cantidad de diez mil ciento treinta y cuatro pesos.—Sin embargo, el Juez de Distrito no debió decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo.—En efecto, el Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento consideró, en síntesis, que la demanda de garantías resultaba extemporánea tomando como base para realizar el cómputo de los quince días que para la promoción del juicio constitucional establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, la notificación de veintiocho de marzo de dos mil catorce, mediante la cual en la etapa de ejecución se llevó a cabo la diligencia de embargo decretada en su contra, la cual se entendió con su esposa **********, por lo que estimó que a partir de esa fecha tuvo conocimiento de los actos reclamados.—Sin embargo, con base en esa notificación no puede considerarse con certeza que en esa fecha el demandado, quejoso y actual recurrente, hubiera tenido conocimiento del juicio generador ni la debió tomar en cuenta para efectuar el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, pues ello es tanto como aceptar la validez de esa notificación, que como consecuencia de la falta de emplazamiento reclamado, su legalidad, así como la de todo lo actuado se encuentra cuestionada, lo cual es inadmisible porque todo ello es materia de estudio del fondo del asunto, pero además, tampoco puede tenerse en cuenta la notificación que sirvió de base al Juez Federal para contar los días transcurridos hasta la promoción de la demanda de amparo, porque no aparece firmada por el quejoso, dado que no se entendió con él dicha diligencia a que el Juez se refiere.—Así pues, no es jurídicamente posible que el Juez de Distrito decrete el sobreseimiento en el juicio de garantías con base en una cuestión de fondo analizada previamente, siendo que ésta no puede ser materia de estudio si se decreta el sobreseimiento del amparo.—Tampoco debió decretar el sobreseimiento respecto de la diligencia de embargo impugnada en la demanda de garantías, pues sobre el particular existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve ese tema y es clara al establecer que contra ese tipo de diligencias no se debe decretar el sobreseimiento, pues constituye una cuestión que debe resolverse de fondo.—Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: ‘JUICIO DE AMPARO. DILIGENCIA DE EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO ÉSTA CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO.’ (se transcriben datos de publicación).—De igual modo es aplicable al caso la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal hace suya y enseguida se transcribe: ‘EMPLAZAMIENTO Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ILEGALIDAD DEL SOBRESEIMIENTO QUE SE DECRETA EN EL AMPARO BASADO EN LA NOTIFICACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE FONDO.’ (se transcriben datos de publicación).—En tales circunstancias procede revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Amparo y proceder al estudio de los conceptos de violación.—QUINTO.—Análisis de los conceptos de violación.—En éstos el quejoso manifiesta, en síntesis, lo siguiente: a) Que se vulneran sus garantías de ser oído y vencido en juicio, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, así como las formalidades esenciales del procedimiento porque desconoce lisa y llanamente todo el proceso que se ha llevado en su contra, a través del juicio ejecutivo mercantil 2730/2011; b) Que nunca ha existido un supuesto emplazamiento, porque nunca se le llamó a juicio por los medios establecidos en la ley; y, c) Que nunca hubo un mandamiento expreso de la autoridad responsable para que se emplazara al demandado, lo que genera la violación a las formalidades esenciales del procedimiento, pues se le privó de ofrecer medios probatorios en el juicio de origen.—Los señalados conceptos de violación son infundados.—En principio debe precisarse que el concepto de violación sintetizado en el inciso c) es infundado, porque adversamente a lo que indica el quejoso, dentro de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 2730/2011, sí existe una orden pronunciada por el Juez de origen para emplazar al demandado.—En efecto, de las aludidas constancias del juicio ejecutivo mercantil 2730/2011, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de documental pública, se aprecia que en auto de uno de diciembre de dos mil once, la entonces Juez Tercero de Paz Civil de esta ciudad, admitió a trámite la demanda instaurada por ********** en contra de **********, ahora quejoso, en el que además ordenó realizar su emplazamiento en los términos siguientes: (se transcribe).—En consecuencia, con ‘fecha’ dieciséis de enero de dos mil doce, el actuario judicial adscrito al entonces Juzgado Tercero de Paz Civil de esta ciudad, se constituyó en el domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad, en busca del demandado y al no encontrarlo dejó citatorio en poder de ********** quien le refirió ser esposa de aquél.—Posteriormente, de esas constancias se aprecia que el actuario judicial a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil doce, se volvió a constituir en ese domicilio, en el cual practicó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado, por conducto de ********** quien le refirió ser esposa de aquél.—Todo lo cual pone de manifiesto que sí existió un mandamiento decretado por el Juez natural para verificar el emplazamiento del demandado.—Por otra parte, los restantes conceptos de violación precisados en los incisos a) y b), se consideran infundados.—Para dar sustento a lo anterior, conviene tener en cuenta lo previsto en los artículos 1393 al 1396 del Código de Comercio, vigentes antes de las reformas de enero de dos mil doce, que resultan aplicables al presente asunto, en tanto que la demanda del juicio de origen se presentó el dieciocho de noviembre de dos mil once, los cuales son del tenor siguiente: (se transcriben).—Por su parte, debe transcribirse el 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, que establece: (se transcribe).—De los artículos transcritos se aprecia que el Código de Comercio establece una serie de formalidades para el emplazamiento al demandado, en un juicio ejecutivo mercantil, que por la naturaleza de esa diligencia se efectúa luego de que se haga requerimiento de pago y del embargo en caso de que no se efectué el pago del adeudo reclamado.—Esos requisitos son: 1) Buscar al deudor en el inmueble señalado por el actor.—2) Cerciorarse de que ese inmueble corresponda al domicilio de aquél.—3) En caso de no encontrarlo, dejar citatorio fijando hora hábil dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y en caso de no estar el buscado, practicar la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado.—4) Deberá requerir de pago al deudor, su representante o la persona que lo atienda.—5) De no hacerse el pago se requerirá al demandado, su representante o la persona que lo atienda para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho pasará al actor.—6) Embargará bienes en el orden que se establece en el artículo 1395 del Código de Comercio.—7) Emplazará al demandado, para que produzca el pago, o bien, oponga sus excepciones.—8) Dejará cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061 del Código de Comercio.—Como se ve, en el ejecutivo mercantil la diligencia empieza desde el momento mismo en que el actuario judicial acude al domicilio del deudor en el domicilio señalado por el actor, pues ese es el primer momento en que el aludido fedatario anuncia al buscado el objeto de su presencia y surge la obligación de esperarlo, pues en caso de no hacerlo, la ley sanciona su proceder.—En efecto, en el caso que el deudor no se encuentre en esa primera búsqueda, el legislador estableció que el actuario deje citatorio, previo cercioramiento de que se trata del domicilio del referido deudor, lo cual revela que es en ese primer contacto de la autoridad cuando nace la obligación a cargo del actuario de hacer constar que preguntó por el buscado y sólo en caso de que no se encuentre debe entregar el citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado.—Como se ve, el efecto del citatorio en caso de que el demandado no se encuentre en esa primera bús

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30459-ee030dec/emplazamiento-la-hora-habil-de-espera-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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