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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE QUIEN RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEBA HABITAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO, SÓLO ES EXIGIBLE A “CUALQUIER OTRA PERSONA” DIVERSA DE LOS PARIENTES Y EMPLEADOS DEL DEMANDADO (ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2017. · Registro digital (IUS): 28755
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, Pág. 960.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.

II. Competencia

5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil de distintos Circuitos, en la cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Legitimación

6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en los términos dispuestos por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la hacen valer los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito.

IV. Cuestiones necesarias para resolver el asunto

7. Antes de determinar la existencia de la contradicción denunciada, se hace necesario hacer una breve comparación de los hechos que motivaron los criterios que se estiman en contradicción.

IV.1. Ejecutorias del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (actual Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito) al resolver los amparos en revisión 224/95, 277/99, 335/2001, 252/2005 y 123/2007

IV.1.1 Amparo en revisión 224/95

8. ********** promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de ********** y otros, del que conoció el Juez Mixto de Primera Instancia de Rioverde, San Luis Potosí, el cual siguió todos sus trámites legales bajo el expediente 595/1994.

9. El nueve de junio de mil novecientos noventa y cinco los demandados presentaron demanda de amparo en contra de los actos del Juez de primera instancia, como autoridad ordenadora, y del actuario judicial adscrito a dicho juzgado y encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Rioverde, como autoridades ejecutoras.

10. En dicha demanda los quejosos solicitaron la nulidad del acta de notificación de nueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de embargo y emplazamiento para comparecer al juicio ejecutivo mercantil, al adolecer de los requisitos previstos en los numerales 112 y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente al Código de Comercio; así como el citatorio de emplazamiento y la inscripción del embargo trabado a los bienes de los demandados.

11. De la demanda conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien seguidos los trámites procesales correspondientes dictó sentencia en el sentido de negar el amparo.

12. Inconformes, los quejosos interpusieron recurso de revisión del que conoció el Tribunal Colegiado en referencia, el cual dictó resolución el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco en el sentido de revocar la sentencia y conceder el amparo, bajo las premisas siguientes:

a) La a quo estimó de forma incorrecta que los quejosos fueron legalmente citados, requeridos de pago, embargados y emplazados en el juicio ejecutivo mercantil, pues como se desprende de las actas levantadas por el actuario adscrito al juzgado de origen, éste entendió las diligencias de citatorio y notificación en el domicilio señalado, con la esposa de uno de los demandados y nuera de otro, la cual manifestó ser encargada del domicilio, pero sin que el actuario se cerciorara de que la persona con la cual entendió las diligencias, habitaba en el domicilio correspondiente.

b) Sólo consta en actas que cuando el actuario se constituyó por primera vez en el domicilio y dejó citatorio, entendió la diligencia con quien dijo ser esposa de uno de los demandados, sin precisar de cuál, y en el acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, se advierte que la entendió con la misma persona, quien dijo ser encargada del domicilio y nuera de otro de los demandados; por lo que en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, para que la notificación de una demanda pueda considerarse legal, no basta con que el notificador se cerciore de que actúa en el lugar señalado para ello, sino que es indispensable que, al no encontrar al demandado, la cédula se entregue a los parientes, domésticos o cualquier otra persona que viva en la casa.

Esto es, que el dispositivo legal debe entenderse en el sentido de que esos familiares, domésticos o cualquier otra persona presente en la diligencia habitan en la casa designada y no, simplemente, que se trate de un pariente o doméstico, de tal manera que, al no haberse cumplido con dicho requisito, no puede operar la presunción relativa a que el demandado tuvo conocimiento de la diligencia oportunamente y que recibió las copias del traslado. Por tanto, el emplazamiento fue ilegal.

IV.1.2 Amparo en revisión 277/99

13. El cinco de julio de mil novecientos noventa y nueve el apoderado de **********, solicitó el amparo en contra de los actos del Juez Quinto del Ramo Civil de San Luis Potosí, consistentes en todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil por la ilegalidad del emplazamiento.

14. De la demanda conoció el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien concedió el amparo al quejoso el treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve.

15. Inconforme con dicha determinación, **********, actora en el juicio de origen, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y que en sesión de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve dictó resolución, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso, al estimar que:

a) Si bien el actuario judicial cuenta con fe pública, lo cierto es que sus actuaciones se encuentran sujetas a la conformidad o inconformidad de las partes con el fin de que el juzgador determine si el diligenciario se ajustó o no a lo previsto en la ley.

b) De conformidad con los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, la primera notificación se hará personalmente al interesado o su representante o procurador, en la casa designada y si no estuviere, el notificador previo cercioramiento de que ahí vive, le dejará instructivo en el que hará constar la fecha y la hora en que lo entregue, nombre y apellido del promovente, Juez o tribunal que ordena la diligencia, la determinación que mande notificar y nombre y apellido de la persona a quien se entregue recogiéndole firma, en la razón que se asentará del acto; que si se trata de la notificación de la demanda y a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente y si no espera, se le hará notificación por cédula, la que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en la casa, exigiendo como requisito que se después de que el diligenciario se haya cerciorado de que ahí vive la persona que deba ser citada, de todo lo cual deberá asentar razón en la diligencia.

c) Toda vez que la notificación y emplazamiento no se entendieron personalmente con el demandado o con su representante o procurador, el diligenciario dejó citatorio del cual se desprende que se dirigió al demandado en el domicilio señalado y que se entendió con la persona que se encontraba en el domicilio, al igual que el emplazamiento, sin que el actuario se hubiere cerciorado de que en el domicilio en el que se constituyó viviera la persona que estaba citando ni asienta los medios de convicción por los cuales llegó al convencimiento de que el domicilio de referencia correspondiera a la persona buscada; porque es insuficiente que el actuario asentara el nombre de la persona con quien entendió la diligencia, ni que proporcionara su media filiación, puesto que no asentó qué relación tenía dicha persona con el demandado ni las fuentes de información o medios de que se valió para llegar al convencimiento de que ese era el domicilio de éste.

d) Por tanto, como ni en el citatorio ni en el acta de emplazamiento levantada un día después, se asientan los medios de convicción que sirvieron al actuario para considerar que el domicilio en que se constituyó correspondía efectivamente al demandado, como tampoco consta que a éste se le hubiera hecho saber quién es la autoridad que ordena el emplazamiento, su residencia o jurisdicción, ni cuál es el juicio en que se demanda a la persona buscada ni el número de expediente, ni el nombre de quienes lo demandaron, entre otras cuestiones que dejaron en estado de indefensión al demandado.

IV.1.3. Amparo en revisión 335/2001

16. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil uno, ********** y otra solicitaron el amparo y protección en contra de actos del Juez Octavo del Ramo Civil, en la Ciudad de San Luis Potosí, en el expediente 60/01 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por **********.

17. El acto reclamado consistió, en lo relevante, en la falta de emplazamiento o emplazamiento defectuoso realizado por el actuario adscrito al referido juzgado, del que conoció el Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí y, seguidos los trámites de ley, concedió el amparo a los quejosos.

18. Inconformes con dicha sentencia, los apoderados del banco actor interpusieron recurso de revisión y, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil uno, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo a los quejosos.

19. Su decisión, al igual que en los recursos de revisión precedentes, se basaron en que:

a) Si bien el Código de Comercio prevé lo relativo a la primera busca del demandado en el inmueble señalado por el actor y que, en caso de no encontrarlo, se dejará citatorio para que espere al día siguiente y que, de no hacerlo así se llevará a cabo la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado; lo cierto es que el referido ordenamiento nada señala en relación con los detalles que debe contener la primera notificación para que el demandado acuda a juicio, por lo que resulta aplicable el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí.

b) El actuario judicial no cumplió con las formalidades de las notificaciones, porque dejó el citatorio con quien dijo ser hijo del demandado y por su conducto le hizo saber el motivo de su presencia; así como que, ante la ausencia del demandado el día siguiente, entendió la notificación con dicha persona. Luego, los demandados no contestaron la demanda, por lo que se les acusó la correspondiente rebeldía.

c) En ese sentido, en términos de los artículos 111 y 112 del código procesal civil local, el actuario debió cerciorarse de que la persona con quien entendió la diligencia vivía en el domicilio de los demandados para cubrir las exigencias del citatorio y del emplazamiento a juicio.

IV.1.4. Amparo en revisión 252/2005

20. ********** promovió juicio de amparo indirecto contra los actos del Juez Quinto del Ramo Civil en San Luis Potosí y su actuario, por el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 530/1999, del cual correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en San Luis Potosí, quien el dieciocho de marzo de dos mil cinco dictó sentencia en la audiencia constitucional en el sentido de conceder el amparo al quejoso.

21. En contra de la resolución anterior, ********** interpuso recurso de revisión, resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito en sesión de seis de diciembre de dos mil cinco, bajo los resolutivos de confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso.

22. Al respecto, sostuvo:

a) Que el actuario judicial adscrito al juzgado de primera instancia no había cumplido con los requisitos que señala la ley para el emplazamiento a juicio; es decir, entre otros, cerciorarse de que la persona distinta al demandado con quien entiende las diligencias viva en el mismo domicilio.

b) Que la falta de asentar si la persona con quien se entienden las diligencias vive en el mismo domicilio que el demandado genera que no exista certeza de ello, para entonces presumir de que la cédula se hubiera entregado al demandado.

IV.1.5. Amparo en revisión 123/2007

23. El veintinueve de septiembre de dos mil seis, ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos realizados por el Juez Octavo del Ramo Civil en San Luis Potosí y del actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional local, por el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 414/2006.

24. De la demanda conoció el Juez Cuarto de Distrito en San Luis Potosí, quien el seis de marzo de dos mil siete, dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo al quejoso.

25. En contra de la resolución anterior, **********, interpuso recurso de revisión, radicado en el Tribunal Colegiado de Circuito multireferido, el cual dictó resolución el veintiséis de abril de dos mil siete, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso, con base en los razonamientos siguientes:

a) En términos de los artículo (sic) 111 y 1123 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, no basta con que el actuario se cerciore de que en el domicilio en donde practicó las diligencias viviera el demandado a través de la tercera persona con quien entendió las actuaciones, sino que debió verificar la relación entre el demandado y dicha persona; es decir, si era familiar, doméstico o, bien, si dicha persona vivía en ese domicilio para tener certeza de que entregará el citatorio y la cédula al demandado.

b) No es suficiente que se exhiban documentales en las que conste el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia y que su domicilio coincida con el del demandado, pues con ello no se demuestra que vivan en el mismo domicilio, ni que se hubieren entregado las diligencias al demandado.

26. De las ejecutorias anteriores derivó la jurisprudencia IX.1o. J/16, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, página 1295, cuyos rubro y texto son:

"EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. PARA QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SE ESTIME LEGAL, EL DILIGENCIARIO DEBE CERCIORARSE, AL NO ENCONTRAR AL DEMANDADO, QUE LOS PARIENTES, DOMÉSTICOS O CUALQUIER OTRA PERSONA HABITAN EN LA CASA DESIGNADA PARA HACER ENTREGA DE LA CÉDULA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).—De conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí de aplicación supletoria al Código de Comercio, para que la notificación de una demanda pueda estimarse legal, no basta con que el notificador se cerciore de que actúa en el lugar señalado para ello, sino que, además, es indispensable, al no encontrar al demandado, que la cédula se entregue a los parientes, domésticos o cualquier otra persona que viva en la casa; esto es, lo previsto en el dispositivo en cita debe entenderse en el sentido de que esos parientes, domésticos o cualquier otra persona, presentes en la diligencia, habitan en la casa designada y no simplemente que se trate de un pariente o doméstico, de tal manera que al no haberse cumplido con tal requisito, no puede operar la presunción relativa a que el demandado tuvo conocimiento de la diligencia oportunamente y que recibió las copias del traslado."

IV.2. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 22/2017

27. El ocho de septiembre de dos mil quince, **********, endosatario en procuración de **********, demandó mediante juicio ejecutivo mercantil de **********, diversas prestaciones, del cual correspondió conocer al Juzgado Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, bajo el expediente 1307/2015-B.

28. Previa entrega de citatorio y notificación en el domicilio del demandado, sin que este diera contestación a la demanda, se siguió el juicio en rebeldía y, finalmente, el once de enero de dos mil dieciséis el Juez ordinario dictó sentencia definitiva en el sentido de condenar al demandado el pago de las prestaciones reclamadas.

29. ********** promovió amparo indirecto en contra del emplazamiento de que fue objeto, del que conoció el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Baja California, con residencia en Tijuana, quien mediante resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis negó el amparo al quejoso.

30. Inconforme con la referida resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, radicado bajo el toca 22/2017 del índice del Tribunal Colegiado de Circuito en referencia, mismo que en sesión de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete determinó confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo al quejoso, en lo que interesa, con base en las premisas que a continuación se sintetizan:

a) Fue correcta la determinación del Juez de Distrito en el sentido de que la omisión del actuario adscrito al juzgado de origen de asentar en el acta respectiva que la persona con quien entendió la diligencia, hija del demandado, vivía en el domicilio en el que actuó, no tornaba ilegal el emplazamiento reclamado, toda vez que el artículo 1393 del Código de Comercio señala que si no se encuentra al demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil en un lapso de entre treinta y seis y setenta y dos horas posteriores y, si no espera, se practicará la diligencia con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado y el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, obliga al notificador a cerciorarse por cualquier medio de que la persona que busca vive en la casa designada y en caso de que no le sea posible, se abstendrá de practicar la notificación.

b) También es correcta la apreciación de la a quo en el sentido de que resultaba inaplicable el criterio de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. PARA QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SE ESTIME LEGAL, EL DILIGENCIARIO DEBE CERCIORARSE, AL NO ENCONTRAR AL DEMANDADO, QUE LOS PARIENTES, DOMÉSTICOS O CUALQUIER OTRA PERSONA HABITAN EN LA CASA DESIGNADA PARA HACER ENTREGA DE LA CÉDULA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).", porque el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí no era aplicable en el caso concreto.

c) Contrario a lo señalado por el quejoso, el artículo 1393 del Código de Comercio no establece que el pariente con el que el actuario entienda la diligencia de emplazamiento deba vivir en ese domicilio, ya que tal obligación sólo es exigible para aquella persona que no tenga un lazo familiar con el demandado y no para quienes sean sus parientes, empleados o domésticos. Máxime que el actuario no tiene obligación de cerciorarse de un aspecto que no forma parte de las formalidades que rigen su actuación, como es asentar que el familiar con quien entiende el emplazamiento viva en el domicilio.

d) Sobre un tema similar se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 100/2008-PS en la que el tema a dilucidar fue si conforme al artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por no localizarse al interesado en el emplazamiento a juicio, el notificador debe cerciorarse de que tanto: 1) el pariente, como; 2) el empleado del interesado, así como; 3) "cualquier otra persona" que reciban la notificación, habitan en el domicilio designado o si dicho requisito residencial es sólo aplicable en el tercer supuesto.

Luego, como el artículo señalado es de similar redacción al numeral 1393 del Código de Comercio, es aplicable el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el requisito consistente en que quien reciba la notificación, debe habitar en el domicilio señalado, sólo es exigible a "cualquier otra persona" diversa a los parientes y empleados del demandado, tal como se aprecia en la jurisprudencia 1a./J. 7/2009 «publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 259»de rubro: "EMPLAZAMIENTO. EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE QUIEN RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEBE HABITAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO, SÓLO ES EXIGIBLE ‘A CUALQUIER OTRA PERSONA’ DIVERSA DE LOS PARIENTES Y EMPLEADOS DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)."

e) Por tanto, al tratarse el presente de un tema análogo al resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que fue correcto que el actuario judicial adscrito al Juez de primera instancia no tuviera obligación de cerciorarse de su(sic) en el domicilio buscado vivía la persona con quien entendió la diligencia, al tratarse de la hija del demandado y no "cualquier otra persona".

31. Con base en lo expuesto, el Tribunal Colegiado de Circuito denunció la posible contradicción de criterios que aquí se resuelve.

V. Existencia de la contradicción de tesis

32. Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso sí se actualiza una contradicción de criterios, respecto a si en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, al no haberse localizado al demandado en el domicilio señalado por el actor, el notificador debe cerciorarse de que tanto el pariente, como el empleado doméstico del interesado, así como cualquier otra persona que reciban la notificación, habitan en dicho domicilio o si este requisito residencial es sólo aplicable en el tercer supuesto.

33. Como cuestión previa, es importante señalar que para demostrar que existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales; pues esta Primera Sala, estima que por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.

34. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(4) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

35. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.

36. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.

37. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y, dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

38. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)

39. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se cumplieron los dos primeros requisitos para la existencia de la contradicción.

40. En primer lugar, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para decidir si en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, al no haberse localizado al demandado en el domicilio señalado por el actor, el notificador debe cerciorarse de que tanto el pariente, como el empleado doméstico del interesado, así como cualquier otra persona que reciban la notificación, habitan en dicho domicilio o si este requisito residencial es sólo aplicable en el tercer supuesto.

41. En cuanto al segundo requisito, de un análisis a las ejecutorias remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes abordaron una misma temática con tramos discrepantes de razonamientos jurídicos.

42. Lo anterior, porque ambos Tribunales Colegiados de Circuito resolvieron amparos en revisión cuyo origen se dio a partir de juicios ejecutivos mercantiles; pero que uno y otro arribaron a conclusiones distintas en relación con los requisitos de legalidad del emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, cuando la diligencia se entiende con una persona distinta al demandado en el domicilio de este, ya sea un pariente, doméstico o cualquier otra persona que viva en el mismo. De ahí que exista concordancia en cuanto a que cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito efectuaron el estudio de la misma temática, concluyendo en diferentes criterios.7

43. Ello es así, pues por un lado, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (actual Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito) resolvió en su ejecutoria que para que el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil sea legal, es necesario que si el actuario entiende la notificación con una persona distinta al demandado, ya sea pariente, empleado o cualquier otra persona, es necesario que éste verifique que dicha persona habita en el domicilio del demandado y asiente tal circunstancia en el acta correspondiente.

44. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito consideró que el actuario judicial sólo debe cerciorarse de que la persona con quien entiende el emplazamiento habita en el domicilio del demandado y asentar dicha circunstancia, cuando se trate de alguien diferente a un pariente o doméstico del demandado; es decir, que sea "cualquier otra persona" diversa a las anteriores.

45. De las ejecutorias en contienda, se acreditan los diferendos interpretativos entre lo resuelto por los órganos colegiados lo que da lugar a que esta Primera Sala concluya que ambos órganos jurisdiccionales se contradicen en el criterio interpretativo sostenido, principalmente, en cuanto al contenido de los artículos 1393 del Código

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28755-5f199d5b/emplazamiento-en-el-juicio-ordinario-mercantil-el-requisito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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