Corpus
Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. LA REGLA CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ESTÁ CIRCUNSCRITA A LOS JUICIOS MERCANTILES, POR LO QUE ES INAPLICABLE A CONTROVERSIAS DE OTRA NATURALEZA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21380
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, , Pág. 165.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por un Magistrado de Circuito, y por ello su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual dichos funcionarios están legitimados para denunciar la contradicción.

TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis) deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

También es oportuno recordar el criterio firme de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que no es obstáculo para que se surta la contradicción de criterios el que ninguno de ellos constituya jurisprudencia, sino que se trate de precedentes aislados.

Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito.

CUARTO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el amparo en revisión número ********** el tres de julio de dos mil ocho, este tribunal emitió la tesis I.3o.C.707 C (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, página mil doscientos noventa y dos):

"IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. NO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO PARA QUE EL JUEZ HASTA EL LÍMITE DE SU COMPETENCIA CONOZCA DE LA PRETENSIÓN QUE NO PUEDE CONOCERSE EN LA ORIGINALMENTE PLANTEADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio dispone que el efecto de declarar fundada la excepción de improcedencia de la vía, es que se continúe el trámite del juicio en la que se estime procedente; para lo cual se declarará la validez de lo actuado con la obligación del juzgador de regularizar el procedimiento de acuerdo a lo que corresponda; lo anterior, sin que afecte o menoscabe el derecho de la parte enjuiciante a que la totalidad de sus pretensiones sean conocidas y resueltas, salvo que exista alguna imposibilidad jurídica del juzgador para hacerlo. Por ende, este último debe obrar en el sentido que dicta la coherencia entre lo pretendido por las partes con el procedimiento señalado por la ley para obtener un determinado resultado vinculatorio, y la forma en que se respetaría íntegramente el derecho de acción y defensa de los particulares consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal relativo al acceso a la tutela jurisdiccional, de modo que no se obstaculice su acceso a los órganos jurisdiccionales y se excluya el conocimiento de sus pretensiones en razón a su fundamento. La vía idónea es una garantía procesal que forma parte de la garantía de legalidad y de la de debido proceso, y en ese sentido el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio debe comprenderse no sólo para el ámbito que rige, esto es, a los juicios mercantiles previstos en el artículo 1055 del mismo ordenamiento, sino que debe aplicarse a cualquier controversia que se intente, pues no debe perderse de vista que la obligación esencial del juzgador es encauzar la acción originalmente planteada por el procedimiento correcto hasta el límite de su competencia. Por tanto, el efecto de la determinación que estima que la vía intentada por el actor no es la procedente, sólo impide su trámite de acuerdo al procedimiento elegido por el actor y que se continúe en la vía que resulte procedente, lo que no excluye la competencia del Juez sino que ésta subsiste pero adecuada a un procedimiento correcto. Por ende, no se puede dar una interpretación restrictiva al artículo 1127 del Código de Comercio en el sentido de que únicamente regula el caso en que declarada fundada la excepción de improcedencia de la vía, subsista sólo la materia del juicio mercantil pero adaptada a una especial tramitación que se regulariza, sea en cualesquier otro juicio previsto por el artículo 1055 del Código de Comercio; sino que atendiendo a su sentido literal, que no distingue en cuanto a motivos sino a vías, y a la intención del legislador de realizar la reforma procesal de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis que culminó con la redacción vigente del artículo 1127 del Código de Comercio, para hacer más ágiles los juicios y no para entorpecerlos, si la vía correcta, que excluye a la intentada por el actor no desborda la competencia del Juez, aunque cambie de vía mercantil a civil, sí puede continuar con el procedimiento, en la vía correcta, inclusive respecto de una parte de la controversia original, siempre que no se divida la continencia de la causa o exista algún obstáculo que sea motivo de regularización y no se acate por el actor, es decir, siempre que la ley que rige su actuación le autorice conocer y resolver el caso por razón de competencia, en función de territorio, cuantía y materia, ya que es su obligación proveer lo necesario para que la acción ejercida no sea excluida total o parcialmente de su conocimiento en orden a su fundamento, y se fije el camino procesal a seguir. Lo anterior encuentra casos en que la competencia del Juez no puede extenderse o ampliarse para conocer de controversias en una vía diversa a la planteada o declarada procedente, como cuando se trata del fuero o bien en aquellos casos en que existe litisconsorcio pasivo necesario, porque no se trata del tema exclusivo de procedencia de la vía sino que por requerirse del llamamiento al juicio a un tercero, es un derecho que sólo corresponde ejercer al enjuiciante y no al órgano jurisdiccional. Por consecuencia, el efecto de declarar fundada la excepción de improcedencia de la vía cuando ésta corresponda a otra materia o fuero, será la de: a. Conservar, en la materia de competencia del Juez del proceso mercantil, su facultad de conocimiento del juicio y puede declarar la validez de lo actuado y regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente, que sea expresamente regulada por el Código de Comercio. b. Encauzar el ejercicio del derecho de acción de la parte actora para tramitar su acción en la vía que corresponda cuando la misma no pueda tramitarse en su totalidad bajo las normas procesales del Código de Comercio sino que correspondan a un proceso diverso por materia siempre que conserve o tenga competencia por territorio, cuantía y materia, acorde con las leyes del foro que rigen su actuación.

"Amparo en revisión 183/2008. ... 3 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas."

Los hechos que motivaron el criterio transcrito fueron los siguientes: en un juicio ejecutivo mercantil seguido ante un Juez del orden común del Distrito Federal, la parte actora (una sociedad hipotecaria) demandó dos prestaciones, de tres diversas clases de sujetos.

Por un lado, como obligados principales y con motivo de un contrato de crédito, demandó de una empresa y de dos personas físicas el pago de una cierta cantidad de dinero por concepto de suerte principal e intereses ordinarios y moratorios; por otro, respecto de una institución de crédito, el trance y remate de los bienes hipotecados que sirvieron de garantía al contrato de crédito.

La institución bancaria, al contestar la demanda, hizo valer la excepción de improcedencia de la vía, con base en el artículo 1127, segundo párrafo, del Código de Comercio.

La excepción fue acogida por el Juez de la causa; así, en su resolución declaró: 1) la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil respecto de la institución de crédito demandada y levantó el embargo de los bienes dados en garantía hipotecaria; y 2) indicó que la vía correcta para demandar a dicha persona moral era la hipotecaria, en términos de la legislación civil común del Distrito Federal.

Inconforme, la actora interpuso apelación. En sus agravios la actora sostuvo que la vía correcta era la ordinaria mercantil y que el Juez natural estaba obligado a seguir el juicio mediante dicha tramitación respecto de todos los demandados, por no poderse dividir la continencia de la causa.

El tribunal de alzada desestimó los agravios, sobre la base de que no había división de la continencia de la causa ni litisconsorcio alguno entre el resto de los demandados y la institución de crédito; así, explicó, el juicio ejecutivo mercantil podía seguirse perfectamente por lo que hace a los codemandados y, en su caso, podía ejercerse acción civil en la vía hipotecaria para demandar a la institución de crédito. Así, el tribunal de alzada resolvió que el juicio mercantil debía subsistir.

En contra de esta sentencia, la actora promovió amparo indirecto. En sus conceptos de violación, adujo que, en términos del segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio, el tribunal de alzada debió ordenar al Juez natural la prosecución del juicio civil (en la vía hipotecaria) por lo que hacía a la referida institución de crédito y a los demás codemandados.

El Juez de Distrito que conoció de la demanda de amparo acogió el planteamiento de la quejosa, y dijo textualmente:

"... conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio se debió haber ordenado que se hiciera la declaración de validez de lo actuado sólo en cuanto lo que fuera dable en función a la naturaleza del procedimiento, y la regularización del mismo, en la vía procedente (hipotecaria) para el efecto de que su fallo estuviera debidamente fundado y motivado y dictado en congruencia a dicho precepto normativo."

En contra de la sentencia del Juez de Distrito, la institución de crédito tercero perjudicada interpuso revisión; en sus conceptos de violación hizo valer, esencialmente, la imposibilidad de que el Juez natural diera trámite a la acción ejercida en su contra en la vía especial hipotecaria, pues para el conocimiento de esta clase de juicios la competencia recaía en Jueces especializados, y que la interpretación correcta del artículo 1127, segundo párrafo, del Código de Comercio debía ser en el sentido de que las vías a las que se hacía referencia eran únicamente las previstas en la legislación mercantil.

El Tribunal Colegiado de Circuito no acogió el planteamiento y expresamente sostuvo lo siguiente:

Las consideraciones expresas de este tribunal son las siguientes:

"Sentado lo anterior, este Tribunal Colegiado analiza en forma conjunta los argumentos de la parte recurrente contenidos en una parte del primer agravio en donde la parte recurrente sostiene que la actora ********** al interponer el recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria de tres de diciembre de dos mil siete que declaró procedente la excepción de improcedencia de la vía opuesta por la demandada, adujo que la ad quem debía declarar que la vía procedente era la mercantil ordinaria, y en la demanda de amparo manifestó que tal aspecto era obligación del juzgador determinarlo; que ese planteamiento de la quejosa en la demanda de garantías debió ser declarado inoperante por el juzgador de amparo al no haber atacado en forma debida las consideraciones del fallo reclamado, pues la determinación del a quo no fue debidamente impugnada en el recurso de apelación por la quejosa, lo cual no fue debidamente analizado por el a quo.

"Resultan infundados esos motivos de inconformidad.

"Efectivamente, el examen de la existencia de los presupuestos procesales atañe a una cuestión de orden público que se estima necesario ponderar a fin de tener la certeza de que los procedimientos que se instauran en los tribunales judiciales son válidos así como en su caso, las sentencias que como resultado del desarrollo normal de aquéllos se emitan.

"Luego, basta que el actor que estima lesionados sus derechos procesales impugne, mediante el recurso ordinario correspondiente, la determinación del juzgador del proceso de declarar procedente la excepción de improcedencia de la vía opuesta por el reo, para que ese aspecto de la litis, que constituye un presupuesto del proceso válido, sea reexaminado en plenitud de jurisdicción por la autoridad judicial de alzada, siempre y cuando se proporcionen las bases necesarias para que se determine si se cumplieron o no los requisitos de procedencia de la excepción, esto es, que se cuestione la aplicación debida o incorrecta de los supuestos normativos en que se sustenta o bien se precisen los alcances de su actualización en el caso concreto, pues interesa que el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas, y ello evidencia que se trata de una cuestión de orden público que debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley y, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, asumiendo la jurisdicción necesaria para resolver ese punto de litigio planteado, en su caso, por vía de excepción.

"En ese sentido, no obstante que la actora en el juicio natural al interponer el recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria que declaró fundada la excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil opuesta por ********** adujo que la vía procedente era la ordinaria mercantil en relación con la cual debía seguirse el juicio por todos los demandados a fin de respetar los principios de economía procesal y de no división de la continencia de la causa, y en los conceptos de violación señala que no obstante lo indicado en agravios en la instancia ordinaria era cierto que la autoridad judicial de alzada tenía plenitud de jurisdicción para determinar la vía procedente, que en el caso lo era la especial hipotecaria; no puede conducir a declarar inoperantes por insuficientes esos argumentos de los conceptos de violación, porque los agravios expuestos en el recurso de apelación fueron para controvertir la decisión del a quo, y en relación con ellos, la Sala responsable asumió plenitud jurisdicción para resolver el tema de la litis, de manera que las consideraciones del fallo de segundo grado constituyen la determinación final sobre la cuestión relativa a la excepción de improcedencia de la vía y son los que dan respuesta a sus agravios, lo cual le da derecho a la impetrante de amparo de formular los argumentos de disidencia que correspondan para demostrar que esa decisión judicial contraviene sus derechos sustantivos; sin que en el caso la recurrente exponga en concreto qué consideraciones dejó de combatir la actora apelante en el recurso de apelación citado y que ello le hubiere acarreado la improcedencia de su inconformidad, lo cual vuelve ineficaz el agravio en estudio.

"Más aún, la sentencia reclamada partió del supuesto de que la vía especial hipotecaria sí era procedente en contra de la reo **********, y no de los demás demandados, tomando en cuenta: ‘las circunstancias particulares que se derivan de la relación contractual que le une con las partes, de manera que no se pueden hacer extensivos los efectos de dicha determinación a todos los enjuiciados en virtud de que por lo que a ellos corresponden la vía ejercitada es la correcta al haber integrado la accionante’, y justamente lo que fue materia de disidencia por la quejosa fue que esa vía no pudiese ser extensiva a los otros demandados, lo cual demuestra que la inconformidad contenida en los conceptos de violación no fue insuficiente o ajena a la litis del juicio natural del que derivó el acto reclamado, sino que se desprendió directamente del estudio que al respecto realizó la Sala responsable.

"Por tanto, fue correcta la determinación del juzgador de no declarar inoperantes los motivos de disidencia referidos pues constituyeron la expresión de una causa de pedir oportuna para resolver sobre el tema de la constitucionalidad del fallo reclamado, y ello demuestra que se ajustó a lo prevenido por el artículo 77 de la Ley de Amparo.

"Análisis de los argumentos que controvierten las consideraciones del Juez para conceder el amparo solicitado sustentadas en una indebida aplicación del artículo 1127 del Código de Comercio.

"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en diverso precedente que dio lugar a jurisprudencia por unificación, que la garantía de acceso a la justicia está contemplada en el artículo 17 de la Constitución Federal, conforme a la cual los particulares tienen el derecho de solicitar a determinados órganos legalmente competentes que ejerzan la función jurisdiccional, a fin de dirimir cuestiones contenciosas entre diversos gobernados y se traduce en un deber impuesto a esos órganos de administrar justicia y de utilizar los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional.

"Ese mismo órgano colegiado ha establecido que la garantía de que se trata no es absoluta ni irrestricta a favor de los gobernados, ya que el Poder Constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, como se desprende del enunciado ‘en los plazos y términos que fijen las leyes’, lo cual no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento.

"Lo anterior se reflejó en las consideraciones de la tesis LV/2004, publicada en la página 511, Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican:

"‘ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES.’ (se transcribe).

"La existencia de determinadas formas y de plazos concretos para acceder a la justicia son una garantía de la seguridad jurídica y de legalidad en los procedimientos, de modo que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, como cuando se trata del procedimiento que el legislador previó para resolver el caso concreto (vía).

"El contenido normativo vigente del artículo 1127 inserto en el capítulo VIII, denominado ‘De las competencias y excepciones procesales’, del libro primero intitulado ‘Disposiciones generales’, contenido en el libro quinto de los juicios mercantiles, del Código de Comercio, está determinado por el decreto de reformas a dicho ordenamiento, publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual se sustentó en la exposición de motivos respectiva que plantea la pretensión de establecer la existencia de normas que garanticen la impartición de justicia pronta y expedita; todo ello a fin de evitar procedimientos complejos y la utilización de instituciones procesales que eviten el cumplimiento de obligaciones contraídas legalmente.

"En esa iniciativa en lo que corresponden a la reforma del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se contempla que ninguna excepción procesal pueda suspender el procedimiento y que las opuestas se resuelvan en una sola audiencia; en lo relativo a la personalidad de alguna de las partes se prevé la posibilidad de que el Juez dé un término para que se subsane y evita que por una cuestión de forma, el juzgador no entre a la solución de la controversia; en lo conducente la iniciativa estima que esas reformas a la ley procesal civil se recogen en el proyecto de reformas al Código de Comercio.

"En el dictamen de la Cámara de Senadores que proveyó a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en cuanto a la reforma de normas del Código de Comercio, se reconocen expresamente los propósitos de simplificar todos los trámites; facilitar la impartición de justicia de manera expedita, esto es, plantea la posibilidad de reducir el tiempo para simplificar y hacer más accesible el cumplimiento de las obligaciones, dando celeridad a todos los procedimientos y trámites, como garantía de seguridad jurídica que abaraten el costo de los créditos y apoyen el desarrollo económico del país.

"Finalmente, el dictamen de la Cámara de Diputados es coincidente con que el propósito de la iniciativa era acortar la duración de los juicios como se reflejará en el modo de resolución incidental de las excepciones procesales planteadas.

"Ello se corrobora de la exposición de la iniciativa de reformas y los dictámenes del legislador que en lo conducente señalan:

"...

"Ahora bien, el artículo referido dispone que:

"‘Artículo 1127. Todas las excepciones procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento. Si se declara procedente la litispendencia el efecto será sobreseer en segundo juicio. Salvo disposición en contrario si se declara procedente la conexidad, su efecto será la acumulación de autos para evitar se divida la continencia de la causa con el fin de que se resuelvan los juicios en una sola sentencia.

"‘Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente declarando la validez de lo actuado, con la obligación del Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente.’

"El segundo párrafo del precepto transcrito es claro en cuanto a que interpuesta y declarada fundada la excepción de improcedencia de la vía, el efecto de esa determinación judicial es que se continúe el trámite del juicio en la vía que se estime procedente, para lo cual se declarará la validez de lo actuado con la obligación del juzgador de regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía declarada procedente, sin que ello afecte o menoscabe el derecho de acción de la parte enjuiciante a que la totalidad de sus pretensiones sean conocidas y resueltas, salvo que exista alguna imposibilidad jurídica del juzgador para hacerlo.

"Por ende, cuando en un juicio mercantil se declara fundada la excepción de mérito, el juzgador debe obrar en el sentido que dicta la coherencia de lo pretendido por las partes con el procedimiento señalado por el legislador para obtener un determinado resultado vinculatorio para los mismos, pues se trata de normas procesales que son imperativas, que de no acatarse generarían inseguridad jurídica, pues no habría certeza respecto de qué formalidades concretas deben observarse, y la forma en que se respetaría íntegramente el derecho de acción de los particulares (actor) y el de defensa (reo) consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal relativo al acceso a la tutela jurisdiccional, de modo que no se obstaculice su acceso a los órganos jurisdiccionales y que se excluya el conocimiento de sus pretensiones en razón a su fundamento; que se siga un proceso que les permita defender efectivamente sus derechos obteniendo una solución en un plazo razonable y que dictada la sentencia ésta sea plenamente ejecutada.

"La vía idónea es una garantía procesal que forma parte de la garantía de legalidad y de la de debido proceso, que no puede variarse a voluntad de las partes, y en ese sentido el artículo 1127 del Código de Comercio debe comprenderse no sólo para el ámbito que rige, esto es, a los juicios mercantiles; sean éstos ordinarios, ejecutivos o referidos al procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía o cualquier otro previsto en el artículo 1055 en el Código de Comercio, pues no sólo en relación con ellos es que debe aplicarse y decidirse cualquier controversia sobre la vía que se intente, sino que no debe perderse de vista que la obligación esencial del juzgador cuando advierte a través de la excepción correspondiente que la vía intentada por el actor es improcedente, es encausar la acción originalmente planteada por el procedimiento correcto hasta el límite de su competencia.

"En relación con esto último, debe ponderarse que la jurisdicción es una actividad con que el Estado provee a la satisfacción del derecho de acción de los particulares, que en el caso, se confía a los tribunales para resolver mediante la sentencia los asuntos que le sean sometidos, de modo que también es una función regulada por la ley, por lo que tiene un doble aspecto de poder-deber.

"Esa jurisdicción se ejerce sobre las personas y las cosas que existen dentro de los límites territoriales del Estado, y ello permite establecer diversas modalidades de aquélla: federal o local, según se define en la Constitución Federal como norma fundante de ese ejercicio jurisdiccional.

"Así, el Juez que conoce del juicio se apoya en una determinada competencia que la da la ley y que base en ella la ejerce de acuerdo a un procedimiento para dirimir conflictos y decidir controversias, y conforme a ello conoce de materias concretas a las que el legislador ha dado una especial forma procedimental para ser resueltas.

"Es decir, como regla general puede concebirse que exista un solo Juez que ejerza plenitud de jurisdicción sobre un determinado territorio al que se someten todas las personas y cosas sin distinción de alguna clase; aunque las necesidades reales de la sociedad contemporánea hacen poco práctico este postulado, lo que provoca que exista una división de esa función jurisdiccional en territorios o regiones; la naturaleza del litigio o del derecho que se discute, de modo que pueden existir Jueces con la misma competencia territorial pero con distinta competencia por razón de la materia; el monto de la causa o turno, que sí afectan el orden público de no observarse y no pueden ser modificadas por el Juez o las partes, salvo lo previsto expresamente por la ley.

"En principio, la competencia de los Jueces viene determinada por la Constitución Federal y la ley respectiva que organice el poder judicial, federal o local; o bien por la propia ley procesal que debe regir la contienda presente o futura.

"En particular, el artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal dispone que todas las controversias del orden civil, en las que se comprende la materia mercantil, que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, y cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal.

"Esto último constituye un dato relevante que debe tomarse en cuenta por el Juez que decide en un juicio la excepción de improcedencia de la vía y, además, la declara fundada, porque tratándose de este aspecto únicamente de una cuestión atinente a la forma en que debe tramitarse un determinado asunto, la procedencia de dicha excepción sólo tiene como finalidad seguir un determinado procedimiento y, según los propósitos de la reforma legislativa apuntada, debe tender a que el proceso sea más ágil y exista celeridad en su resolución.

"Consecuentemente, el efecto de la determinación que estima que la vía intentada por el actor no es la procedente, sólo excluye su trámite de acuerdo al procedimiento elegido por el actor y que se continúe el trámite en la vía que resulte procedente declarando la validez de lo actuado y es obligación del Juez regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente.

"De modo que el Juez cuando declaró procedente la excepción de la vía, tiene que establecer a la vez cuál es la procedente y continuar el procedimiento en la que corresponda, porque está facultado conforme al artículo 1127 del Código de Comercio, para declarar la validez de lo actuado y continuar el procedimiento en la vía que se considere pertinente así como, en su caso, regularizarlo de acuerdo a la vía que se declare procedente.

"Entonces, cuando se actualiza en el supuesto del segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio, no se excluye la competencia del J

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21380-24dbd74f/improcedencia-de-la-via-la-regla-contenida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.