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ALIMENTOS. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU MONTO PROVISIONALMENTE, SI ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE DICTA LA SENTENCIA DEL JUICIO NATURAL EN QUE SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA (LEGISLACIONES PROCESALES CIVILES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y GUERRERO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21837
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 30.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.

TERCERO. Ante todo, es significativo tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados contendientes expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.

En ese sentido, cabe destacar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, antes Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Se estima innecesario examinar la sentencia recurrida, como abordar el estudio de los agravios que en su contra se aducen, pues este tribunal, advierte otro motivo para sobreseer en el juicio de amparo indirecto número ********** distinto del que apreció el Juez de Distrito; y que este cuerpo colegiado plantea de oficio atento a lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales. En efecto, se sostiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, y no por la fracción XVI, como lo consideró el Juez Federal, por lo siguiente: Del estudio y análisis de las constancias que integran el expediente principal del juicio de amparo referido se advierte que el hoy recurrente ********** interpuso demanda de garantías, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, consistentes en: ‘1. De la Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, se reclama la sentencia dictada con fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en autos del toca familiar ********** del índice de la responsable formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ********** en contra del auto dictado con fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por el C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en autos del expediente ********** relativo al juicio especial de alimentos seguido por ********** en contra de ********** y 2. Del C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Tabares, se reclama la ejecución de la sentencia reclamada a la autoridad referida en el punto uno que precede, y en lo específico la expedición del oficio dirigido a mi empleador que ordene el descuento correspondiente’. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al a quo, consistentes en fotocopias certificadas del toca familiar ********** y duplicado del expediente número ********** relativo al juicio sumario de alimentos promovido por ********** por su propio derecho y en representación del menor ********** es manifiesto que mediante resolución de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se modificó el auto de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, relativo al monto de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de los actores en ese juicio natural. En ese orden de ideas, la causa de improcedencia planteada de oficio por este tribunal se actualiza con base en lo siguiente: El precepto invocado al respecto dispone: ‘Artículo 73. ... X. ...’ (se transcribe). De la anterior transcripción, se desprenden los siguientes elementos que determinan esa causa de improcedencia; a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera puede subsistir la segunda. Ahora bien, de las aludidas constancias se advierte que con fecha nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se dictó en el juicio natural sentencia definitiva que puso fin a la primera instancia, publicada el diez de ese mismo mes y año, que en sus puntos resolutivos concluyó: (se transcribe). En consecuencia, si se reclamó la ejecutoria pronunciada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en la que modificó la pensión alimenticia decretada provisionalmente por el Juez natural, y al haberse decretado al demandado hoy inconforme el pago de la pensión alimenticia definitiva a favor de su hijo ********** cancelando con ello y dejando sin efectos la primera, que propiamente constituye la materia del acto reclamado en la vía constitucional, es incuestionable que ha operado un cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumados irreparablemente los actos y violaciones reclamadas porque no es posible decidir sobre la constitucionalidad de los mismos, sin afectar la nueva situación jurídica, independientemente de que la sentencia de primer grado haya sido apelada y esté sub júdice; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo. Debiéndose decir que esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado, pues tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido controvertida ni resuelta conforme a derecho, ésta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza, destacándose que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición del hoy recurrente frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular ...".

De la ejecutoria relativa derivó la tesis que a continuación se precisa:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo III, marzo de 1996

"Tesis: XXI.1o.17 K

"Página: 878

"ALIMENTOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si el acto reclamado en la vía constitucional, se hizo consistir en la ejecutoria pronunciada por la Sala responsable, en la que modificó la pensión alimenticia fijada provisionalmente por el Juez natural y al haberse decretado al demandado, inconforme, el pago de la pensión alimenticia definitiva en favor de su hijo, dejando sin efectos la primera, es incuestionable que ha operado un cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumados irreparablemente los actos y violaciones reclamadas por no poderse decidir sobre la constitucionalidad de los mismos, sin afectar la nueva situación jurídica, independientemente de que la sentencia de primer grado haya sido apelada y esté sub júdice; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, y no la fracción XVI, referente a la cesación de efectos del acto reclamado."

En idénticos términos se pronunció el mismo Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** el doce de julio de dos mil siete, determinando, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. El único concepto de agravio es infundado en una parte, e inoperante en otra, sin que se advierta deficiencia que deba suplirse a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, del único concepto de agravio expresado por la recurrente, se advierte que, en esencia, su inconformidad frente a la sentencia recurrida, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de garantías por estimar, la Juez de Distrito, que en la especie había operado un cambio de situación jurídica, radica en los tres argumentos jurídicos fundamentales siguientes: a) Los alimentos son de interés público; b) Los efectos de la suspensión definitiva habrán de cesar a favor del menor ********** y, c) La Juez de Distrito debió entrar al estudio de fondo del asunto, analizar los conceptos de violación, suplir la deficiencia de éstos y conceder la protección constitucional solicitada. El primero de tales argumentos es infundado, pues si bien es cierto que el derecho a los alimentos es considerado como de orden público, también lo es que tal circunstancia no hace procedente el juicio de garantías cuando se actualiza una causa que lo hace improcedente, pues esta última figura jurídica, esto es, la improcedencia del juicio de amparo, que igualmente es una cuestión de orden público, se funda en razones que hacen inviable la acción constitucional y que son completamente independientes de la naturaleza, entidad o valor del derecho debatido en el juicio natural, por lo cual se estima que la determinación de la Juez de Distrito que ahora se recurre, es legalmente correcta. Esto es así, pues como bien lo ponderó dicha juzgadora de amparo, si los actos reclamados en el juicio de garantías se hicieron consistir en la interlocutoria de veintiuno de noviembre de dos mil seis, dictada por la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, en el incidente de reducción de pensión alimenticia deducido, por la tercera perjudicada ********** dentro del juicio especial de alimentos ********** promovido en contra de esta última, y de otro, por ********** en representación de su menor nieto ********** así como la ejecución de dicha resolución; y advirtiéndose, del escrito y anexo presentado ante el juzgado de Distrito con fecha veinte de febrero de dos mil siete, por la referida tercera perjudicada, que en los autos del juicio especial de alimentos mencionado ya se dictó sentencia el día catorce del mes señalado. Entonces, resulta incuestionable que se actualizó en el procedimiento de origen, esto es, en el juicio especial de alimentos ********** un cambio de situación jurídica que conduce a estimar irreparablemente consumadas las violaciones alegadas por la quejosa, que se pudieron haber cometido en la interlocutoria de veintiuno de noviembre de dos mil seis, respecto de las cuales ya no puede decidirse, pues de hacerlo se afectaría, claro está que indebidamente, la nueva situación jurídica creada con el dictado de la sentencia definitiva, misma que, cabe mencionar, ha sustituido procesalmente a la resolución incidental primeramente mencionada, de tal forma que es ahora la que rige la situación de las partes contendientes en el juicio y, en todo caso, la que debe ser combatida a través de los recursos o medios de defensa que resulten procedentes. Sin que impida considerarlo de esta forma la circunstancia de que los alimentos sean de orden público, como lo propone la recurrente, pues, como se ha dicho, la improcedencia del juicio de garantías no depende de la naturaleza, entidad o valor del derecho debatido en el procedimiento natural, sino de razones, igualmente de orden público, que impiden realizar el examen del acto reclamado cuando la acción constitucional se torna inviable, por existir una causa que lo impide, como en el caso es la emisión de la sentencia de catorce de febrero de dos mil siete, misma que impide, con su solo dictado, la posibilidad de analizar la interlocutoria de veintiuno de noviembre de dos mil seis, puesto que de hacerlo y de resultar fundadas las violaciones alegadas, se afectaría la nueva situación jurídica originada con aquélla, particularmente la forma definitiva la forma y términos en que ahí se dispuso sean ministrados los alimentos al menor **********. Así, es correcto que la Juez de Distrito haya citado, en apoyo de sus consideraciones y por identidad jurídica, la tesis emitida por este tribunal, en su anterior denominación, de rubro y texto siguientes: ‘ALIMENTOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.’ (se transcribe) ...".

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** el cinco de septiembre de dos mil ocho, sostuvo, en lo conducente, las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Antes de abordar el estudio de los agravios transcritos, debe señalarse que no pasa inadvertido para este tribunal, que en la sustanciación del presente recurso, la autoridad responsable Juez Tercero de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante oficio ********** remitió copia certificada de la sentencia definitiva pronunciada el dos de julio de dos mil ocho en los autos del juicio oral de alimentos ********** a fin de que surtiera los efectos legales a que hubiere lugar; situación que en el caso, no trasciende al resultado del fallo constitucional, como enseguida se verá. Es imperativo para este tribunal, lo aleguen o no las partes, atender si en la especie se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio, por tratarse de una cuestión de orden público que debe estudiarse en primer término, acorde con la parte in fine del artículo 73 de la Ley de Amparo. El cambio de situación jurídica como causa de improcedencia está previsto en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual es del siguiente tenor: ‘Artículo 73. ... X. ...’ (Se transcribe). El anterior precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo cuando se da un cambio de situación jurídica del acto que se reclama, es decir cuando se produce una circunstancia jurídica que transforma el acto impugnado de tal forma que es considerada irreparablemente consumada la violación alegada. Conforme a su texto, la improcedencia se actualiza cuando concurran los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, sea pronunciada una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, aun cuando el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese tenor, para que exista un cambio de situación jurídica resulta indispensable que con posterioridad a la presentación de la demanda se emita un nuevo acto dentro del mismo procedimiento que venga a modificar esa situación y que no sea factible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Inclusive, para que una resolución emitida dentro de un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio provoque un cambio de situación jurídica, resulta necesario que el acto cuya constitucionalidad se reclamó sirva de sustento a la determinación que provoca el cambio y, de acontecer esto último, se advierta que, por haberse dictado en una diversa etapa, sea autónomo e independiente del nuevo acto, de modo que éste pueda subsistir, con independencia de que el impugnado resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en la especie, respecto del acto reclamado consistente en el auto dictado el tres de octubre de dos mil siete, mediante el cual -además de admitir a trámite la demanda de alimentos- se fijó la pensión provisional alimenticia a que se contrae el artículo 1070 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por principio, debe precisarse cuál es la situación jurídica que su emisión acarreó para el quejoso y, en qué medida se vio afectada esa circunstancia por el hecho de haberse emitido sentencia de primera instancia, en el respectivo juicio alimenticio, considerando, inclusive, si aquella determinación sirve o no de sustento a la resolución de fondo. Así, debe señalarse que la obligación alimentaria es una disposición de orden público e interés social, conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, de la adopción, del divorcio y, ante la satisfacción de determinados requisitos, del concubinato. Específicamente, la llamada ‘provisional’ es la que decreta el Juez para cubrir la necesidad de subsistencia de aquellas personas que tienen derecho a ello (acreedores alimentistas), en tanto no se establece en forma final y concluyente qué cantidad van a percibir. A diferencia de lo anterior, sobre lo que versa la sentencia definitiva del juicio es al monto final que, en caso de prosperar la acción de alimentos, habrá de condenarse al demandado. En esa medida, dado que procesalmente la pensión provisional decretada no sirve de sustento a la resolución de fondo, pues no es pauta para tener por acreditados los elementos de la acción o las excepciones que se pudieren oponer, el dictado de la sentencia de primera instancia -que no ha causado estado-, no viene a transformar la situación jurídica en que se ubica el deudor respecto del monto provisionalmente fijado, pues con independencia de ésta, el quejoso continúa resintiendo en su esfera de derechos una afectación de la misma índole, que no disminuye o se incrementa por la emisión de la sentencia que resolvió sobre el fondo del juicio, que determinó cierta cantidad que regirá sólo a partir del momento en que quede firme. Ante tales circunstancias, este tribunal colegiado arriba a la conclusión de que en el caso concreto, no encuentra aplicación la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. Razones las anteriores que llevan a realizar cierta precisión con relación a los efectos para los cuales el Juez de Distrito concedió la protección constitucional, pues atendiendo a la literalidad de su determinación, involucraría una contradicción con lo aquí sostenido. En efecto, a foja 3888 frente y vuelta, tomo IV, del juicio de garantías, se aprecia que el Juez de Distrito resolvió otorgar la protección federal a ********** en los términos siguientes: ‘... Consecuentemente, ante lo fundado de los conceptos de violación, se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que la autoridad responsable ordenadora, deje insubsistente la resolución de tres de octubre de dos mil siete, y en su lugar dicte otra, donde con plenitud de jurisdicción, funde y motive el acto reclamado ...’. Como se desprende del texto transcrito, de los términos en que fueron establecidos los efectos por el resolutor federal, su cumplimiento implica que pueda quedar insubsistente el auto admisorio de la demanda emitido el tres de octubre de dos mil siete (foja 2673, tomo III, del juicio de amparo), que si bien contiene la determinación relativa a la fijación de la pensión provisional en términos del artículo 1070 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, constituye un acto que sirve de sustento para la emisión de la sentencia, y por ende, al dictarse ésta, cabría la hipótesis de declarar el cambio de situación jurídica, pues evidentemente, no podría restituirse al quejoso de alguna violación cometida en aquel acto, sin afectar la situación creada por la definitiva. Sin embargo, no debe perderse de vista que si bien, ********** señaló como acto reclamado en su demanda de garantías el mencionado auto, también lo es, que no lo hizo por cuanto a la admisión de la demanda, puesto que precisó ‘... lo que sí constituye el acto reclamado es la infundada e inmotivada pensión alimenticia provisional que la responsable ordenadora fijara en la cantidad de ********** (**********) ...’ (foja 3, tomo I, ídem). Por tanto, se impone que una vez atendidos los agravios planteados, de subsistir el sentido del fallo constitucional, se modifiquen los efectos en él señalados, a fin de subsanar la incongruencia en que recayó el Juez de Distrito y se plasmen debidamente los términos de la concesión. Así, atendiendo a lo expuesto en el considerando quinto de la presente ejecutoria, se modifican los efectos de la concesión otorgada y en su lugar, se impone conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora deje insubsistente la resolución dictada el tres de octubre de dos mil siete, únicamente respecto a la determinación de la pensión alimenticia provisional que al afecto emitió y dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive los términos en que resuelva. Es preciso destacar que sobre el tema sustancial tratado en esta ejecutoria, se advierte la existencia de una tesis aislada que a la postre es citada por el Magistrado disidente, en la formulación del voto particular integrante de la presente ejecutoria, misma que fue sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 878, número de registro IUS 202867, de rubro y texto siguientes: ‘ALIMENTOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.’ (se transcribe). En esta tesis, concluye el órgano sustentante, sin mayor consideración, que siendo el acto reclamado en la vía constitucional la determinación que modifica la pensión provisional alimenticia, al dictarse la sentencia -aún cuando ésta haya sido apelada- que decreta el pago de la pensión definitiva dejando sin efectos la primera, trae por consecuencia, un cambio de situación jurídica al estimarse consumados irreparablemente los actos y violaciones reclamados por no poderse decidir respecto de ellos sin afectar la nueva situación. Criterio que, cabe señalar, no vincula a este órgano colegiado, atento al contenido del artículo 193 de la Ley de Amparo. En consecuencia, por las razones que sostienen el sentido de esta ejecutoria, frente al argumento inmerso en el texto de la tesis aislada de aquel órgano colegiado, este tribunal no comparte la premisa en la que se funda ésta, pues contrario a lo ahí afirmado, en el caso concreto, como se precisó en el considerando quinto de esta sentencia, no se consuman los elementos propios de la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. De tal manera, con fundamento en el artículo 197 A de la Ley de Amparo, a través de la presidencia de este órgano colegiado denúnciese la aparente contradicción de tesis, entre el criterio contenido en la tesis aislada transcrita y las razones dadas por este tribunal en el presente asunto, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que, en su caso, determine la postura que sobre el tema debe prevalecer ...".

CUARTO. Precisado lo anterior, es pertinente significar que el hecho de que el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito en la ejecutoria relativa al amparo en revisión ********** no haya sido expuesto formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación respectiva en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"Página: 319

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

QUINTO. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, estableció, por unanimidad de diez votos, que para que se dé una contradicción de tesis, es indispensable que exista un problema jurídico que amerite ser definido para el mundo jurídico, y así evitar que se sigan dando situaciones confusas y, desde luego, soluciones distintas y contradictorias a asuntos similares.

En esa tesitura, a efecto de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer, es conveniente, en principio, traer a cuentas los antecedentes que informan los criterios pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21837-5fd516ba/alimentos-no-se-actualiza-la-causa-de-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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