ROBO AGRAVADO. LAS EXPRESIONES "ARTÍCULO ANTERIOR" Y "ARTÍCULO PRECEDENTE" CONTENIDAS EN EL NUMERAL 309 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA DEBEN ENTENDERSE RESPECTO DEL PRECEPTO 308 DE DICHO ORDENAMIENTO, NO OBSTANTE LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 308 BIS Y 308-A A ESE CÓDIGO (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2002 AL 7 DE JUNIO DE 2004).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 178/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO) Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de una contradicción de tesis suscitada entre los criterios de dos Tribunales de Circuito sobre cuestiones de naturaleza penal, cuya competencia exclusiva corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. El denunciante, Magistrado presidente del entonces Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito), está legitimado para efectuar la denuncia de contradicción de tesis a que este asunto se refiere, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que uno de los criterios en contienda se suscitó en un juicio de amparo en revisión del que conoció el Tribunal Colegiado que integra.
TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción de tesis. Con el objeto de examinar y establecer en el siguiente apartado si existe contradicción de tesis, se estima conveniente transcribir los argumentos que sustentaron los Tribunales Colegiados contendientes.
I. El entonces Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito), al resolver el amparo directo penal 128/2005, sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Los conceptos de violación son ineficaces.
"...
"Por principio, es necesario señalar que el texto de los artículos 308, 308 Bis, 308-A y 309 del Código Penal para el Estado de Sonora, son del tenor literal siguiente: (se transcriben).
"De una interpretación literal o gramatical del artículo 309, se colige que la frase ‘a que se refiere el artículo anterior ...’ que se contiene en el primer párrafo de dicho numeral, remite al precepto inmediato anterior, que viene siendo el artículo 308-A, sin embargo, esa interpretación literal es insuficiente para determinar el sentido y alcance del artículo 309 citado, pues conduce a un absurdo, ya que en su fracción III hace referencia a la fracción IV del artículo anterior, esto es, del artículo 308-A, mismo que no tiene fracciones, lo que indica que la agravante que se contiene en el artículo 309 no puede ser aplicable al delito previsto en el artículo 308-A.
"...
"En la especie, se estima que el método histórico es el que permite determinar el sentido y alcance de la norma en comento.
"La interpretación histórica consiste en analizar las diversas reformas y adiciones de un precepto legal, para determinar cuál es el alcance del mismo, qué es lo que regula y cuál es su aplicación.
"En el caso, nos ocuparemos de las diversas modificaciones que han tenido los artículos 308, 308 Bis, 308-A y 309 del Código Penal para el Estado de Sonora, para así determinar en qué casos resulta aplicable la agravante contenida en el artículo 309 citado.
"Así, tenemos que mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, se expidió el actual Código Penal para el Estado de Sonora, cuyos artículos 308 y 309, establecían: (se transcriben).
"Así, tenemos que la redacción del artículo 309 al mencionar en su primer párrafo: ‘El delito a que se refiere el artículo anterior ...’, en su fracción II ‘en el artículo precedente’, y la fracción III, al indicar ‘en el supuesto señalado en la fracción IV del artículo anterior’, remite al artículo 308, que es el que se encontraba inmediatamente anterior al 309.
"Ahora bien, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el diecinueve de diciembre de dos mil dos, se adicionaron los artículos 308 Bis y 308-A, que son del tenor literal siguiente: (se transcriben).
"La adición de los artículos 308 Bis y 308-A, no incluyó la reforma al artículo 309, en la parte en que se hacía referencia al artículo anterior y el artículo precedente, que como se vio, se refería al artículo 308, lo cual motivó que la remisión que dicho precepto hacía al artículo anterior quedara desfasada, ya que el artículo anterior ya no es el numeral 308, sino el numeral 308-A.
"Así, tenemos que desde la expedición del Código Penal para el Estado de Sonora, la intención del legislador fue que la agravante del artículo 309 se aplicara a los casos previstos en el artículo 308, empero con la adición de los artículos 308 Bis y 308-A, la redacción del artículo 309 quedó desfasada, pues su texto remitía al artículo anterior, el cual ya no era el artículo 308 sino el 308-A, lo cual hace patente el espíritu del legislador, siempre ha sido que la agravante prevista en el artículo 309 se refiere al artículo 308 y no así las del artículo 308-A.
"Por tanto, la evolución de los artículos 308 y 309, revela que la intención del legislador siempre fue la de agravar las penas previstas en el artículo 308 y nunca del artículo 308-A, motivo por el cual tal agravante sólo es aplicable a las conductas previstas en el artículo 308.
"Lo anterior no implica que se transgreda el principio de irretroactividad de la ley, pues si bien en la actualidad, a través de una reforma legislativa, se indica expresamente que la agravante prevista en el artículo 309 es aplicable para las conductas contempladas en el artículo 308, no debe soslayarse que, como se ha visto, la interpretación histórica de los artículos 308 y 309, pone de relieve que la intención del legislador siempre ha sido que las penas para las conductas del artículo 308, se encuentren agravadas en términos del artículo 309 del ordenamiento legal en cita, motivo por el cual son infundados los conceptos de violación expresados en ese sentido.
"Por otra parte, es cierto que de acuerdo con la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal queda prohibido imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, empero dicha garantía no impide que el juzgador interprete las normas para desentrañar su sentido y alcance, lo que aconteció en al (sic) especie, pues ello no tuvo como efecto aplicar una pena no prevista, sino desentrañar el contenido del artículo 309 del Código Penal para el Estado de Sonora, para determinar cuáles son las conductas que el legislador quiso agravar y así, aplicar en su justa dimensión dicho numeral, tal como lo pretendió el legislador ordinario."
II. Por su parte, el criterio del entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito (ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito), al fallar los amparos directos penales 33/2004, 153/2004, 263/2004, 330/2004, 574/2004, 651/2004, 670/2004, 758/2004 y 282/2005, mejor plasmado en la ejecutoria del asunto 758/2004, en su parte conducente, dice:
"Siendo pertinente establecer que no puede tomarse como base para la aplicación de las sanciones la penalidad mínima de tres años que prevé el artículo 309 del Código Penal para el Estado de Sonora, el que a la fecha de la sentencia priminstancial disponía:
"‘Artículo 309. El delito a que se refiere el artículo anterior se sancionará con prisión de tres a doce años:
"‘I. Cuando concurran dos o más elementos típicos de los señalados en el artículo precedente;
"‘II. Cuando la conducta delictiva se ejecute utilizando armas de fuego; y,
"‘III. Cuando en el supuesto señalado en la fracción IV, del artículo anterior, el lugar se encontrare habitado al momento de su comisión.’
"Porque del análisis del Decreto Número 276 bis, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sonora, el diecinueve de diciembre de dos mil dos, se advierte que se adicionaron al Código Penal del Estado de Sonora los artículos 308 Bis y 308-A, siendo el último de los dispositivos citados el que en la fecha de la emisión de la sentencia de primera instancia precedía al artículo 309 de dicho ordenamiento legal, dispositivo legal que textualmente señala lo siguiente:
"‘Artículo 308-A. Se aplicará la pena prevista en el artículo 305 de este capítulo, al que sin tomar las medidas indispensables para cerciorarse de su procedencia legítima, lleve a cabo el desmantelamiento o comercialice conjunta o separadamente las partes de un vehículo de propulsión mecánica robado. Por desmantelamiento se entenderá la acción de desarmar y desbaratar de manera total o parcial la estructura del vehículo.’
"Del análisis de los preceptos anteriormente transcritos, se advierte que el artículo 309, para efectos de la aplicación de la sanción correspondiente, establece que se impondrá una pena de tres a doce años de prisión, en el caso a que se refiere el artículo anterior, cuando concurren dos o más de los elementos señalados en el propio artículo precedente, siendo que el delito previsto en ‘el artículo anterior’ y los supuestos o elementos típicos señalados en ‘el artículo precedente’ se acoten en las hipótesis que prevé el dispositivo 308-A (que es el anterior o el que precede al artículo 309). Es decir, se refiere a quien, sin tomar las medidas indispensables para cerciorarse de su procedencia legítima, lleve a cabo el desmantelamiento, o comercialice conjunta o separadamente las partes de un vehículo de propulsión mecánica robado, pues dicho ordinal específicamente remite al diverso precepto 308-A, que es el que prevé tal conducta delictiva.
"Sin embargo, cabe precisar que en el presente caso, el delito por el que fue sentenciado el quejoso es el de robo con violencia en establecimiento comercial abierto al público, previsto por el artículo 308, primer párrafo, con relación a las fracciones I y V de ese mismo numeral, del Código Penal para el Estado de Sonora, dispositivo anterior que prevé un pena específica para dicha hipótesis, que va de dos a diez años de prisión, razón por la cual no pueden ser sancionados conforme al diverso 309 del Código Penal sonorense, ya que, como se dijo, este último dispositivo sanciona la hipótesis típica contenida en el artículo 308-A de dicho ordenamiento legal, y no la prevista en el dispositivo 308 por el que fue sentenciado, así sea evidente que ello es resultado de un error de técnica legislativa al quedar fuera de contexto el numeral punitivo invocado, con la inserción de otros diversos entre los preceptos 309 y 308 del aludido código.
"En efecto, el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
"‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’
"Atento a lo anterior, la lectura del numeral 308-A antes transcrito, permite constatar que prevé y sanciona conductas distintas a las atribuidas a ... en la medida en que a éste se le reprocha el apoderamiento de dinero en efectivo con violencia, en establecimiento comercial abierto al público, y el artículo 308-A, se refiere a quien desmantele o comercialice conjunta o separadamente las partes de un vehículo de propulsión mecánica robado; por ende, si los hechos por los que fue acusado ... se encuentran dentro de los que sanciona el artículo 308 del Código Penal para el Estado de Sonora, que al momento de dictarse el fallo priminstancial no era el artículo anterior o precedente al que establece como pena mínima la de tres años de prisión, es inconcuso que la misma no debe tomarse como base para la imposición de la pena de prisión, sólo el artículo 308 del mismo ordenamiento legal, que prevé y sanciona el tipo básico de apoderamiento de cosa ajena mueble sin el consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley, para sancionar la conducta atribuida a ... y de no ser así se violaría en perjuicio de éste la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, prevista en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ante su categoricidad no pueden oponerse razones de lógica o falta de técnica legislativa, sino que la ley en que se funde el acto de privación debe ser exactamente aplicable al caso de que se trate.
"Esto es así, pues como antes se expuso, la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, que recoge el artículo 14 de la Constitución Federal, es categórica en el sentido de que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté establecida por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.
"Ello porque el alcance de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, tutelada por la citada norma constitucional, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté estatuida por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que obliga al legislador a emitir normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del respectivo juzgador.
"Sobre este particular, resulta pertinente tener presente que la garantía de exacta aplicación de la ley se entiende como una extensión de la garantía de seguridad jurídica, consagrada en el párrafo tercero del citado artículo 14 constitucional.
"En efecto, de conformidad con la disposición constitucional aludida se establecen como garantías específicas, por una parte, que no podrá considerarse delictuoso un hecho sin expresa declaración de la ley (nullum crimen sine lege) y, por la otra, que para todo delito la ley debe señalar con precisión la pena correspondiente, ya que dicho artículo prohíbe aplicar una sanción si no existe disposición legal alguna que expresamente la establezca por la comisión de un hecho determinado que esté considerado como delito.
"Sin que pueda considerarse que el artículo 309 señalado, cuando remite al precepto que le antecede, se refiere al 308 y no al 308-A, porque hay una remisión expresa como antes se vio, y en éste se tipifica una conducta distinta a aquella conforme a la cual se ejercitó acción penal, se le sujetó a proceso, se le acusó en definitiva y se le sentenció al ahora quejoso, en virtud de lo cual, atendiendo a la garantía de seguridad jurídica mencionada, no es dable sancionar al reo de acuerdo a las penas previstas por el artículo 309 si, como se dijo, el presupuesto de su aplicación se apoya en una conducta no atribuida en los autos a la parte reo, de ahí que en observancia de dicha garantía, el numeral señalado no debe aplicarse en su perjuicio, justamente porque la pena que en él se precisa no es para que sea aplicada para el delito de que se le imputa al quejoso.
"Es aplicable al respecto, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ‘FALSEDAD EN DECLARACIONES RENDIDAS ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 247 DEL AHORA CÓDIGO PENAL FEDERAL VIOLA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN LA PARTE QUE SEÑALA «SE IMPONDRÁN DE DOS A SEIS AÑOS», PORQUE NO ESPECIFICA LA NATURALEZA DE LA PENA (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DIEZ DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO).’ (se transcribe texto).
"Es igualmente aplicable la tesis aislada sostenida por el mismo órgano del citado Alto Tribunal, del tenor siguiente: ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA.’ (se transcribe texto)."
CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios y fijación del tema a dilucidar.
Previamente a la resolución de la presente contradicción de tesis, debe señalarse que no impide su análisis la circunstancia de que ninguno de los tribunales haya elaborado formalmente alguna tesis, entendida ésta como un criterio definido mediante una redacción especial con título del tema y texto, pues la expresión tesis a que aluden los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, así como 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio respecto de un tema determinado emitido por los órganos jurisdiccionales al resolver los asuntos de su competencia; por lo que es suficiente el criterio definido, sobre un tema, al dictar sentencia, para estimar que hay tesis.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 9/95, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS."(1)
De igual forma, como otra cuestión previa, debe señalarse que para que se actualice su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
Así, se actualiza la contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)
Ahora bien, de la lectura de las ejecutorias mencionadas en el considerando que antecede, se advierte que el entonces Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito) al fallar el amparo directo penal 128/2005 y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito), al resolver en los amparos directos penales 33/2004, 153/2004, 263/2004, 330/2004, 574/2004, 651/2004, 670/2004, 758/2004 y 282/2005, actualizaron los supuestos anteriormente aludidos para la existencia de una contradicción de tesis, dado que:
a´) Ambos Tribunales Colegiados resolvieron negocios jurídicos (amparos directos penales) en los que examinaron la misma cuestión jurídica, a saber:
Si el artículo 309 del Código Penal para el Estado de Sonora (en su vigencia del veinte de diciembre de dos mil dos al siete de junio de dos mil cuatro), por sus expresiones artículo anterior y artículo precedente, se remitía o no al numeral 308 del mismo código punitivo, a pesar de la adición de los artículos 308 Bis y 308-A a ese ordenamiento, en términos de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, que regula el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.
Y, efectivamente, cada uno de dichos órganos jurisdiccionales arribó a conclusiones diversas:
Para el Primer Tribunal, el artículo 14, tercer párrafo, constitucional, permite interpretar que el artículo 309 del Código Penal para el Estado de Sonora (en su vigencia del veinte de diciembre de dos mil dos al siete de junio de dos mil cuatro), se remitía al numeral 308 del mismo código punitivo, no obstante que el primero contenía las expresiones artículo anterior y artículo precedente, y a pesar de la adición de los artículos 308 Bis y 308-A al mismo ordenamiento; mientras que, por otra parte, para el entonces Cuarto Tribunal (hoy Segundo Tribunal) el citado artículo constitucional no permite hacer tal interpretación, de manera que atendiendo a esas expresiones la remisión del artículo 309 no debía entenderse respecto al numeral 308 sino al artículo 308-A, ambos de la citada ordenanza punitiva.
b´) Para arribar a esas antagónicas conclusiones, cada uno de los tribunales propuso razonamientos distintos.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado sustentó su conclusión, esencialmente, en los siguientes argumentos:
• De una interpretación literal o gramatical del Código Penal para el Estado de Sonora, en su artículo 309 (vigente en el periodo del veinte de diciembre de dos mil dos al siete de junio de dos mil cuatro), se colige la frase "... a que se refiere el artículo anterior ...", que se contenía en el primer párrafo de dicho numeral, remitía al precepto inmediato anterior, que era el artículo 308-A, sin embargo, tal interpretación es insuficiente para determinar el sentido y alcance del primero de los artículos citados, pues conduce a un absurdo, ya que el mismo en su fracción III hacía referencia a la fracción IV del artículo anterior, esto es, el 308-A que no contiene fracciones, lo que indicaba que la agravante del 309 no podía ser aplicable al 308-A.
• En consecuencia, debe acudirse al método de interpretación histórico para determinar el sentido y alcance de la norma en comento, por lo que el tribunal reseña lo dispuesto en los artículos 308, 308 Bis, 308-A y 309, conforme a las publicaciones en el Boletín Oficial de dicho Estado, de fechas veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro y diecinueve de diciembre de dos mil dos, de lo que concluye que la adición de los artículos 308 Bis y 308-A (conforme a la segunda publicación) no incluyó la reforma al numeral 309, en la parte que hacía referencia al artículo anterior y al artículo precedente, que en su opinión se refería al 308, lo cual motivó que la remisión que dicho precepto hacía quedara desfasada, ya que el artículo anterior ya no era el 308 sino el 308-A.
• No obstante esto último, dado que desde la expedición del citado código punitivo la intención del legislador fue que la agravante del artículo 309 se aplicara a los casos previstos en el 308, aun a pesar de la adición de los otros dos numerales, debe interpretarse en ese mismo sentido.
• Además, en la actualidad se dio una reforma legislativa (se refiere a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de siete de junio de dos mil cuatro), en la que se indica expresamente que la agravante del artículo 309 es aplicable a las conductas del 308.
• Y concluye que es cierto que de acuerdo con la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal (artículo 14, tercer párrafo, constitucional), queda prohibido imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, empero, dicha garantía no impide que el juzgador interprete las normas para desentrañar su sentido y alcance, lo cual aconteció en la especie, pues ello no tuvo como efecto aplicar una pena no prevista, sino desentrañar el contenido del artículo 308, para determinar cuáles son las conductas que el legislador quiso agravar y así aplicar en su justa dimensión dicho numeral, tal como lo pretendió el legislador ordinario.
Por su parte, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado (hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito) argumentó, sustancialmente, lo siguiente:
• El artículo 309 del Código Penal para el Estado de Sonora (vigente en el periodo del veinte de diciembre de dos mil dos al siete de junio de dos mil cuatro) establecía que las penas contenidas en dicho numeral se aplicarían al delito que le precedía, lo que el tribunal interpreta como el artículo 308-A, porque hay remisión expresa, y agrega que este último se refiere al delito de desmantelamiento o comercialización de parte de un vehículo de propulsión mecánica robado, el cual ninguna relación tiene con el delito de robo previsto por el artículo 308.
• Al respecto, el tribunal también refiere la adición de los artículos 308 Bis y 308-A conforme a la publicación en el Boletín Oficial de dicho Estado de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dos, de la que destaca que el numeral 309 (en el periodo de vigencia aludido) remitía al 308-A.
• Y concluye que interpretar que el artículo 309 se remite al 308, viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, que regula el artículo 14, tercer párrafo, constitucional, pues se advierte que se trata de un error de técnica legislativa al quedar fuera de contexto el numeral punitivo invocado.
c’) Por último, como se desprende de lo antes dicho, también se satisface el tercero de los extremos requerido para la existencia de la contradicción denunciada, pues ambos Tribunales Colegiados examinan los mismos elementos.
En efecto, ambos órganos colegiados analizaron los artículos 308, 308 Bis, 308-A y 309 del Código Penal para el Estado de Sonora, y la interpretación que debe darse al último de dichos numerales (en su vigencia del veinte de diciembre de dos mil dos al siete de junio de dos mil cuatro), respecto a su remisión conforme a las expresiones artículo anterior y artículo precedente, en relación con la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal que regula el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitucional Federal.
En suma, es claro entonces que se da la contradicción de criterios denunciada, la cual estriba en determinar si el artículo 309 del Código Penal para el Estado de Sonora (en su vigencia del veinte de diciembre de dos mil dos al siete de junio de dos mil cuatro), por sus expresiones artículo anterior y artículo precedente, se remitía o no al numeral 308 del mismo código punitivo, a pesar de la adición de los artículos 308 Bis y 308-A a ese ordenamiento, en términos de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal que regula el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.
Precisa agregarse que no pasa inadvertido para esta Sala que el texto legal cuya interpretación aquí se controvierte, en la actualidad ya fue reformado, pues por decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el siete de junio de dos mil cuatro (en vigor a partir del día siguiente conforme al artículo primero transitorio), se reformó el primer párrafo y los incisos I y III del artículo 309 de dicho ordenamiento, en los siguientes términos:
"Artículo 309. El delito a que se refiere el artículo 308 se sancionará con prisión de tres a doce años:
"I. Cuando concurran dos o más elementos típicos de los señalados en el artículo 308;
"...
"III. Cuando en el supuesto señalado en la fracción IV del artículo 308 el lugar se encontrare habitado al momento de su comisión."
Empero, ello de ninguna manera conduce a obviar el estudio que impone la presente contradicción. En efecto, si bien el artículo 309 del Código Penal para el Estado de Sonora actualmente dispone claramente la remisión al artículo 308 del mismo código punitivo, ciertamente es una norma no sólo aplicable actualmente a las causas penales ya iniciadas, sino que continuará siéndolo en todos aquellos juicios penales que se inicien por hechos realizados en el ámbito temporal en el que rigió el texto materia de la contradicción, esto es, del veinte de diciembre de dos mil dos al siete de junio de dos mil cuatro, en virtud de la máxima constitucional prevista en el artículo 14, segundo párrafo, de que nadie puede ser juzgado sino por leyes expedidas con anterioridad a los hechos.
Es aplicable por analogía, el criterio que pronunció la extinta Tercera Sala de este tribunal, al emitir el criterio de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DETERMINACIÓN DEL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER, AUNQUE SE REFIERA A PRECEPTOS PROCESALES CIVILES DEROGADOS."(3)
QUINTO. Criterio que debe prevalecer. Debe predominar el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el artículo 309 del Código Penal para el Estado de Sonora (en el periodo de vigencia del veinte de diciembre de dos mil dos al siete de junio de dos mil cuatro), se remitía al numeral 308 del mismo código punitivo, no obstante sus expresiones artículo anterior y artículo precedente, y la adición de los artículos 308 Bis y 308-A a ese ordenamiento, en términos de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, que regula el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, conforme a los argumentos que a continuación se exponen.
En primer término, se puntualiza el contenido de las normas de la citada ordenanza punitiva y su ámbito temporal de aplicación.
Mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, se expidió el actual Código Penal para el Estado de Sonora (que entró en vigor, en lo que interesa, el uno de mayo de ese año, conforme al artículo primero transitorio), sobre el asunto en particular, en los artícu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19628-f54750d7/robo-agravado-las-expresiones-articulo-anterior-y-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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