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Modo: Corpus Pro

CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20284
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO (ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRC
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 51.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO (ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO) Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO (ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO).

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito (actualmente Segundo en Materias Penal y Administrativa del mismo circuito), al resolver el tres de junio de dos mil cuatro, el amparo en revisión penal 245/2004, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Previo el estudio de los conceptos de violación, se examinarán las causales de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, como lo establece el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dice: (transcribe), así como la jurisprudencia número 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (transcribe). También cobra aplicación el criterio contenido en la jurisprudencia 821, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: ‘IMPROCEDENCIA, EXAMEN DE LA, EN LA SEGUNDA INSTANCIA DEL AMPARO INDIRECTO.’ (transcribe). En el presente asunto, este órgano colegiado estima se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dice: (transcribe). En primer lugar, es menester señalar que no por dictarse auto de formal prisión se actualiza la causal de sobreseimiento por cesación de efectos cuando se reclame una orden de aprehensión, puesto que cuando se dicta auto de formal prisión en contra del quejoso existe un cambio de situación jurídica y procede que se decrete el sobreseimiento en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo; pero cuando se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar se actualiza la causal que prevé la fracción XVI del citado numeral, ya que la aludida causal señalada en último término sólo es atendible cuando se constituye una situación idéntica a la que habría existido si la orden de aprehensión no se hubiese emitido, verbigracia, cuando se reclama la orden de aprehensión y con posterioridad se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar siempre y cuando éste adquiera firmeza, pues ya no existe continuidad en el procedimiento. En efecto, el necesario análisis gramatical de tal disposición permite precisar que atendiendo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo ‘cesar’ significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término ‘efecto’ significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así tenemos que a propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada ‘Lecciones de Amparo’, editorial Porrúa, Sociedad Anónima, páginas cuatrocientos noventa y siete y cuatrocientos noventa y ocho, opina que de acuerdo con el texto de la fracción XVI del artículo 73 se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado ‘cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga ...’; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario ‘que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable’, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado ‘se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente ...’; concluye que: ‘... únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada.’. A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro ‘El Juicio de Amparo’, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México, mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos sesenta y siete, en relación con ello expresa: ‘El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción.’. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Causal que se actualiza en la especie pues de las constancias que integran el toca que nos ocupa a fojas diecinueve a cuarenta y seis de autos, obra el oficio número 500 de fecha dieciocho de mayo de dos mil cuatro, suscrito por el Magistrado presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien a solicitud de este cuerpo colegiado de amparo, remite copias debidamente certificadas de la resolución pronunciada por esa Sala dentro del toca penal número I-144/2004. Ahora bien, de las copias certificadas en cita se advierte que el dieciocho de noviembre de dos mil tres, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, libró orden de aprehensión en contra del quejoso ... la que combatió a través del juicio de garantías y por la cual el Juez Segundo de Distrito en el Estado le negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Por otro lado, se obtiene que el veintiocho de noviembre de dos mil tres, el citado quejoso compareció ante el Juez de la causa a responder de los actos imputados en su contra, bajo los efectos de la suspensión provisional concedida por el Juez Federal, en esa fecha se le decretó su detención virtual y se le tomó su declaración preparatoria; el día cuatro de diciembre de dos mil tres, le fue dictado auto de formal prisión al quejoso ... por el delito de fraude en agravio de ... . De las citadas constancias también se advierte que inconforme con el auto de formal prisión, el quejoso interpuso el recurso de apelación del cual tocó conocer a la Segunda Sala Penal del citado tribunal de justicia, la que por resolución de veintitrés de marzo de dos mil cuatro revocó el auto de formal prisión de cuatro de diciembre de dos mil tres, dictado por el Juez señalado como autoridad responsable, y en su lugar dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de ... En las narradas condiciones, al haberse dictado el auto de formal prisión en un inicio por el Juez señalado como responsable y posteriormente auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del recurrente, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado que se hizo consistir en la orden de aprehensión previamente emitida, por lo que es lógico concluir que el acto reclamado en el juicio de amparo (orden de aprehensión), ha quedado sin efectos, pues el auto de libertad es una mera consecuencia de su libramiento. Por tanto, al no existir motivo para la continuación del juicio de amparo, no se puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de la orden de aprehensión impugnada, pues por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carece de materia ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, toda vez que con el dictado del auto de libertad por falta de elementos para procesar, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que el auto de libertad obedeció a que no se acreditó el cuerpo del delito de fraude por el cual se libró en un inicio la orden de captura reclamada, actualizándose así la causal de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que impone revocar la sentencia recurrida que negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso y en términos del numeral 74, fracción III, de la ley en comento, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Al caso es aplicable la tesis número 2a./J. 9/98, publicada en la página doscientos diez, del Tomo VII, del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.’ (transcribe). También es de citarse la tesis aislada número P. CL/97, publicada en la página setenta y uno, Tomo VI, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’ (transcribe). El sobreseimiento que se decreta se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras denominadas comandante regional de la Policía Judicial del Estado, comandante local de la Policía Judicial del Estado adscrito al sector central, comandante de la Policía Judicial del Estado en ciudad Renacimiento, todos con sede en esta ciudad y puerto, y comandante de la Policía Judicial del Estado, con residencia en el poblado denominado Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anterior integración, visible en la página trescientos treinta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, cuyo rubro y texto dice: ‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.’ (transcribe)."

El criterio anterior, originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, septiembre de 2004

"Tesis: XXI.4o.11 P

"Página: 1726

"AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, CESA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Si durante la tramitación del juicio de amparo que se haga valer contra la orden de aprehensión, la autoridad responsable dicta a favor del quejoso auto de libertad por falta de elementos para procesar, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, al constituirse una situación idéntica a la que habría existido si la orden de aprehensión no se hubiera emitido, pues al decretarse su libertad, la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, pues con ello no deja huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio promovido contra ese acto conforme al numeral 74, fracción III, del referido ordenamiento legal.

"Amparo en revisión 245/2004. 3 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Maximiliano Toral Pérez. Secretaria: Guadalupe Juárez Martínez."

B) El Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (actualmente Primero del mismo Circuito), al resolver el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo en revisión 425/94, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"TERCERO. Resulta innecesario transcribir y analizar tanto la resolución constitucional recurrida como los agravios que en su contra se esgrimen, en atención a que este Tribunal Colegiado advierte la existencia de una causal de improcedencia, la que por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional es de estudio preferente, en términos de lo dispuesto por la jurisprudencia número 940, visible a páginas 1538, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 y que a la letra dice. ‘IMPROCEDENCIA.’ (transcribe). En efecto, si bien es cierto que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, con fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, libró orden de aprehensión en contra de ... como probables responsables del delito de daños, previsto y sancionado por el artículo 204 del Código Penal del Estado de Chiapas; también lo es que el mencionado Juez decretó auto de libertad por falta de méritos para procesar el nueve de septiembre del año en curso, contra dichos sujetos (foja 25 del toca en estudio). Ahora bien, de lo expuesto se determina que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo porque evidentemente cesó en sus efectos la orden de aprehensión reclamada, ya que sus consecuencias jurídicas quedaron insubsistentes y bajo ningún aspecto pueden ser analizadas por tratarse de un estadio procesal diferente y no puede decidirse la situación jurídica anterior por haber quedado legalmente sustituida con el auto de libertad antes citado; y, por tanto, lo procedente es revocar la resolución recurrida, en lo que es la materia de la revisión, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal invocado debe sobreseerse en el juicio de garantías. No pasa desapercibido por este tribunal la circunstancia de que formularse la (sic) reclamación constitucional se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión girada en contra de los quejosos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daños, y la autoridad ordenadora al rendir su correspondiente informe justificado confesó la existencia del acto reclamado, así como la existencia de una diversa orden de captura contra los mismos coagraviados por su probable participación en la comisión del ilícito de despojo; sin embargo, tal circunstancia carece de trascendencia jurídica y ningún pronunciamiento cabe hacer al respecto, en la medida que, los quejosos mediante promoción de fecha seis de enero del presente año, formularon la ampliación de su demanda de amparo en relación con dicho acto, y en proveído de diez de ese mismo mes y año, el Juez de Distrito estimó que no daba lugar a tener por ampliada la aludida demanda, acuerdo que quedó firme al no haber sido recurrido oportunamente."

El criterio anterior, originó la emisión de la tesis siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XV, enero de 1995

"Tesis: XX. 283 P

"Página: 267

"ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA POR UN JUEZ DEL FUERO COMÚN. HIPÓTESIS EN QUE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS CESA SUS EFECTOS LA. Si de las constancias que integran el juicio constitucional se advierte que el Juez natural, libró orden de aprehensión en contra del quejoso como probable responsable de un delito, pero también aparece que el citado Juez decretó auto de libertad por falta de méritos para procesar; tal circunstancia hace que se actualice la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, porque evidentemente cesó en sus efectos la orden de aprehensión reclamada, ya que sus consecuencias jurídicas quedaron insubsistentes y bajo ningún aspecto pueden ser analizadas por tratarse de un estadio procesal diferente y no puede decidirse la situación jurídica anterior por haber quedado legalmente sustituida con el auto de libertad en comento.

"Amparo en revisión 425/94. Ricardo Tsuzuki Sales y otro. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez."

C) El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el veintiuno de septiembre de dos mil seis, el amparo en revisión penal 184/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Sin necesidad de examinar los agravios del recurrente, procede sobreseer en el juicio que se revisa. En efecto, la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia número 30/97, que se puede consultar en la página ciento treinta y siete, Tomo VI, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha sostenido el criterio de que no existe obstáculo alguno para el estudio de las causas de improcedencia durante el trámite del recurso de revisión, ya que en relación con ellas sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. El rubro y texto de la tesis de referencia son del siguiente tenor literal: ‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (transcribe). Por otro lado, importa destacar que las causales de improcedencia deben quedar plenamente probadas en autos para que se pueda válidamente decretar el sobreseimiento. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 284, visible en la página 191, Tomo VI, Apéndice de 1995, Séptima Época, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.’ (transcribe). Ahora bien, atendiendo a que el estudio de las causales de improcedencia debe ser de oficio y de estudio preferente por tratarse de cuestiones de orden público e interés general, las pruebas dirigidas a demostrar su acreditamiento pueden presentarse en cualquier instancia, incluyendo la revisión y, por ende, debe ser objeto de análisis y valoración. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 40/2002, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA. LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL, PUEDEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN, SALVO QUE EN LA PRIMERA INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO.’ (transcribe). Así, este órgano de control constitucional advierte la existencia de una causa de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio de garantías. Esa causal se encuentra prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, que textualmente indica: (transcribe). Como se observa, de acuerdo con la redacción actual de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, reformado por decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los preceptos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto, de ahí que, excluidas de ese apartado las violaciones al artículo 16 del propio ordenamiento, esta segunda parte de la fracción y precepto legal aludidos no resulta aplicable, porque el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, regida por los requisitos establecidos en el numeral indicado en último término; por tanto, no corresponde analizar las violaciones que pudiera contener la orden de captura reclamada, ante el pronunciamiento del auto constitucional, porque tratándose de violaciones a dicho precepto constitucional, con el dictado de esta última resolución sobrevino un cambio de situación jurídica del indiciado, en términos de la primera parte de la fracción X del dispositivo 73 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio. En la sentencia que se revisa el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión dictada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sonora el diecinueve de agosto de dos mil cinco, en la causa penal 203/2005, contra ... por el delito de tráfico de indocumentados, previsto y sancionado en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley General de Población. Sin embargo, mediante oficio número 66380/P de fecha diecisiete de agosto de dos mil seis, el Juez Noveno de Distrito en el Estado informó a este tribunal que el Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar dictado a favor de ... en la causa penal 203/2005, por el delito de tráfico de indocumentados, previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo primero, de la Ley General de Población y remitió las constancias correspondientes. De ellas se advierte que el Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, dictó resolución de fecha catorce de agosto de dos mil seis, con el punto resolutivo siguiente: ‘ÚNICO. Se confirma el auto de libertad de treinta de junio de dos mil seis, dictado por el secretario encargado del despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Agua Prieta, Sonora, en la causa penal 203/2005, a ... por el delito de tráfico de indocumentados, previsto y sancionado en el artículo 138, primer párrafo, de la Ley General de Población, con la agravante prevista en el último párrafo del mismo numeral.’. Lo anterior da como consecuencia que se actualice un cambio de situación jurídica, toda vez que la orden de aprehensión quedó sustituida por la resolución constitucional indicada, por lo que no se puede decidir ya sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos materia del juicio de amparo indirecto, sin afectar la nueva situación jurídica creada con el auto de libertad por falta de elementos para procesar. Por tanto, lo procedente es sobreseer el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a la conclusión alcanzada, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, así como el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito consistente en que el auto de libertad por falta de elementos para procesar provoca la cesación de los efectos de la orden de aprehensión y, por tanto, procede el sobreseimiento en términos de lo expuesto por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo. El criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito está contenido en la tesis aislada 5098, visible en la página dos mil seiscientos siete, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, precedente de Tribunales Colegiados de Circuito que dice: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA POR UN JUEZ DEL FUERO COMÚN. HIPÓTESIS EN QUE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS CESA SUS EFECTOS LA.’ (transcribe). Por otra parte, la tesis que dictó el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito se encuentra clasificada con el número XXI.4o.11 P, visible en la página mil setecientos veintiséis, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: ‘AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, CESA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN.’ (transcribe). Los criterios transcritos no se comparten por este Tribunal Colegiado por las siguientes razones: Para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se requiere que se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada, es decir, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, de tal forma que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto no hubiera nacido. Así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.’ (transcribe). De manera que, para considerar que la orden de aprehensión dejó de surtir efectos, es necesario que hayan cesado todos sus efectos, lo cual no acontece con el dictado del auto de libertad por falta de elementos para procesar. Se afirma lo anterior, porque la orden de aprehensión tiene como finalidad la captura del inculpado para asegurar su comparecencia en el procedimiento judicial. El artículo 16 constitucional prevé lo siguiente: (transcribe). De lo que se advierte que los efectos de la orden de aprehensión son: a) Privar de la libertad al inculpado. b) Someterlo a la jurisdicción del Juez para que no evada la acción de la justicia. Ahora bien, la libertad por falta de elementos para procesar tiene como efectos que se libere al inculpado en virtud de que los datos reunidos en la averiguación previa no bastan para acreditar los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado. El Código Federal de Procedimientos Penales fija las consecuencias del auto de libertad en cuanto a la continuación y eventual conclusión del proceso, de la siguiente forma: ‘Artículo 167.’ (transcribe). De lo que se advierte que la liberación del inculpado es precaria y puede ser contradicha si hay nuevos elementos de prueba que lo justifiquen, por tanto, la causa penal se mantiene abierta ante la autoridad judicial. Esa libertad se convierte en definitiva cuando sobreviene el sobreseimiento de la causa, lo cual acontece porque no se allegaron elementos que pudieran revocar la libertad precaria. Bajo esos argumentos, se deduce que con el auto de libertad por falta de elementos para procesar no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20284-8b12aec1/cambio-de-situacion-juridica-se-actualiza-esa-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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