INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 136/2005, determinó, en la parte que interesa a la presente contradicción de tesis, lo siguiente:
"SÉPTIMO. Por lo que hace a la individualización de las penas impuestas a ... en suplencia de la queja deficiente, conforme a la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se tiene que resulta inadecuada la manera en que el tribunal responsable efectuó el razonamiento respectivo, por lo que debe concederse el amparo y protección solicitados.
"Lo anterior es así, puesto que la autoridad responsable en su resolución determinó:
"‘... Empero, aun cuando se coincide con el Juez del conocimiento respecto a que ... revela un grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo; sin embargo, los dos años seis meses de prisión y los sesenta y ocho días multa que le aplicó no son acordes con dicho grado de culpabilidad. En efecto, cabe señalar que llevando los grados de culpabilidad a un plano gráfico la pena mínima está representada por el cero, en tanto que el máximo corresponde a cien; ahora bien, los puntos intermedios que existen entre el mínimo y el máximo deben ser mensurables en porcentajes (tanto por ciento). A manera de ejemplo, así cuando se determine que el sujeto activo tiene un grado de culpabilidad medio, la pena a aplicar debe ser incrementando a la mínima un cincuenta por ciento que resulte de restar de la sanción máxima la mínima; para el caso de que el nivel de culpabilidad se establezca en un punto equidistante entre la mínima y la media, después de realizar la operación aritmética inicial se deberá aumentar un veinticinco por ciento; finalmente, esta operación matemática debe ser observada en cuanto a tantos grados de culpabilidad existan. En el caso concreto, como el sujeto activo tiene un grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo, las penas a aplicar deben ser incrementadas a la mínima un seis punto veinticinco por ciento que resulte de restar de la sanción máxima la mínima; en tanto que los seis meses de prisión y los dieciocho días multa que el Juez de Distrito incrementó a la pena mínima representan el nueve punto ocho por ciento de la sanción privativa de libertad y el doce por ciento respecto de la sanción pecuniaria impuesta al reo, por lo que se considera que los montos de las penas que impuso dicho resolutor son inapropiados. Así las cosas, se considera al sentenciado en un grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo, mensurable en el seis punto veinticinco por ciento de la pena, por lo que es justo imponer a ... dos años tres meses veinticuatro días de prisión y cincuenta y nueve días multa, equivalentes a $2,484.49 (dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.) cantidad que resulta de multiplicar el salario mínimo vigente en la época de los hechos, por los cincuenta y nueve días que se le aplicaron, sustituibles en caso de insolvencia probada por cincuenta y nueve jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, todo ello de conformidad con los artículos 51 y 52 del propio código ...’
"Lo anterior pone de manifiesto que el tribunal responsable efectuó un razonamiento de tipo aritmético para llegar a la imposición de las penas correspondientes, lo que altera la naturaleza del arbitrio judicial que le otorga la ley en la imposición de sanciones.
"Es decir, al juzgador le compete establecer el quantum de las penas, conforme a amplias directrices establecidas legalmente, las cuales no perjudican las facultades de éste, así, para imponer sanciones debe establecer previamente el grado de culpabilidad que corresponde al sentenciado y con base en ello imponer las sanciones correspondientes pero, observando las reglas normativas de individualización de la pena, efectuando un juicio valorativo consistente en un razonamiento lógico jurídico tendiente a justificar su determinación, como producto de un análisis general y previa confrontación entre todos los factores que beneficien y perjudiquen al sentenciado, dentro del marco de referencia establecido por la ley, y no encasillarlo a un razonamiento meramente matemático.
"Tiene aplicación la jurisprudencia número 239, visible en la página 178 del Tomo II del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Penal, Primera Parte, cuyos rubro y texto rezan: ‘PENA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena.’
"Y norma el criterio de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 73, Volúmenes 163-168, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Séptima Época, que es del tenor siguiente: ‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. CONSIDERACIÓN CUALITATIVA DE LAS CIRCUNSTANCIAS. La individualización de la pena debe ser el resultado de la apreciación de las circunstancias que al efecto determina la ley, que en el caso del Código Penal de Sinaloa, son los artículos 46 y 47; sin embargo, no es con base en una apreciación cuantitativa o matemática del juzgador, sino en un análisis cualitativo de dichas circunstancias, que debe efectuarse la individualización; esto es, no necesariamente debe existir proporcionalidad de la pena respecto del número de circunstancias favorables al quejoso y aquellas que no lo beneficien; la apreciación de quien sentencia debe regularse de acuerdo sí a esas circunstancias, pero desde un punto de vista cualitativo de las mismas, porque si las que benefician son mayores en número a las que perjudican, aún así es factible que la penalidad se ubique superiormente al término medio, si de las segundas se advierte un mayor índice de peligrosidad y en las primeras su trascendencia es menor, así sean superiores en número.’
"Por lo que si, en la especie, el tribunal responsable llevó al plano gráfico aritmético el grado de culpabilidad para establecer las sanciones a las que se hacía acreedor el impetrante de amparo, tal determinación constituye una transgresión a sus garantías individuales, pues viola la facultad de autonomía que tiene el juzgador para la imposición de las penas ..."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1255/99, mencionó, en lo conducente, lo siguiente:
"SEXTO. Ahora bien, no obstante lo anterior, en suplencia de la queja, con apoyo en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este tribunal advierte que la autoridad responsable al hacer el estudio de la individualización de la pena irroga violación a las garantías individuales del quejoso.
"En efecto, dicha autoridad tomó en cuenta en forma debida lo dispuesto por los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal, como se advierte de la sentencia reclamada en el capítulo respectivo, pues tomó en consideración tanto la naturaleza de los delitos, la forma de comisión, el daño, las circunstancias personales del sentenciado, como era su edad de veintinueve años, casado, mexicano, originario del Distrito Federal, católico, con instrucción hasta el tercer semestre de profesional, empleado, que es la primera vez que se encuentra sujeto a proceso, o que se comprobó con el informe de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, dependientes de la Secretaría de Gobernación y con la reseña individual dactiloscópica agregada a los autos, que no ingiere bebidas embriagantes, que no es adicto a droga o enervante alguno, que no tiene apodo, que actualmente se encuentra sano, con un ingreso mensual de mil doscientos pesos, así como las circunstancias establecidas en el artículo 60, párrafo IV, del código; tuvo para prever o evitar los daños que resultaron, el deber de cuidado que le era exigible por las circunstancias y condiciones personales que su actividad de chofer le imponían al momento del evento, lo que lo llevó a concluir correctamente que el encausado presentaba al examen judicial un grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo; sin embargo, este tribunal advierte que respecto al delito de ataques a las vías de comunicación, lesiones y daño en propiedad ajena (2), le impone la pena de un mes quince días de prisión y veintiún días multa equivalentes a ochocientos cuarenta pesos.
"Ahora bien, en el caso el grado de culpabilidad estimado como ‘ligeramente superior al mínimo’ implica que el aumento de la pena debe rebasar el mínimo; de ahí que el mes quince días y veintiún días multa, debió de haberlo motivado.
"En efecto, es cierto que la cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien si bien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley, también lo es que ese arbitrio encuentra limitación en el acatamiento de las reglas normativas de la individualización de las penas, debiendo tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente, así como las referidas al hecho y a la víctima, acorde a lo dispuesto por los numerales 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal; para con todo ello, establecer el parámetro que más acerque a la justa condena; de ahí que se deba determinar el grado de culpabilidad del sujeto activo, en forma inteligible y precisa, pues imponer una pena que no corresponda al grado de culpabilidad resulta violatorio de garantías del sentenciado.
"En este orden de ideas se tiene que para alcanzar claridad la resolución del juzgador y hacer verificable que la individualización de la pena sea acorde con el grado de culpabilidad estimado, es menester que la nominación que se atribuya al grado de culpabilidad sea precisa, así, entre la mínima y la máxima pueden expresarse las graduaciones: ‘equidistante entre la mínima y la media’; ‘media’; ‘equidistante entre la media y la máxima’; ‘máxima’, o ‘inferior o superior al punto equidistante’; así como, las intermedias entre los puntos mínimo, medio y máximo, en relación con las equidistantes entre éstos. La cita de los medios de graduación referidos, evita el uso de locuciones ambiguas y abstractas que no determinan el nivel exacto de culpabilidad, lo que se traduce en una deficiente individualización de pena, que impide dilucidar el aspecto de congruencia que legalmente debe existir entre el quántum de la sanción impuesta y el índice de culpabilidad del delincuente, ya que al determinarse tal aspecto e imponer una condena que aritméticamente se ubique dentro del nivel de culpabilidad resultante, ello hace posible colegir con certeza, si la pena es acorde a la individualización determinada.
"Ahora bien, en el caso encontramos que la responsable asigna al quejoso un grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo, sin que precisara hasta qué punto de la gráfica de culpabilidad abarca dicha expresión, pudiéndose entender que el quántum de la pena impuesta, correspondiera entre la mínima y la media, resultando ello violatorio de la garantía individual de estricta legalidad contenida en el artículo 14 constitucional.
"Consecuentemente, por las razones expuestas en el presente considerando, al ser violatoria de garantías la resolución que por esta vía se combate únicamente por cuanto hace a las penas de prisión impuestas, por falta de motivación en los términos expuestos, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el único efecto de que la responsable dejando subsistentes los demás puntos de su resolución, emita una nueva pronunciándose respecto de la individualización de la pena, de conformidad a los razonamientos expuestos."
De la sentencia anterior derivó la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, febrero de 2001
"Tesis: I.1o.P. J/14
"Página: 1668
"PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO, LA CUAL DEBE ESTABLECERSE EN FORMA INTELIGIBLE Y PRECISA. De acuerdo a lo que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal vigente para el Distrito Federal, el Juez deberá de tomar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiares del delincuente, así como las referidas al hecho y a la víctima, para la individualización de la pena; si bien es cierto que la cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, que goza de plena autonomía para fijar el monto que a su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley; también lo es que ese arbitrio encuentra limitación en el acatamiento de las reglas normativas de la individualización de la pena. En este orden de ideas, se tiene que para alcanzar claridad la resolución del juzgador y hacer verificable que la individualización de la pena sea acorde con el grado de culpabilidad estimado, es menester que la nominación que se atribuya al grado de culpabilidad sea precisa, así, entre la mínima y la máxima pueden expresarse las graduaciones: ‘equidistante entre la mínima y la media’, ‘media’ o ‘equidistante entre la media y la máxima’, o las intermedias entre los puntos mínimo, medio y máximo, en relación con las equidistantes entre éstos. La cita de los medios de graduación referidos evita el uso de locuciones ambiguas y abstractas que no determinan el nivel exacto de culpabilidad, lo que se traduce en una deficiente individualización de la pena que impide dilucidar el aspecto de congruencia que legalmente debe existir entre el quántum de la sanción impuesta y el índice de culpabilidad del delincuente, ya que al determinarse tal aspecto e imponer una condena que aritméticamente se ubique dentro del nivel de culpabilidad resultante, ello hace posible colegir con certeza, si la pena es acorde a la individualización determinada. De ahí que se deba establecer el grado de culpabilidad del sujeto activo en forma inteligible y precisa, pues imponer una pena que no corresponda al grado de culpabilidad resulta violatorio de garantías para el sentenciado.
"Amparo directo 1225/99. 13 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Felipe Álvarez Medellín.
"Amparo directo 3717/99. 13 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Carlos López Cruz.
"Amparo directo 3313/99. 28 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig. Secretaria: Alma Rosa Bolaños Espino.
"Amparo directo 3821/99. 28 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Misael David Soto López.
"Amparo directo 857/2000. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Misael David Soto López."
Por otra parte, siguiendo el criterio de dicho órgano jurisdiccional, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 160/2004 y 626/2004, sostuvo en la parte conducente de las sentencias recaídas a tales asuntos lo siguiente:
"SÉPTIMO. En cambio, en suplencia de la deficiencia de la queja, que establece el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado, advierte que el tribunal ad quem, al modificar la sentencia de primer grado en lo concerniente al grado de culpabilidad y el quantum de la pena, así como la suspensión de los derechos civiles del reo, irroga violación a las garantías individuales del quejoso.
"En efecto, el tribunal de apelación al proceder a individualizar la pena, tomó en cuenta la situación personal y las condiciones económicas del inculpado expuestas al momento de rendir su declaración preparatoria, en términos de los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, para con todo ello, establecer el parámetro que más se acerque a la justa condena, y tomando en consideración que el ilícito contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana en grado de tentativa, conforme a lo dispuesto por los artículos 193, 194, fracción I, en relación con los artículos 12 y 63 del ordenamiento punitivo federal, establece una pena de prisión que no será menor a la pena mínima, y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima, esto es, de diez años de prisión (pena mínima) a diecisiete años seis meses, correspondiente a las dos terceras partes de la pena máxima y de cien días multa (pena mínima) a trescientos días, correspondiente a las dos terceras partes de la pena máxima.
"Ahora bien, en el caso, el grado de culpabilidad que le impuso el ad quem, por apreciarlo justo, fue: ‘ligeramente superior a la mínima’, lo que implica que el aumento de la pena debe rebasar el mínimo; de ahí que diez años cinco meses como pena de prisión, debió haberlo motivado.
"En congruencia con lo anterior, es cierto que la determinación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador de la causa, quien si bien goza de plena autonomía para fijar el quantum que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley, también lo es que ese arbitrio encuentra limitación en el acatamiento de las reglas normativas de la individualización de la pena y a los principios de la lógica jurídica, haciendo uso así, de su amplio arbitrio judicial, mismo que no puede ser afectado por la potestad federal, a menos que no se encuentre ajustado a las reglas fijadas por la ley, pues al determinar el grado de culpabilidad del sujeto activo en forma inteligible y precisa, se debe imponer la pena que corresponda al grado de culpabilidad, en la especie no se encuentra motivado para arribar a la pena de diez años cinco meses veinte días de prisión y ciento doce días multa, por tanto, resulta violatorio de garantías para el sentenciado.
"En este orden de ideas, se tiene que para alcanzar claridad de la resolución del juzgador y hacer verificable que la individualización de la pena sea acorde con el grado de culpabilidad estimado, es menester que la nominación que se atribuya al grado de culpabilidad sea precisa, así ‘ligeramente superior a la mínima’ que se le ubicó, debe al momento de imponer la pena (individualización de la pena) establecer la operación aritmética en que se basó para arribar a dicho resultado.
"Ahora bien, en el caso encontramos que la autoridad señalada como responsable, asigna al quejoso un grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo, sin que precisara hasta qué punto de la gráfica de culpabilidad abarca dicha expresión, lo que es violatorio de la garantía individual de estricta legalidad contenida en el artículo 14 constitucional.
"Resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página mil seiscientos sesenta y ocho, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de 2001, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO, LA CUAL DEBE ESTABLECERSE EN FORMA INTELIGIBLE Y PRECISA. De acuerdo a lo que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal vigente para el Distrito Federal, el Juez deberá de tomar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiares del delincuente, así como las referidas al hecho y a la víctima, para la individualización de la pena; si bien es cierto que la cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, que goza de plena autonomía para fijar el monto que a su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley; también lo es que ese arbitrio encuentra limitación en el acatamiento de las reglas normativas de la individualización de la pena. En este orden de ideas, se tiene que para alcanzar claridad la resolución del juzgador y hacer verificable que la individualización de la pena sea acorde con el grado de culpabilidad estimado, es menester que la nominación que se atribuya al grado de culpabilidad sea precisa, así, entre la mínima y la máxima pueden expresarse las graduaciones: ‘equidistante entre la mínima y la media’, ‘media’ o ‘equidistante entre la media y la máxima’, o las intermedias entre los puntos mínimo, medio y máximo, en relación con las equidistantes entre éstos. La cita de los medios de graduación referidos evita el uso de locuciones ambiguas y abstractas que no determinan el nivel exacto de culpabilidad, lo que se traduce en una deficiente individualización de la pena que impide dilucidar el aspecto de congruencia que legalmente debe existir entre el quántum de la sanción impuesta y el índice de culpabilidad del delincuente, ya que al determinarse tal aspecto e imponer una condena que aritméticamente se ubique dentro del nivel de culpabilidad resultante, ello hace posible colegir con certeza, si la pena es acorde a la individualización determinada. De ahí que se deba establecer el grado de culpabilidad del sujeto activo en forma inteligible y precisa, pues imponer una pena que no corresponda al grado de culpabilidad resulta violatorio de garantías para el sentenciado.’
"Aspecto, que será motivo de protección constitucional que se otorgue, para el efecto que más adelante se precisará ..."
"SÉPTIMO. En cambio, en suplencia de la queja deficiente, con apoyo en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este tribunal advierte que la autoridad que se señaló como responsable ordenadora cuando abordó el estudio de la individualización de la pena irrogó violación a las garantías individuales del quejoso, porque reiteró el grado de culpabilidad en que la a quo ubicó al impetrante, esto es, ligeramente superior al mínimo.
"En efecto, es cierto que la cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien si bien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley, también lo es que ese arbitrio encuentra limitación en el acatamiento de las reglas normativas de la individualización de las penas, por lo que deben tenerse en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente, así como las referidas al hecho y a la víctima, acorde a lo dispuesto por el artículo 52 del Código Penal Federal, para con todo ello establecer el parámetro que más se acerque a la justa condena; de ahí que se deba determinar el grado de culpabilidad del sujeto activo en forma inteligible y precisa, pues imponer una pena que no corresponda al grado de culpabilidad resulta violatorio de garantías para el sentenciado.
"En este orden de ideas, se tiene que para alcanzar claridad de la resolución del juzgador y hacer verificable que la individualización de la pena sea acorde con el grado de culpabilidad estimado, es menester que la nominación que se atribuya al grado de culpabilidad sea precisa, así, entre la mínima y la máxima pueden expresarse las graduaciones: ‘equidistante entre la mínima y la media’, ‘media’ o ‘equidistante entre la media y la máxima’, así como las intermedias entre los puntos mínimo, medio y máximo, en relación con las equidistantes entre éstos.
"La cita de los medios de graduación referidos evita el uso de locuciones ambiguas y abstractas que no determinan el nivel exacto de culpabilidad, lo que se traduce en una deficiente individualización de pena, que impide dilucidar el aspecto de congruencia que legalmente debe existir entre el quantum de la sanción impuesta y el índice de culpabilidad del delincuente, ya que al determinarse tal aspecto e imponer una condena que aritméticamente se ubique dentro del nivel de culpabilidad resultante, ello hace posible colegir con certeza si la pena es acorde a la individualización determinada.
"Ahora bien, en el caso concreto encontramos que el Magistrado que se señaló como autoridad responsable, ubicó al quejoso en un grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo, sin que precisara hasta qué punto de la gráfica de culpabilidad abarca dicha expresión, por lo que ello resulta violatorio de la garantía individual de estricta legalidad contenida en el artículo 14 constitucional.
"Consecuentemente, por las razones expuestas en el presente considerando, al ser violatoria de garantías la resolución que por esta vía se combate, por cuanto hace a la pena de prisión impuesta, por falta de motivación en los términos expuestos, debe concederse el amparo que se solicitó para los efectos que más adelante se señalan.
"Tiene aplicación la jurisprudencia publicada en la página 1668 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, correspondiente a febrero de dos mil uno, de rubro y texto siguientes:
"‘PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO, LA CUAL DEBE ESTABLECERSE EN FORMA INTELIGIBLE Y PRECISA.’ (la transcribe)."
TERCERO. Por razón de método, en primer lugar debe determinarse si efectivamente existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y que hayan llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la misma. En ese sentido, se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia transcrita a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Del análisis de las ejecutorias transcritas con anterioridad se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en esencia, sostuvo lo siguiente:
• El juzgador para individualizar la pena, a partir del grado de culpabilidad del condenado, no se encuentra constreñido a efectuar un razonamiento de tipo aritmético-gráfico, que establezca una correspondencia exacta entre el grado de culpabilidad formulado en términos matemáticos (por ejemplo, en porcentajes) y el quántum de la pena, expresado de igual manera.
• Para fijar la sanción el Juez debe atenerse exclusivamente a las normas relativas a la individualización de la pena. De forma tal que debe efectuar un razonamiento lógico-jurídico tendente a justificar su determinación, como producto de un análisis general en el que se confrontan y sopesan todos los factores que operan en beneficio y en perjuicio del sentenciado.
• Dicha determinación, por ende, no puede quedar encasillada dentro de un razonamiento meramente matemático; máxime que el balance o la ponderación que el juzgador efectúa de los factores referidos no es de tipo cuantitativo, sino más bien de carácter cualitativo. Además, una imposición mecánica o matemática de las penas desvirtuaría el alcance y la naturaleza de las facultades que el legislador ha conferido al Juez para imponer y cuantificar sanciones, con base en el grado de reproche imputado al sentenciado, dentro de los límites máximos y mínimos precisados por las disposiciones legales respectivas.
Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en esencia, sostuvieron lo siguiente:
• Para que pueda estimarse que la cuantificación de la sanción impuesta por el Juez es acorde con las normas que rigen la individualización de la pena -y, por ende, con el principio de exacta aplicación de la ley- es menester que el grado de culpabilidad imputado al sentenciado, y con base en el cual debe fijarse su sanción, sea expresada a través de conceptos que se refieren a las distintas graduaciones que existen dentro de la gráfica o parámetro ubicado entre los límites máximos y mínimos establecidos por el legislador.
• Así, las distintas graduaciones podrían ser expresadas, en orden creciente, como: ‘mínima’, ‘equidistante entre la mínima y la media’, ‘media’, ‘equidistante entre la media y la máxima’, o ‘máxima’; pudiendo ser subsecuentemente divididas, según los requerimientos particulares del caso, de manera similar a la referida. O bien, podrían ser expresadas en porcentajes, en donde 0% representa el grado mínimo de reproche, el 100% representa el grado máximo y los grados intermedios se encuentran representados por los porcentajes correspondientes.
• Sólo de esa manera, el juzgador está en posibilidad de cuantificar la pena con exactitud en función del grado de culpabilidad atribuido al condenado. En efecto, mediante una representación del grado de culpabilidad de tipo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19246-f5f9b79e/individualizacion-de-la-pena-debe-ser-congruente-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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