DESPIDO INJUSTIFICADO. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE DESPUÉS DE DESAPARECER LA CAUSA DE SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR HABER SIDO ABSUELTO POR SENTENCIA FIRME, SE PRESENTÓ ANTE AQUÉL PARA REANUDARLA Y ÉSTE SE NEGÓ A REINCORPORARLO. DESPIDO INJUSTIFICADO. LA AUTORIDAD LABORAL, ANTES DE RESOLVER LO RELATIVO A LA NEGATIVA DE AQUÉL, DEBE DETERMINAR SI EL TRABAJADOR SE PRESENTÓ ANTE EL PATRÓN PARA REANUDAR SUS LABORES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SUSPENSIÓN TEMPORAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON MOTIVO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN UN PROCESO PENAL. CUANDO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE CONSIDERARSE SUSPENDIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN CUANTO AL RECLAMO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos materia de trabajo, la cual es especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora bien, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por el Magistrado Víctor Manuel Estrada Jungo, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que resolvió uno de los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo laboral ADL 761/2006, promovido por Olegario Oñate Santos contra el laudo dictado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de León, Estado de Guanajuato, el dos de agosto de dos mil seis, en el expediente 1132/2005 sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:
Atendiendo a que en el laudo reclamado se determinó que a la parte actora le corresponde acreditar el hecho de la reanudación de la relación de trabajo, suspendida con motivo de la privación de la libertad del trabajador por la existencia de un proceso penal en su contra, en el cual se dictó sentencia absolutoria, resulta violatorio de garantías, en virtud de que cuando la acción intentada se basa en el despido injustificado y el patrón al contestar la demanda niega tal circunstancia sin que exista ofrecimiento de trabajo, la carga de la prueba le corresponde al patrón al existir controversia al respecto; lo anterior, sin perjuicio de que el trabajador haya aducido que el despido ocurrió al haberse presentado ante su patrón luego de haber sido absuelto por sentencia ejecutoriada, con el objeto de llevar a cabo la reanudación de sus labores y como respuesta del patrón obtuvo la negativa a ser reincorporado a su trabajo, sin que asista razón a la Junta al afirmar que, cuando la relación se suspendió con base en el artículo 45, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, lo primero que debe acreditarse es que efectivamente el obrero se presentó dentro del plazo legal ante la demandada una vez que desapareció la causa que originó la suspensión de la relación laboral, correspondiéndole a éste la prueba de tal extremo.
Al respecto -resolvió el órgano jurisdiccional- la única consecuencia de la suspensión del trabajo es la liberación temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, ya que resulta intrascendente el acreditamiento de que la relación de trabajo fue reanudada, dado que -en el caso- no existe controversia en relación con la existencia del vínculo laboral, pues se trata de la alegación de un despido, el cual fue negado por la parte demandada, sin haber ofrecido al actor que regresase a laborar; de ahí que sean aplicables las normas de la carga probatoria, consistentes en que, ante un despido negado sin ofrecimiento de trabajo, corresponde al patrón la carga de probar la inexistencia del despido, sin haber sido materia de la controversia la existencia del vínculo laboral, ni que la causa de la suspensión cesó con motivo de una sentencia absolutoria, por tanto, debe presumirse que la relación existente entre el trabajador y el patrón continuó y, por ende, le corresponde al último probar que no hubo despido.
Por otra parte, el órgano jurisdiccional del conocimiento resolvió que por lo que se refiere a la excepción de prescripción hecha valer por la parte demandada en relación con las prestaciones secundarias -aguinaldo, prima vacacional, horas extras, séptimos días, días de descanso obligatorios y aportaciones al Infonavit- opera solamente por el tiempo en que estuvo privado de su libertad el trabajador con motivo del procedimiento penal seguido en su contra, en virtud de que el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo prevé -de manera general- la suspensión temporal del trabajo por cualquiera de las causas previstas en ese numeral. Lo anterior debido a que en ese lapso no se generó ningún deber para ambas partes pues el vínculo laboral estaba suspendido, por lo cual no existe acción que ejercitar durante ese lapso.
Al respecto, señaló que tratándose de la hipótesis prevista en la fracción III del citado precepto de la ley laboral, resultaría contrario a la norma considerar que el término para que opere la prescripción transcurriera mientras el trabajador se encuentre privado de su libertad con motivo de un proceso seguido en su contra, en razón de que el vínculo laboral está suspendido y, por tanto, todas las consecuencias que de éste deriven, además de ser ilógico que el trabajador pueda ejercer tales acciones mientras se encuentre privado de su libertad.
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver el juicio de amparo 173/2004, promovido por Francisco Javier Vázquez Padilla, contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistentes en el laudo de nueve de diciembre de dos mil tres, dentro del juicio laboral 533/2002-A, seguido por el quejoso en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco determinó, en lo que interesa:
Es infundado lo estimado por el promovente del amparo en el sentido de que, de manera indebida el tribunal responsable determinó que era al actor a quien correspondía la carga de la prueba respecto a la acción de reinstalación intentada. Así es, cuando el actor en el ocurso en el que se contenga la demanda laboral, expone que con motivo de haber sido absuelto por sentencia ejecutoriada se presentó ante su patrón, con el fin de que fueran reanudadas sus labores, pero que como respuesta obtuvo la negativa de la reincorporación a su trabajo y, por ende, equiparable ello a un despido injustificado. Por su parte, la demandada en su escrito de contestación al reclamo respectivo, niega que el trabajador se hubiera presentado ante ella, tal como era su obligación hacerlo luego de que recayó sentencia absolutoria, lo cual se traduce en la negativa del despido injustificado que se le atribuye. Entonces se estará en el caso de que la autoridad del conocimiento del asunto, previamente a emprender el estudio concerniente al despido alegado, por equiparación, decida -en primer término- si realmente el trabajador realizó la presentación ante el patrón con la finalidad de reanudar sus labores y que como respuesta le fue negada por el patrón la reincorporación a su trabajo, para que de esa manera se encuentre la referida autoridad del conocimiento en condiciones de resolver en relación con el despido reclamado, justamente porque el supuesto básico de la acción deriva -en esos casos- en los destacados hechos relativos a la presentación ante el patrón con la finalidad de reanudar sus labores y a la negativa de éste para la reincorporación al trabajo; situación que a su vez conduce a establecer que la autoridad juzgadora se encontrará en lo correcto al establecer que es al actor a quien corresponde el débito procesal de haberse presentado ante el patrón con la finalidad de reanudar sus labores y que como respuesta le fue negada -por el referido patrón- la reincorporación a su trabajo.
Que el actor en su demanda laboral expuso que luego de haber sido absuelto por sentencia ejecutoriada, el veinte de julio de dos mil dos, se presentó ante el titular de la entidad pública demandada, a fin de solicitarle la reinstalación y que por igual, la presentación la llevó a cabo ante el departamento de recursos humanos de dicha entidad pública, habiendo obtenido como respuesta la negativa a ser reinstalado en su puesto; dándose el caso que por su parte la demandada, en su ocurso de contestación de demanda, negó que el actor hubiera hecho esa presentación.
Luego -resolvió el órgano jurisdiccional- no hay razón para considerar que fue completamente ilegal el otorgamiento de la carga de la prueba a la actora respecto de los presupuestos de la acción de reinstalación, consistentes en que, con motivo de haber quedado firme la resolución de libertad que se le decretó el veinte de julio de dos mil dos, se presentó ante el titular del organismo público demandado a solicitar su reinstalación; máxime que no fue propiamente en relación con el despido o cese a que hace referencia el aludido promovente del amparo, respecto de lo que el tribunal responsable determinó la carga probatoria, sino en relación con los destacados presupuestos de la acción de reinstalación, por lo cual no hay razón para considerar que la autoridad responsable debió determinar que era a la demandada a quien correspondía el débito procesal correspondiente.
En este sentido, consideró que como se advierte del contenido de la tesis que reproduce el promovente del amparo, de rubro: "DESPIDO. SI EL PATRÓN LO NIEGA Y NO OFRECE LA REINSTALACIÓN, NO EXISTE REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.", cuando el trabajador afirma que fue despedido y el patrón niega el hecho relativo, sin que ofrezca la reinstalación de buena fe, no existe reversión de la carga probatoria al trabajador, y, por tanto, opera en favor de éste la presunción de la certeza del despido y la consiguiente obligación de aquél de acreditar la inexistencia del despido; empero, esa regla resulta inaplicable en casos, como el que atañe a la calificación de este asunto, en que el presupuesto básico de la acción no lo constituye propiamente el hecho del despido, en sí mismo considerado, sino los relativos a que el trabajador adujo que el despido (por equiparación) ocurrió al haberse presentado ante su patrón, con el objeto de llevar a cabo la reanudación de sus labores, habiendo obtenido como respuesta la negativa a ser reincorporado a su trabajo.
En otra parte de su ejecutoria, el citado órgano jurisdiccional determinó que resulta infundado el motivo de inconformidad relativo a que fue incorrecta la determinación del tribunal responsable en el sentido de que resultaba procedente la excepción de prescripción en cuanto al reclamo referente al pago de tiempo extraordinario.
Al respecto, señaló que no asiste razón al quejoso en lo aducido acerca de que conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria es causal de suspensión de la relación de trabajo, de ahí que por la misma razón debe considerarse suspendido el término de la prescripción en relación con los derechos de los trabajadores para hacer el reclamo de pago de prestaciones laborales, debido a que los únicos efectos que deben considerarse en suspenso con motivo de las causas de suspensión a que alude el numeral a que hace mención el promovente -entre ellas la de prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria- son los relativos a las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, respectivamente; lo cual significa que, contrariamente a lo estimado, el término de la prescripción de la reclamación del pago de los derechos laborales del trabajador -como lo es el de tiempo extraordinario- no se interrumpe por el hecho de que el referido trabajador se encuentre privado de su libertad con motivo de un proceso penal instruido en su contra, pues lo que debe considerarse en calidad de suspensión temporal son las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, justamente porque lo suspendido son los efectos de la relación de trabajo, es decir, la aludida obligación del trabajador de prestar el servicio convenido y del patrón de pagar el referido salario correspondiente, pero no propiamente los derechos que el trabajador considera se generaron a consecuencia del contrato de trabajo, ya que éste mantiene su vigencia; de tal suerte que no porque estén suspendidas las relaciones de trabajo por alguna de las causas de suspensión temporal de la relación de trabajo -como ocurrió en la especie con motivo de la prisión del actor seguida de sentencia absolutoria- deba considerare suspendido el término de la prescripción, pues resulta claro que sí es factible que dicho lapso transcurra para el trabajador, dado que es obvia la posibilidad de ejercitar las acciones inherentes al reclamo de pago de las prestaciones laborales que se hubieran generado con motivo de su contrato de trabajo, acudiendo ante los tribunales por conducto de su apoderado, al no requerirse la formulación del reclamo de manera personal.
Por tanto -concluyó el Tribunal Colegiado de Circuito- no hay razón para considerar indebida la determinación a la que arribó el tribunal responsable, en el sentido de que sí resultó legalmente procedente la excepción de prescripción hecha valer por la entidad pública demandada respecto de la prestación del pago de tiempo extraordinario, en cuanto a un año anterior a la presentación de la demanda, ya que conforme a lo considerado con anterioridad, no es verdad lo que se aduce acerca de considerar -por parte de la autoridad responsable- que el término prescriptivo se encontraba suspendido con motivo de la causa de suspensión de la relación de trabajo.
De la ejecutoria transcrita derivó la tesis III.2o.T.122 L, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XXI, enero de dos mil cinco, página 1753, que dice:
"DESPIDO POR EQUIPARACIÓN DE UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO. A ÉL LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO AFIRMA QUE DESPUÉS DE DESAPARECER LA CAUSA DE SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR HABER SIDO ABSUELTO POR SENTENCIA, SE PRESENTÓ CON EL PATRÓN CON EL OBJETO DE REANUDARLA Y ÉSTE SE NEGÓ A REINCORPORARLO. Aun cuando es cierto que, como se advierte del contenido de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, página 279, de rubro: ‘DESPIDO. SI EL PATRÓN LO NIEGA Y NO OFRECE LA REINSTALACIÓN, NO EXISTE REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.’, cuando el trabajador afirma que fue despedido y el patrón niega el hecho relativo, sin que ofrezca la reinstalación de buena fe, no existe reversión de la carga probatoria al trabajador y, por tanto, opera en favor de éste la presunción de la certeza del despido y la consiguiente obligación de aquél de acreditar la inexistencia del referido despido, también lo es que dicha regla resulta inaplicable en el caso de que el presupuesto básico de la acción no lo constituye propiamente el hecho del despido, en sí mismo considerado, sino el relativo a que el trabajador aduce que el despido (por equiparación) ocurrió al haberse presentado ante su patrón, luego de haber sido absuelto por sentencia ejecutoriada, con el objeto de llevar a cabo la reanudación de sus labores, y que como respuesta de la patronal obtuvo la negativa a ser reincorporado a su trabajo. Hipótesis en la que la autoridad del conocimiento del asunto, previo a emprender el estudio concerniente al despido alegado, por equiparación, debe decidir, en primer término, si realmente el trabajador se presentó ante el patrón, precisamente con la finalidad de reanudar sus labores y que como respuesta le fue negada la reincorporación a su trabajo, para que de esa manera se encuentre en condiciones de resolver en relación con el despido reclamado, justamente porque el supuesto básico de la acción deriva, en esos casos, en los destacados hechos relativos a la presentación ante el patrón con la finalidad de reanudar sus labores y a la negativa de éste para reincorporarlo al trabajo; lo que significa que en dicha hipótesis es al actor a quien corresponde el débito procesal de que se presentó ante el patrón con la finalidad de reanudar sus labores, una vez desaparecida la causa de suspensión de los mismos."
QUINTO. Atendiendo a los relatados antecedentes, corresponde ahora dilucidar si en el caso existe o no la contradicción de tesis que se tiene denunciada, por lo que resulta conveniente precisar en principio, qué requisitos o presupuestos esenciales deben concurrir en todo caso para que jurídicamente dicha contradicción se configure realmente.
Al respecto, cabe hacer alusión a la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página 76).
De acuerdo con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia aludida, los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis son los siguientes:
1) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
2) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y
3) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
Pues bien, en cuanto al primer supuesto se cumple en virtud de que los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver los asuntos de su competencia examinaron diversos puntos de derecho esencialmente idénticos, que son:
a) Si la autoridad de trabajo -previo al estudio del despido injustificado alegado- debe decidir si el trabajador cumplió con lo dispuesto en la fracción II del artículo 45 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a demostrar que se presentó a la fuente de trabajo a reanudar la relación laboral dentro de los quince días siguientes a la terminación de la causa de suspensión consistente en prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, pues conforme a los hechos que narró en la demanda, el citado despido ocurrió al haberse presentado ante su patrón con el objeto de reanudar sus labores.
b) Si cuando un trabajador al momento de regresar a su fuente laboral dentro de los quince días siguientes a la terminación de la causa de suspensión -relativa a prisión preventiva seguida de sentencia definitiva absolutoria- y se dice despedido en el acto de reanudación de labores por la parte patronal, le corresponde al primero la carga de la prueba relativa a la demostración del despido o ésta se traslada al patrón, en virtud de que al contestar la demanda lo negó lisa y llanamente, sin haber realizado el ofrecimiento de trabajo; y,
c) Si cuando se actualiza la causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, con motivo de la prisión del trabajador seguida de sentencia absolutoria, prevista en el artículo 42, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, también debe considerarse suspendido el plazo para que opere la excepción de prescripción en cuanto al reclamo de las demás prestaciones derivadas del vínculo laboral, tales como pago de horas extras, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos días, días de descanso, aportaciones al Infonavit, etcétera.
En cuanto al segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis es obvio que también se da, puesto que ambos criterios se razonan en la parte considerativa de las respectivas sentencias; la discrepancia, por tanto, no se limita a los puntos resolutivos.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito determinó:
a) Que no asiste razón a la Junta responsable al afirmar que cuando la relación se suspendió con base en el artículo 45, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, lo primero que debe acreditarse es que efectivamente el obrero se presentó dentro del plazo legal ante la demandada, una vez que desapareció la causa que originó la suspensión de la relación laboral, correspondiéndole al trabajador, en tal caso la carga de la prueba de tal extremo, toda vez que -a consideración del Tribunal Colegiado- la única consecuencia de la suspensión es la liberación temporal de las obligaciones de ambas partes, aunado a que resulta intrascendente el acreditamiento de que la relación de trabajo fue reanudada, pues no existe controversia en relación con ese punto, sino que se trata de un despido, el cual fue negado por la demandada sin haber realizado el ofrecimiento de trabajo, de ahí que debe presumirse que la relación existente entre el trabajador y el patrón continua y, por ende, le corresponde a este último acreditar que no hubo despido.
b) Que cuando la acción intentada se basa en el despido injustificado y el patrón al contestar la demanda niega tal circunstancia sin existir ofrecimiento de trabajo, la carga de la prueba le corresponde a este último, al existir controversia al respecto; lo anterior sin perjuicio de que el trabajador haya aducido en su demanda que el despido ocurrió al haberse presentado ante su patrón -luego de haber sido absuelto por sentencia absolutoria- con el objeto de llevar a cabo la reanudación de sus labores y como respuesta del patrón obtuvo la negativa a ser reincorporado a su trabajo, sin que asista razón a la Junta en su afirmación cuando la relación se suspendió con base en el artículo 45, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, lo primero que debe acreditarse es que efectivamente el obrero se presentó dentro del plazo legal ante la demandada una vez desaparecida la causa que originó la suspensión de la relación laboral, correspondiéndole a éste la prueba de tal extremo, pues en este caso, la única consecuencia de la suspensión del trabajo es la liberación temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, ya que resulta intrascendente el acreditamiento de que la relación de trabajo fue reanudada, dado que -en el caso- no existe controversia en relación con la existencia del vínculo laboral, pues se trata de la alegación de un despido, que fue negado por la parte demandada sin haber ofrecido al actor que regresara a laborar, de ahí que sean aplicables las normas de la carga probatoria, consistentes en que, ante un despido negado sin ofrecimiento de trabajo, corresponde al patrón la carga de probar la inexistencia del despido, sin que haya sido materia de la controversia la existencia del vínculo laboral, ni que la causa que originó la suspensión cesó con motivo de una sentencia absolutoria, por lo cual debe presumirse que la relación existente entre el trabajador y el patrón continuó y, por ende, le corresponde al último probar que no hubo despido.
c) Por lo que se refiere a la excepción de prescripción hecha valer por la parte demandada en relación con las prestaciones secundarias -aguinaldo, prima vacacional, horas extras, séptimos días, días de descanso obligatorios y aportaciones al Infonavit- resulta ajustado a derecho que se absolviera a la demandada, pero únicamente por el tiempo en que estuvo privado de su libertad al trabajador con motivo del procedimiento penal seguido en su contra, debido a que el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo prevé -de manera general- que la suspensión temporal del trabajo por cualquiera de las causas previstas en ese numeral tiene como consecuencia la interrupción de las obligaciones del trabajador de prestar sus servicios así como el pago del salario por parte del patrón. Lo anterior, debido a que en ese lapso no se genera ningún deber para ambas partes pues el vínculo laboral está suspendido, razón por la cual no existe acción que ejercitar durante ese lapso; luego, tratándose de la hipótesis prevista en la fracción III del citado precepto de la ley laboral, resultaría contrario a la norma considerar que el término para que opere la prescripción transcurriera mientras el trabajador se encuentra privado de su libertad, con motivo de un proceso seguido en su contra, pues se insiste, el vínculo laboral se encuentra suspendido y, por tanto, todas las consecuencias que de éste deriven, además de resultar ilógico que el trabajador pueda ejercer tales acciones mientras se encuentre privado de su libertad.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, resolvió:
a) Que cuando el actor, en el ocurso en el cual se contenga la demanda laboral, exponga que con motivo de haber sido absuelto por sentencia ejecutoriada se presentó ante su patrón con el fin de que fueran reanudadas sus labores, pero como respuesta obtuvo la negativa de la reincorporación a su trabajo y, por ende, equiparable ello a un despido injustificado; en tanto que por su parte, la demandada en su escrito de contestación al reclamo respectivo niega que el trabajador se hubiera presentado ante él, tal como era su obligación hacerlo, luego de haberle recaído sentencia absolutoria, lo cual se traduce en la negativa del despido injustificado que se le atribuye, se estará entonces en el caso de que la autoridad del asunto, previamente a emprender el estudio concerniente al despido alegado -por equiparación- decida en primer término, si realmente el trabajador realizó la presentación ante el patrón con la finalidad de reanudar sus labores y que como respuesta le fue negada por el patrón la reincorporación a su trabajo, para que de esa manera se encuentre la referida autoridad en condiciones de resolver en relación con el despido reclamado, justamente porque el supuesto básico de la acción deriva -en esos casos- en los destacados hechos relativos a la presentación ante el patrón con la finalidad de reanudar sus labores y a la negativa de éste para la reincorporación al trabajo; situación que a su vez conduce a establecer que la autoridad juzgadora se encontrará en lo correcto al establecer que es al actor a quien corresponde el débito procesal de que hizo la presentación ante el patrón con la finalidad de reanudar sus labores y que como respuesta le fue negada por el referido patrón la reincorporación a su trabajo.
b) Que no obstante ser cierto que cuando el trabajador afirma que fue despedido y el patrón niega el hecho relativo sin ofrecer la reinstalación de buena fe, no existe reversión de la carga probatoria al trabajador y, por tanto, opera en favor de éste la presunción de la certeza del despido y la consiguiente obligación de aquél de acreditar la inexistencia del referido acto; también lo es que dicha regla resulta inaplicable en el caso de que el presupuesto básico de la acción no lo constituye propiamente el hecho del despido; en sí mismo considerado, sino el relativo a que el trabajador aduce que el despido -por equiparación- ocurrió al haberse presentado ante su patrón, luego de haber sido absuelto por sentencia ejecutoriada con el objeto de llevar a cabo la reanudación de sus labores y que como respuesta de la patronal obtuvo la negativa a ser reincorporado a su trabajo.
Hipótesis en la que la autoridad responsable -previo a emprender el estudio concerniente al despido alegado por equiparación- debe decidir, en primer término, si realmente el trabajador se presentó ante el patrón, precisamente con la finalidad de reanudar sus labores y que como respuesta le fue negada la reincorporación a su trabajo, para que de esa manera se encuentre en condiciones de resolver en relación con el despido reclamado, justamente porque el supuesto básico de la acción deriva -en esos casos- en los destacados hechos relativos a la presentación ante el patrón con la finalidad de reanudar sus labores y a la negativa de éste para reincorporarlo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20161-a313914a/despido-injustificado-corresponde-al-patron-la-carga-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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