RENTA. EL ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ESE IMPUESTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, AL LIMITAR EL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XV, INCISO A), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA LAS GARANTÍAS DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA Y DE RESERVA DE LEY.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios sustentados en asuntos que corresponden a la materia fiscal, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho numeral expresamente establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieren sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha contradicción.
En el presente asunto, el subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció la posible contradicción de criterios de que se trata, debiéndose concluir que se reunió el requisito de legitimación señalado, puesto que se trata de una de las partes que intervino como recurrente.
TERCERO. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 192/2004, interpuesto por Jacinto Solís Corzo y otra, en la parte que interesa para efectos del presente asunto, señaló en el considerando octavo de dicha resolución, lo siguiente:
Precisó que los actos reclamados de cada autoridad son los siguientes:
Del presidente de la República, la expedición, promulgación y orden de publicación del decreto publicado el diecisiete de octubre de dos mil tres, mediante el que se emitió el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente el artículo 130.
Del secretario de Hacienda y Crédito Público, el refrendo del referido decreto.
Del director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del señalado decreto.
Efectuó una síntesis de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, así como también respecto de las consideraciones en virtud de las cuales el Juez de Distrito concedió el amparo y finalmente de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente.
Precisado lo anterior, estimó ineficaces los agravios identificados con los números uno y dos, debido a que, contrario a lo manifestado por la recurrente, la Juez de Distrito sí tomó en cuenta la naturaleza y alcance de la facultad del Ejecutivo Federal para expedir normas reglamentarias, tan es así, que de su análisis concluyó que el presidente excedió esa facultad, sin que la recurrente controvierta las consideraciones del fallo impugnado, pues los argumentos que plantea no son aptos para desvirtuar las consideraciones torales que la Juez de Distrito estableció para conceder el amparo a los quejosos, esto es, que el artículo reclamado restringe la exención que contempla el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; que el reglamento no puede abordar materias reservadas a las leyes emanadas del órgano legislativo; que una norma reglamentaria no puede otorgar mayores alcances que la ley que reglamenta o imponer limitaciones que la ley no contiene, así como que el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excede a la ley de que deriva, alterando los principios de la exención que deben estar previstos en la ley, al establecer determinadas condiciones para que se actualice.
A mayor abundamiento, señaló que, contrariamente a lo afirmado por la autoridad recurrente, es correcta la conclusión a la que arribó la Juez de Distrito, ya que tratándose de disposiciones del reglamento de una ley, la reclamación por violación al ejercicio de la facultad reglamentaria establecida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, entraña una infracción directa al Texto Fundamental; y en el caso, es patente que el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, rebasa lo establecido en el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Señaló que el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece una exención en el pago del impuesto, que se refiere específicamente a aquellos casos en que se obtengan ingresos derivados de la enajenación de la casa habitación del contribuyente, donde la única condicionante o limitación a la exención legal se establece en el propio numeral en su antepenúltimo párrafo, que señala que tal exención "no será aplicable cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 175 de esta ley estando obligado a ello".
En tanto que para los efectos de dicho numeral, fracción e inciso, el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, precisa, en primer término, que el concepto de casa habitación también comprende el terreno donde ésta se encuentre construida y, en segundo, que si la superficie del terreno excede tres veces al área construida, debe pagarse por excedente el impuesto correspondiente a la enajenación del terreno.
En esta disposición, el presidente de la República en ejercicio de la facultad reglamentaria consagrada en el artículo 89, fracción I, constitucional, estableció los casos en que la exención prevista en el artículo 109, fracción XV, inciso a), no será aplicable, esto es, cuando la superficie del terreno no exceda de tres veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación, señalando, además, que por el excedente se pagará el impuesto correspondiente.
Para efecto de precisar si lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entraña o no una diferencia jurídica que revele una contradicción o exceso, en el ejercicio de la facultad del titular del Ejecutivo Federal consagrada en el artículo 89, fracción I, constitucional, precisó los alcances de tal facultad.
Al respecto señaló que el reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo, que participa de los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta, sin embargo, su finalidad es distinta, dado que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos.
Así, el reglamento difiere de la ley en que ésta establece principios, y aquél los desarrolla; ésta rige mientras no se actualiza un nuevo acto legislativo, aquél varía según las circunstancias; ésta manda, aquél obedece; el reglamento, por tanto, no puede usurpar el dominio de la ley, imponiendo penas, creando impuestos, organizando los poderes públicos, etcétera; se limita a desenvolver los principios de la ley, a fijar los pormenores que directamente se derivan de sus preceptos. En suma, el presidente de la República como jefe supremo de la administración pública federal dispone y resuelve lo conveniente para el buen despacho de ella; por tanto, los reglamentos y demás disposiciones del Ejecutivo no deben contrariar la ley, puesto que tiene que proveer a su exacta observancia.
De tal forma, un reglamento sólo puede tener validez legal cuando está dirigido a proveer a la aplicación de una ley concreta, a cuyos mandamientos deberá ceñirse, sin poderla suprimir, modificar ni ampliar, en su sustancia.
Debido a lo anterior, la Ley Fundamental impone ciertas limitaciones a la facultad reglamentaria, entre ellas, la prohibición de que el reglamento aborde materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión, conocida como el principio de reserva de ley; y por la otra, la exigencia de que el reglamento siempre esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en las que encuentre su justificación y medida.
En consecuencia, el aludido principio de reserva de ley forma parte de uno de carácter general, como es el de legalidad, que impide que el reglamento invada materias que de manera expresa la Constitución Federal reserva a la ley formal y, en cambio, el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley, constriñe al jefe del Ejecutivo Federal a expedir sólo aquellas normas que tiendan a hacer efectiva o a pormenorizar la aplicación del mandato legal, pero sin contrariarlo, modificarlo o excederlo.
Posteriormente señaló que de una interpretación de los artículos 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la Constitución Federal, se desprende que por mandato constitucional, en el ámbito federal, es el Congreso de la Unión el órgano facultado para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público.
Por su parte, señaló que de conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, de lo que se tiene que se reserva a la ley la creación de las contribuciones.
De esta forma, el principio de reserva de ley existe cuando la norma constitucional reserva, precisamente, la regulación de una determinada materia al órgano legislativo, mediante una ley, entendida ésta como un acto material y formalmente legislativo, excluyendo, por tanto, la posibilidad para que pueda ser regulada por disposiciones de naturaleza distinta a la ley formal, es decir, a las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Esto es, la materia reservada queda sustraída por imperativo constitucional a todas las normas distintas de la ley, lo que se traduce en que el legislador ordinario debe establecer la regulación de la materia determinada, sin que pueda remitirla a otras normas secundarias, en especial al reglamento.
En materia tributaria, el alcance del principio de reserva de ley, comprende los llamados "elementos esenciales del tributo", ya que en principio sólo éstos deben estar establecidos por la ley y el resto de la materia tributaria se deja a disposición de las normas administrativas.
Por otra parte, el artículo 28 constitucional, señala que están prohibidas las exenciones en los términos y condiciones que fijan las leyes, estableciendo también una reserva a la ley, esto es, que las exenciones de impuestos corresponden al ejercicio de atribuciones que se reservan al Poder Legislativo, pues es el órgano que tiene encomendada la función legislativa, en términos de los artículos 49, 50 y 70 de la propia Constitución Federal (en vía de consecuencia, se debe entender que también le corresponde legislar lo concerniente a las limitaciones o alcances de las exenciones).
Al respecto, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, estableciendo que no se trata de una prohibición absoluta, sino que el Órgano Revisor de la Constitución lo que prohíbe es la exención de impuestos cuando se trata de favorecer a determinada persona, confiriendo un verdadero privilegio en su favor, mas no cuando la exención alcanza a toda una categoría de personas por medio de leyes de carácter general.
En este sentido, la exención en materia impositiva consiste en que conservándose los elementos de la relación jurídica tributaria exceptúan del pago de la contribución a ciertos hechos o sujetos imponibles, por razones de equidad, conveniencia o política económica. Esta figura se constituye como una situación de privilegio, por lo que su existencia no se deduce, siendo estricta su interpretación, es decir, exactamente en los términos en que se encuentra redactada y subsiste hasta en tanto no se modifique o derogue la disposición que la contiene; crea un régimen de excepción con independencia de la relación tributaria de la cual ha emanado, es decir, la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo que surge al momento de verificarse tácticamente el supuesto hipotético general de la ley en un caso concreto sigue existiendo, sin embargo, por disposición expresa del propio legislador, el entero no se verifica, pues se está exento de pago, y no habrá crédito fiscal que exigir del causante, ya que, aunque se han dado los supuestos legales de generación, otra figura jurídica exime de su pago.
En consecuencia, de acuerdo con el sistema establecido en los artículos 28, párrafo primero, 31, fracción IV, y 73, fracciones VII y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que igualmente se reserva a la ley formal y material expedida por el órgano legislativo, el establecimiento de la exención de impuestos, así como sus alcances y limitaciones, ya que esta figura guarda una conexión inseparable con los principios en materia tributaria, especialmente con los de reserva de ley, legalidad y equidad, en tanto que constituye un elemento esencial del tributo.
Conforme a lo anteriormente señalado, concluye que no corresponde al ejercicio de la facultad reglamentaria el establecimiento de exenciones tributarias, ni tampoco la precisión de sus alcances y limitaciones, pues de aceptarse esto último podría hacer nugatoria o inaplicable la exención y la voluntad del legislador; de ahí que cualquier precisión reglamentaria que restrinja el ámbito de aplicación de ese privilegio fiscal o condicione su aplicación, debe estimarse contraria a derecho.
En virtud de las consideraciones apuntadas, concluye que lo establecido en el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debe interpretarse en el sentido de que se encuentran exentos del pago del impuesto sobre la renta los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de su casa habitación, siendo la única condicionante a dicha exención, que los ingresos correspondientes sean declarados en los términos del párrafo tercero del artículo 175 de esa ley, por lo que es patente que tal disposición legal se encuentra excedida por el artículo reglamentario impugnado, que limita la disposición legal al determinar que la exención prevista en el artículo 109, fracción XV, inciso a), no será aplicable, cuando la superficie del terreno exceda de tres veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación, donde por el excedente se pagará el impuesto correspondiente a su enajenación; luego, es inconcuso que la disposición reglamentaria es susceptible de volver a todos los casos no limitados por la ley, inaplicable lo establecido en el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puesto que de observarse la norma reglamentaria, la exención contemplada quedaría limitada a la actualización de ciertos supuestos o elementos que la ley no prevé.
En este contexto, el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no puede ser considerado como una expresión interpretativa de la hipótesis de exención de impuesto que regula el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la ley respectiva, relativa a los ingresos obtenidos de la enajenación de la casa habitación del contribuyente, porque en realidad limita los alcances y aplicación de dicha disposición, al precisar supuestos que restringen la exención.
En efecto, de la lectura del artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte que no contiene ninguna mención relativa a las dimensiones que deba tener la casa habitación del contribuyente (incluyendo el terreno donde está construida), que condicione de algún modo la exención que contempla, por lo que, obviamente, el condicionamiento de la exención a ciertas dimensiones de la casa habitación del contribuyente, constituye una innovación, un agregado a la ley de que se trata; por tanto, si el objeto del reglamento es darle mayor claridad a la ley, en lo que pudiera parecer confuso, de ninguna manera puede transformar sus preceptos y atribuirle elementos que el legislador no señaló.
Consecuentemente, limitar con base en la adición a la ley contenida en dicho reglamento, la exención prevista en la ley, es inconstitucional; pues el hecho de que el presidente cuente con facultades para expedir disposiciones generales y abstractas para la ejecución de la ley, no implica que también tenga atribuciones para establecer limitaciones a las exenciones de impuestos previstos en la ley, toda vez que esta atribución es exclusiva del Congreso de la Unión; por consiguiente, la materia de un reglamento no debe ir más allá de la ley; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aprecia que ese precepto reglamentario establece una limitante a la exención prevista en el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contraviniendo así los principios que rigen la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, en virtud de que no se concreta a desarrollar, complementar o detallar el ordenamiento expedido por el órgano legislativo, sino que crea un nuevo elemento que limita la exención establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Finalmente, precisó que tal como lo señaló la autoridad recurrente en el agravio conducente, la Juez de Distrito no precisó los efectos de la concesión del amparo, por lo que determinó que la misma consiste en que no pueda aplicarse en el presente ni en el futuro a los quejosos ese precepto reglamentario, siendo la consecuencia inmediata que se deje sin efectos el acto de aplicación del artículo reglamentario y se aplique la exención de mérito en los términos previstos en el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Asimismo, precisó que los efectos de la concesión del amparo no liberan a los quejosos de tener que satisfacer las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 267/2006, interpuesto por Federico Álvarez Marquard, Annett Gutiérrez Luthe y Eduardo Álvarez Sierra, en la parte que interesa para efectos de la presente contradicción, señaló en el considerando séptimo de dicha resolución, lo siguiente:
Que el presidente de la República en ejercicio de la potestad que le concede el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, está facultado para expedir las normas reglamentarias necesarias tendentes a la ejecución de las leyes emanadas del Congreso de la Unión; de manera que esas disposiciones reglamentarias incluso cuando desde el punto de vista material son similares a las normas expedidas por el órgano legislativo, puesto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de éstas fundamentalmente por dos razones: provienen de un órgano que desde el punto de vista constitucional no expresa la voluntad general, sino la de un órgano instituido para acatarla, como es el titular del Poder Ejecutivo, y porque son, por definición, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan.
De ahí que la Carta Magna imponga determinadas limitaciones a la facultad reglamentaria, entre ellas, la prohibición de que el reglamento aborde materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión, conocida como principio de reserva de ley que encuentra su justificación en la necesidad de preservar los bienes de mayor valía del gobernado; así como la exigencia de que el reglamento siempre esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida, conocida como principio de subordinación jerárquica.
El principio de reserva de ley forma parte de uno de carácter general, como es el de legalidad, que impide que el reglamento invada materias que de manera expresa la Constitución Federal reserva a la ley formal y, en cambio, el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley, constriñe al titular del Ejecutivo Federal a expedir sólo aquellas normas tendentes a hacer efectiva o a pormenorizar la aplicación del mandato legal, pero sin contrariarlo, modificarlo o excederlo.
Estableció que el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone que no se pagará el impuesto por la obtención de ingresos derivados de la enajenación de la casa habitación del contribuyente.
Mientras que el artículo 130 del ordenamiento reglamentario, dispone que para los efectos del artículo 109, fracción XV, inciso a), antes citado, se entenderá que la casa habitación comprende también el terreno en donde se encuentre construida siempre que la superficie del terreno no exceda de tres veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación, pero por el excedente se pagará el impuesto correspondiente a la enajenación del terreno en los términos de la propia ley y, para los efectos acotados, no se considerará parte de la superficie construida atinente a la casa habitación, las construcciones accesorias a ésta o las bardas perimetrales.
Por otra parte, con la finalidad de enriquecer el estudio del asunto, señaló que el artículo 750, fracción I, del Código Civil Federal, dispone que los bienes inmuebles son, entre otros, el suelo y las construcciones adheridas a él, debiendo hacer énfasis en que tal precepto utiliza la conjunción copulativa "y".
Asimismo, consideró que la locución "casa habitación", ante la ausencia de una definición específica en la ley y aplicable en la especie, debe conceptuarse como la construcción que un sujeto o sujetos emplean para cubrir necesidades primarias e incluso algunas de carácter secundario, esto es, como el lugar en el que obtienen el resguardo y protección de su persona y de determinados bienes, y en el que desempeñan actividades que son comunes para todo ser humano, tales como alimentarse y descansar, así como aquellas de naturaleza sanitaria.
De la lectura sistemática de lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en el título relativo a las "Personas físicas", se adquiere en convicción que el Legislador hace distinción implícita entre lo que debe entenderse por "casa habitación" y "bien inmueble".
Esto es así, ya que los artículos 143, 173, fracción II, y 176, fracción IV y antepenúltimo párrafo, de la ley que nos ocupa, al emplear el concepto "casa habitación", no lo hacen de tal manera que dicho concepto deba entenderse como sinónimo de "bien inmueble" sino que más bien le da una connotación de especie de este último, que entonces viene a ser el "género".
Puntualizó que respecto de la disposición contenida en el artículo 176, fracción IV, inserta en el capítulo XI "De la declaración anual" relativo a las personas físicas y a las deducciones personales autorizadas -ésta limita la deducción que las personas físicas residentes en el país que obtengan los ingresos señalados en el título en el que se encuentra inmerso ese precepto- título IV "De las personas físicas" en el que está inserto el artículo 109 en comento, este último en el capítulo denominado "Disposiciones generales", por concepto de intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a casa habitación, con los integrantes del sistema financiero, siempre que el monto de dicho crédito otorgado no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión. Sin que se pierda de vista que en el mismo título se encuentra contemplado el capítulo IV "De los ingresos por enajenación de bienes", que incluye a los artículos 146, 147 y 148.
En tal virtud, el legislador contempló en un capítulo especial -capítulo IV- cuáles son los ingresos por enajenación de bienes- en concomitancia con el artículo 14, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que establece que se entiende por "enajenación de bienes" a toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado para efectos del cálculo del impuesto anual de las personas físicas, y que en el diverso en el que se contemplan las disposiciones generales, al especificar cuándo operan las exenciones generales, en el artículo 109, fracción XV, inciso a), en comento, únicamente hace referencia a los ingresos derivados de la enajenación de la "casa habitación del contribuyente", pero sin referirse al concepto genérico de "inmueble".
En otras palabras, en el artículo 14, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se precisa que se entiende por enajenación de bienes, toda aquella transmisión de propiedad -en la que obviamente se incluye a la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles-; en tanto que el artículo 146 e inmediatos subsecuentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta, retoman esa previsión para efecto del cálculo del impuesto anual en tratándose de ingresos por enajenación de bienes inmuebles -en la parte conducente-, mientras que su artículo 109, fracción XV, inciso a), exenta del pago del tributo al contribuyente que obtenga ingresos derivados exclusivamente de la enajenación de la casa habitación.
Por tanto, la exención prevista en el artículo citado en la última parte del párrafo que antecede, únicamente debe comprender a la construcción que funja como casa habitación, así como la superficie del terreno en la que se haya levantado, excluyendo aquella en la que -en el supuesto de que exista- no se haya realizado tal edificación, a las construcciones accesorias que no cumplan con los fines precisados anteriormente -circunscritos a la definición que de la locución "casa habitación" se ha puesto de relieve-, así como a las bardas perimetrales, ya que éstas delimitan al terreno en su totalidad, pero no a la "casa habitación" en particular.
Entonces, resulta que si el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone que: "Para los efectos del artículo 109, fracción XV, inciso a) de la ley, se entenderá que la casa habitación comprende también al terreno en donde se encuentre ésta construida, siempre que la superficie del terreno no exceda de tres veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación, por el excedente se pagará el impuesto correspondiente a la enajenación del terreno en los términos de la ley. Para los efectos del párrafo anterior, no se consideran parte de la superficie construida correspondiente a la casa habitación, las construcciones accesorias a ésta o las bardas perimetrales."; el jefe del Ejecutivo Federal al emitir esa disposición, transgredió los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica y, en vía de consecuencia, el principio de legalidad en materia tributaria, ya que no se concretó a desarrollar, complementar o pormenorizar la ley que reglamenta, en la parte relativa; sino que alteró los alcances de la exención.
Empero, incluso frente a la inconstitucionalidad del precepto reglamentario, el Tribunal Colegiado consideró que no es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo siguiente.
Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que cuando la disposición reclamada en el juicio de garantías tenga efectos de carácter positivo, de considerarse fundados los conceptos de violación enderezados en su contra y, en vía de consecuencia, se conceda el amparo; de no poderse otorgar con la concesión un beneficio al demandante, ya que los efectos restitutorios de la sentencia le implicarían un perjuicio, lo procedente es sobreseer en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 80, aplicado a contrario sensu del mismo ordenamiento jurídico.
Trasladado el razonamiento expuesto al caso concreto, sucede que si el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, va más allá de lo dispuesto en el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero porque da un alcance mayor a la exención prevista en este último y no la limita -ya que resulta cierto, como lo aduce la autoridad en el ocurso de agravios, que el precepto reglamentario otorga un beneficio adicional-, de concederse el amparo, no puede ampliarse la exención -aún más- a los límites que pretende la parte enjuiciante, porque ello sería tanto como constituir un derecho a favor de la parte demandante sustentado en una actuación contraria a los principios de subordinación jerárquica, reserva de ley y legalidad tributaria, lo que de suyo jurídicamente no es posible, situación que aparentemente daría lugar al sobreseimiento en el juicio -al menos por la parte que en este considerando se analiza-, con apoyo en los preceptos antes mencionados; sin embargo, no debe soslayarse que también es criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentado en la tesis jurisprudencial plenaria, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.". En
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20108-3bbe406f/renta-el-articulo-130-del-reglamento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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