CUOTAS COMPENSATORIAS. LA FACULTAD PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL EXAMEN DE SU VIGENCIA, NO CADUCA CUANDO SE DICTA FUERA DEL PLAZO DE 220 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 F, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la hizo la Magistrado presidenta del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer los antecedentes y las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
A. Recurso de revisión RA. 98/2006, resuelto por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito el treinta de noviembre de dos mil seis:
1) El seis de julio de dos mil cinco, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del párrafo tercero del artículo 89-F de la Ley de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y tres.
2) El asunto, registrado como juicio de amparo indirecto 862/2005, fue del conocimiento del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cuya titular con fecha veinticuatro de enero de dos mil seis dictó sentencia en el sentido de sobreseer, en parte, negar por lo que atañe al párrafo tercero del artículo 89-F de la Ley de Comercio Exterior y conceder en contra del acto reclamado al secretario de Economía, consistente en la resolución de dos de junio de dos mil cinco.
3) Inconformes, la parte tercero perjudicada y el secretario de Economía, interpusieron recurso de revisión. La parte quejosa interpuso recurso de revisión adhesiva.
4) El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a quien correspondió el conocimiento del asunto, en sesión de treinta de noviembre de dos mil seis revocó la sentencia recurrida y negó el amparo a la parte quejosa, al tenor, entre otras, de las siguientes consideraciones:
"NOVENO. Por otro lado, los restantes argumentos expuestos sintetizados en los incisos c), d), f), g) y h) los cuales con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo se analizan de manera conjunta por estar relacionados en su contenido, como se anticipó, resultan en esencia fundados.
"En este sentido, atento lo expuesto en la sentencia recurrida y en los agravios propuestos, la litis constitucional a dilucidar se circunscribe en determinar si la ‘resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de candados de latón y de bronce, mercancía actualmente clasificada en la fracción arancelaria 8301.10.01 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación originarias de la República Popular China independientemente del país de procedencia’, resulta inconstitucional por transgredir la garantía de seguridad jurídica, al haberse dictado fuera del plazo de doscientos veinte días hábiles a que se refiere el artículo 89-F de la Ley de Comercio Exterior al haber precluído la facultad de la autoridad, tal como lo estableció la Juez de Distrito; o si, por el contrario, como dicho precepto no establece sanción alguna para el caso de que la autoridad no emita la resolución final de la investigación de examen de vigencia dentro del plazo referido, la oportunidad como elemento del acto administrativo, no supone la obligación de la autoridad de dictar sus resoluciones en los plazos que la prevé, pues dicha oportunidad describe la necesidad de que la actuación administrativa satisfaga las necesidades de orden público; a la luz de los agravios formulados por la autoridad recurrente.
"A fin de estar en posibilidad de analizar la litis precisada, y sustentar lo fundado del agravio en estudio, se estima necesario hacer algunas reflexiones en torno a las facultades del Estado en materia económica y comercio exterior.
"El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece (se transcribe).
"De conformidad con el precepto transcrito, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, el cual debe ser útil para fortalecer la soberanía nacional y su régimen democrático, en el que se utilice al fomento como un instrumento de crecimiento de la economía, del empleo y para lograr una justa distribución del ingreso y de la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales protegidos por la Constitución Federal, por lo que el ente estatal planeará, coordinará y orientará la actividad económica y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades otorgado por la propia Ley Fundamental. Asimismo, el citado precepto constitucional establece que al desarrollo nacional concurrirán, con responsabilidad social, los sectores público, privado y social, así como cualquier forma de actividad económica que contribuya al desarrollo nacional; que el sector público tendrá, en exclusiva, el control y propiedad de las áreas estratégicas que señala la Constitución y podrá participar con los sectores privado y social, en el impulso de las áreas prioritarias; que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas sociales y privadas, con sujeción a las modalidades que dicte el interés público, así como al uso de los recursos productivos, donde se atienda al beneficio general, cuidando su conservación y el medio ambiente y que en la ley se alienta, y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico social.
"Relacionado con la potestad de rectoría y planeación económica del Estado, se encuentran las facultades en materia de comercio exterior, en la medida que las importaciones y exportaciones de mercancías, por diferentes factores, pueden llegar a desestabilizar la economía nacional.
"En este sentido, el artículo 131 de la Constitución Federal dispone: (se transcribe).
"Asimismo, en relación con el alcance del artículo 131 constitucional, al resolver el amparo en revisión 1162/96, en sesión de diez de noviembre de dos mil, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó lo siguiente: (se omite la transcripción por innecesaria).
"De lo anterior se concluye:
"1. Es potestad del Estado la rectoría del desarrollo nacional.
"2. En ejercicio de dicha potestad constitucional el Estado vigila, planifica, conduce, coordina y orienta la actividad económica nacional, en razón del interés general y el mejor beneficio para el país.
"3. A fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la moneda, la determinación de los precios y proteger a la producción nacional, así como cualquier otro propósito en beneficio del país, el Constituyente Permanente en el artículo 131 citado autorizó al Poder Legislativo Federal delegar en el Ejecutivo Federal la facultad para establecer, modificar o suprimir las contribuciones aplicables a la importación o exportación de mercancías, así como la de establecer o modificar las prescripciones legales que permitan restringir y aun prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos.
"4. La urgencia y conveniencia de hacer frente a la situación que implica el comercio internacional, fue sin duda, una de las razones que inspiraron el Poder Reformador de la Constitución para otorgar en sede constitucional las facultades al Ejecutivo Federal.
"5. Es en la ley respectiva -Ley de Comercio Exterior- donde el Congreso de la Unión delega al Ejecutivo Federal las facultades referidas, las cuales se desarrollan en los reglamentos respectivos y demás disposiciones de carácter general aplicables.
"Así, la vigente Ley de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y tres, que abrogó la diversa Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior y reformada por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación en los días veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, treinta y uno de diciembre de dos mil, trece de marzo de dos mil tres y veinticuatro de enero de dos mil seis; contiene los instrumentos y mecanismos jurídicos a través de los cuales el Estado mexicano, por conducto del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Economía (antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) regula el comercio exterior con la finalidad de encauzar las operaciones de comercio internacional en beneficio de la economía nacional y responder con la velocidad necesaria a las fluctuaciones que el intercambio de bienes con el sector externo le provoca a dicha economía.
"La Ley de Comercio Exterior que prevé el marco regulatorio (sin perjuicio de los tratados y convenios internacionales de los que México sea parte) está compuesta de 98 artículos distribuidos en títulos, capítulos y secciones. En el título I, de las disposiciones generales, se contiene el objeto y naturaleza de la misma, así como el concepto de los términos empleados. El título II refiere a las facultades del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Economía y la Comisión de Comercio Exterior. En el título III se refiere al origen de las mercancías. Por su parte, el título IV norma en dos capítulos lo relativo a los aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelaria del comercio exterior, de los cuales el segundo consta de tres secciones dedicadas a disposiciones generales; los permisos previos, cupos y marcado de país de origen, y otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales mexicanas, respectivamente. El título V define las prácticas desleales de comercio internacional en cuatro capítulos, dedicados a los siguientes temas: disposiciones generales; discriminación de precios, subvenciones, daño y amenaza de daño a la producción nacional. En tanto el título VI, se regulan las medidas de salvaguarda: El título VII dedica cinco capítulos a la regulación de los procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda: el capítulo I, se refiere a las disposiciones comunes relativas a los procedimientos; el capítulo II describe en cinco secciones el procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional que, respectivamente, se refieren a la resolución preliminar, la resolución final, la audiencia conciliatoria, las cuotas compensatorias y los compromisos de exportadores y, gobiernos, respectivamente; el capítulo III, titulado del procedimiento de materia de medidas de salvaguardia, dedica sus dos secciones a la determinación de tales medidas y al establecimiento de medidas provisionales de emergencia en caso de circunstancias críticas; el capítulo IV establece también otras disposiciones comunes a los procedimientos; el capítulo V establece los procedimientos especiales. Por su parte, los títulos VIII y IX norman la promoción de exportadores y las infracciones, sanciones y recursos, respectivamente.
"Se destaca de dicha ley y se transcriben por la trascendencia que representa para la solución del presente asunto, las disposiciones generales, las facultades del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Economía así como de la Comisión de Comercio Exterior, la regulación del procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional, por medio del cual se establecen, en su caso, las cuotas compensatorias, así como los procedimientos especiales, en particular, el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria. Ello porque la resolución reclamada es el resultado final de este último (se transcriben artículos 1o. a 89-F de la Ley de Comercio Exterior).
"De los preceptos transcritos se advierten los instrumentos y mecanismos jurídicos previstos en la Ley de Comercio Exterior, particularmente las cuotas compensatorias, el procedimiento para su determinación y el de examen de vigencia, con los que el Ejecutivo Federal procura la competitividad y estabilidad de la economía nacional con el comercio internacional.
"Ahora bien, atendiendo a que la resolución reclamada en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión, fue dictada como decisión final en el procedimiento de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de candados de latón y de bronce, mercancía actualmente clasificada en la fracción arancelaria 8301.10.01 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación originarias de la República Popular China independientemente del país de procedencia, es menester hacer una reflexión respecto de la naturaleza y establecimiento de las cuotas compensatorias.
"Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3o., fracción III, 16, fracción V, 17, último párrafo, 28, 63 y demás aplicables de la Ley de Comercio Exterior, se colige que las cuotas compensatorias son medidas de regulación y restricción no arancelaria que se establecen para aplicarse a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, a fin de impedir la concurrencia al mercado nacional de dichas mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional.
"Asimismo, el artículo 63 citado establece que las cuotas compensatorias serán consideradas como aprovechamientos en los términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación.
"Por su parte el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación dispone: (se transcribe).
"Cabe señalar que para establecer cuotas compensatorias, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior debe seguirse un procedimiento de investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional ante la Secretaría de Economía, el cual puede iniciarse de oficio o a solicitud de parte.
"El procedimiento de investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional versa sobre la existencia de discriminación de precios o de subvenciones y del daño causado o que pueda causarse a la producción nacional como consecuencia de tales operaciones.
"Dentro del plazo de veinticinco días la Secretaría de Economía debe aceptar la solicitud y declarar el inicio de la investigación que se publicará en el Diario Oficial de la Federación donde puede, dentro de los plazos señalados, requerir mayores elementos de prueba teniendo por abandonada la solicitud en caso de no aportarse los elementos requeridos.
"A partir del día siguiente de publicada la resolución de inicio de investigación, la secretaría notificará a las partes interesadas, de las que tenga conocimiento, para que comparezcan a manifestar lo que a su derecho convenga, presentado en el término legal previsto los argumentos y las pruebas de su parte.
"Al inicio del procedimiento de investigación (dentro de noventa días) la citada autoridad dictará una resolución preliminar en la que podrá: determinar cuotas compensatorias provisionales, no imponer cuota compensatoria provisional y continuar con la investigación, o dar por concluida la investigación cuando no existan pruebas suficientes sobre la existencia de la discriminación de precios o subvención del daño a la producción nacional alegado o de la relación causal entre las importaciones y el daño.
"Terminada la investigación, dentro del plazo de doscientos veinte días contados a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio, la citada autoridad, previo sometimiento a la Comisión de Comercio Exterior, dictará la resolución final en la que deberá: (i) imponer cuota compensatoria definitiva, (ii) revocar la cuota compensatoria provisional o (iii) declarar concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria; resolución que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
"La cuota compensatoria que se prevea en dicha resolución deberá ser equivalente, en el caso de discriminación de precios, a la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación, y en el caso de subvención, al monto del beneficio.
"El monto de la cuota compensatoria no podrá superar el margen de discriminación de precios advertido y podrá imponerse por un monto inferior, en la medida en que sea suficiente para eliminar el daño a la producción nacional.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la dependencia que se encargará del cobro de las cuotas compensatorias provisionales y definitivas.
"Así, destaca en la creación de las cuotas compensatorias que su establecimiento se encuentra condicionada al desarrollo de un procedimiento en el que se escucha a los afectados y, acreditados los hechos que demuestren la discriminación de precios generando un daño a la producción nacional, se emita una resolución de observancia general conforme a la cual los gobernados que a partir de su entrada en vigor realicen la importación de una mercancía originaria de un determinado país deberán realizar el pago de una prestación patrimonial de carácter público, considerado como aprovechamiento.
"Cuotas compensatorias que estarán vigentes -en principio cinco años- durante el tiempo necesario para contrarrestar el daño a la rama de producción nacional.
"Sin embargo, dichas cuotas compensatorias definitivas son sujetas a revisión anualmente a petición de parte o en cualquier tiempo, de oficio, por la secretaría. Las resoluciones que declaren el inicio y la conclusión de la revisión deben notificarse a las partes interesadas de las que se tenga conocimiento y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, quienes tendrán participación.
"Las resoluciones correspondientes que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias definitivas tienen también el carácter de resoluciones finales y son sometidas previamente a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior.
"Las cuotas compensatorias definitivas se eliminan en un plazo de cinco años, contados a partir de su entrada en vigor, a menos que antes de concluir dicho plazo la secretaría haya iniciado:
"a) Un procedimiento de revisión anual a solicitud de parte interesada o de oficio, en el que se analice tanto la discriminación de precios o monto de las subvenciones como el daño.
"b) Un examen de vigencia de cuota compensatoria de oficio para determinar si la supresión de la cuota compensatoria daría lugar a la continuación o repetición de la práctica desleal.
"Para que la secretaría inicie de oficio un examen de vigencia de cuotas compensatorias, de uno o varios productores deben expresar por escrito su interés de que se inicie dicho examen, y presentar una propuesta de periodo de examen de seis meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota compensatoria, al menos veinticinco días antes del término de la vigencia de la misma.
"Finalmente, respecto a la naturaleza de las cuotas compensatorias, es oportuno destacar que la determinación del legislador de considerar a las cuotas compensatorias como aprovechamientos, es acorde con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que éstas no son contribuciones al surgir de un procedimiento en donde se oye a los interesados, previsto en la jurisprudencia 2a./J. 120/2002 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, noviembre de 2002, página 208, Novena Época de rubro y texto siguientes:
"‘CUOTAS COMPENSATORIAS. NO SON CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE QUE RESULTAN DE UN PROCEDIMIENTO EN QUE SE OYE A LOS INTERESADOS Y NO SON UNA EXPRESIÓN DE LA POTESTAD TRIBUTARIA.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"Expuesto lo anterior, se procede al análisis de la resolución reclamada en el juicio de amparo a fin de desentrañar los antecedentes de su emisión, la naturaleza de la misma y el marco regulatorio previsto en la Ley de Comercio Exterior y los convenios internacionales en los que nuestro país es parte.
"De los antecedentes que se citan en la misma se advierte que desde mil novecientos noventa y cuatro la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previo desahogo del procedimiento de investigación antidumping o de discriminación de precios, impuso a las importaciones de candados de latón y de bronce, mercancía actualmente clasificada en la fracción arancelaria 8301.10.01 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación originarias de la República Popular China independientemente del país de procedencia, una cuota compensatoria definitiva de ciento ochenta y un por ciento.
"Cuota compensatoria que continuó vigente por cinco años más, contados a partir del veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, según resolución final del examen para determinar las consecuencias de la supresión de dicha cuota, publicada en el Diario Oficial de la Federación de quince de diciembre de dos mil.
"Ante el vencimiento del término de vigencia de la cuota compensatoria, la secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro el aviso sobre eliminación de cuotas compensatorias.
"Previa solicitud de Cerraduras y Candados Phillips, S.A. de C.V., mediante resolución de tres de mayo de dos mil cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación del catorce de mayo siguiente, la Secretaría de Economía declaró, de oficio, el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de candados de latón y de bronce, mercancía actualmente clasificada en la fracción arancelaria 8301.10.01 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, dictando la resolución final el dos de junio de dos mil cinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio siguiente, en la que, previo desahogo de las fases del procedimiento determinó la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria de que se trata por cinco años más, contados a partir del veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, con excepción de las exportaciones realizadas por la empresa Mast Lock Company de acuerdo con lo ahí señalado.
"Así, la ‘resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de candados de latón y de bronce, mercancía actualmente clasificada en la fracción arancelaria 8301.10.01 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación originarias de la República Popular China independientemente del país de procedencia’, de dos de junio de dos mil cinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio siguiente, reclamada por la parte quejosa en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso de revisión, fue emitida en el procedimiento especial de examen de vigencia de cuota compensatoria, previsto en el título VIII, capítulo V, artículo 89-F de la Ley de Comercio Exterior.
"Resulta conveniente volver a transcribir el precepto 89-F de la Ley de Comercio Exterior cuyo texto dispone: (se transcribe).
"Asimismo, el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que fue parte del marco legal conforme al cual fue expedida la resolución reclamada, en los artículos relativos establece: (se transcribe).
"En el contexto expuesto, los agravios vertidos por la autoridad responsable sintetizados en los incisos c), d), f), g) y h), resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa, en cuanto señala la revisionista que el artículo 89-F no establece sanción alguna para el caso de que no se emita la resolución final de la investigación de examen de vigencia dentro del plazo de doscientos veinte días a que alude dicho precepto, así como que la oportunidad como elemento del acto administrativo, no supone la obligación de la autoridad de dictar sus resoluciones en los plazos que la ley prevé, pues dicha oportunidad describe la necesidad de que la actuación administrativa satisfaga las necesidades de orden público mediante la toma de decisiones que remedien una situación determinada, por lo que no puede decretarse la ineficacia o preclusión de la resolución impugnada aun cuando fue dictada fuera del plazo legal, máxime si el dumping que procura remediar la resolución reclamada respecto de los candados de latón y de bronce provenientes de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, pone en riesgo la economía nacional, de ahí que la finalidad de dicha resolución al establecer la vigencia de las cuotas compensatorias sea contrarrestar la práctica desleal de comercio, por lo que el hecho de que se haya dictado fuera del plazo de doce meses o doscientos veinte días hábiles, no significa que se haya perdido la obligación de la autoridad para regular la materia o dictar la resolución impugnada.
"En efecto, ni el precepto 89-F ni el acuerdo citados establecen una sanción para el caso de que la resolución final de examen de vigencia de cuota compensatoria sea dictada después de fenecido el plazo de doscientos veinte días ahí previsto, los cuales deben entenderse hábiles atento lo dispuesto por el último párrafo del artículo 3o. de la Ley de Comercio Exterior, que dispone que cuando dicha ley se refiera a plazos en días se entenderán hábiles.
"En una de las tantas clasificaciones de las normas jurídicas que realiza la doctrina existe la que alude al punto de vista de sus sanciones, dividiendo los preceptos del derecho en cuatro grupos: 1. Leges perfectae. 2. Leges plus quam perfectae. 3. Leges minus quam perfectae. 4. Leges imperfectae.
"La primeras son aquellas que establecen una sanción máxima, es decir, la inexistencia del acto; las segundas se refieren a las que además de imponer una sanción al infractor establecen una reparación pecuniaria; las del tercer grupo son aquellas que prevén una sanción pero el acto no deja de tener efectos jurídicos; y el último grupo de la clasificación está integrado por las leyes imperfectas, es decir, las que no se encuentran provistas de sanción.
"Las normas no sancionadas jurídicamente son muy numerosas en el derecho público, entre ellas las que fijan los deberes de las autoridades que carecen a menudo de sanción y lo propio ocurre con casi todos los preceptos reguladores de relaciones jurídicas entre Estados soberanos.
"Por otra parte, hay que tener en cuenta que sería imposible sancionar todas las normas jurídicas, pues en efecto, cada norma sancionadora tendría que hallarse garantizada por una nueva norma, y ésta por otra, y así sucesivamente. Pero como el número de los preceptos que pertenecen a un sistema de derecho es siempre limitado, se admite en la doctrina la existencia de normas jurídicas desprovistas de sanción.
"Ahora bien, tal como lo aduce la recurrente el artículo 89-F de la Ley de Comercio Exterior no establece sanción para el caso de que no se dicte la resolución final del examen de vigencia de cuota compensatoria, de ahí que estemos ante una norma de las llamadas imperfectas.
"Concepto -norma imperfecta- que nuestro más Alto Tribunal ha recogido en jurisprudencia para identificar a las normas que en derecho público imponen deberes a los órganos del Estado, como más adelante se cita.
"En este sentido, no se encuentra ajustado a derecho lo sostenido por la a quo en la sentencia que se revisa cuando señala que el precepto 89-F citado no es una norma imperfecta porque la sanción concomitante que trae aparejada con su inobservancia es la preclusión del ejercicio de la facultad discrecional con que actúa la autoridad, pues estimar lo contrario -adujo la Juez de Distrito- haría perder la certidumbre jurídica que pretende dicho numeral.
"Lo afirmado por la a quo es el resultado de la interpretación que realizó al referido precepto, que la condujo a considerar que la inobservancia del mismo es sancionada con la extinción de la facultad de la autoridad administrativa, aplicando criterios por analogía y mayoría de razón -sanción que no prevé el texto de dicho precepto- con los cuales estimó que al no dictarse la resolución final de examen de vigencia de cuota compensatoria, la resolución reclamada era inconstitucional al transgredir la garantía de seguridad jurídica.
"En efecto, el artículo 89-F de la Ley de Comercio Exterior establece el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria, el cual inicia con la resolución respectiva que expide la Secretaría de Economía y se publica en el Diario Oficial de la Federación, para notificar a las partes de que tenga conocimiento, para que acudan en el término previsto ante dicho órgano a manifestar lo que a su derecho convenga y presenten contra argumentaciones o réplicas a lo manifestado.
"En dicho procedimiento las empresas productoras nacionales, exportadoras e importadoras que tengan interés jurídico en el resultado de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20160-e578c71b/cuotas-compensatorias-la-facultad-para-emitir-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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