REVISIÓN DE GABINETE. ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONTEMPLA LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA VISITA DOMICILIARIA CUANDO UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 306/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por los integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, atendiendo a lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional en el amparo directo **********.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se efectúan las transcripciones siguientes:
El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** por unanimidad de votos, en sesión celebrada el veintidós de julio de dos mil nueve, resolvió en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Los conceptos de violación propuestos son infundados por lo siguiente. En primer lugar, importa señalar que en la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen, contenida en el oficio ********** de 19 diecinueve de junio de 2007 dos mil siete, emitida por la directora de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a través de la cual, determinó un crédito fiscal a cargo de la aquí quejosa, en cantidad de ********** por concepto de multas. Precisado lo anterior, se destaca que en el primer concepto de violación la quejosa aduce que la Sala Fiscal, apoyada en un simple análisis gramatical, concluye que la facultad de determinar impuestos y accesorios conferida a la Dirección de Auditoría Fiscal en términos del convenio de colaboración administrativa y del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Campeche, implica la de liquidar o fijar en cantidad líquida las obligaciones fiscales determinadas, porque las palabras determinar, liquidar y fijar, tienen acepciones semejantes. Que la anterior consideración a su parecer es incorrecta, porque la juzgadora, en ejercicio de su función jurisdiccional, acude al diccionario de la Real Academia Española, para concluir que los términos en cita significan lo mismo, no obstante que acepta que ni el aludido convenio de colaboración administrativa, ni el citado reglamento interior establecen expresamente la facultad para liquidar contribuciones y que la determinación es un acto de la autoridad fiscal que establece obligaciones de carácter sustantivo para el contribuyente, y por lo tanto, los elementos que la conforman se han de interpretar en forma estricta como lo dispone el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. Agrega, que la juzgadora, basada en una interpretación de índole gramatical, pretende cubrir la obligación de la autoridad fiscal de fundar y motivar debidamente el ejercicio de su facultad, al grado de dotar de facultades a la autoridad estatal con base en su interpretación, soslayando que en un régimen de derecho las autoridades sólo pueden hacer lo que las leyes expresamente les faculten. Los argumentos antes resumidos como se dijo, son infundados por las razones siguientes. Es así, pues como consideró la Sala Fiscal, si conforme al artículo 17, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Campeche, la Dirección de Auditoría Fiscal está facultada para determinar los impuestos, aprovechamientos y demás accesorios correspondientes a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, tanto en materia estatal como federal conforme con lo estipulado en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, celebrado entre el citado Estado y la Federación, ello implica que también lo esté para fijar en cantidad líquida las obligaciones fiscales determinadas y sus accesorios, pues la facultad de determinar impuestos debe entenderse como las (sic) cantidades a pagar a cargo del contribuyente que resultaron con motivo de la revisión efectuada, por lo que resulta claro que atendiendo a las disposiciones fiscales, la determinación de impuestos es la culminación de las facultades de comprobación, misma que debe efectuarse en una resolución liquidatoria en términos del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. Sin que con ello se le esté dotando a la autoridad de mayores facultades de las conferidas, pues únicamente se realiza una interpretación del precepto reglamentario, lo que no puede hacerse atendiendo únicamente a la letra del mismo, como pretende la quejosa, pues no es inusual que en las disposiciones se empleen términos o palabras con el mismo alcance, como acontece en la que aquí se analiza. Dicho de otro modo, la facultad de determinar contribuciones otorgada a la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado de Campeche, lleva implícita la de determinar en cantidad líquida las contribuciones omitidas que detecte en uso de sus facultades de comprobación, pues carecería de sentido que sólo pudiera establecer qué contribuciones se dejaron de cubrir y no tuviera la atribución de fijar en cantidad líquida el importe de los tributos omitidos. De ahí que resulten infundados los argumentos respectivos. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, consultable en la página 192, Tomo VII, abril de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, y en el IUS con registro 223218, que dice: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY, INSTRUMENTOS AL ALCANCE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA LA.’ (se transcribe). En el segundo concepto de violación, la quejosa aduce que la juzgadora resolvió que la autoridad fiscal le dirigió la orden de revisión de gabinete como sujeto directo y como retenedor, y que con ello se señaló expresamente la categoría que se le atribuyó, pues esa mención significaba que se le iba a revisar como contribuyente y como responsable solidario, es decir, concluyó que sujeto directo y retenedor, significan lo mismo que contribuyente y responsable solidario, y que por tanto, en la solicitud se cumplió con señalar la categoría que la autoridad atribuyó al gobernado destinatario de la revisión. Que la anterior consideración es inexacta, ya que la autoridad fiscal estaba obligada a señalar con total precisión la categoría de contribuyente (sujeto), que atribuye al destinatario de la revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 42, fracción II, en relación con el 5o. del Código Fiscal de la Federación, es decir, señalar en forma estricta y literal, tal y como lo prevé el citado numeral 42, es decir, si requería al gobernado como contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado; y no suponer, como lo hizo la juzgadora, que al haberse emitido la orden respectiva para revisar la documentación del interesado como sujeto directo y retenedor, se cumplió con la obligación de señalar la categoría correcta que la autoridad atribuye al gobernado, pues la fracción II del citado precepto legal prevé la existencia de tres tipos distintos de personas, a saber: contribuyente, responsable solidario y tercero relacionado. Los argumentos antes resumidos también son infundados por las consideraciones siguientes. El artículo 42, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, establece: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). A su vez, el artículo 26, fracción I, del propio código señala: ‘Artículo 26.’ (se transcribe). Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 68/2000, estableció el criterio de que en la orden de revisión de escritorio o gabinete se debe señalar la categoría del sujeto (contribuyente, solidario o tercero). Dicha jurisprudencia es consultable en la página 261, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el IUS con registro 191343, con texto y rubro siguientes: ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.’ (se transcribe). Luego, tal como resolvió la Sala responsable, en el caso se cumplió con lo señalado en la citada jurisprudencia, toda vez que en el oficio ********** de 18 dieciocho de julio de 2006 dos mil seis, que contiene la orden de revisión de gabinete, la autoridad fiscal precisó que el objeto de la revisión era verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la contribuyente como sujeto directo respecto de pagos provisionales, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto sobre la renta e impuesto al activo; y como retenedor en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto sobre la renta (ver folios 41 a 43 del expediente fiscal). Esto es, la autoridad fiscal se dirigió a la contribuyente ahora quejosa, como sujeto directo -causante directo se le nombra en la jurisprudencia transcrita- y como retenedor -como se le designa al responsable solidario en el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación- con lo que se cumplió con señalar la categoría que se le atribuyó, pues con la cita de que se le iba a revisar como sujeto directo y retenedor de las contribuciones enlistadas, implicaba que sería como contribuyente y responsable solidario -términos utilizados por el artículo 42, párrafo primero, del invocado ordenamiento tributario- ya que por retenedor, según disposición expresa del artículo 26, fracción I, de la propia legislación fiscal, se entiende al responsable solidario, y el sujeto directo -o causante directo como también se le nombra, incluso por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por elemental lógica es el contribuyente. De ahí que resulten infundados los argumentos que se analizan. En el tercer concepto de violación se argumenta, en síntesis, que si bien el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación se refiere a una visita domiciliaria y establece que se suspende o concluye anticipadamente cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros o cuando haya tomado la opción de dictaminarlos, en opinión de la quejosa, esa disposición legal es aplicable también, por razones análogas, a la revisión de gabinete a que alude el artículo 42, fracción II, del propio código, pues el fin que persiguen ambas, es el mismo, la revisión de la contabilidad del contribuyente para verificar el cumplimiento oportuno de las disposiciones fiscales. Lo que antecede de igual forma es infundado, por lo siguiente. El artículo 47 del Código Fiscal de la Federación, establece: ‘Artículo 47.’ (se transcribe). Pues bien, se dice que el concepto de violación que se analiza es infundado, por la básica consideración de que el señalado precepto es claro en disponer que se deben concluir anticipadamente -y no en todos los casos- las visitas en los domicilios fiscales que se hayan ordenado, esto es, las visitas domiciliarias propiamente dichas -previstas en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación- como los requerimientos de documentación e información que se realicen en el propio domicilio del gobernado -artículo 42, fracción II, del propio ordenamiento- mas no a la llamada revisión de gabinete o escritorio, denominada así precisamente por realizarse en las oficinas de las autoridades fiscales y no en el domicilio del gobernado, comprendida también en la propia fracción II del citado numeral 42, la que se limita a determinada documentación cuya exhibición se requiere a la contribuyente. Lo que encuentra sustento en las marcadas diferencias que existen entre las visitas en los domicilios fiscales y las revisiones de gabinete. Es así, pues en cuanto a la facultad de realización de las visitas domiciliarias propiamente dichas, a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, contemplada en la fracción III del artículo 4
del Código Fiscal de la Federación, debe señalarse que tal facultad se encuentra sujeta no sólo al primer párrafo del artículo 16 constitucional, sino también a los párrafos octavo y antepenúltimo, al encontrarse consignado en dicho dispositivo el derecho subjetivo elevado a la categoría de garantía individual de inviolabilidad domiciliaria y constituir las visitas domiciliarias, al igual que los cateos, una excepción a dicha inviolabilidad, que se sujetan, por tanto, al cumplimiento de requisitos estrictos. En efecto, al ser la inviolabilidad domiciliaria un derecho fundamental del gobernado, sólo se permite el ingreso al domicilio por parte de las autoridades, mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos, de tal forma que cuando las autoridades fiscales recurren a la práctica de visitas domiciliarias para cerciorarse, en términos del dispositivo constitucional, entre otros aspectos, de que se han acatado las disposiciones fiscales, la orden respectiva debe cumplir con las formalidades que el propio artículo constitucional establece para los cateos y con lo dispuesto en las leyes respectivas. En la ley respectiva, que es el Código Fiscal de la Federación, se establecen los anteriores requisitos en los artículos 38 y 43; el primero, referido a los requisitos que debe contemplar, en general, el acto administrativo que deba ser notificado al gobernado; y, el segundo, a los que, además debe cumplir una orden de visita domiciliaria. En tales condiciones, las órdenes que al efecto se emitan deben constar por escrito, estar firmadas y emitidas por autoridad competente, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, el objeto de la misma, los destinatarios de la orden o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como las personas que se encuentran facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate. Ante la importancia que la orden de visita domiciliaria y su conocimiento tiene (sic) para el gobernado visitado, por tratarse de una excepción al derecho fundamental de inviolabilidad domiciliaria y porque su ejecución afectará la esfera jurídica de aquél en todo lo inherente al cumplimiento de las disposiciones fiscales, el legislador, además de sujetarla al cumplimiento de los requisitos antes señalados, estableció en el artículo 44, fracción II, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación que ante la ausencia del visitado o su representante cuando los visitadores se presenten al lugar donde deba practicarse la visita, deberá dejarse citatorio para que los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita, debiendo precisarse que la cita es para la notificación de una orden de visita, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 92/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.’-Por lo que se refiere a la facultad de comprobación de las autoridades fiscales contemplada en la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para ‘Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran’, debe reiterarse lo que se dijo, que en ella se comprende, en general, la atribución de la autoridad fiscal de requerir la contabilidad, documentos, datos o informes y, por tanto, dentro de la misma se abarca a la llamada revisión de gabinete o escritorio, denominada así precisamente por realizarse en las oficinas de las autoridades y no en el domicilio del gobernado, pero no se limita a ella, pues el requerimiento puede ser efectuado para que la exhibición de la documentación se realice en el propio domicilio del gobernado, requiriéndose orden de visita domiciliaria en caso de que la autoridad requiera intromisión al mismo que deberá cumplir con los requisitos señalados con antelación. En efecto, el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación establece los requisitos que deberán cumplirse cuando la autoridad fiscal requiera al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado la contabilidad, datos, informes o documentos, en uso de sus facultades de comprobación, pero señalando expresamente que la regulación relativa se refiere a requerimientos efectuados fuera de una visita domiciliaria. El anterior precepto regula la revisión de gabinete o escritorio, la cual se realiza en las oficinas de las autoridades y no en el domicilio del gobernado, razón por la cual el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que la orden relativa se rige sólo por el párrafo primero del artículo 16 constitucional, como se advierte en las siguientes tesis aislada y jurisprudenciales (sic): ‘COMPROBACIÓN FISCAL. NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN AL ESTABLECER DIVERSAS FORMAS DE REALIZARLA.’ (se transcribe). (Tesis XCVI/95, página 80, Tomo II, noviembre de 1995, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el IUS con registro 200265). ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE INFORMES, DE DATOS O DE DOCUMENTOS.’ (se transcribe). (Jurisprudencia 148/2002, página 637, Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el IUS con registro 185063). Luego, si en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación se comprende la facultad de la autoridad fiscal de requerir la exhibición de documentos, datos o informes no sólo en las oficinas de la autoridad (revisión de gabinete o de escritorio), sino también en el domicilio del contribuyente, es perfectamente compatible entonces que en esta última hipótesis la facultad en comento se ejerza dentro de una visita domiciliaria, ante la posibilidad de que la autoridad lleve a cabo sus facultades de comprobación conjunta, indistinta o sucesivamente, caso en el cual no resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 48 del propio código en el que se prevén las reglas aplicables para revisiones de gabinete o de escritorio, dado que no se estaría ante una revisión de tal naturaleza. En esa tesitura, es evidente que la disposición prevista en el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación, relativa a que se debe concluir anticipadamente la visita en los domicilios fiscales en los presupuestos normativos que señala, no puede hacerse extensiva a las llamadas revisiones de gabinete o de escritorio, por ser de naturaleza distinta dado que aquéllas están vinculadas con la excepción al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo que no ocurre con dichas revisiones. Por tanto, como en el caso lo que se realizó fue una revisión de determinada documentación cuya exhibición se requirió a la contribuyente, ahora quejosa, para ser revisada en las oficinas de la autoridad fiscalizadora, es decir, la llamada revisión de gabinete o de escritorio, es obvio que no procedía concluirla anticipadamente, aunque se hubiera cumplido con los demás presupuestos normativos establecidos en el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación. Aún más, tomando en consideración que la conclusión anticipada de las visitas en los domicilios de los contribuyentes, tienen como premisa fundamental que el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado o cuando ejerza esa opción, ello acontece -la conclusión anticipada- por la confianza de las autoridades fiscalizadoras en los dictámenes de estados financieros que hace innecesario que continúe la molestia que implica la intromisión en el domicilio del visitado, lo que no ocurre con las llamadas revisiones de gabinete como la practicada a la quejosa. Es así, pues la realización de dictámenes financieros es una actividad establecida y regulada por el Código Fiscal de la Federación desde varios años. Los dictámenes constituyen un documento elaborado por un contador público autorizado, que funge como auxiliar, tanto de los contribuyentes, como de las autoridades hacendarias, pues mediante éste se pretende el correcto cumplimiento a la obligación a cargo del contribuyente, en la forma y términos previstos en la norma legal, otorgándoles así seguridad jurídica y con ello coadyuvar a la autoridad fiscal en su función verificadora. En relación con la colaboración a la autoridad hacendaria en la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, mediante el dictamen de estados financieros, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que ello no implica que se trate de una facultad de comprobación fiscal, es decir, no constituye un medio a través del cual la autoridad determina si los contribuyentes cumplen o no con las disposiciones fiscales. Lo anterior, puesto que el dictamen de referencia, si bien es un acto de fiscalización en sentido amplio, no goza de los atributos que caracterizan a un acto imperativo de fiscalización; es solamente cuando el acto de verificación es llevado a cabo por un órgano investido de imperio y en forma unilateral, en un sentido estricto, que ese acto será asimilable a uno de fiscalización, cuyo ejercicio corresponde en exclusiva a un órgano estatal. Lo anterior encuentra sustento en lo previsto por los artículos 42 y 52 del Código Fiscal de la Federación, pues aunque se otorgue presunción de certeza de los hechos asentados en los dictámenes, el contenido de éstos no obliga a las autoridades fiscales, y éstas pueden ejercer sus facultades de comprobación respecto de aquéllos. En conclusión, la finalidad de la creación de la actividad de dictaminar estados financieros fue para otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y coadyuvar en la administración en su verificación, lo que no constituye un acto de fiscalización. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la tesis XXII/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 125, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el IUS con registro 199466, que dice: ‘ESTADOS FINANCIEROS. LA OBLIGACIÓN DE DICTAMINARLOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 80 Y 90 CONSTITUCIONALES.’ (se transcribe). Ahora, la ratio juris del artículo 47 del Código Fiscal de la Federación, consiste en que aquellos contribuyentes que estén siendo objeto de una visita en su domicilio y que hayan optado por dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado y se den los presupuestos normativos que prevé, puedan tener el derecho de que la visita domiciliaria concluya anticipadamente, en virtud de que el dictamen emitido por un tercero imparcial con plenos conocimientos en la materia, seguramente le dará luz a la autoridad respecto de la situación fiscal del contribuyente, luego, deberá concluir anticipadamente la visita para revisar el dictamen presentado, y en caso de tener dudas sobre la veracidad o exactitud de dicho dictamen, entonces sí, ordenar una nueva visita domiciliaria. En ese contexto, aun cuando las visitas en los domicilios de los contribuyentes y las revisiones de gabinete o de escritorio pretenden el mismo fin -verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales- no existe la misma razón para concluirlas anticipadamente, pues mientras que las primeras están vinculadas con la excepción a la inviolabilidad domiciliaria, las revisiones de gabinete al realizarse en las oficinas de las autoridades fiscalizadoras no producen ninguna afectación a ese derecho fundamental. Por las anteriores consideraciones, este Tribunal no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito, en su tesis XIII.2o.10 A, que cita la quejosa, de rubro: ‘REVISIÓN DE GABINETE. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 1998, CUANDO ANTES DE QUE INICIE, EL CONTRIBUYENTE PRESENTA AVISO PARA DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO.’, al resolver la revisión fiscal ********** interpuesta por la Administradora Local Jurídica de Ingresos de Oaxaca, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades demandadas, en sesión de 13 trece de abril de 2000 dos mil, y ante la evidente contradicción de opiniones, se impone con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, formular la denuncia correspondiente en la vía que proceda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en el citado numeral. Así, ante la ineficacia de los conceptos de violación propuestos, se impone negar a la quejosa, el amparo impetrado. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y 184 de la Ley de Amparo y 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** contra la sentencia de 5 cinco de enero de 2009 dos mil nueve, dictada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con residencia en esta ciudad, en el juicio de nulidad **********. SEGUNDO. Denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios que existe entre el sustentado en la presente ejecutoria y el de la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal ********** interpuesta por la Administradora Local Jurídica de Ingresos de Oaxaca, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades demandadas, el trece de abril de dos mil. ..."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito, actualmente Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, por unanimidad de votos, en sesión del trece de abril de dos mil, en lo que interesa, sostuvo:
"SEXTO. El estudio de los agravios hechos valer, conduce a determinar lo siguiente: Para mejor comprensión del asunto, conviene precisar que la Sala del conocimiento decretó la nulidad de la resolución impugnada, aplicando analógicamente el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que, como el contribuyente antes del inicio del procedimiento de fiscalización fuera de visita domiciliaria (revisión de gabinete), presentó aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifestando optar por presentar sus estados financieros dictaminados por el contador público autorizado, la autoridad debió haber concluido con anticipación la revisión de gabinete, y por lo tanto el oficio sancionador al pasivo, emitido en dicho procedimiento, resultaba ilegal. Por su parte, las autoridades recurrentes exponen, en esencia, en el primer agravio que no resulta aplicable al caso el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación, sino los dispositivos 42, fracción II, citado como apoyo del requerimiento, y 48 del referido ordenamiento, porque se trata de una revisión de gabinete, por lo cual, contrario a lo estimado por la Sala del conocimiento, no existe ninguna razón válida para que la exactora tuviera que concluir anticipadamente la señalada revisión; que no es procedente aplicar en el caso la analogía por el hecho de referirse a casos semejantes, porque se podría llegar a sostener que en el ejercicio de las facultades de comprobación, previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que prevén procedimientos específicos para cada una de ellas, podrían aplicarse analógicamente otros procedimientos. Los artículos 42, 47 y 52, del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 1998 (en que se llevó a cabo el procedimiento de fiscalización), en lo conducente, disponían: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). ‘Artículo 47.’ (se transcribe). ‘Artículo 52.’ (se transcribe). En efecto, tal y como lo hizo notar la Sala del conocimiento la contribuyente exhibió ante la Administración Local de Auditoría Fiscal de Oaxaca (foja 42), el quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, aviso para presentar dictamen fiscal por el ejercicio de mil novecientos noventa y siete; ahora, al haberse hecho lo anterior del conocimiento de la autoridad fiscal, conforme al escrito de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y ocho (foja 41), ésta debió haber dado de manera anticipa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21898-d3e9a441/revision-de-gabinete-es-inaplicable-el-articulo-47 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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