DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA ADUANERA. LA AUTORIDAD QUE LO RINDE NO ESTÁ OBLIGADA A FUNDAR SU COMPETENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. ... En efecto, es fundado el anterior agravio, en virtud de que como lo sostiene la recurrente al emitir el dictamen técnico de clasificación arancelaria y de valor en aduana de las mercancías, de nueve de agosto de dos mil cinco, la Administración Central de Laboratorios y Servicios Científicos, no se encuentra obligada a cumplir con el principio de fundamentación a que alude el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, el que establece que los actos administrativos que se deban notificar deberán estar fundados, motivados y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate, como infundadamente lo sostiene la Sala Fiscal en la sentencia recurrida. Para demostrar lo anterior se considera conveniente transcribir los artículos 43, 44, 46, 150 151 y 153 de la Ley Aduanera vigente en dos mil cinco, en los términos siguientes: (se transcriben). De la lectura de los numerales transcritos se advierte que las autoridades aduaneras están facultadas para practicar el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento en relación con las mercancías presentadas en las aduanas, así como para ordenar la verificación de mercancías. Ahora bien, si con motivo de los indicados actos se detecta cualquier irregularidad, las autoridades aduaneras la harán constar por escrito o en acta circunstanciada, y en caso de que dichas irregularidades den lugar al embargo de mercancías por actualizarse alguna de las hipótesis a que se contrae el artículo 151 de la propia Ley Aduanera, se iniciará el procedimiento administrativo en materia aduanera regulado, principalmente, en los artículos 150 y 153 de dicho ordenamiento. En la indicada acta se deberá hacer constar lo siguiente: a) La identificación de la autoridad que practica la diligencia. b) Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento. c) La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías. d) La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. Asimismo, se deberá requerir al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento, salvo que se trate de pasajeros. Por otra parte, en la propia acta se deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga y, en la propia diligencia, se deberá entregar al interesado copia del acta de inicio del procedimiento. Si las pruebas presentadas por el interesado dentro del plazo indicado desvirtúan los supuestos por los cuales fueron embargadas las mercancías o acreditan que el valor declarado fue determinado de conformidad con el título III, capítulo III, sección primera, de la propia Ley Aduanera, se dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecución. En cambio, si el interesado no presenta pruebas o éstas no desvirtúan los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberán dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, en la cual podrán determinar las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, e imponer las sanciones que procedan. Asimismo, resulta conveniente transcribir los artículos 144, fracción XIV y 162, fracción III, de la Ley Aduanera, en los términos siguientes: (se transcriben). Del contenido de los preceptos transcritos no se advierte expresamente la obligación de notificar al interesado el contenido del dictamen en comento así como de señalar los preceptos legales que facultan a su emisor para formularlo. Es así, pues de la interpretación sistemática de los numerales transcritos lleva a concluir que el dictamen que se emite en auxilio de la autoridad administrativa, al ejercer esta última su atribución para determinar la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación, constituye una opinión consultiva de carácter técnico en relación con dichos extremos, pero no puede servir para sustentar la resolución que ponga fin al procedimiento aduanero. En efecto, debe tomarse en cuenta que la citada opinión no puede considerarse como una actuación que se ejerce en sustitución de las autoridades administrativas, pues en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera, la atribución para determinar la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación corresponde únicamente a la autoridad en materia aduanera, y conforme a la literalidad de los preceptos transcritos, el dictamen de que se habla sólo constituye una opinión de carácter técnico. Además de que no existe disposición legal que vincule a las autoridades administrativas a resolver con base en el contenido de dicha opinión, pues en forma alguna limita las facultades de la autoridad para determinar en la resolución definitiva cuál es la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación, con base en las probanzas que obren en el sumario. Y para determinar los extremos anteriormente anotados, la autoridad aduanera deberá basar su resolución sólo en las pruebas que obran en el expediente, a saber, las irregularidades asentadas en el acta de inicio respectiva, así como las que aporte el interesado dentro del plazo de diez días posteriores al de la notificación de dicha acta, sin que en algún precepto se establezca que deberá, además, otorgarse algún valor al contenido del referido dictamen; en otras palabras, este último no debe considerarse como un elemento de conocimiento, sino únicamente una opinión consultiva que se vierte en relación con los datos que obran en el sumario, esto es, los que sí constituyen medios probatorios. Para confirmar el anterior aserto, basta imponerse del contenido del artículo 153 de la Ley Aduanera anteriormente transcrito, del que se advierte que la resolución que emita la autoridad en el procedimiento administrativo en materia aduanera se deberá apoyar, exclusivamente, en la valoración de los medios de convicción que deriven tanto de las irregularidades plasmadas en el acta de inicio del procedimiento, como de las pruebas aportadas por el interesado. Así, por una parte, podrá emitirse resolución absolutoria cuando las pruebas documentales que exhiba el interesado acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el título III, capítulo III, sección primera del ordenamiento en cita. Por otra parte, de no ocurrir así, esto es, en el caso de que las pruebas documentales aportadas por el interesado no desvirtúen los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento (que constan en el acta de inicio), las autoridades aduaneras dictarán resolución determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas, e imponiendo las sanciones que procedan. Como puede advertirse, la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo en materia aduanera se debe basar, por disposición expresa de la ley, en lo asentado en el acta de inicio del procedimiento administrativo, así como en las pruebas documentales que aporte el interesado para desvirtuar tales hechos, sin que se prevea la posibilidad de que la autoridad pueda otorgarle un valor específico al indicado dictamen. Lo anterior confirma la afirmación en el sentido de que el dictamen a que se contrae el artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera, se reduce a una opinión técnica de la que puede o no auxiliarse la autoridad administrativa al momento de calificar los extremos indicados, esto es, en la fase deliberativa del procedimiento, razón por la que resulta dable concluir que dicho documento no será determinante, en forma alguna, para el resultado del procedimiento, pues aun en el caso en que la autoridad resuelva en los términos propuestos en la indicada opinión técnica, debe entenderse que se trata de una decisión que sólo es atribuible a la autoridad, la cual requirió el apoyo de una opinión, como también pudo acudir a otros medios, como es la información que recabe de consultas a literatura especializada en determinada materia, conocimientos que se encuentran a disposición de la población en general por distintos medios, entre otros. Efectivamente, se debe recordar que en términos de lo dispuesto en el artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera, la facultad para establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene la facultad discrecional de solicitar el dictamen que requiera al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito, conforme al segundo párrafo de dicho numeral. En esas condiciones, es dable concluir que se trata de un documento de carácter técnico que no puede equipararse a un peritaje propiamente dicho. Al respecto, debe señalarse que la prueba pericial es el medio de confirmación por el cual se rinden dictámenes acerca de la producción de un hecho y sus circunstancias conforme a la legalidad causal que lo rige, cuando ello involucra conocimientos especiales. En términos de lo dispuesto en el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la prueba pericial tiene lugar en las cuestiones de un negocio relativas a una ciencia o un arte. Debe agregarse que la característica que imprime a la prueba pericial una nota que la distingue de otro tipo de dictámenes u opiniones técnicas, es precisamente que la primera constituye un medio de prueba en la medida que proporciona a la autoridad competente conocimiento científico o técnico para la explicación o comprensión de los hechos controvertidos, en tanto que otro tipo de opiniones se reducen a expresar el parecer en relación con un hecho, circunstancias que están ya demostradas mediante los elementos de convicción pertinentes, como en el caso en que el dictamen u opinión de que se habla, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley Aduanera, no es valorado como un medio de convicción, pues se reduce a la opinión que se vierte en relación con extremos que sí están probados dentro del procedimiento administrativo. En esa medida, se arriba al convencimiento que si las autoridades aduaneras no están obligadas a notificar al particular, previamente al dictado de la resolución a que se contrae el artículo 153 de la Ley Aduanera, el dictamen de mérito, menos aún deben señalar los preceptos legales que facultan a la persona designada para elaborar en auxilio de la autoridad administrativa el dictamen previsto en el párrafo segundo del artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera. En tal virtud si el dictamen técnico de clasificación arancelaria y de valor en aduana de las mercancías, de nueve de agosto de dos mil cinco, es una opinión consultiva de carácter técnico, la cual no trasciende en forma directa y determinante al resultado del procedimiento, pues la resolución respectiva se debe basar, por disposición expresa del artículo 153 de la Ley Aduanera, exclusivamente en lo asentado en el acta de inicio del procedimiento administrativo y las pruebas documentales que aporte el interesado para desvirtuarlo, sin que esté prevista la posibilidad de que la autoridad pueda otorgar un valor específico al indicado dictamen; por lo que la autoridad denominada administrador central de Laboratorio y Servicios Científicos que emitió dicho dictamen no se encontraba obligado a señalar con precisión su competencia como infundadamente lo sostuvo la Sala responsable, de ahí lo fundado del agravio en estudio. En apoyo a lo anterior, se cita en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 120/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 566, Tomo XXVI, agosto de 2007, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. AUN CUANDO ESTÁ SUJETO A LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, EL QUE NO SE DÉ A CONOCER AL PARTICULAR EL CONTENIDO Y FUNDAMENTO DEL DICTAMEN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY RELATIVA, PREVIAMENTE AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, NO VIOLA DICHA GARANTÍA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2006).’ (se transcribe)."
De dicho precedente derivó la tesis VI.1o.A.257 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, en julio de dos mil ocho, página mil setecientos diecisiete, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DICTAMEN TÉCNICO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y DE VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCÍAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN XIV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ADUANERA. AL SER ÚNICAMENTE UNA OPINIÓN CONSULTIVA DE CARÁCTER TÉCNICO. ES INNECESARIA SU FUNDAMENTACIÓN.".
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, relacionada con el juicio de amparo directo **********, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. ... A efecto de dar respuesta a tales agravios, precisa destacar el contenido de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Aduanera, que dicen: (se transcriben). De los artículos supracitados, se desprende que una vez elaborado el pedimento de importación y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias, en su caso determinadas por el interesado, las mercancías y el pedimento correspondiente se deben presentar ante la autoridad aduanera, a efecto de activar el mecanismo de selección automatizado, cuyo resultado determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mercancías; si el resultado del mecanismo de selección es afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento aduanero ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal; una vez finalizado el reconocimiento aduanero, se debe activar otra vez el mecanismo de selección automatizado, cuyo resultado determina si las mercancías se sujetarán a un segundo reconocimiento. Del mismo modo, esas normas disponen la facultad de la autoridad de tomar muestras de las mercancías, ya sea en el primer o segundo reconocimiento aduanero, cuando su naturaleza no sea fácilmente identificable. Para lo cual establecen que en tal supuesto deberá levantarse el acta de muestreo correspondiente. El Reglamento de la Ley Aduanera, al respecto, dispone: ‘Artículo 65.’ (se transcribe). ‘Artículo 66.’ (se transcribe). Como se ve, en tales preceptos se facultó a las autoridades a tomar muestras de las mercancías, ya sea en el primer o segundo reconocimiento aduanero, para estar en posibilidad de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características física. Por ende, se observa que la normatividad en la materia previó la posibilidad que al presentarse mercancía al reconocimiento aduanero, su naturaleza no sea fácilmente identificable y, por lo tanto, deba ser materia de un análisis posterior, inclusive en laboratorio, para estar en aptitud de determinar si existe coincidencia entre lo declarado por el gobernado en el pedimento de importación y las mercancías relacionadas en tal documento. Asimismo, se advierte que el acta de muestreo, conforme a esos preceptos, se levanta en el momento en que se presenten las mercancías de difícil identificación y en ella se asentarán las circunstancias relativas a su desahogo, como son: que las muestras se tomaron por triplicado siempre que ello sea posible según la naturaleza o volumen de la mercancía, de qué manera se resguardan las muestras, los datos de identificación y el registro de aquéllas, entre otros. Aunado a que el referido artículo 66 establece que un ejemplar de las muestras se enviará a la ‘autoridad aduanera competente para su análisis’. La propia Ley Aduanera, en su artículo 2o., prevé: ‘Para los efectos de esta ley se considera: ...’ (se transcribe) ‘II. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el reglamento interior de la secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta ley establece.’. Ahora bien, es cierto que los ‘dictámenes de análisis’, estudiados por la Sala Regional, por sí mismos no son actos privativos que afecten al particular, como lo alega la autoridad recurrente, así como que el procedimiento administrativo en materia aduanera inicia con el acta de irregularidades que se levante, y no con los dictámenes mencionados. Sin embargo, contrario a lo argumentado por la citada autoridad, tales dictámenes, no obstante que no se dirigen al particular, sí trascienden a su esfera jurídica, pues a través de ellos no se emite una simple opinión interna a las autoridades aduaneras respecto de las mercancías de difícil identificación, sino que, precisamente, se identifica la composición cualitativa o cuantitativa de las mercancías sujetas al reconocimiento aduanero, tan es así, que el artículo 11, fracciones LXVI y LXVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria establecen: ‘Artículo 11. (se transcribe) ... LXVI. Dictaminar, mediante el análisis de carácter científico y técnico, las características, naturaleza, usos, origen y funciones de las mercancías de comercio exterior; efectuar ensayes con relación a minerales, metales y compuestos metálicos sujetos al pago de contribuciones o aprovechamientos; practicar el examen pericial de otros productos y materias primas; desempeñar las funciones de oficina de ensaye; realizar las acciones de carácter técnico-científico, siguiendo los lineamientos y las normas científicas aplicables, así como los instrumentos metodológicos y técnicos que den sustento a dichas acciones, a efecto de emitir los dictámenes que contribuyan a proporcionar solidez científica al ejercicio de las atribuciones de las autoridades fiscales y aduaneras, y a la defensa de los intereses del fisco federal, así como proporcionar servicios de asistencia técnica en materia de muestreo, de análisis y de ingeniería a los entes del sector público conforme a los convenios respectivos y a los particulares, mediante el pago de derechos correspondiente. LXVII.’ (se transcribe). En efecto, como se ve, compete a la Administración General de Aduanas dictaminar, mediante el análisis de carácter científico y técnico, las características, naturaleza, usos, origen y funciones de las mercancías de comercio exterior, así como sugerir su clasificación arancelaria de conformidad con los elementos con los que cuente la autoridad; documento que sirvió de base para emitir el ‘escrito de hechos y omisiones por omisión de contribuciones’, pues al respecto se asentó: (se precisa). ... Luego, si bien es cierto que tales dictámenes no constituyen actos de privación o resoluciones definitivas que afecten al particular, por sí mismos tienen como finalidad aportar elementos a la autoridad aduanera para que determine un crédito fiscal, esto último al detectarse, precisamente, las irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento; de ahí que se deba fundar en esos actos de molestia la competencia de la autoridad, con la finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario, significaría que el gobernado es a quien le correspondería la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene esos actos de molestia, si la autoridad tiene competencia de grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en un completo estado de indefensión, en virtud de que ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo, es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión, ninguna clase de ambigüedad, puesto que la finalidad de la misma, esencialmente, consiste en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo con la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por las razones de seguridad jurídica. Se afirma lo anterior porque, como ya se vio, es el propio Reglamento de la Ley Aduanera, en su artículo 66, el que establece que la toma de muestras de la mercancía se enviará a la ‘autoridad aduanera competente’ para su análisis, de ahí que dicha autoridad sí tiene la obligación de fundar el dictamen que emita, precisamente para evidenciar su competencia. Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 104/2009, publicada en la página 178 del Tomo XXX, agosto de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y contenido son: ‘RECONOCIMIENTO ADUANERO. LA AUTORIDAD ADUANERA DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA EN EL ACTA O ESCRITO EN EL QUE SE ASIENTAN LOS HECHOS, OMISIONES O IRREGULARIDADES, CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL DESPACHO DE MERCANCÍAS, DE ESE RECONOCIMIENTO, DEL SEGUNDO QUE SE REALICE, O DE LA VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J. 144/2008, publicada en la página 438 del Tomo XXVIII, octubre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y contenido son: ‘ACTA DE MUESTREO. LA AUTORIDAD ADUANERA DEBE SEÑALAR EN ELLA EL PRECEPTO LEGAL EN QUE FUNDA SU COMPETENCIA TERRITORIAL, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIR LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe)."
QUINTO. Esta Segunda Sala advierte que se configura la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que ambos tribunales se pronunciaron sobre un mismo tema jurídico, relativo a si debe fundar su competencia la autoridad que emite el dictamen técnico en materia aduanera, y arribaron a conclusiones divergentes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito estimó que la autoridad emisora no está obligada a hacerlo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró lo contrario.
No obsta para estimar que se configura la contradicción de tesis el hecho de que uno de los precedentes que integran la presente contradicción (**********) haya derivado de un procedimiento de verificación de mercancías, en tanto que el otro (**********) lo fue de un procedimiento administrativo en materia aduanera, ya que en ambos procedimientos, las autoridades administrativas están facultadas para ordenar (con base, esencialmente, en las mismas disposiciones) la toma de muestras de las mercancías de comercio exterior a fin de que la autoridad competente las examine y emita un dictamen sobre su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas, mediante un análisis técnico y científico, a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior.
Conviene destacar que si bien los Tribunales Colegiados al abordar la problemática planteada ante ellos examinaron prácticamente las mismas disposiciones de la Ley Aduanera y de su reglamento, no sucedió lo mismo con las del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, porque uno analizó las del publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete; y el otro las del anterior que fue derogado en esa misma fecha, sin embargo, tal circunstancia no resulta relevante en el caso, porque ambas disposiciones son esencialmente iguales en tanto regulan la competencia de la autoridad aduanera para elaborar los dictámenes técnicos mencionados en términos esencialmente iguales, con la diferencia de que en el primero de los reglamentos mencionados se otorga competencia al administrador general de Aduanas y a los administradores y subadministradores de Aduanas, en la circunscripción territorial que les corresponda; y en el segundo sólo se alude al citado administrador general, y en ambos ordenamientos se prevé también que serán auxiliados en el ejercicio de esa facultad por los servidores públicos que señalan, los cuales varían en uno y otro casos, sin que ello impida el estudio del tema jurídico materia de la contradicción, porque no se está en el caso de determinar cuál es la autoridad competente para emitir los dictámenes técnicos mencionados.
Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis aislada de número P. XLVI/2009 sustentada por el Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página sesenta y ocho, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstacu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22511-dfbf2c6e/dictamen-tecnico-en-materia-aduanera-la-autoridad-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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