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PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2009. · Registro digital (IUS): 21718
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 576.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia laboral, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que resolvió uno de los asuntos que participan en esta contradicción.

TERCERO. A fin de verificar si existe oposición de criterios respecto de una misma cuestión jurídica, es conveniente resaltar las características fundamentales de las ejecutorias materia de la presente denuncia que a continuación se precisan:

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Amparo en revisión (improcedencia) 272/2008

El Tribunal Colegiado conoció de un recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada por el Juez de Distrito del conocimiento que tuvo por no interpuesta la demanda respectiva, en virtud de que el promovente del juicio de amparo, quien dijo tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, no cumplió con el requerimiento que se le formuló con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que acreditara ese extremo.

Cabe destacar que el promovente del juicio de amparo al pretender desahogar el requerimiento que se le hizo para que acreditara su personalidad en el juicio de amparo, solicitó al Juez de Distrito que requiriera a la autoridad responsable la expedición de las constancias relativas al reconocimiento de su personalidad; no obstante ello, el citado juzgador tuvo por no interpuesta la demanda de mérito porque el promovente del juicio de amparo no acreditó la personalidad que ostentó como apoderado de los quejosos en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo.

El Tribunal Colegiado del conocimiento declaró fundados los agravios del recurrente y como consecuencia de ello revocó el auto sujeto a revisión, para el efecto de que el Juez de Distrito del conocimiento proveyera lo conducente para la expedición de las constancias relativas a la personería del promovente, que obran ante la Junta responsable y una vez obtenidas y después de analizar si se acredita o no el carácter de apoderado que aquel ostentó, resolviera lo que en derecho procediera.

Para llegar a la anterior conclusión, el citado órgano colegiado determinó, en la parte que interesa de la ejecutoria respectiva, lo siguiente:

"... cuando se prevenga al promovente del juicio constitucional, con apoyo en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días justifique la personalidad ostentada, la cual afirmó tenerla reconocida ante la responsable, y dicho promovente, para cumplir con la prevención, manifiesta y acredita al Juez de Distrito que solicitó a la responsable copias certificadas de los documentos atinentes, informándole, a la vez, que no se le han expedido, pidiéndole su intervención a fin de recabarlas, en esa hipótesis, el Juez de Distrito no debe tener por incumplida la prevención, sino proveer lo conducente para lograr la expedición de dichas constancias, con base en el artículo 152 de la Ley de Amparo, porque, aunque éste se refiera a las pruebas que serán rendidas en la audiencia constitucional, adquiere aplicación, por analogía, en los casos de documentos o constancias que sirvan para acreditar la personalidad del promovente del amparo, cuando se den los supuestos descritos."

II. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Amparo en revisión (improcedencia) RT-633/2004

El Tribunal Colegiado conoció de un recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada por el Juez de Distrito del conocimiento que tuvo por no interpuesta la demanda respectiva, en virtud de que el promovente del juicio de amparo, que se ostentó como apoderado de diversos quejosos, cuya personalidad dijo tener acreditada ante la autoridad responsable, no cumplió con el requerimiento que se le formuló para que acreditara su personalidad en términos del artículo 146 de la ley de la materia.

Cabe destacar que el promovente del juicio de amparo al pretender desahogar el requerimiento que se le formuló para que acreditara su personalidad, exhibió dos promociones dirigidas a la autoridad responsable que presentó ante ella desde la fecha en que promovió su demanda de amparo y otra de fecha posterior, solicitando la expedición de copia fotostática certificada de todo lo actuado, así como de la audiencia celebrada en el juicio natural, en la que consta el reconocimiento de su personalidad. Asimismo, el aludido promovente pidió al Juez de Distrito que requiriera a la autoridad responsable la expedición de las aludidas constancias.

El Tribunal Colegiado del conocimiento declaró infundados los agravios, al estimar correcta la determinación del Juez Federal que tuvo por no interpuesta la demanda con base en las consideraciones siguientes:

"... porque tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo, si bien es cierto que en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, también lo es que en dicho juicio, a diferencia de otros en donde el examen de la misma queda facultado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados, sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional. Así pues, la propia Ley de Amparo persigue al establecer en sus artículos 145 y 146, la regla de que el Juez de Distrito debe ante todo examinar la demanda de garantías para que, si hubiere alguna irregularidad en ella o se estuviera en alguno de los demás supuestos específicamente previstos (omisión de los requisitos del artículo 116, imprecisión en la expresión de los actos reclamados o falta de copias de la demanda) prevenga al promovente para que subsane la irregularidad o deficiencia advertida dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, si sólo afecta sus intereses patrimoniales o se proveerá sobre ella con intervención del Ministerio Público en casos distintos. La circunstancia de que el promovente no acompañe a su demanda el documento relativo a su personalidad o que exhiba uno insuficiente, debe considerarse como una irregularidad documental de la demanda, pues ha de observarse que ésta no es mas que la expresión formal del acto por el cual una persona, en este caso en nombre de otra, excita la actividad jurisdiccional. Si la demanda es tal, resulta claro que al escrito en que ella conste, debe acompañarse, como requisito de admisión, el título que acredite la representación del promovente, es decir, la existencia del vínculo entre éste y quien sea el titular de los derechos que pretenden deducirse en el juicio. Si al escrito de demanda no se acompaña el documento que acredite la representación de quien la promueve, la misma no debe ser admitida a trámite pues falta satisfacer uno de sus requisitos de procedencia, sino que se precisa requerir al promovente para que lo haga dentro del plazo legal, apercibido de las consecuencias que derivarían de no hacerlo, pues con ello se evita dar curso a un procedimiento que puede conducir a un fallo de sobreseimiento cuyos efectos lesivos de los intereses del quejoso son evidentes, ya que se quedará sin la oportunidad de ser oído en defensa, y se crea un estado de seguridad jurídica que permite al promovente satisfacer de manera oportuna la carga procesal de acreditar su personalidad. En esas condiciones, no puede aplicarse lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, pues tal dispositivo legal se encuentra en el capítulo de pruebas del juicio de garantías y no rige tratándose de prevenciones por irregularidades en los requisitos de la demanda de amparo, ya que este apartado es claro al señalar el término de tres días para desahogar el requerimiento hecho por la autoridad federal, sin que del mismo se desprenda su aplicabilidad, pues dicho dispositivo sólo opera tratándose de pruebas, de ahí que, si el Juez de Distrito al examinar la demanda advierte que no se satisfizo lo concerniente a la personalidad del promovente, deberá prevenir al quejoso para que subsane tal circunstancia dentro del término de tres días, en el cual, el impetrante tiene que cumplir con esa prevención, sin que se apliquen dispositivos relativos a la prueba en materia de amparo, ya que es claro el dispositivo 146 de la Ley de Amparo en otorgar un término de tres días para desahogar la prevención, sin que deba aplicarse algún otro dispositivo, y si no se hace, es correcto tener por no interpuesta la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, que dice: ‘PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). Consecuentemente en el caso, el quejoso debió dar cumplimiento al requerimiento relativo al ordenamiento (sic) de personalidad de quien se ostentó como su apoderado en el término de tres días de manera fehaciente, en los plazos que la propia Ley de Amparo prevé en sus artículos 11 y 13, y no pretender hacerlo con las copias de las solicitudes de expedición de copias por parte de la responsable, pues no existe disposición que prevea que ello sustituya los medios de otorgamiento de poderes o de reconocimiento por parte de la autoridad de la personalidad de quien se ostenta con ese carácter, ni puede motivar al Juez a que requiera la expedición de copias por no tratarse de pruebas que deban rendirse en la audiencia constitucional. ..."

De dicho criterio derivó la tesis aislada número I.13o.T.5. K siguiente:

"PERSONALIDAD DE QUIEN PROMUEVE A NOMBRE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI NO SE CUMPLE CON LA PREVENCIÓN HECHA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SIN QUE DEBA APLICARSE EL ARTÍCULO 152 DEL ORDENAMIENTO LEGAL REFERIDO. Tratándose de la personalidad del promovente en el juicio de amparo, corresponde a la autoridad que conoce de este medio de control constitucional analizarla al recibir la demanda de garantías, por ser un requisito de procedencia de la acción constitucional, y si no se acredita debe prevenir al promovente, de acuerdo con el diverso artículo 146 de la Ley de Amparo para que subsane la irregularidad dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, si sólo afecta sus intereses patrimoniales, o se proveerá sobre ella con intervención del Ministerio Público en casos distintos. Ahora bien, al existir un apartado especial en la ley en cita respecto a las prevenciones realizadas por irregularidades en los requisitos de la demanda de amparo que señalan el trámite y el término para desahogar la prevención realizada con sustento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, resulta inaplicable para desahogar dicha prevención lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, pues este dispositivo legal sólo opera cuando alguna autoridad no cumple con la obligación de expedir, con la debida oportunidad, las copias o los documentos que el quejoso le solicita para rendirlos como pruebas en la audiencia constitucional; por lo que al referirse a momentos procesales distintos, cuya tramitación está expresamente regulada, debe concluirse que en materia de prevenciones sólo debe atenderse a lo que estipula el apartado correspondiente, sin que pueda aplicarse otro dispositivo legal."(1)

CUARTO. De la exposición anterior deriva que en el caso se configura la contradicción de tesis denunciada en virtud de que:

a) En las ejecutorias denunciadas como contradictorias los Tribunales Colegiados conocieron de sendos recursos de revisión hechos valer por el promovente del juicio de amparo en contra de la resolución dictada por un Juez de Distrito que tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, en virtud de que el aludido promovente al desahogar la prevención que se le hizo, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no acreditó la personalidad que ostentó desde su escrito inicial de demanda y que dijo tener reconocida ante la autoridad responsable, quien pidió al juzgador su intervención para recabarlas, en virtud de que no le habían sido expedidas a pesar de haberlas solicitado con la debida oportunidad, lo cual acreditó fehacientemente.

b) Los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los citados recursos, adoptaron criterios divergentes, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito consideró que no debe tenerse por incumplida la prevención hecha al promovente en los términos señalados, cuando al desahogarla el peticionario del amparo manifiesta y acredita que solicitó a la autoridad responsable copia certificada de los documentos atinentes, y solicita su intervención al juzgador para recabarlas, por no habérsele expedido, ya que en tal supuesto cobra aplicación, por analogía, lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, conforme al cual el Juez de Distrito debe proveer lo conducente para lograr la expedición de las constancias.

En cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en un caso igual determinó que si al desahogar la prevención formulada en los términos señalados el promovente del juicio de amparo no acredita la personalidad ostentada, debe tenerse por no interpuesta la demanda, si sólo afecta sus intereses patrimoniales o se proveerá sobre ella con intervención del Ministerio Público, en casos distintos, sin que resulte aplicable el artículo 152 de la Ley de Amparo ya que esta disposición sólo rige respecto de las pruebas que deban rendirse en la audiencia constitucional, pero no por lo que hace a las prevenciones realizadas por irregularidades en los requisitos de la demanda, pues esta figura se encuentra regulada en el artículo 146 del citado ordenamiento legal y, por ende, sólo debe atenderse a lo que estipula el apartado correspondiente, sin que pueda aplicarse otro dispositivo legal.

Las consideraciones precedentes ponen de relieve la contradicción de criterios denunciada pues los Tribunales Colegiados arribaron a conclusiones diferentes en relación con el mismo tema jurídico, habiendo examinado los mismos elementos.

Por tanto, el punto de contradicción se contrae a determinar la forma en que debe proceder el juzgador cuando el promovente del amparo al desahogar el requerimiento que se le hizo con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo para que acreditara la personalidad que ostentó en términos del artículo 13 del mismo ordenamiento legal, aduce imposibilidad para cumplir con la prevención en virtud de que la autoridad omitió expedir las constancias solicitadas oportunamente, y pide al Juez Federal su intervención para recabarlas.

QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio que se sustenta en esta ejecutoria, atendiendo a las siguientes consideraciones:

Los artículos 145, 146, 147 y 148 de la Ley de Amparo disponen:

"Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado."

"Artículo 146. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.

"Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el Juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

"Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según fuere procedente."

"Artículo 147. Si el Juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley.

"Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo.

"Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del Juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas."

"Artículo 148. Los Jueces de Distrito o las autoridades judiciales que conozcan de los juicios de amparo, con arreglo a esta ley, deberán resolver si admiten o desechan las demandas de amparo dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la en que fueron presentadas."

Las disposiciones transcritas establecen la obligación del Juez de Distrito de examinar la demanda y desecharla de plano sin proveer sobre la suspensión, si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia; la posibilidad de que el juzgador prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad o deficiencia de la demanda, dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, si sólo afecta sus intereses patrimoniales o se proveerá sobre ella con intervención del Ministerio Público en casos distintos, y la obligación de los Jueces de Distrito o las autoridades judiciales que conozcan de los juicios de amparo, de resolver si admiten o desechan las demandas dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la fecha en que fueron presentadas.

Por otra parte, los numerales 120, 122, 123, 124 y 130 de la Ley de Amparo establecen:

"Artículo 120. Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiere ésta y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley."

"Artículo 122. En los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este capítulo."

"Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:

"I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;

"II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

"III. (Derogada, D.O.F. 29 de junio de 1976)

"La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el Juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

"Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el Juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados."

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado.

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

"a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;

"b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

"c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;

"d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;

"e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

"f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y

"g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional.

"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

"Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.

"En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes.

"El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior."

De los preceptos legales reproducidos se advierte, que en la propia demanda de amparo es posible solicitar la suspensión provisional de los actos reclamados; que en caso de que la suspensión del acto no tuviera que concederse de plano, el promovente deberá exhibir copias de la demanda para integrar el incidente respectivo; que en casos de competencia de los Jueces de Distrito, dicha medida cautelar se decreta de oficio o a petición de parte agraviada; que tratándose de la primera de ellas, procede cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o que de consumarse éstos, hicieran físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, supuestos éstos que obligan al juzgador a decretar la suspensión en el auto que admite la demanda de garantías; que fuera de estos casos, la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen con la ejecución del acto, debiendo concederse dicha medida para conservar la materia del amparo, y que cuando proceda la suspensión en términos de lo dispuesto en el artículo 124 y hubiera peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, con la sola presentación de la demanda puede ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la responsable la resolución sobre la suspensión definitiva.

Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 124 de la ley de la materia, la suspensión provisional debe resolverse de inmediato, esto es, no admite demora alguna, toda vez que el Juez de Distrito tiene obligación de examinar el escrito de demanda, y sólo está facultado para no pronunciarse inmediatamente respecto de dicha medida cautelar, si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduzca al desechamiento de la demanda de garantías, pues en caso contrario, y de reunirse los requisitos que la ley establece sobre el particular, esto es, que no deba subsanarse irregularidad alguna, debe proveer en el acto sobre la admisión de la demanda y la suspensión provisional, salvo que deba declararla como no interpuesta en caso de incumplimiento a este último supuesto.

En relación con los preceptos de la Ley de Amparo examinados, esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 19/2003-PL en sesión de cinco de marzo de dos mil cuatro determinó, en la parte que interesa a este estudio, lo siguiente:

"... el acuerdo admisorio de la demanda, que provee respecto a la suspensión provisional, no debe postergarse, salvo que, como se ha venido sosteniendo, exista alguna irregularidad en la demanda que haga necesario requerir al promovente para subsanarla, toda vez que en términos de lo dispuesto en los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, exhibidas las copias necesarias para correr traslado a las partes; solicitada la medida cautelar; si no se afecta en interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y si en caso de ejecutarse los actos, se causara al promovente un daño de difícil reparación; debe indefectiblemente concederse la suspensión provisional, sin que sea óbice que el juzgador dude de la autenticidad de los documentos, ya que, se insiste, la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la acreditación del interés jurídico y el peligro en la demora."

"... En otras palabras, la regla general es que tratándose de la suspensión provisional, la solicitud relativa debe acordarse de inmediato una vez satisfechos los requisitos a que aluden los multicitados artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, pero si el Juez de Distrito no puede proveer sobre el particular porque deba subsanarse alguna omisión por parte del promovente, está facultado para requerir de las autoridades responsables, en el mismo acto, la exhibición de documentos, siempre que esto se lleve a cabo dentro del plazo que se otorga al quejoso para desahogar la prevención que se le haga, toda vez que no puede postergarse el acuerdo que conceda o niegue la medida cautelar argumentando el Juez de amparo que son necesarios diversos documentos para resolver sobre el particular, ya que por tratarse de una medida urgente, no acepta dilación alguna, y la Ley de Amparo no contempla su retraso por estos motivos, no obstante que contemple la posibilidad de recabar pruebas de oficio."

De lo hasta aquí expuesto se obtiene:

1. El acuerdo admisorio de la demanda no debe postergarse, salvo que exista alguna irregularidad de la demanda que haga necesario requerir al promovente para subsan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21718-072ee81a/personalidad-en-el-amparo-el-juez-debe-requerir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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