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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTAMINAR, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21219
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, , Pág. 365.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia laboral, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, que es uno de los órganos contendientes.

TERCERO. Posturas contendientes

1. Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Al resolver el amparo directo en materia laboral 254/2008, el diez de julio de dos mil ocho, determinó, en esencia, por un lado, que al acreditarse la violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, lo que se impone es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y proceda a reponer el procedimiento a partir de la audiencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil siete, para el efecto de que requiera al perito, a fin de que acredite estar autorizado para dictaminar en la materia que lo hizo, a través del título y cédula profesional legalmente expedidas por instituciones autorizadas y, hecho que sea, acuerde lo que conforme a derecho corresponda respecto a dicha probanza y, por otro, que no compartía el criterio que invocaba el instituto quejoso de rubro: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LOS PERITOS DEBEN ACREDITAR QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL NOMBRADO POR UNA DE LAS PARTES PERTENEZCA A UNA INSTITUCIÓN DE SALUD, PUES DE LO CONTRARIO ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN.", criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, pero sólo en la parte que refiere que la reposición de procedimiento es para el efecto de que se declare la deserción del perito de su oferente con las consecuencias de su ilegal admisión.

2. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Al resolver los amparos directos 13003/2005, 2203/2007, 8963/2007, 14523/2007 y 16283/2007, el treinta de agosto de dos mil cinco, dieciséis de abril de dos mil siete, treinta y uno de mayo, veinticinco de septiembre y dieciocho de octubre, todos de dos mil siete, respectivamente, determinó, en lo conducente, que al acreditarse la violación a las leyes del procedimiento en términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, lo que impone es conceder el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y proceda a reponer el procedimiento a partir de la emisión del acuerdo dictado en la audiencia y declarar la deserción del perito de la parte demandada y prescindir de la designación del perito tercero en discordia.

Derivada de las anteriores resoluciones, el referido Tribunal Colegiado estableció la siguiente tesis:

"PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LOS PERITOS DEBEN ACREDITAR QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL NOMBRADO POR UNA DE LAS PARTES PERTENEZCA A UNA INSTITUCIÓN DE SALUD, PUES DE LO CONTRARIO ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. Cuando se trata de la prueba pericial en el procedimiento laboral, el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo condiciona a los peritos a que tengan conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre la cual deba versar su dictamen, y si la profesión o arte se encuentran legalmente reglamentados, los peritos deben acreditar estar autorizados conforme a la ley para su ejercicio. Ahora bien, si la prueba pericial versa sobre la ciencia médica, la cual está regulada por los artículos 1o., 2o. y segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, en relación con los numerales 78 y 79 de la Ley General de Salud, la cual requiere para su ejercicio de título profesional expedido y registrado ante las autoridades competentes, es obvio que los peritos de las partes deben exhibir el título o cédula profesional con los que acrediten estar autorizados para el ejercicio de la profesión en la que emiten su dictamen, independientemente de que el designado por la patronal pertenezca a una institución de salud, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ello no lo exime de cumplir con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo para el debido desahogo de la prueba pericial, pues si la Junta lo admite sin que acredite en los términos anotados estar autorizado para el ejercicio de la profesión, ello constituye una violación a las leyes del procedimiento en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, que trae como consecuencia su reposición y se declare la deserción del perito de su oferente con las consecuencias derivadas de su ilegal admisión."

CUARTO. Existencia o inexistencia de la contradicción. El presente considerando tiene por objeto examinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, ya que su existencia es un presupuesto necesario del procedimiento de contradicción de tesis.

1. Para establecer que existe una contradicción de tesis es necesario que se satisfagan los siguientes elementos:

En primer término, es necesario verificar que las posiciones comparadas se sitúen en un mismo plano de análisis, esto es, que en la resolución de cada uno de los asuntos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales. Lo anterior significa que no basta atender a la conclusión de los razonamientos, sino que es necesario tener en cuenta todos los razonamientos vertidos por los órganos jurisdiccionales contendientes, incluidas las circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron a los tribunales a asumir los respectivos criterios.

En segundo término, es necesario comprobar que el tipo de contradicción existente entre los criterios evidencie que lo que uno de ellos afirma de un problema el otro lo niega, ya que, de acuerdo con el principio lógico de no contradicción, ningún enunciado es a la vez verdadero y falso.

En tercer lugar, que la diferencia de criterios se presente en la argumentación de las sentencias respectivas.

En suma, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:

I) Las cuestiones jurídicas planteadas son esencialmente iguales, es decir, provienen del examen de los mismos elementos;

II) Los criterios son, en términos lógicos, efectivamente contradictorios, y

III) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la tesis jurisprudencial del Pleno P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)

2. Bajo las premisas anteriores, a fin de determinar si en el presente caso se acreditan los extremos referidos, es menester identificar las consideraciones que sustentan los criterios de los diferentes Tribunales Colegiados en liza, de acuerdo con las ejecutorias respectivas.

A. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, denunciante de la presente contradicción, al resolver el juicio de amparo directo número AD. 254/2008 sostuvo, en la parte conducente, en síntesis, lo siguiente:

A.1. La Junta responsable procedió legalmente a declarar desierta la referida prueba pericial por parte del perito del instituto demandado, habida cuenta que no obstante estar debidamente apercibido de la consecuencia de no desahogar dicha probanza, en forma por demás descuidada y de notoria falta de interés jurídico en su desahogo, el perito no estuvo en el domicilio señalado, aun conociendo la importancia de dicha prueba y las consecuencias trascendentales, como lo son la deserción de dicha prueba y la imposibilidad de demostrar lo opuesto a lo aseverado por el trabajador. Dicho argumento se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 39/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "PERICIAL MÉDICA. PROCEDE LA DESERCIÓN POR FALTA DE COMPARECENCIA DEL TRABAJADOR ANTE EL PERITO MÉDICO, SI DICHA CIRCUNSTANCIA CONSTA FEHACIENTEMENTE."

A.2. Sin que sea óbice a la determinación anterior lo previsto en los artículos 782 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que las Juntas pueden practicar las diligencias que juzguen conveniente para esclarecer la verdad y dictar las medidas conducentes, pues no debe soslayarse que dichas medidas son aplicables para las partes en que existe una relación procesal pero no cuando los peritos no han comparecido a aceptar y protestar el cargo, ya que en este caso aún no existe ningún vínculo procesal de la Junta con el perito.

A.3. Por otra parte, al analizar el desahogo de la prueba pericial y las otras etapas del proceso laboral, se advierte que se violentó en perjuicio de la patronal, quejosa, lo previsto en el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, al no exigirse por la responsable al perito del actor, que se encontraba autorizado para ejercer la medicina, para así tener la certeza de que concluyó con los estudios correspondientes para dictaminar en esa ciencia, ni que la Junta responsable haya requerido al perito del trabajador para que acreditara su calidad de médico, por tanto, al no haberlo hecho, ello constituye una violación al procedimiento que tiene como consecuencia que resulte ilegal la audiencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil siete.

A.4. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que dicho perito se encuentre adscrito a una institución como es la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, pues tal circunstancia no lo exime de cumplir con los requisitos expresamente señalados en la Ley Federal del Trabajo.

A.5. Tampoco es impedimento a la determinación precedente el hecho de que se trate de una prueba de la contraparte del quejoso y que el perjuicio se actualice hasta que el tribunal efectúe su valoración al dictarse el laudo que resuelva la controversia, ya que ello sólo constituye una condición de procedencia pero no determina el efecto que deba darse a la sentencia que concedió el amparo contra el laudo, cuando la concesión del amparo obedece a una infracción del procedimiento, máxime que, de estimarse que el efecto sólo alcanza a anular el laudo para que se niegue valor a la prueba, ello redundará en perjuicio de las partes al propiciar el retardo en la administración de justicia; al negarse valor probatorio a la prueba de la contraria por su indebido desahogo, ésta tendría que acudir al amparo y reclamar la violación procesal, con el resultado de que tendría que concederse éste para reponer el procedimiento, lo que originará el retardo en la administración de justicia. El argumento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 74/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."

A.6. En ese contexto, ese órgano colegiado no comparte el criterio que invoca el instituto quejoso, cuyo rubro es: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LOS PERITOS DEBEN ACREDITAR QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL NOMBRADO POR UNA DE LAS PARTES PERTENEZCA A UNA INSTITUCIÓN DE SALUD, PUES DE LO CONTRARIO ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN.", sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la parte que señala que la reposición del procedimiento es para el efecto de que "se declare la deserción del perito de su oferente con las consecuencias derivadas de su ilegal admisión".

A.7. Lo anterior en atención a las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis que dio origen a la invocada jurisprudencia 2a./J. 74/2003, conforme con las cuales la concesión del amparo debe ser acorde con la garantía individual violada, pues si lo reclamado consiste simplemente en que se dictó la resolución sin oír al interesado, la reparación consistirá en que se oiga al referido interesado y procede la anulación del acto reclamado, pero éste puede renacer una vez que se ha cumplido con la observancia de que el afectado sea oído; en otros casos cuando el acto es intrínseco y radicalmente inconstitucional, éste debe ser anulado sin que pueda reaparecer.

A.8. Así, cuando se concede el amparo por una cuestión de fondo se deduce que el efecto de la sentencia será para que se deje insubsistente el laudo y se dicte otro, reparando la violación cometida al emitir el laudo, pero cuando se concede por una violación procesal, el efecto de la sentencia será que se reponga el procedimiento a partir del momento en que se comete la violación declarada inconstitucional en el amparo, esto es, para que se realice la diligencia en términos de la ley y no para que se declare desierta por no llevarse en sus términos y, menos aún, para que en el nuevo laudo se le niegue valor a la prueba, toda vez que ello redundaría en perjuicio de las partes al propiciar el retardo de la administración de justicia, ya que al negarse el valor probatorio a la prueba de la contraria ésta acudiría en amparo a reclamar la violación y al concederse éste se repondría el procedimiento y originaría el retardo en la administración de justicia.

A.9. De tal manera que la omisión del perito de acreditar estar autorizado para efectuar el dictamen respectivo, así como que la Junta no lo haya requerido para que acreditara tal extremo, no es intrínseco y radicalmente inconstitucional, como sería el hecho que se hubiera exhibido un título y el mismo resultara falso, sino que se trata de una omisión del perito y de la Junta responsable.

A.10. Finalmente, al acreditarse la violación al procedimiento, en términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y proceda a reponer el procedimiento a partir de la audiencia respectiva para el efecto de que se requiera al perito a fin de que acredite estar autorizado para dictaminar en la materia y, una vez realizado lo anterior, acuerde lo que en derecho corresponda.

B. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directos DT. 13003/2005, DT. 2203/2007, DT. 8963/2007, DT. 14523/2007 y DT. 16283/2007 consideró, en lo sustancial, lo siguiente:

B.1. Sí se cometieron en perjuicio del quejoso violaciones a las leyes del procedimiento que afectaron sus defensas, en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo.

B.2. Al respecto, del análisis de los artículos 821 y 822 de la Ley Federal del Trabajo se advierte sobre qué versará la prueba pericial y condiciona a los peritos a que tengan conocimientos de lo dictaminado y si la profesión o arte relativa se encuentra reglamentada, los peritos deberán acreditar estar autorizados conforme a la ley para su ejercicio.

B.3. Además, de los artículos 1o., 2o. y segundo transitorio de la Ley Reglamentaria al Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, así como de los artículos 78 y 79 de la Ley General de Salud se llega a la conclusión que la medicina es una profesión legalmente reglamentada para cuyo ejercicio se requiere de título profesional debidamente expedido.

B.4. De las comparecencias efectuadas por el perito se puede advertir que no cumplió con lo dispuesto en el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, además de que, al estar regulada por el artículo 5o. constitucional dicha experta, debió exhibir el título o cédula profesional con los que acreditara estar autorizada para su ejercicio, por lo que al no hacerlo ello constituye una violación al procedimiento, que trae como consecuencia que resulte ilegal el acuerdo dictado por la Junta responsable en el que tuvo por desahogada la prueba pericial.

B.5. En virtud de lo anterior, se otorga el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y proceda a reponer el procedimiento a partir de la emisión del acuerdo dictado en la audiencia respectiva, por lo que deberá tener por no exhibido el dictamen rendido por la perito y, por consiguiente, procede declarar la deserción del perito de la parte demandada y prescindir de la designación del perito tercero en discordia. Aplicando al argumento anterior, los razonamientos vertidos en la jurisprudencia 2a./J 74/2003, cuyo rubro es: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."

3. Habiéndose sintetizado las consideraciones de los Tribunales Colegiados debe decirse, como se expresó al inicio del presente considerando, que para que se actualice una contradicción de tesis es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos:

I) Los criterios deben ser, en términos lógicos, efectivamente contradictorios, es decir, que sea posible comprobar que lo que uno de ellos afirme acerca de un mismo problema, el otro lo niegue;

II) Las cuestiones jurídicas planteadas deben ser esencialmente iguales, es decir, deben provenir del examen de los mismos elementos, habiéndose adoptado criterios discrepantes, y

III) La diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

En el presente caso, sí se actualiza la contradicción de tesis denunciada que, como se indicó, constituye un presupuesto del procedimiento de contradicción de tesis.

Lo anterior es así, en virtud de lo siguiente:

En cuanto al primero de los requisitos, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se encuentra cumplido, pues los Tribunales Colegiados contendientes examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ya que, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, se ocuparon de una cuestión de derecho esencialmente igual, consistente en determinar los efectos del amparo cuando se acredite la violación a las leyes del procedimiento en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo.

En efecto, en ambos casos los Tribunales Colegiados contendientes analizan la misma cuestión jurídica, pues ante ellos se plantearon, en los respectivos amparos directos, conceptos de violación relativos a la violación procesal cometida por la autoridad responsable en el desahogo de la prueba pericial médica ofrecida por las partes en el juicio natural y, ante esos argumentos, la cuestión que abordan fue determinar si la responsable violó en su perjuicio los artículos 821, 822, 825, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y los numerales 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y demás aplicables de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, así como los artículos 79 y 82 de la Ley General de Salud.

Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito estimó que la concesión del amparo debe ser acorde con la garantía individual violada, por tanto, cuando se concede el amparo por una violación procesal el efecto natural de la sentencia será que se deje insubsistente el laudo y se reponga el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional en el amparo y no para que en el nuevo laudo se le niegue valor a la prueba, pues ello además redundaría en perjuicio de las partes al retardar la administración del procedimiento.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró que, al acreditarse la violación a las leyes del procedimiento, la concesión del amparo debe ser para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y proceda a reponer el procedimiento para proveer sobre la admisión y desahogo de la prueba de inspección y la deserción de la prueba pericial médica ofrecida por el instituto y hecho lo anterior continúe con la secuela procesal.

Al hacerlo, adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

En efecto, por un lado, el Tribunal Colegiado denunciante de la presente contradicción de tesis sostiene que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y proceda a reponer el procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley para el efecto de que se requiera al perito a fin de que acredite estar autorizado para dictaminar en la materia que lo hizo, mediante el título y cédula profesional legalmente expedidos, en tanto que, por su parte, el otro Tribunal Colegiado sostiene, en esencia, que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, reponga el procedimiento y tenga por no exhibido el dictamen rendido por el perito y declare su deserción.

Asimismo, en relación con el inciso II), que determina que los diferentes criterios deben provenir del examen de los mismos elementos, tal extremo se acredita al analizar las posturas contendientes, toda vez que las posturas divergentes provienen del examen de los mismos elementos normativos, en particular el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 821 y 822 de la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, en cuanto al requisito a que hace referencia el inciso III) anterior, se concluye que también se encuentra cumplido, pues las posturas divergentes se sustentan en los razonamientos de las sentencias respectivas, específicamente en sus argumentos interpretativos sobre las disposiciones aplicables.

En suma, los criterios opuestos de los Tribunales Colegiados contendientes son los siguientes:

(T1) En cuanto al efecto del otorgamiento del amparo por la violación procedimental de que se trata, la Junta responsable debe dejar insubsistente el laudo reclamado y proceder a reponer el procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley para el efecto de que se requiera al perito a fin de que acredite estar autorizado para dictaminar en la materia que lo hizo, mediante el título y cédula profesional legalmente expedidos.

(T2) En cuanto al efecto del otorgamiento del amparo por la violación procedimental de que se trata, la Junta responsable debe dejar insubsistente el laudo reclamado, reponer el procedimiento y tener por no exhibido el dictamen rendido por el perito y declare su deserción.

No obsta para establecer la conclusión precedente (es decir, que sí se actualiza la contradicción de tesis denunciada) el hecho de que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustente la tesis jurisprudencial 2a./J. 74/2003, de rubro: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." y que los Tribunales Colegiados contendientes la hayan invocado, en virtud de las razones siguientes:

• Aun cuando los Tribunales Colegiados contendientes (tanto el Tribunal Colegiado denunciante como el otro Tribunal Colegiado contendiente, al resolver los juicios de amparo directo números 13003/2005, 2203/2007 y 8963/2007) invocaron la referida tesis jurisprudencial, arribaron, como se ha mostrado, a conclusiones lógicamente opuestas.

• El Tribunal Colegiado denunciante, en particular, no se limitó únicamente a aplicar la tesis jurisprudencial invocada al caso concreto, sino que, además, la desarrolló en relación con los dictámenes periciales médicos, cuando la referida tesis jurisprudencial puede ser, en el caso, demasiado general para resolver la presente contradicción, habida cuenta que las ejecutorias que motivaron la contradicción de tesis 72/2003-SS, que originaron el criterio jurisprudencial referido, versaron sobre el indebido desahogo de las pruebas de inspección ocular y la pericial caligráfica y grafoscópica.

• Dado que la finalidad del procedimiento de contradicción de tesis es, en aras de la seguridad jurídica, unificar la interpretación jurídica a fin de eliminar la coexistencia de criterios opuestos respecto de la forma en la que debe interpretarse o aplicarse una disposición jurídica, se considera indispensable que esta Segunda Sala dilucide el punto de contradicción, estableciendo un criterio que dé claridad y seguridad jurídica.

• La consideración precedente encuentra sustento, en lo aplicable, en la tesis plenaria P. XLIX/2006 sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(2)

El punto de contradicción por dilucidar radica, concretamente, en determinar cuál debe ser el efecto de la sentencia que concede el amparo, al haberse acreditado una violación a las leyes procedimentales en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el desahogo de una prueba pericial médica: que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y proceda a reponer el procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley para el efecto de que se requiera al perito a fin de que acredite estar autorizado para dictaminar en la materia que lo hizo, mediante el título y cédula profesional legalmente expedidos, o bien, que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, reponga el procedimiento y tenga por no exhibido el dictamen rendido por el perito y declare su deserción.

Para dilucidar el punto de contradicción apuntado es preciso abordar las siguientes cuestiones:

Efecto que debe darse a la concesión del amparo cuando éste obedece al indebido desahogo de una prueba de la contraparte del quejoso.

Como se ha indicado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 72/2003-SS, el quince de agosto de dos mil tres, estableció la tesis jurisprudencial, de rubro y texto siguientes (énfasis añadido):

"PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba."

Acorde con la anterior tesis jurisprudencial y con la ejecutoria que le dio origen, esta Segunda Sala, en lo que interesa para resolver el presente caso, determinó lo siguiente:

• De las disposiciones constitucionales y legales invocadas se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal.

• La aplicación del artículo 80 de la Ley de A

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21219-bddc7839/prueba-pericial-medica-en-el-procedimiento-laboral-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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