DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONER REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN QUE DICTÓ EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, quien fue parte en los asuntos en que se sustentaron los criterios denunciados como contradictorios.
TERCERO. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República, así como en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, al señalar lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. ... Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"...
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."
Como se advierte, los preceptos transcritos se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, porque la finalidad de dichos preceptos, constitucional y legal, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico. Ello, porque la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.
Sentado lo anterior, debe precisarse que el Pleno de este tribunal ha sostenido que para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es menester que se actualicen los siguientes supuestos:
a. Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Tiene aplicación la jurisprudencia del Tribunal Pleno número P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA"(1).
CUARTO. A fin de verificar si existe la contradicción denunciada, deben tenerse presentes los antecedentes de los asuntos que la informan, así como la conclusión a la que cada Tribunal Colegiado arribó.
I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito
Amparo en revisión 284/2006
• La promovente del juicio de amparo indirecto reclamó de la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, la resolución dictada en un recurso administrativo de revocación, en el que se impugnó un oficio emitido por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual se determinó un crédito fiscal a su cargo.
• El Juez de Distrito del conocimiento concedió el amparo solicitado.
• Inconforme con tal resolución, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión, que fue admitido por el Tribunal Colegiado, el cual, en su oportunidad, pronunció ejecutoria en el sentido de desechar el citado medio de defensa y dejar firme la sentencia recurrida, con base en las consideraciones que en la parte que interesa señalan:
"CUARTO. Resulta innecesario el análisis de las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida y los agravios que expresan (sic) en su contra la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que el recurrente carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por ende, el mismo resulta improcedente, circunstancia que se analiza de oficio al ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías estudiar si quien interpone el recurso es parte en el juicio de amparo, o aún siéndolo, se encuentra legitimada para interponerlo.
"...
"Para así estimarlo, es necesario transcribir el artículo 87 de la Ley de Amparo que establece: (se transcribe)
"Del precepto legal antes transcrito se desprende que tratándose del recurso de revisión que pueden interponer las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, se prevén dos hipótesis: la primera relativa a que el citado recurso sólo podrán hacerlo valer las autoridades responsables cuando las sentencias afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado y, la segunda, relativa al recurso de revisión que pueden interponer las autoridades que intervinieron en la promulgación de una ley.
"En relación con el primero de dichos supuestos, es importante señalar que dichas autoridades sólo podrán interponer el recurso de revisión cuando la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto afecte directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado.
"Dicha afectación tiene una doble connotación, pues por una parte alude a la vinculación entre la sentencia dictada en el juicio de amparo y el acto reclamado de la o las autoridades responsables; y, por otra parte, se refiere a la incidencia o el trastocamiento que en virtud de dicho fallo sufre la autoridad responsable en sus intereses o derechos.
"Ahora bien, para la materia del presente asunto, es dable considerar que las autoridades responsables en general (administrativas, legislativas y judiciales) estarán legitimadas para inconformarse en contra de las sentencias respectivas cuando éstas afecten, en el contexto de sus facultades, directamente los actos a cada una imputados, de manera tal que dicha vinculación cause un perjuicio en el ámbito de competencia del órgano de gobierno y en su esfera jurídica como ente público.
"También es conveniente precisar, que la función jurisdiccional es la característica actividad del Estado encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico, esto es, dirigida a obtener en los casos concretos la declaración del derecho y la observación de la norma jurídica mediante la resolución, con base en la misma, de las controversias que surjan por conflictos de intereses, tanto entre particulares (regulados en su parte sustantiva por normas de derecho privado), como entre particulares y el poder público (relaciones reglamentadas por disposiciones legales de derecho público), mediante la ejecución coactiva de las sentencias.
"Como elemento fundamental de dicha actividad, destaca la imparcialidad de las autoridades jurisdiccionales durante el procedimiento y al dictar sus resoluciones, ya sea de trámite o la definitiva, a través de la cual se dirime la controversia ante ella planteada.
"En ese orden de ideas, para establecer en qué términos una sentencia de amparo dictada en la primera instancia de un juicio de garantías que decreta la inconstitucionalidad de una resolución judicial afecta la actuación de la autoridad jurisdiccional responsable, resulta necesario atender (sic) las peculiaridades de la relación procesal que subyace en el respectivo juicio natural y a su trascendencia social, así como a las facultades que el legislador otorga a los respectivos juzgadores, atendiendo precisamente a la trascendencia que sobre el citado orden tienen sus resoluciones.
"Cabe destacar, que en el derecho interno del Estado, la jurisdicción se distribuye entre diversos órganos, atendiendo a la materia sobre la cual verse la controversia.
"Así, se tiene que tratándose de procesos en materia civil y mercantil, la jurisdicción para conocer de ellos se encomienda a los juzgados y tribunales civiles, lato sensu. En dichos juicios, regulados por disposiciones sustantivas de derecho privado, la materia del litigio versa en torno al reconocimiento de derechos o declaración de obligaciones que recaen en las partes contendientes, actor y demandado, y atañe al ámbito de los derechos individuales de las personas, familia, bienes, sucesiones y obligaciones, así como los actos de comercio y las relaciones jurídicas que derivan de las mismas. Por ello, la sentencia que en dicho procedimiento se dicte solamente trasciende a la esfera de intereses particulares, esto es, únicamente vincula a los contendientes a un dar, hacer o dejar de hacer en el ámbito de los derechos y obligaciones surgidas con motivo del hecho o acto jurídico que dio lugar al litigio. En tales condiciones, la función del órgano jurisdiccional se agota con el dictado de la resolución correspondiente, en tanto que el resultado y consecuencias del juicio no trascienden al orden jurídico nacional (por afectar, como ya se dijo, únicamente intereses particulares) y el interés público queda satisfecho con el cumplimiento de la obligación del órgano jurisdiccional de decir el derecho entre las partes.
"Respecto de los procedimientos de índole laboral, su conocimiento compete a órganos jurisdiccionales denominados Tribunales de Arbitraje y Juntas de Conciliación y Arbitraje (federales y locales), atendiendo a si el conflicto se presenta entre órganos de los Poderes del Estado y sus trabajadores, o bien, entre patrones en general y sus empleados. En este tipo de juicios la cuestión litigiosa nace como consecuencia del conflicto de intereses entre patrones y trabajadores, esto es, derivada de la preexistencia de un acuerdo de voluntades de contratar y prestar un servicio bajo la dirección y dependencia de aquel a quien se presta el servicio, quien a cambio del mismo otorga un salario, además de las prestaciones socioeconómicas que la ley establece o las que, en su caso, se hayan acordado; todo ello en los términos y condiciones pactadas por las partes contratantes. Y desde el punto de vista procesal, la actividad del órgano jurisdiccional queda constreñida, como en todo procedimiento contencioso, a determinar quién de entre los litigantes (patrón o trabajador) ha incumplido con las obligaciones, términos y condiciones en que se pactó la relación obrero-patronal.
"En materia agraria los órganos competentes para conocer de los conflictos que se originen con motivo de la aplicación de las normas contenidas en la Ley Agraria son los Tribunales Agrarios; dichos órganos jurisdiccionales tienen como objetivo la tramitación, sustanciación y resolución de procedimientos en los que se encuentran en conflicto los intereses y derechos de los núcleos de población ejidal y comunal, así como de sus miembros en lo particular y, en general, de la clase campesina, cuando éstos se ven afectados por actos de autoridades en materia agraria, o bien, de particulares; y en esa tesitura, las sentencias que en dichos juicios se emitan contendrán la declaración del derecho a favor de la parte (actor o demandado) que así lo acredite, culminando con ello la actuación del órgano jurisdiccional.
"Por ello, los órganos jurisdiccionales que dirimen dichos juicios carecen de interés propio como órganos para impugnar una resolución dictada en un juicio de amparo indirecto, pues aun cuando ésta se encuentre vinculada con el acto reclamado a una autoridad de las referidas, no se da la afectación directa de los intereses del órgano jurisdiccional, en razón de que la consecuencia de la protección otorgada únicamente incide en los derechos individuales y personales de las partes en el juicio natural.
"Y por lo que hace al procedimiento contencioso administrativo, se han creado diversos órganos jurisdiccionales a nivel federal y estatal para establecer un autocontrol de los actos del Ejecutivo, el cual, en ejercicio de su función jurisdiccional, administra la justicia para las relaciones jurídicas de supra a subordinación, con motivo de los vínculos legales de derecho público que surgen entre el Estado como ente soberano y los administrados como gobernados. En tales procesos el particular como actor en el juicio pretende la declaración de nulidad del acto de autoridad impugnado, en tanto que el órgano de la administración pública demandado persigue el reconocimiento de legalidad de sus actos; por lo que al órgano jurisdiccional corresponde únicamente reconocer la validez, o bien, declarar la nulidad del acto sujeto a su justipreciación, dejando a salvo, cuando así proceda, las facultades de la autoridad cuyo ejercicio sea discrecional.
"En consecuencia, cuando dichas autoridades jurisdiccionales comparecen como responsables en un juicio de amparo indirecto y en éste se dicta un fallo protector, es incuestionable que aun siendo parte en el juicio carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, en virtud de que, como ya se dijo, su función se encuentra constreñida al autocontrol de los actos de la administración pública y, en todo caso, el interés directo en que su resolución subsista, radica únicamente en el órgano que originalmente emitió el acto.
"Así, existen procedimientos contenciosos de naturaleza privada, colectivos y públicos, en los que los intereses en conflicto atañen de manera individual y directa a los particulares y, en su caso, afectan derechos de grupos o colectivos, o la actuación de la administración pública, incidiendo los resultados del juicio en bienes eminentemente patrimoniales, así como en las relaciones comerciales, obrero-patronales, agrarias y administrativas. Y en esa medida, las determinaciones que se adopten en los juicios de esa naturaleza trascienden a intereses privados, particulares y colectivos, y si bien su emisión es una cuestión de interés público, esto acontece en un grado que no alcanza a dotar a los respectivos órganos jurisdiccionales del interés jurídico necesario para interponer dentro del juicio de amparo algún medio de defensa en contra de los fallos que afecten la validez de sus resoluciones.
"Por ello, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto lo constituye alguna determinación dictada por una autoridad jurisdiccional en un proceso en el que se ventilen derechos particulares o colectivos, aquélla, como parte en el juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y en su carácter de autoridad responsable o demandada, carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la resolución del Juez de Distrito que otorga la protección constitucional al quejoso, en tanto que ésta no afecta los intereses del órgano que representa. Ello es así, porque, tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, cuya característica fundamental de su función es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho, su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia.
"Con base en esta premisa, los órganos jurisdiccionales no están facultados para interponer el recurso a que se refiere la fracción IV del artículo 83 de la Ley de Amparo, pues además de carecer de interés en la subsistencia del acto reclamado, de hacerlo estarían tomando partido a favor o en contra de alguna de las partes, en contra del que promueve el juicio de amparo.
"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 22/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:
"‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir.’
"Precisado lo anterior, debe decirse que en el presente caso, de la demanda de garantías se advierte que la quejosa **********, señaló como acto reclamado la resolución contenida en el oficio número 3229 de ocho de marzo de dos mil seis, a través de la cual la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, resolvió el recurso administrativo de revocación número RAE. 88/2005, en el que la aludida quejosa impugnó el diverso oficio número 2248 de ocho de agosto de dos mil cinco, emitido por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual se determinó en su contra un crédito fiscal.
"Previa sustanciación del juicio de garantías, la Juez Federal emitió la sentencia correspondiente en la que consideró que al resolver el recurso de revocación, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, indebidamente declaró infundados e ineficaces los agravios primero y segundo del escrito de agravios, sin antes darle a conocer a la recurrente los actos administrativos que manifestó desconocer; por lo que concedió el amparo solicitado para que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y, en términos del artículo 131-A del Código Fiscal del Estado de Puebla, diera a conocer a la quejosa el acto administrativo que manifestó desconocer, así como las constancias de notificación relativas, otorgando el plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de su notificación para que si la quejosa lo estima conducente amplíe su recurso de revocación y formule agravios en contra de dicho acto administrativo y su notificación y, hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción dicte la resolución que en derecho corresponda.
"En ese sentido, queda de manifiesto que el acto reclamado proviene de un recurso de revocación resuelto por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que a su vez tuvo su origen en la diversa resolución en la que la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, determinó en contra de la quejosa un crédito fiscal, es decir, de un procedimiento de naturaleza administrativa, en el cual la autoridad responsable actúa en ejercicio de su función jurisdiccional que le es encomendada en la aplicación del derecho a un caso concreto que fue sometido para su decisión por la parte a la que le afectó directamente; por consiguiente, aun cuando la autoridad recurrente, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, no sea una autoridad judicial ni tampoco un tribunal formalmente jurisdiccional, a los que se ha hecho referencia con anterioridad, en cuanto que carecen de interés directo para interponer recurso de revisión, en este caso, por razones análogas, no puede sostenerse que dicha autoridad esté legitimada para hacer valer tal recurso, pues en el procedimiento de origen la autoridad responsable, como parte reguladora del procedimiento, no tiene el carácter de contendiente ni de agraviada, ya que está actuando como autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades materialmente jurisdiccionales (como ella misma lo confiesa al interponer el recurso de revisión) y en consecuencia, no le asiste interés directo alguno respecto del acto que da materia al amparo.
"En tales condiciones, es inconcuso que la sentencia dictada por el a quo en la que se concedió a la quejosa la protección federal no afecta directamente los intereses de la autoridad recurrente. Consecuentemente, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, carece de interés directo y por ello, de legitimación para interponer el recurso de revisión.
"Lo anterior es así, toda vez que se trata de una autoridad, aunque de índole administrativa y no judicial, propiamente, pero que actuó como órgano jurisdiccional, y en esa virtud, tiene como característica fundamental de su función, la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia, es decir, en ejercicio de dicha función su finalidad es la búsqueda de la verdad jurídica, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, no puede válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio bi-instancial en que se declaró inconstitucional la resolución reclamada, pues con ello se estaría favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley le impone y violando la obligación legal que le incumbe como resolutora, intérprete y aplicadora de la ley."
Recurso de reclamación 05/2008
• La promovente del juicio de amparo indirecto reclamó de la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, la resolución dictada en un recurso administrativo de revocación, en el que se impugnaron diversos oficios emitidos por el jefe de la Oficina Recaudadora y de Asistencia al Contribuyente Puebla I Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, mediante los cuales se le requirió la presentación de los avisos de inscripción en el Registro de Contribuyentes del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje y se le impusieron diversas multas.
• El Juez de Distrito del conocimiento concedió el amparo solicitado.
• Inconforme con tal resolución, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión, que fue desechado por improcedente por el presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento.
• En contra de tal determinación la mencionada autoridad recurrente interpuso recurso de reclamación que fue declarado infundado por el Pleno de ese órgano colegiado, con base en consideraciones esencialmente iguales a las vertidas en el amparo en revisión 284/2006 ya reseñado, razón por la cual resulta innecesaria su transcripción.
II. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito
Amparo en revisión 355/2007
• La promovente del juicio de amparo indirecto reclamó de la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, la resolución dictada en un recurso administrativo de revocación, en el que se impugnó un oficio emitido por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual se determinó un crédito fiscal a su cargo.
• El Juez de Distrito del conocimiento concedió el amparo solicitado en contra del citado acto reclamado.
• Inconforme con tal resolución, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión, que fue admitido por el Tribunal Colegiado, el cual, en su oportunidad, pronunció ejecutoria que, en la materia del recurso, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado.
III. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito
Amparo en revisión 37/2008
• La promovente del juicio de amparo indirecto reclamó, entre otros actos, de la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, la resolución dictada en un recurso administrativo de revocación, en el que se impugnó un oficio emitido por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual se determinó un crédito fiscal a su cargo.
• El Juez de Distrito del conocimiento concedió el amparo solicitado en contra del citado acto reclamado.
• Inconforme con tal resolución, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión, que fue admitido por el Tribunal Colegiado, el cual, en su oportunidad, pronunció ejecutoria que, en la materia del recurso, revocó la sentencia recurrida y negó el amparo.
QUINTO. Expuesto lo anterior, esta Segunda Sala estima que se configura la contradicción de tesis denunciada de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 26/2001, en virtud de que:
a) En las ejecutorias reseñadas en el considerando anterior, los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre la legitimación de la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto promovido en contra de la citada autoridad, a quien se reclamó la resolución recaída al recurso administrativo de revocación que se hizo valer contra la resolución emitida por la Dirección de Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que determinó u
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21134-c296d5d9/direccion-de-asuntos-juridicos-de-la-secretaria-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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