ADMISIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY RELATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias, que constituye el punto de contradicción a dilucidar, corresponde a la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues quien la formuló tiene el carácter de parte en uno de los recursos de queja que culminó con una de las resoluciones que se involucran en la presente contradicción, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones vertidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de tres de abril de dos mil ocho, la queja número ********** en la parte que interesa, son las siguientes:
"CUARTO. Resulta innecesario transcribir los agravios dado que no serán motivo de análisis, en virtud de que el recurso de queja debe desecharse. Se endereza, en efecto, en contra del acuerdo en el que la Juez de Distrito se declaró incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo respecto de varias quejosas, declinando la competencia en favor de los diversos Jueces que en su opinión, resultaban competentes. Pues bien, el recurso de queja interpuesto en contra de esta decisión es de suyo improcedente porque las cuestiones competenciales en el juicio de amparo se deciden exclusivamente por los juzgadores federales, sin injerencia alguna de las partes y en los términos previstos por la Ley de Amparo a lo largo de los artículos 36 a 56. En efecto, de conformidad con ese ordenamiento, cuando un Juez declina la competencia a favor de otro, si este último la acepta ha de abocarse al conocimiento del juicio, sin que esto pueda discutirse por las partes. Cuando un Juez rechaza la competencia y el declinante insiste en declararse incompetente, surge un conflicto competencial, que invariablemente y también sin injerencia alguna de las partes, debe resolverse por el juzgador federal de superior jerarquía. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó muy claramente este criterio, en la tesis P./J. 35/97, que dice: ‘INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, DICTADA EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO ES RECURRIBLE EN REVISIÓN.’ (se transcribe). Por lo expuesto y con fundamento, además, en el artículo 193, de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha este recurso de queja."
CUARTO. Las consideraciones que se hicieron valer por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver con fecha catorce de abril de dos mil ocho, la queja número ********** son las siguientes:
"... Resultan sustancialmente fundados los argumentos que hacen valer las recurrentes. De las constancias que anexó el Juez Federal, a su informe justificado que le fue solicitado por auto de presidencia de este Tribunal Colegiado, se observa que por escrito recibido el trece de febrero de dos mil ocho, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal **********, **********, ********** y ********** en su carácter de representantes legales, el primero de ********** el segundo, de ********** y de ********** el tercero, de ********** y el cuarto, de ********** demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguiente: (sic). a) Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de quien reclamaron el decreto por el que se expidió la Ley de (sic) Impuesto Empresarial a la (sic) Tasa Única, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil siete, específicamente, todos sus artículos; b) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a quien reclamaron la promulgación y orden de publicación del decreto señalado en el inciso anterior; y, c) secretario de Gobernación, al que reclaman el refrendo al decreto por el cual, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ordenó la promulgación de la Ley de (sic) Impuesto Empresarial a la (sic) Tasa Única. Asimismo, se advierte que por auto de veinticinco de febrero de dos mil ocho, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en lo sustancial, por una parte, con apoyo en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, declaró que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por las quejosas **********, ********** en virtud de que no tienen su domicilio fiscal en el Distrito Federal y, por tanto, estimó procedente declinar la competencia para conocer de la demanda, respecto de esas solicitantes del amparo, a favor del Juez de Distrito que corresponda, según su domicilio fiscal; y por otra parte, el Juez Federal admitió la demanda únicamente por lo que hace a las quejosas ********** y de (sic) ********** las cuales tienen su domicilio en el Distrito Federal. Los artículos 36, 55 y 63 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: ‘Artículo 36.’ (se transcribe). ‘Artículo 57.’ (se transcribe). ‘Artículo 63.’ (se transcribe). El primero de los preceptos transcritos, contiene las reglas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de las demandas de amparo, las que a saber, son las siguientes: Es competente aquel en cuya jurisdicción debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; y, Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. El segundo de los preceptos transcritos, prevé los supuestos en los que, los juicios de amparo que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, podrán acumularse ya sea a instancia de parte o de oficio, los cuales, a saber, son los siguientes: Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables; y, Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por (sic) mismo acto reclamado siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o sean extraños a los mismos. Del tercero de los artículos transcritos, se advierte que una vez resuelta la acumulación, los amparos acumulados deberán decidirse en una sola audiencia teniéndose en cuenta todas las constancias de aquéllos. En otro orden, resulta necesario destacar que de conformidad con el principio de la indivisibilidad de la demanda de amparo, ésta constituye un todo, lo que impone al Juez, la obligación de considerarla en su integridad, de ahí que no es dable que, al resolverse la cuestión planteada en dicha demanda, se lleve a cabo una división de los actos reclamados. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en relación con el principio que rige a la indivisibilidad de la demanda, es de advertir que cuando un juicio de amparo sea promovido por diversos quejosos, cuyos domicilios se encuentren en distritos diferentes y los actos reclamados se encuentren ligados entre sí, para determinar sobre su admisión o improcedencia, el Juez de Distrito deberá establecer su competencia conforme a la regla relativa a: si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Lo anterior es así, porque la demanda de amparo se rige por el principio de la indivisibilidad y porque de lo dispuesto en la Ley de Amparo y, en concreto, por los artículos 145 y 147, se desprende que solamente presupone dos posibilidades: la primera, que consiste en que la demanda sea procedente y, por tanto, proceda su admisión; y la segunda, que no lo sea, por lo que, debería desecharse; pero en ambos casos, la ley de la materia se refiere a la integridad del escrito, que constituye la base del juicio y presenta el caso a debate, formando una verdadera unidad o todo, que conviene conservar incólume a fin de que se resuelva sobre todos sus puntos o se niegue su admisión en su integridad para evitar que se anime un procedimiento innecesario, por tratarse de queja mal fundada. Sirve de ilustración a lo anterior, en lo sustancial, la tesis aislada publicada en la página 130, del Informe 1944, correspondiente a la Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es del tenor literal siguiente: ‘INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO.’ (se transcribe). Asimismo es ilustrativa la tesis aislada publicada en la página 980, del Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es del tenor literal siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO.’ (se transcribe). Además es ilustrativa la tesis aislada publicada en la página 867, del Tomo LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO, FORMA DE ADMISIÓN DE LA.’ (se transcribe). En ese sentido, le asiste la razón a las recurrentes, porque el Juez Federal, mediante el auto de veinticinco de febrero de dos mil ocho, transgredió lo dispuesto por el (sic) 36, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el principio de indivisibilidad de la demanda de garantías, ya que sin existir disposición alguna que así lo permitiera, por una parte, declaró que carecía de competencia legal para conocer de la demanda promovida por **********, ********** y ********** en virtud de que no tienen su domicilio fiscal en el Distrito Federal y, por tanto, estimó procedente declinar la competencia para conocer de la demanda, respecto de esas solicitantes del amparo, a favor del Juez de Distrito que corresponda, según su domicilio fiscal; en tanto que, por otra parte, admitió la demanda únicamente por lo que hace a las quejosas ********** y ********** las cuales, tienen su domicilio en el Distrito Federal. Esto es así, toda vez que las quejosas reclamaron de las autoridades responsables Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y secretario de Gobernación, la expedición, promulgación (sic) refrendo del decreto por el que se expidió la Ley de (sic) Impuesto Empresarial a la (sic) Tasa Única, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil siete, concretamente, todos sus artículos; actos que se encuentran íntimamente ligados entre sí y respecto de ellos no puede dividirse la contienda, puesto que, como ya se destacó, constituye una unidad o un todo que no es posible desmembrarse. Consecuentemente, el Juez de Distrito, al haber admitido la demanda de amparo respecto de los actos y autoridades que se precisan en el párrafo anterior, por lo que hace por (sic) las quejosas ********** y ********** las cuales, tienen su domicilio en el Distrito Federal; con apoyo en el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y el principio de indivisibilidad de la demanda, a prevención, también resulta competente para conocer de dicha demanda por lo que hace a las quejosas **********, ********** y ********** quienes no obstante que su domicilio fiscal no se localiza en el Distrito Federal, reclaman los mismos actos que las solicitantes del amparo por las que se admitió la demanda. Considerar lo contrario, o sea, que resulta procedente la declinación de la competencia, respecto de algunos quejosos, no obstante que reclaman idénticos actos, en los términos que propone el Juez Federal, resultaría en contravención de lo dispuesto por el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y el principio de indivisibilidad de la demanda, ya que ello daría lugar a que la demanda se dividiera sin que exista disposición legal que lo autorice para casos como en la especie y por el contrario, por razones ya expuestas, contravendría el principio de indivisibilidad de la demanda. En ese sentido el (sic) resultar esencialmente fundados los argumentos de las recurrentes, el recurso de queja a que este toca se refiere es procedente y fundado. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Es procedente y fundado el recurso de queja a que este toca se refiere."
QUINTO. Existencia de la contradicción de tesis.
Como cuestión previa, debe establecerse si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual debe pronunciarse tratándose de una contradicción de tesis; es decir, para que se pueda dirimir qué criterio debe prevalecer, debe existir una oposición respecto de una misma situación legal, debiendo suscitarse, además entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y que provengan del examen de los mismos elementos.
Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (No. Registro: 190,000. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis P./J. 26/2001. Página 76).
Con base en lo expuesto, se arriba a la convicción de que sí existe la contradicción de tesis, en tanto que los órganos jurisdiccionales contendientes partieron de supuestos jurídicos similares, a saber:
• La promoción de un juicio de amparo indirecto incoado por diversos quejosos con domicilios distintos en distintos lugares, que en forma voluntaria se sometieron a la jurisdicción administrativa del Primer Circuito, impugnando la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única;
• La determinación de los respectivos Jueces de Distrito quienes admitieron la demanda de garantías por estimar que respecto de algunos de los agraviados se surtía la incompetencia por territorio;
• La impugnación de ese acuerdo a través de sendos recursos de queja.
Por otra parte, sobre tales hipótesis, los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron respecto de un mismo problema jurídico, consistente en determinar si es recurrible mediante el recurso de queja, el acuerdo por el que se admite parcialmente la demanda de garantías, -por advertir el Juez Federal, en forma oficiosa-, que respecto de algunos de los promoventes se surte la incompetencia por territorio, arribando a conclusiones divergentes.
SEXTO. Se estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo con las consideraciones que enseguida se exponen:
Tomando en cuenta el marco jurídico que dio origen a los juicios de amparo indirecto que sirvieron de antecedente a la determinación de admisión parcial de las demandas de garantías, procede dilucidar a continuación si tal determinación es impugnable o no a través del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en virtud de que sobre este punto en concreto se pronunciaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
En torno a los temas enunciados es preciso acotar que el artículo 36 de la Ley de Amparo establece la competencia de los Jueces de Distrito al señalar que es competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
Así como que cuando el acto no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.(1) Por otra parte, la ley reglamentaria de la materia, prevé el trámite que debe seguirse en caso de que un Juez de Distrito estime carecer de competencia legal para conocer de un asunto.(2)
En el caso, de las disposiciones de la Ley de Amparo y en lo que se refiere a los recursos que se encuentran contemplados en la sustanciación del juicio de garantías, cabe precisar que el artículo 82 establece:
"Artículo 82. En los juicios de amparo no se admitirán mas recursos que los de revisión, queja y reclamación."
Como se advierte, en la Ley de Amparo se encuentran establecidos limitativamente los recursos de revisión, de queja y de reclamación, como medios para combatir las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales que conozcan de la vía constitucional.
Así, las hipótesis de procedencia del recurso de revisión, se encuentran enunciadas en el artículo 83 del mismo ordenamiento, que al respecto, indica:
"83. Procede el recurso de revisión:
"I. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo;
"II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales:
"a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;
"b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y
"c). Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior;
"III. Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos;
"IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia, y
"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.
"En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste."
Por su parte, el recurso de reclamación procede, conforme al artículo 103 de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. Finalmente, los supuestos de procedencia del recurso de queja, se detallan en el numeral 95 de la multicitada ley, el que literalmente expresa:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"I. Contra los autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes;
"II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VI de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;
"III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;
"IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo;
"V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107, de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;
"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;
"VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario;
"VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión en el término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;
"IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;
"X. Contra las resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito en el caso previsto en la parte final del artículo 105 de este ordenamiento, y
"XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional."
De conformidad con las transcripciones precedentes, se colige, por una parte, que en lo que se refiere al recurso de revisión, la ley es clara al señalar los supuestos específicos por los cuales puede interponerse, toda vez que procede en contra de las resoluciones emanadas de los Jueces de Distrito, del superior del tribunal responsable o bien, de los Tribunales Colegiados de Circuito; y su principal característica es su definitividad, bien sea porque pongan fin al juicio sin decidir la cuestión planteada (desechamiento de demandas, autos de sobreseimiento), o bien que lo decidan (interlocutorias que se dictan en los incidentes de reposición de autos; sentencias dictadas en la audiencia constitucional; sentencias dictadas en amparos directos cuando exista pronunciamiento sobre constitucionalidad de leyes o interpretaciones directas de preceptos constitucionales; resoluciones que conceden o niegan la suspensión definitiva, modifiquen, revoquen o nieguen la revocación o modificación del auto en que la concedan).
En segundo orden y concerniente al recurso de reclamación, debe decirse que procede contra los proveídos de trámite pronunciados por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales, generalmente, recaen calificando la procedencia de recursos promovidos por las partes.
Por otra parte, las resoluciones combatibles mediante el recurso de queja -acorde con el cúmulo de fracciones del artículo 95-, son las dictadas por el superior de los tribunales responsables, los Jueces de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y se extiende a las emitidas por las autoridades responsables; además, son tanto actos de trámite (admisión de demandas; cualquier acto dictado durante la tramitación del juicio de amparo, que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva), como resoluciones definitivas (dictadas en diversos recursos de queja, al conocer de un incidente de reclamación de daños y perjuicios, por responsabilidad proveniente de las garantías o contragarantías otorgadas en incidentes de suspensión; o bien al decidir sobre el cumplimiento de sentencias mediante el pago de daños y perjuicios, o al conceder o negar la suspensión provisional).
De ello se sigue que, por regla general, todas las resoluciones emitidas por los tribunales de amparo en la sustanciación del juicio constitucional e inclusive, en el incidente de suspensión, pueden ser combatidas ya sea mediante el recurso de revisión, el de queja o el de reclamación.
Con apoyo en las circunstancias reseñadas, es válido concluir, que en contra de la resolución motivo del presente estudio, a saber, aquella que desecha parcialmente una demanda de garantías promovida en la vía indirecta, resulta ser procedente el recurso de queja.
Dicha conclusión se apoya en las siguientes consideraciones. La Ley de Amparo dispone:
"Artículo 83. Procede el recurso de revisión: ... IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia. ..."
"Artículo 91. El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador; II. Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata de amparo directo contra sentencia pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de constancias; III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo; IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; V. (Derogada); y, VI. Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21351-3a4bdf13/admision-parcial-de-la-demanda-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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