COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. SU PRESIDENTE ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 205/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la parte quejosa en ambos juicios de amparo.
TERCERO. Posturas contendientes.
1. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al resolver el recurso de revisión ********** el veinticuatro de abril de dos mil ocho, determinó, en lo relevante, que del análisis del artículo 9-A, fracción XIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se señalan las facultades propias de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en tanto que el artículo 9-E, fracción IV, del mismo ordenamiento, faculta al presidente de la comisión a ejecutar las resoluciones de esa comisión y proveer lo necesario para su debido cumplimiento, sin embargo, en tales preceptos no se faculta a dicho presidente para que imponga apercibimientos y sanciones, en razón de que de ningún modo el legislador expresó en ellos esa intención y, por tanto, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones no se encuentra facultado para imponer apercibimientos y sanciones a los terceros interesados para que cumplan las medidas cautelares decretadas.
2. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al resolver el recurso de revisión **********, el veintinueve de agosto de dos mil ocho, determinó, en lo conducente, que como lo consideró la Sala Fiscal en el acto reclamado la comisión debió proveer de manera ineludible acerca del debido cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas a la tercero perjudicada en el cuaderno de amparo, ya que, como lo dispuso la Sala Fiscal, en el artículo 9-A, fracción XIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se facultaba a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a vigilar la debida observancia de lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia, a fin de que el servicio se apegue a las disposiciones legales. De igual manera, la Sala dispuso que el artículo 9-E del mismo ordenamiento, faculta al presidente de la citada comisión a ejecutar las resoluciones y proveer lo necesario para su cumplimiento, facultad que desde luego no resulta potestativa, sino que tiende a mantener el orden público, es decir, se trata de una autoridad dotada de amplias facultades para proveer lo necesario a fin de que se cumplan sus resoluciones, bien emitidas por ella o medidas que por disposición judicial deba acatar.
De igual manera, el tribunal del conocimiento consideró ineficaces los argumentos del quejoso en los que sostenía que carece de facultades para ordenar a los terceros interesados que se abstengan de realizar acciones que impidan la interconexión de las señales de los usuarios de la tercero perjudicada, pues la obligación que tiene la autoridad demandada de cumplir con el mandato jurisdiccional, como lo es la resolución interlocutoria de suspensión, puede hacerlo mediante acciones tomadas para preservar la materia del juicio, ya que el tribunal del conocimiento insiste en que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9-E, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, corresponde al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ejecutar las resoluciones de la comisión y proveer lo necesario para su debido cumplimiento, por lo que basta con que la comisión provea, mediante una resolución, sobre las medidas cautelares otorgadas por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la resolución reclamada, para que el presidente de dicha comisión la pueda ejecutar.
Asimismo, se determinó que eran ineficaces los argumentos del quejoso en el sentido de que era falso, como lo sostiene la responsable, que la autoridad tiene a su alcance medios persuasivos para hacer cumplir la medida cautelar, ya que de los preceptos que cita la Sala en la resolución reclamada, esto es, los artículos 9-A, fracción XIII, 9-E, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, no se desprende que la comisión tenga facultades para imponer un apercibimiento o sanción, para el caso de que algún tercero interesado incumpla con una medida cautelar de suspensión decretada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, máxime que considera que en nuestro sistema constitucional prevalece el criterio jurídico de que lo que no está expresamente permitido para las autoridades les está prohibido, por lo que no resultan aptas para llevar a buen término las medidas cautelares impuestas por la Sala responsable, toda vez que no se puede castigar una conducta si no existe una pena exactamente aplicable al caso de que se trata, aunado a que los artículos 38 y 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones no distinguen que exista alguna sanción a algún concesionario o permisionario, por la violación a una medida cautelar.
Lo anterior en atención a que, de una interpretación de los artículos referidos se advierte que le corresponde al presidente de la comisión ejecutar resoluciones y proveer lo necesario para su debido cumplimiento, además de que si el artículo 38, fracción III, del ordenamiento en comento, no señala expresamente que tenga facultades para imponer un apercibimiento o sanción, para el caso de que algún tercero interesado incumpla con una medida cautelar de suspensión decretada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que si establece que las concesiones y permisos se podrán revocar, entre otras causas, por ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello, y del artículo 71, inciso A, fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se advierte que sí tiene facultades para imponer multas que van desde los 10,000 hasta los 100,000 salarios mínimos, a aquellos concesionarios que ejecuten actos que impidan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello, por lo que el tribunal del conocimiento considera que es acertado lo que resuelve la Sala responsable, en el sentido de que el quejoso sí cuenta con medios más persuasivos para hacer cumplir la medida cautelar otorgada, ya que si la suspensión definitiva se otorgó para ordenar a los terceros que debían abstenerse de realizar conductas que impidan la actuación de otro concesionario, como lo es que en las redes que maneja **********, se envíe una grabación previo al establecimiento de las comunicaciones lo que desanima a los usuarios de aceptar las llamadas constituye uno de los actos que sanciona el artículo 38, fracción III, lo que actualiza la hipótesis normativa a que se refiere el diverso precepto 71, punto A, fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Así, contrario a lo señalado por el quejoso, sí cuenta con facultades para dar cumplimiento al mandato jurisdiccional, ya que puede sancionar a los concesionarios con la multa a que se refiere el anterior precepto, con el apoyo legal del artículo 38, fracción III, de la ley citada para ejecutar actos que impiden la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 17 constitucional, no puede negarse a cumplir una medida cautelar con el pretexto de que no cuenta con facultades para ello, ya que impide que al beneficiario de esa medida le sea asegurado el derecho al acceso a la justicia, pues con ello se verifican en su perjuicio los efectos del acto que demanda o reclama, impidiendo que se mantengan las cosas en el estado en que se encontraban.
CUARTO. Existencia o inexistencia de la contradicción. Dado que la existencia de la contradicción constituye un presupuesto necesario del procedimiento de contradicción de tesis, la cuestión que se plantea en el presente considerando es la siguiente: ¿Existe o no la contradicción de tesis denunciada?
1. Para establecer que existe una contradicción de tesis, es necesario que se satisfagan los siguientes elementos:
En primer término, es necesario verificar que las posiciones comparadas se sitúen en un mismo plano de análisis, esto es, que en la resolución de cada uno de los asuntos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales. Lo anterior significa que no basta atender a la conclusión de los razonamientos, sino que es necesario tener en cuenta todos los razonamientos vertidos por los órganos jurisdiccionales contendientes, incluidas las circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron a los Tribunales Colegiados a asumir los respectivos criterios.
En segundo término, es necesario comprobar que el tipo de contradicción existente entre los criterios evidencie que lo que uno de ellos afirma de un problema el otro lo niega, ya que, de acuerdo con el principio lógico de no contradicción, ningún enunciado es a la vez verdadero y falso.
En tercer lugar, que la diferencia de criterios se presente en la argumentación de las sentencias respectivas.
En suma, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:
I) Las cuestiones jurídicas planteadas son esencialmente iguales, es decir, provienen del examen de los mismos elementos;
II) Los criterios son, en términos lógicos, efectivamente contradictorios; y,
III) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la tesis jurisprudencial del Pleno P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)
2. Bajo las premisas anteriores, a fin de determinar si en el presente caso se acreditan los extremos referidos, es menester identificar las consideraciones que sustentan los criterios de los diferentes Tribunales Colegiados en liza, de acuerdo con las respectivas ejecutorias.
A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número ***********, sostuvo, en síntesis, lo siguiente:
A.1. Se determinó infundado el agravio relativo a que la sentencia es ilegal, porque contrariamente a lo resuelto, en los artículos 9-A, fracción XIII y 9-E, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, facultan al quejoso en su carácter de presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a imponer apercibimientos y sanciones a los terceros interesados para que cumplan las mediadas cautelares decretadas en el juicio de nulidad.
Lo infundado del agravio deviene del análisis de los artículos 9-A, fracción XIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el cual señala facultades propias de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y el 9-E, fracción IV, del mismo ordenamiento, que faculta al presidente a ejecutar las resoluciones de esa comisión y proveer lo necesario para su debido cumplimiento, pero no facultan a dicho presidente para que imponga apercibimientos y sanciones, ya que el legislador no expresó esa intención, por lo que la Juez de Distrito no incurrió en la ilegalidad que se le atribuye.
A.2. Asimismo, resultan inoperantes los agravios consistentes en que la comisión así como el quejoso en su carácter de presidente, cuentan con facultades para hacer que los terceros cumplan las medidas cautelares decretadas, encontrándose en posibilidad de compeler a los terceros interesados para que respetaran las medidas cautelares al ser auxiliares de la administración pública federal. Al igual que el argumento relativo a que la revocación del inciso e) de las medidas cautelares decretadas el treinta de octubre de dos mil siete no exime al quejoso del cumplimiento de las que fueron confirmadas.
La determinación anterior en razón a que los anteriores argumentos no sirven para desvirtuar lo resuelto por la juzgadora de primera instancia en el sentido de que la fundamentación y motivación del acto reclamado son indebidas, toda vez que los artículos 9-A, fracción XIII y 9-E, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, no facultan al quejoso a imponer apercibimientos y sanciones a los terceros interesados para que se cumplan las medidas cautelares, por lo que debía seguir esa determinación, sustentando lo anterior con la jurisprudencia 3a. 30 de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS."
A.3. En consecuencia de los anteriores razonamientos, al resultar ineficaces los agravios esgrimidos por la recurrente, se determinó confirmar la sentencia recurrida y amparar y proteger a ********** (sic).
B. Por otra parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, resolvió, primero, en la materia de la revisión, revocar la resolución dictada el cinco de diciembre de dos mil siete, por la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo ********** y, segundo, no amparar ni proteger a ********** (sic), en contra del acto que reclama de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la resolución dictada el trece de abril de dos mil siete, en el juicio de nulidad ********** y acumulados ********** y **********.
Lo anterior, al resultar fundado, sustancialmente, el agravio relativo a la violación del principio de congruencia de las sentencias, propuesto por la ahora recurrente (parte tercero perjudicada) **********, e ineficaces los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, en virtud, en síntesis, de las siguientes consideraciones:
B.1. Asiste la razón a la parte tercero perjudicada, en la medida en que aduce que la sentencia es incongruente, en virtud de que la Juez de Distrito no debió tomar en consideración la resolución de once de octubre de dos mil siete, emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (que resolvió los recursos de reclamación promovidos por el director general de Defensa Jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en contra de las resoluciones interlocutorias dictadas por la Séptima Sala Regional Metropolitana en las que resolvió los incidentes de las medidas cautelares solicitadas por **********), para conceder el amparo.
Lo anterior es así, porque no se advierte que obrara en los autos del juicio de amparo dicha resolución al momento de dictar la sentencia ahora recurrida, ni fue ofrecida como prueba por alguna de las partes. Además, aun cuando la Juez la tomó en consideración para emitir la resolución y fue recabada por ella a fin de remitirla al Tribunal Colegiado, no puede ser valorada en la presente instancia.
B.1.1. La referida resolución de once de octubre de dos mil siete, de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fue dictada con fecha posterior a la del acto que se reclama en el juicio de amparo y, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, las sentencias deben ser dictadas apreciando los hechos tal como aparezcan probados ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni considerarán las pruebas que no se hubiesen rendido ante la misma para comprobar los hechos materia del acto reclamado.
B.1.2. Tampoco se está en el supuesto de reponer el procedimiento a fin de que la prueba sea recabada por la Juez de Distrito, en atención a que, no se trata de una violación al procedimiento, pues ésta se actualiza cuando la prueba hubiera sido ofrecida ante la autoridad responsable, hubiera sido tomada en consideración para la emisión del acto que se reclama o hubiera sido ofrecida por cualquiera de las partes en el amparo y no obre en autos, pues en tales supuestos la Juez de Distrito sí tiene la obligación de recabarla. En apoyo de lo anterior, se invoca la tesis jurisprudencial P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."
B.1.3. En el caso, no se surten los supuestos para recabar de oficio la resolución en cuestión, pues la prueba fue dictada con fecha posterior al acto reclamado y, por ende, no fue tomada en consideración por la autoridad responsable.
B.1.4. La resolución de once de octubre de dos mil siete fue dictada con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional en el juicio del que derivan los recursos de revisión que se resuelven, misma que se celebró el nueve de noviembre de dos mil siete, razón por la cual las partes estuvieron en posibilidad de ofrecerla y exhibirla en el juicio antes de la celebración de la citada audiencia o bien solicitar su diferimiento a fin de que se recabara la prueba.
B.1.5. Asimismo, la referida resolución no tiene el carácter de prueba superveniente, porque es de fecha anterior a la celebración de la audiencia y tampoco puede ser tomada en consideración por el Tribunal Colegiado, en virtud de que con ella no se acredita una causal de improcedencia. Lo anterior, de conformidad con la tesis 1a. I/94 sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte, de rubro: "REVISIÓN. PRUEBA SUPERVENIENTE EN EL RECURSO DE. DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN CUANDO CON ELLA SE DEMUESTRA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO."
B.1.6. A mayor abundamiento, cabe señalar que de la lectura de la resolución de que se trata, dictada en el recurso de reclamación el once de octubre de dos mil siete por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que, contrario a lo resuelto por la Juez Federal, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no revocó la concesión de la medida cautelar otorgada a la tercero perjudicada, ahora recurrente, **********, sino que confirmó en todos sus términos la medida cautelar que solicitó la tercero perjudicada.
B.1.7. Por tanto, queda evidenciado que la Juez Federal emitió una resolución no ajustada a derecho, al tomar en consideración una prueba que no fue ofrecida por las partes, que no obra agregada a los autos del juicio de amparo ni en los juicios de nulidad que al efecto fueron recabados para la resolución del juicio, pues fue dictada en un expediente independiente tramitado en la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, en el recurso de reclamación**********.
B.1.8. Así, al resultar fundado en lo esencial el agravio bajo estudio, lo que procede es, con apoyo en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, analizar los conceptos de violación que el quejoso expuso en la demanda de garantías.
B.2. Resultan ineficaces los conceptos de violación que hace valer el quejoso, en atención a las siguientes consideraciones:
B.2.1. Se encuentra probado en autos, como se advierte de las constancias que integran el juicio de amparo **********, así como del tomo I de pruebas, anexo al expediente de amparo que remitió el juzgado del conocimiento al propio Tribunal Colegiado, que mediante escrito de seis de junio de dos mil seis, presentado al siguiente día, **********, en su carácter de representante legal de **********, solicitó la nulidad de la resolución por la que se modifican las reglas del servicio de larga distancia publicadas el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis, en las que se determina la implementación de la modalidad "El que llama paga nacional", para llamadas de larga distancia nacional e internacional cuyo destino es un usuario del servicio local móvil, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dios mil seis; además de que solicitó la suspensión del acto reclamado.
B.2.2. La Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad **********, por acuerdo de tres de julio de dos mil seis, otorgó a la parte actora **********, la suspensión provisional solicitada.
B.2.3. Por resolución interlocutoria de trece de abril de dos mil siete, la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió sobre la violación a la medida cautelar decretada a favor de la actora ********** por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de la acumulación de juicios de nulidad, entre otros, el **********.
B.2.4. En la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil seis, dictada por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad ********** y acumulado **********, la medida cautelar definitiva, solamente se otorgó a favor de las actoras**********, porque en la fecha de emisión de la citada interlocutoria, aún no se había acumulado el juicio de nulidad presentado por**********, al cual le correspondió el número de juicio de nulidad **********, en el entendido de que la acumulación de juicios no significa que cada uno no conserve su autonomía, ya que los efectos de la acumulación son meramente procesales, de ahí que aun cuando la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa haya revocado parcialmente la interlocutoria de treinta de octubre de dos mil seis, ello no afecta lo que aquí se resuelva, ya que la suspensión otorgada a la tercero perjudicada **********, se rigió por lo dispuesto en el acuerdo de tres de julio de dos mil seis, dictado por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
B.2.5. Los demás argumentos de la parte quejosa son ineficaces, en virtud de lo siguiente.
B.2.5.1. Aun cuando, como lo señala el quejoso, la Sala responsable, al emitir la mencionada resolución de trece de abril de dos mil siete (mediante la cual declaró fundada la violación a las medidas cautelares decretadas a favor de **********), se equivoca cuando resuelve que el artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es el que le permite dictar medidas cautelares de carácter positivo, toda vez que el precepto que lo prevé es el artículo 26 de la misma ley, de la lectura íntegra de la resolución reclamada se desprende que la Sala responsable, al invocar las facultades que tiene para dictar una suspensión de carácter positivo, señaló correctamente el contenido del precepto aplicable, pero al citar el fundamento se refirió a un precepto distinto en uno de sus números, de lo que se advierte que se trata de un error mecanográfico, lo que resulta insuficiente para determinar su ilegalidad, ya que, de conformidad con el artículo 26 invocado, se advierte la existencia del precepto que le otorga las facultades para la emisión de medidas cautelares de carácter positivo (que no fue uno de los puntos controvertidos en el incidente de violación de las medidas cautelares, pues lo que se discutió en aquél fue la violación a las medidas cautelares y no cómo se concedieron).
B.2.5.2. La resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió sobre la existencia de la violación o incumplimiento de las medidas cautelares, y la multa respectiva la impuso con apoyo en el artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, razón por la cual, contrario a lo aseverado por el quejoso, sí existe correspondencia entre lo resuelto y el precepto invocado por la responsable, es decir, que conforme a la hipótesis del artículo 25 de la invocada ley, resolvió la existencia de la violación a la suspensión provisional, por lo que impuso la multa correspondiente a que se refiere dicho precepto.
B.2.5.3. Contrariamente a lo argumentado por el quejoso, la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que, de la misma, se observa que se citaron los preceptos legales aplicables, así como que se expresaron los motivos, circunstancias y razones pertinentes para resolver en el sentido en que se hizo, por lo que no carece de la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, pues respecto de resoluciones jurisdiccionales, el cumplimiento a esa garantía se satisface al efectuarse el análisis de las cuestiones que integran la litis planteada, para lo cual la autoridad se apoya en los preceptos legales que permiten emitir la resolución y en la exposición concreta de las consideraciones, circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tengan en cuenta para pronunciar la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, que es lo que se observa en la resolución reclamada.
B.2.5.4. Como lo consideró la Sala Fiscal en el acto reclamado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones debió proveer de manera ineludible acerca del debido cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas a la tercero perjudicada.
B.2.5.5. Por las mismas razones, también son ineficaces los argumentos del quejoso en los que sostiene que carece de facultades para ordenar a los terceros interesados, concesionarios del servicio celular, se abstengan de realizar acciones que impidan la interconexión de las señales de los usuarios de la tercero perjudicada (**********) con los de las demás empresas, pues la obligación que la autoridad demandada (Comisión Federal de Telecomunicaciones) tiene de cumplir con el mandato jurisdiccional, como lo es la resolución interlocutoria de suspensión, puede hacerlo mediante acciones tomadas para preservar la materia del juicio respecto a los terceros interesados, ya que, se insiste, de conformidad con el artículo 9-E, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, corresponde al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ejecutar las resoluciones de la misma y proveer lo necesario para su debido cumplimiento, razón por la cual basta con que la comisión provea, mediante una resolución, sobre las medidas cautelares otorgadas por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que el presidente de dicha comisión la pueda ejecutar.
B.2.5.6. Resultan ineficaces los argumentos por los cuales el quejoso manifiesta que es falso, como lo sostiene la responsable, que la autoridad tiene a su alcance medios más persuasivos para hacer cumplir la medida cautelar, ya que, a decir del quejoso, de los preceptos invocados por la Sala en la resolución reclamada: artículos 9-A, fracción XIII y 9-E, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, no se desprende que la comisión tenga facultades para imponer un apercibimiento o sanción, para el caso de que algún tercero interesado incumpla con una medida cautelar de suspensión decretada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, máxime que en nuestro sistema constitucional prevalece el criterio jurídico de que lo que no está expresamente permitido para las autoridades, les está prohibido, por lo que sus facultades no resultan aptas para llevar a buen término las medidas cautelares impuestas por la Sala responsable, ya que no se puede castigar una conducta si no existe una pena exactamente aplicable al caso de que se trate; aún más, agrega el quejoso, de los artículos 38 y 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, no se distingue que exista alguna sanción a algún concesionario o permisionario por la violación a una medida cautelar.
Lo infundado del argumento anterior deriva de que de una interpretación sistemática de los preceptos antes invocados, se observa que, de conformidad con el artículo 9-E, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, corresponde al presidente de la comisión ejecutar las resoluciones de la misma y proveer lo necesario para su debido cumplimiento. Además, si bien el artículo 38, fracción III, de la referida ley, no señala expresamente que tenga facultades para imponer un apercibimiento o sanción para el caso de que algún tercero interesado incumpla con una medida cautelar de suspensión decretada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que sí establece que las concesiones y permisos se podrán revocar, entre otras causas, por ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello, y del artículo 71, inciso A, fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se advierte que la Comisión Federal de Telecomunicaciones sí tiene facultades para imponer multas que van desde los 10,000 hasta los 100,00 salarios mínimos a aquellos concesionarios que ejecuten actos que impidan la actuación de otros concesionarios o permi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21570-861a9f57/comision-federal-de-telecomunicaciones-su-presidente-esta-obligado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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