SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA INVOLUCRA NO SÓLO EL EXAMEN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA QUE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO O QUE RECONOZCA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SINO TAMBIÉN DE LA EJECUCIÓN O CONSECUENCIAS DE ESTOS ÚLTIMOS. SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE EN RELACIÓN CON ACTOS NO RECONOCIDOS COMO IMPUGNADOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EMITIDOS POR UNA AUTORIDAD ORDENADORA QUE TAMPOCO SE TUVO COMO PARTE DEMANDADA EN ESA VÍA ORDINARIA. SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. SU OBJETO NO RECAE EN LA CONTINUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SINO EN LOS POSIBLES EFECTOS GENERADOS POR LA SENTENCIA RECLAMADA, EN ESTRECHA RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN O CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN ESA VÍA ORDINARIA.
QUEJA 35/2010. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los agravios deben desestimarse.
Antes de realizar el pronunciamiento respectivo, cabe destacar que con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, este tribunal colegiado tiene a la vista, como hecho notorio, los autos del juicio de nulidad de origen 1203/10-12-03-3, radicado en la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los cuales fueron enviados con el informe justificado rendido por dicha autoridad, en el juicio de amparo directo número DF-293/2010, del índice de este órgano jurisdiccional.
Precisado lo anterior, es pertinente destacar los siguientes antecedentes del asunto:
1. A través del juicio contencioso administrativo de origen, la ahora quejosa **********, demandó la nulidad de los siguientes actos:
"PRESTACIONES. 1. La declaración jurisdiccional de nulidad, anulabilidad e ineficacia que tenga a bien pronunciar este Tribunal con respecto a los actos impugnados, LICITACIONES PÚBLICAS Nos. 20 y 21 emitidas por la autoridad demandada, debido al incumplimiento del régimen jurídico a que están sujetos los actos administrativos, en los elementos y requisitos exigibles por los artículos 3 (in fine), 4, 5, 6, 7, 8 y sus aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 2. La resolución definitiva que por esta vía y forma se reclama, a efecto de declarar la NULIDAD PLENA, PARCIAL o ABSOLUTA POR LA FALTA DE EFICACIA JURÍDICA Y CONGRUENCIA de la resolución emitida por el H. PLENO DEL COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (COFECO), dentro del expediente administrativo número LI-12(02)-2009, correspondiente a la LICITACIÓN No. 20 en la SESIÓN ORDINARIA de fecha 8 de abril de 2010; en la que por unanimidad de votos y ante la fe del secretario ejecutivo de la misma, se pronunció en la forma que aparece en dicha resolución administrativa; misma que se acompaña a sus efectos justificativos bajo el anexo No. 6. 3. La nulidad plena, parcial o absoluta, respecto de la resolución pronunciada por la COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (COFECO), fecha 8 de abril de 2010; dentro del expediente LI-13(10)2009, (LICITACIÓN No. 21) en la que por unanimidad de votos y ante la fe del secretario ejecutivo de la misma, se pronunció en la forma que aparece resuelta en dicha resolución administrativa; misma que se acompaña a sus efectos justificativos bajo el anexo No. 7, atento a los defectos y vicios que la ley exige para su validez y respetabilidad. ... II. RESOLUCIONES QUE SE IMPUGNAN por esta vía. Ambas resoluciones han sido pronunciadas por el PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (COFECO), dictadas en SESIÓN ORDINARIA con fecha 8 de abril de 2010, mismas que se acompañan como Anexos No. 6 y 7, para acreditar su existencia en forma plena e indubitable, por tratarse de documentos públicos, debidamente certificados, en términos de lo establecido por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado." (fojas 2 a 4 del expediente de nulidad 1203/10-12-03-3).
Asimismo, la actora señaló a las siguientes autoridades demandadas:
"III. AUTORIDAD DEMANDADA. a) LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (COFECO) integrada por el PLENO, su Presidente y Comisionados así como el Secretario Ejecutivo, con el domicilio citado en el parágrafo que antecede. b) La COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL), integrada por el PLENO, su Presidente y Comisionados así como Secretario Ejecutivo, con el domicilio citado en el parágrafo que antecede." (foja 4).
La enjuiciante, además, solicitó la medida cautelar provisional y en su momento la definitiva, en los términos del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para los siguientes efectos:
"Mantener la situación actual del hecho existente, de sus efectos y consecuencias de la resolución impugnada, específicamente que impida que la resolución impugnada pueda dejar en el presente juicio sin materia y cause perjuicio o daño irreparable al actor, en relación con la resolución impugnada por este medio y forma. Lo anterior, toda vez que de ejecutarse los efectos declarativos de la resolución impugnada, sin que se corrijan los vicios y violaciones hechas valer en el presente escrito de demanda, se estaría dejando en estado de indefensión a mi mandante al dejar de transcurrir el proceso de licitación con errores graves que de manera deficiente no le permitirían o imposibilitan acceder los derechos e intereses respecto de las bandas de frecuencias señalados en las Bases de Licitación, al haberse modificado las regiones a licitar en la resolución impugnada respecto a la licitación No. 21, emitida por la COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES por lo que **********, la cual consistía hasta antes de la resolución que hoy se impugna por su nulidad y falta de eficacia jurídica, de acuerdo al apartado 2.1 de las bases de la licitación emitidas por la COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN LOS ESPECTROS 1710-1770/2110-2170 MHz PARA EL ACCESO INALÁMBRICO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Así las cosas de la manera en que ilícita, indebida y contraria al objeto de la licitación, la COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, determinó que el objeto de la licitación lo serían las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico en los segmentos 806-821 MHz/851-866 MHz, 824-849 MHz/869-894 MHz, 1850-1910 MHz/1930-1990 MHz y 1710-1770 MHz/2110-2170 MHz, para el suministro de servicios de telecomunicaciones móviles en las nueve regiones materia de la licitación 21; se excluye a la entidad federativa de PUEBLA, identificada como la región 8 y los Estados que la integran. Adicionalmente con la medida cautelar solicitada, prevista tanto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como con el instituto legal que cita el Código Federal de Procedimientos Civiles en los numerales invocados, es un derecho de esta accionante, el solicitar al juzgador una resolución para que se protejan de manera provisional y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, los bienes y derechos que se han lesionado con el acto impugnado. En sí, y en sentido estricto estas llamadas acciones cautelares para que en forma conexa en su tramitación, se determine la paralización o inejecución de tal resolución." (fojas 49 a 51).
2. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil diez (foja 280 frente y vuelta), el Magistrado instructor de la Tercera Sala Regional de Oriente, entre otras cuestiones:
- Admitió a trámite la demanda de nulidad, sólo en cuanto a dos resoluciones impugnadas, contenidas en los oficios números SE-10-096-2010-149 y SE-10-096-2010-191, emitidas ambas el ocho de abril de dos mil diez, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia.
- Por consiguiente, sólo tuvo como demandada a esta última autoridad.
- Admitió a trámite el incidente de petición de medidas cautelares y, en forma provisional, concedió la medida cautelar, cuya efectividad condicionó a que la parte actora otorgara garantía suficiente, en términos del numeral 19 de las Bases de Licitación 20 y 21, y artículo 244-B de la Ley Federal de Derechos.
3. El diecinueve de mayo de dos mil diez, la actora presentó ante la Sala dos escritos:
- En el primero de ellos (fojas 285 a 296), solicitó "mayor claridad" en relación con los efectos de la medida cautelar otorgada de manera provisional, además de que se emplazara a juicio a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
- A través del segundo ocurso (fojas 297 y 298), exhibió la garantía fijada para que surtiera efectos la suspensión provisional, contenida en la póliza de fianza 901509-0000 (foja 299), emitida por Primero Fianzas, sociedad anónima de capital variable, por la cantidad de un millón quinientos mil pesos, cero centavos.
4. En proveído de veinte de mayo de dos mil diez, el magistrado instructor acordó lo siguiente:
"... Visto el contenido del escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracciones VII y IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dígase al ocursante en primer término que no ha lugar a emplazar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya que de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no tiene el carácter de autoridad demandada en el presente juicio, pues tal como se señaló en el escrito inicial de demanda, presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Oriente el 10 de mayo de 2010 y en el auto de admisión dictado el 12 del mismo mes y año, las resoluciones impugnadas en el presente juicio son las contenidas en los oficios números SE-10-096-2010-149 y SE-10-096-2010-191, ambas de fecha 8 de abril de 2010, emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia; a este respecto es de indicarse que las bases de las licitaciones 20 y 21, emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no fueron señaladas como resoluciones controvertidas en la demanda inicial y no obstante que así se mencionen en el escrito de cuenta, no ha lugar a tenerlas como tales, pues atendiendo a la confesión expresa de la actora en el sentido de que fue con fecha 6 de enero de 2010, que las adquirió (con independencia de la procedencia o no del juicio en contra de las mismas), su impugnación resultaría extemporánea, en términos del artículo 13 de la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Una vez hecha la precisión anterior, en relación con la medida cautelar solicitada, se señala que no ha lugar a suspender el límite señalado en el numeral 22.1 de las bases de la licitación 20 y menos aún los procedimientos de licitación 20 y 21, pues como ya quedó precisado con antelación los mismos no fueron controvertidos en el presente juicio. Ahora bien, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y tomando en consideración que en la etapa en la que se encuentran los procedimientos de licitación 20 y 21, aún no se señala a un titular de los derechos licitados, se estima suficiente la garantía otorgada para responder de los daños y perjuicios que se llegaren a causar con la medida cautelar, si no se llegara a obtener sentencia favorable en este juicio, consistente en la fianza otorgada hasta por la cantidad de $1'500,000.00 en tal virtud, atendiendo a lo señalado en el auto de 12 de mayo de 2010, y al haber cumplido la actora con lo indicado en el mismo, se precisa que cobra efectividad la suspensión provisional concedida en el sentido de que no surtan efectos las opiniones emitidas por la Comisión Federal de Competencia en las resoluciones por esta vía impugnadas, a fin de que la hoy actora **********, participe en los procedimientos de licitación 20 y 21 de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en los términos en los cuales se convocó. En tal virtud, mediante atento oficio que al efecto se gire, infórmese a la Comisión Federal de Telecomunicaciones acerca de la medida cautelar concedida en forma provisional, a fin de que la tome en cuenta dentro de los procedimientos de licitación respectivos. Asimismo, indíquese a la Comisión Federal de Competencia que se está en espera de la remisión del informe requerido en el auto de 12 de mayo de 2010, a fin de resolver en definitiva el incidente de medidas cautelares planteado por la actora. Por último, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase al Delegado Administrativo de estas Salas Regionales de Oriente el original de la póliza de fianza exhibida a fin de que lo resguarde en la caja de seguridad a su cargo. NOTIFÍQUESE. ..." (foja 300 frente y vuelta).
5. El veinticinco de mayo de dos mil diez, el Magistrado instructor dictó el siguiente acuerdo:
"... Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa y atendiendo a lo dispuesto en el numeral 8o., in fine de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que señala que la procedencia del juicio podrá ser analizada de forma oficiosa, se ordena turnar los autos a la Sala para la emisión de la sentencia correspondiente. CÚMPLASE." (foja 313 frente).
6. El veinticinco de mayo de dos mil diez la Sala dictó sentencia definitiva (fojas 314 frente a 319 frente), en la cual decretó el sobreseimiento en el juicio de nulidad y dejó sin efectos la medida cautelar provisional otorgada por el magistrado instructor, en los autos de doce y veinte de mayo del año en curso.
En el considerando primero (fojas 314 vuelta a 318 frente), la Sala invocó oficiosamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Al respecto sostuvo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actualmente carece de competencia material para conocer de las resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia, ya que éstas se fundan en los artículos 21, fracción XVI y 33 bis 1, de la Ley Federal de Competencia Económica, entre otras disposiciones, de ahí que tales actos no se ubiquen en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de dicho tribunal, aunado a que en el artículo cuarto transitorio de la iniciativa de reformas al ordenamiento últimamente invocado, se prevé la creación de una sala especializada en materia de competencia económica.
Dentro del segundo considerando (foja 318 frente y vuelta), se determinó que atendiendo al sobreseimiento decretado, con fundamento en el artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la medida cautelar provisional concedida por el magistrado instructor había quedado sin materia y, en consecuencia, cesaban sus efectos, sin que esta conclusión se desvirtuara, dijo la Sala, porque el magistrado instructor haya admitido a trámite el incidente de petición de medidas cautelares y otorgado la suspensión provisional, pues ello no impedía a la Sala calificar en definitiva su procedencia, al tratarse de una cuestión de orden público que debía examinarse aun de oficio.
7. Inconforme con dicha sentencia definitiva, la actora promovió juicio de amparo directo en su contra y, con fundamento en los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo, solicitó la suspensión del acto reclamado, en los siguientes términos:
"... la suspensión de plano del acto reclamado se solicita específicamente no sólo en contra de la resolución de sobreseimiento sino del considerando y punto resolutivo en que se deja sin materia el incidente de medidas cautelares, por lo que tiene ejecución susceptible de ser suspendida, a efecto de que hasta en tanto el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en turno a quien corresponda examinar la constitucionalidad de la resolución reclamada dicte ejecutoria, continúe surtiendo efectos la medida cautelar provisional decretada, y de ser preciso se continúe el trámite del incidente correspondiente hasta resolver sobre la medida en forma definitiva, a efecto de no generar daños de difícil reparación a la parte actora, hoy quejosa, entre los cuales se encuentra el que se adjudique en definitiva al vencedor del procedimiento." (foja 120 del toca en que se actúa).
8. Mediante acuerdo de primero de junio de dos mil diez, la sala a quo negó la suspensión solicitada, con base en las siguientes razones:
"... Respecto de la suspensión solicitada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se indica que no ha lugar a acordar de conformidad, pues no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 57 antes citado, ya que ésta se refiere a los casos en los que se haya declarado la nulidad de una resolución y la autoridad esté en aptitud de emitir una nueva, lo que no acontece en el caso que nos ocupa, pues en la resolución dictada el 25 de mayo de 2010, se resolvió sobreseer el juicio. Ahora bien, respecto de la petición de que continúe surtiendo efectos la medida cautelar provisional decretada en el auto de fecha 20 de mayo de este año y de ser preciso se continúe el trámite del incidente correspondiente hasta resolver sobre la medida de forma definitiva, aunado a que la misma tenga el efecto de que no se pueda dictar resolución adjudicatoria final en los procedimientos de licitación 20 y 21, de igual forma se indica que no ha lugar a acordar favorablemente su petición, toda vez que, por cuanto hace a los actos de la Comisión Federal de Competencia, como se precisó en la resolución dictada el 25 de mayo de 2010, este Tribunal actualmente, carece de competencia material para conocer al respecto, pues los mismos se emitieron con fundamento, entre otros numerales, en los artículos 24, fracción XVI y 33 bis 1 de la Ley Federal de Competencia Económica; y en tal virtud no se ubican en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de este Tribunal; razón por la cual, como se indicó en la referida resolución de 25 de mayo de 2010, cesaron los efectos de la medida cautelar provisional otorgada por el Magistrado instructor; y, por cuanto hace a los procedimientos de licitación, no constituyen resoluciones impugnadas en el juicio, por lo que no es procedente otorgar la suspensión solicitada en relación con los mismos, pues de los preceptos citados no se desprende que proceda el otorgamiento de medidas cautelares relacionadas con actos diferentes a los impugnados, como en este caso serían los procedimientos de licitación antes señalados, en apoyo a lo anterior se invoca, por analogía, la jurisprudencia J/23 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 65, mayo 1993, página 34, de rubro: ‘VISITAS DE INSPECCIÓN CONTRA ACTOS FUTUROS E INCIERTOS DERIVADOS DE LAS, NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.’. Por último atendiendo a lo antes señalado, y toda vez que mediante ocurso recibido en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Oriente de este Tribunal el 19 de mayo de este año, la parte actora exhibió la póliza de fianza número 901509-0000, misma que se ordenó resguardar en la caja de seguridad a cargo del Delegado Administrativo de estas Salas, al haber cesado los efectos de la suspensión provisional, se indica que la misma se encuentra a su disposición. NOTIFÍQUESE. ..." (foja 163 frente y vuelta de este toca).
Dicha resolución es el acto recurrido a través del presente recurso de queja, interpuesto por **********, con fundamento en el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo.
La resolución materia de la presente queja se sustenta en dos razones:
a) A juicio de la Sala, respecto de la solicitud de suspensión del acto reclamado no se actualiza ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la suspensión de los efectos de las sentencias sólo es factible cuando se trata de fallos anulatorios y de condena, pero no cuando se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de nulidad.
b) En relación con la petición de que continuara surtiendo efectos la medida cautelar otorgada de manera provisional mediante proveído de veinte de mayo de dos mil diez, la Sala estimó que no había lugar a acordarla de conformidad, en virtud de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia material para conocer de actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia.
Ahora bien, en el agravio primero (fojas 5 a 12), la inconforme en síntesis aduce que la resolución recurrida vulnera lo dispuesto en los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo, en cuanto disponen que la suspensión del acto reclamado debe decidirse con base en lo previsto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal; que en el caso la sala responsable se apoyó para negar la suspensión en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero dicha aplicación es incorrecta porque esa disposición no corresponde ni se integra a la Ley de Amparo, tampoco por lo que toca a la cita de diversos preceptos, como los numerales 24, fracción XVI y 34 bis de la Ley Federal de Competencia Económica, y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Como ya se adelantó, el agravio resumido debe desestimarse, pues aunque resulta fundado es inoperante para resolver el asunto de manera favorable a los intereses de la quejosa.
En efecto, al negar la suspensión del acto reclamado, la sala responsable se fundó en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, entre otros dispositivos, y al respecto consideró que la sentencia de sobreseimiento cuya suspensión solicitó la actora, no actualiza hipótesis alguna prevista en aquel precepto.
En otras palabras, la responsable estimó que en la especie no procedía el otorgamiento de la medida cautelar de mérito, porque mediante el fallo reclamado en amparo directo no se declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas, tampoco se trata de una sentencia de condena que obligue a la autoridad demandada a llevar a cabo algún acto, pues se decretó el sobreseimiento en el juicio de nulidad de origen.
El artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a la letra dice:
"ARTÍCULO 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquel en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva. En ningún caso el plazo será inferior a un mes. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. Los plazos para el cumplimiento de sentencia que establece este artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa informe a la autoridad que no se interpuso el juicio de amparo en contra de la sentencia, o el particular informe a la autoridad, bajo protesta de decir verdad, que no interpuso en contra de la sentencia, dicho juicio. La autoridad, dentro del plazo de 20 días posteriores a la fecha en que venció el término de 15 días para interponer el juicio de amparo, deberá solicitar al Tribunal el informe mencionado. En el caso de que la autoridad no solicite el informe mencionado dentro del plazo establecido, el plazo para el cumplimiento de la resolución empezará a correr a partir de que hayan transcurrido los 15 días para interponer el juicio de amparo."
El precepto legal transcrito establece que las sentencias en las que se declare la nulidad de los actos impugnados y en aquéllas de condena, la autoridad deberá llevar a cabo el cumplimiento mediante la emisión de un nuevo acto en los términos que se precisan, debiéndose suspender los efectos de dichas sentencias hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia, cuando se interpongan, en su caso, el juicio de amparo o el recurso de revisión fiscal.
Esto es, a la luz de lo previsto en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la promoción de una demanda de amparo directo o la interposición de un recurso de revisión fiscal tiene un efecto inmediato suspensivo en el cumplimiento de la sentencia, habida cuenta que el plazo para dicho acatamiento inicia a partir del día hábil siguiente a aquel en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa informe a la autoridad demandada que no se promovió el juicio de garantías, o el particular manifieste a la autoridad, bajo protesta de decir verdad, que no combatió la sentencia a través del amparo.
Incluso, de la norma examinada se advierte que dentro del plazo de veinte días posteriores a la fecha en que venza el término de quince días para presentar la demanda de amparo, la autoridad deberá solicitar al tribunal administrativo el informe mencionado.
Si la demandada no lo hiciera, el plazo para el cumplimiento del fallo pronunciado en el juicio contencioso administrativo empezará a correr a partir de que hayan transcurrido los quince días para promover el juicio de amparo.
En esa medida, sobre el particular debe decirse que es fundado el agravio primero, pues como lo argumenta la quejosa inconforme, el efecto suspensivo para el cumplimiento de la sentencia emitida por la sala regional, previsto en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es independiente y ajeno a la institución procesal constitucional denominada suspensión del acto reclamado en el amparo directo.
Esta institución, consagrada en el artículo 107, fracciones X y XI, de la Constitución Federal, se pide ante la autoridad responsable, quien debe decidir al respecto mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.
La Ley de Amparo regula la suspensión en el amparo directo administrativo en sus artículos 170, 173 y 175, atento a los cuales corresponde a la autoridad responsable pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, pues en ese aspecto la sala responsable se convierte en un órgano auxiliar de los tribunales de control de la constitucionalidad para resolver sobre la medida suspensional solicitada.
Por ende, la responsable debe resolver conforme a las disposiciones previstas en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, de ahí que sea incorrecto el que la Sala se haya basado en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para negar la suspensión solicitada en la resolución ahora recurrida.
Bajo ese tenor, cabe mencionar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 170, 173 y 175 de la Ley de Amparo, textualmente se leen:
CONSTITUCIÓN FEDERAL
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22409-b4468f0b/suspension-en-amparo-directo-administrativo-el-analisis-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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