TERCERO PERJUDICADO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL DEMANDADO, SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA AL ACTOR A DECRETAR UNAS MEDIDAS PRECAUTORIAS, AUN CUANDO AQUÉL HAYA SIDO EMPLAZADO EN EL JUICIO NATURAL.
QUEJA 108/2010. **********.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son infundados los agravios hechos valer.
Se puntualiza, en primer término, que se tuvieron a la vista las copias certificadas del juicio de amparo del que deriva el presente recurso, que el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito adjuntó al informe justificado que rindió con motivo del diverso recurso de queja **********, interpuesto por **********, contra el mismo acuerdo que aquí es objeto de examen.
Expresado lo anterior, debe decirse que el Tribunal Unitario se apoyó en una tesis sustentada por este órgano jurisdiccional que, por cierto, aparece publicada con la clave III.5o.C.94 C, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, página 2048, que es del siguiente tenor: "TERCERO PERJUDICADO. NO LE REVISTE ESE CARÁCTER A LA PERSONA CONTRA LA QUE SE PROMUEVE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los artículos 249 y 252 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establecen que las providencias precautorias tienen la característica de que se decretan sin audiencia de la contraparte, así como que su trámite y resolución son de naturaleza reservada, lo que no constituye un acto privativo según lo sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: ‘MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.’. Por tanto, cuando se reclama en un juicio de amparo la resolución de tal medida, no debe considerarse como tercero perjudicado a la persona contra la cual se solicitó esa providencia, puesto que de opinarse lo contrario se violaría el sigilo que las caracteriza, con lo que se desnaturalizaría dicha figura procesal y se pondría en peligro la eficacia de la resolución definitiva. Lo que se robustece por el hecho de que estas medidas tienden a asegurar la situación de hecho o de derecho existentes, así como a garantizar las resultas de la futura sentencia ejecutoria que se llegara a pronunciar en el juicio principal. Por lo que éste es un caso de excepción al criterio sustentado por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, en la jurisprudencia de rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR QUIEN ES ACTOR EN UN JUICIO DISTINTO DEL ORDEN PENAL. TIENE AQUEL CARÁCTER EL DEMANDADO, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADO TIENE INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.’, toda vez que de la ejecutoria correspondiente se advierte que los criterios contendientes surgieron de verdaderos juicios, no de una providencia precautoria, que obviamente tienen una tramitación diferente, puesto que mientras en aquéllas media el principio de audiencia, en las últimas, por el contrario, son de carácter reservado debido a la finalidad de su tramitación."
Aun cuando en la ejecutoria que dio origen a la tesis indicada, que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, este tribunal estudió un supuesto en el que las medidas cautelares fueron tramitadas antes de que iniciara el juicio, mientras las que se refieren al presente asunto se tramitaron durante su sustanciación, por los motivos que enseguida se expresarán, se estima que la misma es aplicable analógicamente, lo que es viable hacer de acuerdo con la jurisprudencia 1064 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. INVOCACIÓN EN CASOS ANÁLOGOS, ES LEGAL. La invocación de una tesis de la Suprema Corte de Justicia por parte del tribunal de alzada en la sentencia de segundo grado, aun cuando no constituya jurisprudencia, por tratarse de un criterio de interpretación de un precepto legal sostenido en forma aislada, no irroga perjuicio a los intereses jurídicos del recurrente, pues independientemente de no ser obligatoria en cuanto a su aplicabilidad, su invocación no está prohibida por la ley y resulta apegado a derecho transcribirla o citarla para robustecer el criterio del juzgador cuando es adecuada, y los puntos controvertidos o casos planteados, deben dirimirse en forma análoga."
En relación a que las ejecutorias pronunciadas por este tribunal implican un hecho notorio, se trae a colación la jurisprudencia 64 de la Actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación referido, que estatuye: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento."
El método de interpretación analógico consiste en la aplicación de una norma (la cual se extiende a los precedentes judiciales, según se vio), que aunque está previsto para un determinado caso debe ser aplicado a otros no contemplados al guardar entre ellos una semejanza en sus notas esenciales, de acuerdo con la tesis localizable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 151-156, Cuarta Parte, página 218, que señala: "MÉTODO ANALÓGICO, APLICACIÓN DEL. Dos son las condiciones para la aplicación del método analógico. En primer lugar, la falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto y, en segundo lugar, la igualdad esencial de los hechos, como en el caso en que la ley sí protege la posesión que el padre o la madre tiene de sus hijos legítimos, pero es omisa respecto a la posesión de los hijos naturales, no obstante que se trata de situaciones concretas esencialmente iguales ‘ubi eadem ratio, eadem dispositio’. La Tercera Sala de la Suprema Corte considera que es jurídica la aplicación analógica de la ley en virtud de que lo establece y permite la propia Constitución de la República, excepto cuando se trata de disposiciones de carácter excepcional, o cuando la ley está redactada en forma numerativa, o de leyes penales; pues como es manifiestamente imposible que la mente humana pueda prever y regular con normas adecuadas todos los innumerables casos futuros, el legislador ha señalado las fuentes, a las cuales debe el Juez acudir siempre que no sea posible resolver una controversia aplicando una disposición precisa de la ley; tales fuentes son, en primer término, la analogía, y después, cuando tampoco mediante ésta sea posible decidir, los principios generales de derecho. En efecto, mediante la analogía, el ámbito de aplicación de las leyes se extiende más allá del repertorio de los casos originalmente previstos, con tal de que se trate de supuestos similares o afines a aquéllos, siempre que la ratio legis valga igualmente para unos y para los otros; por lo tanto, la analogía como método de interpretación o de autointegración es aceptada por nuestra legislación."
La técnica interpretativa comentada es extensiva a los criterios generales y abstractos sustentados por los órganos jurisdiccionales, autorizados por la ley para su formulación, de acuerdo con la tesis y jurisprudencia que pueden ser consultadas, la primera, en la Séptima Época del Semanario citado, Volumen 39, Primera Parte, página 14, y la Segunda, en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, diciembre de 1992, página 48, que en su orden señalan: "ANALOGÍA, APLICACIÓN POR, DE TESIS DEL TRIBUNAL EN PLENO. La aplicación de tesis del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por analogía, es correcta si examinados los elementos comunes entre los dos supuestos, los de las ejecutorias y el caso a estudio; encontrados los elementos diversos entre los dos supuestos; delimitados de entre los elementos comunes, aquellos que la Suprema Corte de Justicia tomo en cuenta decisivamente para dictar sus ejecutorias, se advierte, por último, que los elementos diversos, por su número, por su naturaleza y por su contenido, no pueden modificar las disposiciones de las tesis que se aplican por analogía." y "TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. INVOCACIÓN EN CASOS ANÁLOGOS, ES LEGAL. La invocación de una tesis de la Suprema Corte de Justicia por parte del tribunal de alzada en la sentencia de segundo grado, aun cuando no constituya jurisprudencia, por tratarse de un criterio de interpretación de un precepto legal sostenido en forma aislada, no irroga perjuicio a los intereses jurídicos del recurrente, pues independientemente de no ser obligatoria en cuanto a su aplicabilidad, su invocación no está prohibida por la ley y resulta apegado a derecho transcribirla o citarla para robustecer el criterio del juzgador cuando es adecuada, y los puntos controvertidos o casos planteados, deben dirimirse en forma análoga."
Ahora bien, para sostener la impertinencia de llamar como tercero interesado al demandado, el criterio citado en el proveído impugnado descansa en los argumentos siguientes:
I) Que de opinar de modo opuesto se vería conculcado el sigilo que caracteriza a las medidas cautelares y quedarían desnaturalizadas, con lo cual sus consecuencias podrían verse menoscabadas, pues tienden a garantizar una situación fáctica o jurídica prevaleciente, así como el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada que en su oportunidad llegue a pronunciarse.
II) Que la exigencia de citar en el amparo al tercero perjudicado opera tratándose de un juicio, el que es diferente a las providencias precautorias, máxime que en el primero rige la garantía de audiencia.
Es evidente que ambas consideraciones resumidas son puntualmente atendibles al asunto a examen, toda vez que siendo también medidas cautelares deben igualmente tramitarse sigilosamente por lo que, de no observarse, se corre el grave riesgo de que su objetivo se frustre, aunado a que la ausencia de garantía previa para la persona contra quien se tramitan rige para los dos casos, es decir, también cuando su trámite surgió después de quedar fijada la litis principal.
Por otra parte, cabe destacar ahora que al fallar la solicitud de modificación de la jurisprudencia 3/2009, formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró una nueva en los siguientes términos: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." (la jurisprudencia acabada de copiar puede ser consultada con la clave 2a./J. 67/2009, en la Novena Época del Semanario indicado, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 265).
El análisis de la jurisprudencia transcrita pone de relieve que para el entendimiento del artículo 5o. de la Ley de Amparo, no basta la sola interpretación literal sino que debe atenderse a las finalidades del juicio de amparo, por tanto, la misma es adversa a los intereses de la disconforme, porque no obstante que pudiera creerse que en el juicio de garantías promovido por el actor, cuando el demandado fue emplazado en el juicio natural siempre tiene la categoría de tercero perjudicado, en realidad no es así, dado que el Alto Tribunal parte de la hipótesis de que los actos combatidos surgieron directamente del juicio propiamente dicho, lo que se fortalece con la circunstancia de que se trajo a colación una disposición relativa al amparo uniinstancial, siendo que esa vía es procedente contra las sentencias definitivas y contra las resoluciones que ponen fin al juicio (artículos 44, 46 y 158 de la ley de la materia), nunca contra medidas cautelares, dictadas previa o posteriormente a la presentación de la demanda, dado que en estos eventos cabe el amparo indirecto de conformidad con el numeral 114, fracciones IV y V, del cuerpo de leyes invocado, según el momento en que hayan sido solicitadas.
Pero sobre todo porque la teleología de la jurisprudencia que se viene comentando estriba en que el juicio de garantías no constituya un instrumento que produzca afectaciones al quejoso, intención que logra captarse en la ejecutoria que le dio origen, cuyas consideraciones más trascendentes al presente recurso serán reproducidas a continuación: "... Ahora bien, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estima que la jurisprudencia de que se trata debe modificarse con motivo de que su aplicación presenta serios inconvenientes en los juicios ejecutivos mercantiles, toda vez que altera ‘la secrecía que forma parte de la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil’. Para demostrar este aserto el referido órgano jurisdiccional expuso el asunto en el que aplicó la jurisprudencia cuya modificación solicita y que consistió en un juicio de amparo directo que se promovió en contra de la resolución dictada en un recurso de apelación que confirmó el proveído por el cual el Juez de primera instancia desechó una demanda de juicio ejecutivo mercantil. En este caso, dado el desechamiento de la demanda, el Juez natural no emplazó al demandado y, en consecuencia, éste no intervino en el recurso de apelación. Al promover juicio de amparo directo en contra de la resolución de segunda instancia, la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal estimó que no debía llamar al juicio de garantías al demandado en la controversia de origen, toda vez que éste no había tenido intervención alguna en el juicio ejecutivo mercantil, pues la demanda correspondiente fue desechada. No obstante, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito devolvió el expediente a dicha Sala Civil para el efecto de que emplazara al demandado con el objeto de que compareciera al juicio de amparo, pues la jurisprudencia cuya modificación se solicita así lo determina. Según el referido Tribunal Federal el hecho de que al demandado no emplazado en el juicio ejecutivo mercantil se le llame al juicio de amparo, tiene como consecuencia que previamente a que se le requiera de pago y, en su caso, se trabe embargo sobre bienes de su propiedad con la finalidad de garantizar el monto reclamado, quede enterado de la promoción de un juicio ejecutivo mercantil en su contra, lo que le da oportunidad de ocultar o dilapidar sus bienes para evitar el embargo y, eventualmente, el pago de lo reclamado. Como se ve, las razones por las que el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estima que debe modificarse la citada jurisprudencia de esta Segunda Sala, derivan de que en el caso concreto del que conoció se podrían afectar gravemente los intereses del actor en el juicio ejecutivo mercantil, pues se desvirtuaría el procedimiento establecido para éste que está dirigido a lograr la satisfacción del monto que se reclama con base en un título que trae aparejada ejecución. ... Aunado a lo anterior, no resulta lógico que comparezca a defender sus derechos en el juicio de amparo una persona que no ha tenido necesidad de defenderlos -porque no ha resentido afectación alguna- en el juicio del que aquél deriva, ni tampoco es congruente que sea en el juicio de garantías en el que se le reconozca una calidad (contraparte del agraviado) que aún no se le ha conferido en el juicio natural por no haberse verificado el emplazamiento. Asimismo, resulta contrario a la lógica procesal que sea en el juicio de garantías en el que se reconozca a una persona que todavía no ha sido emplazada en el juicio natural la calidad de parte, concretamente de ‘contraparte del agraviado’, cuando en aquél aún no se ha constituido la relación procesal. Se dice que resulta contrario a la lógica procesal toda vez que tal forma de proceder implicaría que es la autoridad de amparo y no la de instancia la que determina quién tiene la calidad de ‘parte demandada’ en un juicio diverso al de garantías que se rige por sus propias reglas procesales. Dicho en otro giro, no es congruente que sea el juicio de garantías el medio que permita que los demandados no emplazados en el juicio de origen tomen conocimiento de que se promovió un juicio en su contra, pues ello les daría oportunidad de llevar a cabo maniobras que podrían incluso frustrar los intereses legítimamente tutelados del actor. Así, por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil al demandado no emplazado se le daría oportunidad de ocultar sus bienes o incluso de enajenarlos antes de que se lleve a cabo el embargo. Esto cobra especial trascendencia si se considera que los juicios ejecutivos tienen como sustento una prueba preconstituida lo que determina que ellos tienen como finalidad principal la ejecución efectiva de un derecho y no la declaración de su reconocimiento. ..."
Cabe agregar que así como en un amparo promovido contra actos derivados de un juicio ejecutivo mercantil, no debe ser llamado como tercero interesado el demandado aún no citado al juicio, porque al tener conocimiento de la inminencia de un embargo en su contra, pudiera hacer ilusorio ese mandamiento, siendo por demás incuestionable que lo propio ocurriría tratándose de la impugnación mediante la acción constitucional de la negativa a que se autorice una medida precautoria, al existir el mismo riesgo de que se vuelva inoperante la observancia de lo ordenado por el Juez de primera instancia.
Por ende, se considera desacertado que con lo decretado por el tribunal responsable se vea conculcada la jurisprudencia generada con motivo de la solicitud de modificación de la jurisprudencia 3/2009, si se tienen presentes los antecedentes que la originaron y sus consideraciones, esto es, visto el fallo en su integridad con el afán de conocer sus verdaderos alcances; de ahí que no exista infracción al artículo 192 de la ley de la materia.
En ese contexto, no asiste razón a la recurrente al señalar que el sigilo únicamente opera en el juicio de origen y no en el de amparo, habida cuenta que, según quedó precisado, la Segunda Sala de la Suprema Corte le dio una importancia fundamental aun para el juicio de garantías cuando en aquél debe ser guardado.
Además, el hecho de que la disconforme haya tenido conocimiento del trámite cautelar, por un medio distinto a una notificación que legalmente se le hubiera practicado, no significa que se encuentre en condiciones legales para ser citada al juicio constitucional, debido a que no por ello la reserva deba ser trastocada abiertamente para las posteriores resoluciones.
De igual forma, se aclara, que de ser otorgado el amparo para el efecto de que se admitan las medidas peticionadas, la impugnante se encontraría en imposibilidad legal de interponer algún medio de defensa, dado que de existir norma que otorgue esa prerrogativa, es obvio que tendría que ser respetada, precisamente, por no haber tenido intervención.
Por otra parte, es inexacto que en la hipótesis de que resulte favorable a la quejosa el juicio constitucional de donde deriva el presente recurso, la consecuencia sería que la responsable admitiera las medidas cautelares rechazadas en el juicio de origen y que al estar dictada en ejecución de sentencia, el juicio de amparo que en su oportunidad se promoviera sería improcedente conforme al artículo 73, fracción II, de la ley de la materia, quedando dicha parte en estado de indefensión al impedírsele combatir, mediante un nuevo amparo, el auto en que se diera curso a las referidas providencias.
En la Ley de Amparo Comentada a cargo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, Editorial Themis, quinta reimpresión a la primera edición, marzo 2010, se explica lo siguiente: "Comentario a la fracción II. ... Por tanto si el acto que se reclama fue objeto de una decisión definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, en virtud de que tales cuestiones ya fueron objeto de controversia y decisión; lo examinado y resuelto adquiere firmeza procesal y tiene como consecuencia la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, ya que contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla, dado que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías."
De la transcripción acabada de realizar se desprende que el concepto de cosa juzgada es esencial a fin de conocer los alcances del motivo de improcedencia a que se refiere la fracción II del citado artículo 73; de ahí que resulte conveniente conocer los elementos que lo integran.
A propósito del tema susodicho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene integrada la jurisprudencia P./J. 86/2008, difundida en la época y Semanario multicitados, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 590, de voz y contenido siguientes: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS.-La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros."
Por su parte, la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República aprobó la diversa jurisprudencia 1a./J. 161/2007, visible en la época y Semanario mencionados, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 197, de voz y contenido siguientes: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA.-Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa petendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra."
En tanto que el autor José Alfonso Abitia Arzápalo, en su libro intitulado "De la Cosa Juzgada en Materia Civil", editado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2003, página 233, expone: "... e) Conclusión respecto al concepto de partes.-Por consiguiente, se está ya en aptitud de concluir en el sentido de que la cosa juzgada sólo tiene eficacia con relación a las partes, entendiéndose por partes a las personas jurídicas -no puramente físicas-, que hayan intervenido en el juicio, por encontrarse legitimadas en la causa, y no la tiene con relación a los terceros que no hayan intervenido (La Cosa Juzgada de Palacios, págs. 103 y siguientes y 244-245, y Teoría del Fraude en el Proceso Civil, de José Lois Estévez, págs. 134-164)."
Lo expresado es útil para sostener que en la hipótesis de que la agraviada obtenga sentencia de fondo favorable a sus pretensiones, y como efecto de la misma la responsable llegara a autorizar las medidas precautorias, ello sería consecuencia, en todo caso, de decisión propia de dicha autoridad, habida cuenta que en el juicio de garantías a lo sumo se decidiría si, en casos como el planteado en el juicio natural, la ley autoriza o no a su procedencia, pero la determinación final de autorizarlas será propia de la autoridad aludida; de suerte que, así las cosas, la aquí disconforme estará en aptitud de combatirlas a través de los recursos ordinarios o extraordinarios que autorice la ley; en la inteligencia de que este tipo de fenómenos ocurre con frecuencia en el trámite de dicho proceso constitucional, por ejemplo, una vez que la sentencia definitiva recaída en un proceso ordinario es impugnada a través del amparo directo y se otorga al quejoso la protección de la justicia federal, mediante la promoción de un diverso juicio de garantías, un tercero con interés jurídico puede lograr la nulificación de todas las actuaciones, incluyendo aquella resolución que se dictó en acatamiento al fallo protector, pues si bien es verdad que resulta procedente el recurso de queja aun para los terceros (artículo 95, fracciones IV y IX de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), esto sólo sucede por defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria respectiva. Lo propio ocurre si una resolución es atacada mediante el amparo indirecto por una de las partes y con posterioridad surge una persona quien acude al medio extraordinario de defensa con la calidad de tercera extraña o por equiparación, es inconcuso que podrá reclamar todo lo actuado, aun la emitida en observancia al fallo en que fue concedido el amparo.
Consiguientemente, procede declarar ineficaz el presente medio de defensa.
Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara infundada la queja promovida por **********, contra la autoridad y por el acto que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución al tribunal respectivo para su conocimiento y efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Jorge Figueroa Cacho y Alicia Guadalupe Cabral Parra, contra el del Magistrado Enrique Dueñas Sarabia, quien enseguida formulará voto particular, siendo ponente el primero de los nombrados, con las observaciones y sugerencias hechas al proyecto en la sesión respectiva.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22831-60a4ca70/tercero-perjudicado-no-tiene-ese-caracter-el-demandado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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