REGISTRO NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR (RENAUT). ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2009 Y DE LA REGLA 4.3.2. DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE EL PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LAS REGLAS DE AQUÉL, POR NO GENERAR AFECTACIONES DE DIFÍCIL REPARACIÓN A LAS CONCESIONARIAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. REGISTRO NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL (RENAUT). ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2009, AL SER DE INTERÉS PÚBLICO LA IMPLEMENTACIÓN DE AQUÉL.
QUEJA 51/2010. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios esgrimidos resultan infundados.
En parte de sus agravios la quejosa se duele de que la determinación del a quo de negar la suspensión provisional es incorrecta, en la medida en que violenta los artículos 124, fracción II, inciso b), 192 y 193 de la Ley de Amparo.
Al respecto, sostiene que la suspensión debió ser otorgada en virtud de que se reunía la totalidad de los requisitos establecidos por el primero de los numerales mencionados, ya que considera que no se violentan disposiciones de orden público y se le deparan perjuicios de difícil reparación, además de que, de negarse, se podría dejar sin materia el juicio de amparo.
En relación con el primer punto refiere la inconforme, básicamente, que fue incorrecto que se considerara, con apoyo en la exposición de motivos del decreto de reformas y en un dictamen de una asociación de derechos humanos, que los teléfonos móviles son instrumentos del delito, cuando se considera que, por un lado, dichos documentos no forman parte de las normas reclamadas, atento a diversos criterios que invoca; asimismo, porque no existen bases para resolver que sean correctas tales afirmaciones, en la medida en que los estudios que el legislativo tomó en cuenta para emitirlas no son conocidos ni se incorporaron al texto legal, por lo que no son aptos para sustentar la afirmación que realizó el juzgador de amparo para determinar que sí se afectaba al orden social.
De esta forma, agrega la inconforme, del análisis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como de las reglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, expedidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no se desprende que el objetivo de tal institución sea la de prevenir delitos, como lo sostiene el inferior de grado, por el contrario, solamente se establece como tal, llevar un control de los usuarios del servicio.
Asimismo, estima la inconforme que con independencia de ello, es inexacto que con la suspensión pudiera permitirse la consumación de delitos, ya que, para ello, era necesario que existieran averiguaciones previas iniciadas o delitos denunciados por tales hechos, lo cual no se acredita en autos.
Así, concluye, no es factible considerar que los teléfonos móviles son instrumentos del delito, ya que ello implicaría estimar que los aproximadamente ********** (**********) de usuarios que en la actualidad existen serían potenciales delincuentes, lo que no es lógico ni encuentra ningún fundamento constitucional, por el contrario, podría atentar contra el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 19 de la Constitución Federal.
Por otro lado, afirma la recurrente que el uso de la telefonía móvil es un acto lícito, y que basta la lectura de los artículos relacionados con los tipos penales de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades, narcotráfico, o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, para resolver que no se establece como elemento del tipo penal el uso de un medio de comunicación como los mencionados.
Aunado a lo anterior, precisa la inconforme que su petición de suspensión se encuentra directamente encaminada a la obligación que le resulta de suspender o cancelar, sin derecho a reactivación, el servicio dado a los usuarios que no hubieran realizado el registro de su línea y que, el a quo perdió de vista que reiteró el compromiso que tienen las empresas quejosas con la continuación del registro correspondiente.
Por otro lado, arguye que de negarse la suspensión se le irrogarían perjuicios de difícil reparación, ya que ello se traduciría en acatar la obligación referida, respecto de casi ********** de usuarios a quienes se les restringiría un servicio que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como de orden público respecto de su correcto funcionamiento, y como obligación del Estado la de otorgar las condiciones que permitan su libre ejercicio.
En esa misma línea, estima la inconforme que además de dejar de recibir las ganancias lícitas que le implica la prestación del servicio, con la cancelación ordenada en las disposiciones legales y reglamentarias reclamadas, se generarían una serie de consecuencias de tipo legal en su contra, ya que los usuarios, estima, válidamente podrían iniciar procedimientos tanto civiles como administrativos, incluso penales en su contra.
Ahora bien, en su demanda de amparo las quejosas solicitaron la suspensión para que no se actualicen las consecuencias de los actos reclamados, en lo específico lo siguiente:
a) Que no se lleve a cabo cualquier acto por medio del cual se pretenda coaccionar u obligar a mis representadas a cancelar de forma inmediata las líneas de telefonía móvil o a suspender el servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna, cuyos datos no hayan sido registrados o actualizados por sus usuarios o clientes.
b) Para que no tengan que acatar la obligación que se le impone de suspender el servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna, así como la consistente en cancelar de forma inmediata las líneas de telefonía móvil, cuyos datos no hayan sido registrados o actualizados por los usuarios o clientes de mis representadas.
c) Cualquier acto tendiente a impedir u obstaculizar que siga prestando el servicio de telefonía móvil a sus usuarios en virtud de que los mismos no hayan registrado o actualizado sus datos ante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
d) Cualquier acto tendiente a iniciar procedimiento de verificación o sanción alguno en su contra.
Al dictar el auto impugnado, el a quo determinó negar la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que estimó que no se surtían los supuestos contenidos en el artículo 124, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, en esencia, porque de otorgarse se permitiría la comisión de delitos, pues al introducir dichas reformas, el legislador refirió, en la exposición de motivos, que la telefonía móvil resultaba un instrumento o medio para la llamada "extorsión telefónica."
Narrados los antecedentes anteriores, en la especie no es factible otorgar la medida cautelar solicitada.
Efectivamente, los actos precisados en los incisos a) y c) son futuros e inciertos, ya que no es factible estimar que, en el particular, las autoridades responsables vayan a realizarlos pues, en todo caso, ello dependerá de diversas hipótesis que deban presentarse, tales como que:
1. Existan usuarios que no registren su línea telefónica móvil en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
2. Que a pesar de tal hecho, sin justificación legal alguna las quejosas decidan no acatar la obligación impuesta en las normas reclamadas.
3. Que la autoridad administrativa competente inicie procedimientos para sancionar dichas conductas y;
4. Finalmente, que decida imponer alguna de las sanciones a las que hace referencia el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Dicho lo anterior, de la lectura de los antecedentes no se advierte, por un lado, que la hoy quejosa unilateralmente hubiera decidido desacatar el contenido de las normas generales reclamadas; asimismo, tampoco se advierte la existencia de indicio alguno que permita inferir que las responsables pretendan iniciar dichos procedimientos, mucho menos que a pesar de que a la fecha ya se venció el plazo en cuestión, haya impuesto alguna de las sanciones mencionadas.
En mérito de lo anterior, es inconcuso que las consecuencias referidas por la parte quejosa en los incisos a) y c) son futuras e inciertas, pues como se indicó, no existe evidencia de que la autoridad los vaya a realizar, máxime que ello dependerá de que se actualicen todas y cada una de las apuntadas circunstancias, de ahí que, en este aspecto, deba negarse la medida cautelar provisional pedida.
Respecto del restante efecto que las quejosas traducen en el acatamiento a dichas normas, lo que le obliga a cancelar o suspender las líneas telefónicas de los usuarios que no hayan sido registrados o actualizados, la medida cautelar, en lo provisional, también debe negarse.
Para explicar lo anterior y previo a dilucidar la eficacia de los anteriores planteamientos, en principio resulta necesario precisar el texto del artículo 124 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente:
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"I. Que lo solicite el agraviado;
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:
"a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;
"b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;
"d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;
"e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;
"f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y
"g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional.
"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
Del análisis de la disposición transcrita resulta necesario, a fin de resolver sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado, que el juzgador verifique que se satisfagan los requisitos siguientes:
a) Que la medida cautelar sea solicitada por el quejoso;
b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y
c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
Hecho lo anterior, y en caso de que determine otorgar la medida cautelar, deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las determinaciones pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.
En el caso, se da el primero de los supuestos, precisamente porque las quejosas realizaron la petición correspondiente.
En cambio, no se actualizan los dos restantes requisitos, pues, de otorgarse la medida, aunque por diversas razones que las expresadas por el a quo, sí se ocasionarían afectaciones al interés social y a disposiciones de orden público; además de que, con las normas reclamadas, contrario a los sostenido por las empresas quejosas, no se les irrogan daños de difícil reparación.
Efectivamente, para determinar si en el caso concreto se cumple con el segundo de los requisitos, como lo sostiene la recurrente en sus agravios, debe apuntarse que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, es un concepto graduable en función de la exigencia constitucional derivada del derecho a la tutela judicial efectiva, que en el caso del juicio de garantías comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un proceso adecuado para la protección de los derechos fundamentales que defiende.
Así, para decidir sobre la suspensión cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley o disposición general, que se catalogue como "de orden público"; el juzgador no debe utilizar como argumento para negar la medida cautelar ese solo hecho y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que en el análisis respectivo resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico que regulan los ordenamientos reclamados y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación.
Efectivamente, no debe perderse de vista que la naturaleza jurídica de la suspensión en el juicio de amparo es la de una medida cautelar, que tiende a hacer posible la tutela definitiva mediante la conservación de la materia del juicio y a evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado con la ejecución del acto reclamado durante el proceso, en tanto que la legalidad del acto o actos reclamados serán abordados en el estudio que se lleve a cabo al resolver el juicio de amparo.
Por el contrario, es de interés social que el comportamiento de las autoridades se ajuste al orden jurídico, de forma tal que actúen con respeto al principio de legalidad, y si la suspensión pretende evitar que se consumen actos que los gobernados estiman irregulares, es claro que conviene a la sociedad en tanto opera como un medio de control de la actuación de la autoridad, pues está en debate la presunción de legalidad de sus actos y a la sociedad interesa la vigencia del Estado de derecho y la legalidad de tales actos, como un bien que está por encima de los intereses de la administración.
Resulta oportuna la cita de la jurisprudencia 8 y la tesis aislada, emitidas por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en el Informe de 1973, Parte II, página 44 y, la segunda, en la página 58 del Volumen 47, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que son del tenor literal siguiente:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría."
"INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría."
Ahora bien, el análisis del tema en cuestión implica determinar la intención que tuvo el legislador ordinario al establecer el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por lo cual es menester acudir al proceso legislativo que dio origen a las normas reclamadas.
Al respecto, si bien es cierto que como lo sostiene la inconforme, las exposiciones de motivos no forman parte integrante de la norma aprobada y que, por ello, el Poder Legislativo puede apartarse de las determinaciones que las contengan; también lo es que ha sido reconocido en diversas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sí existe posibilidad de que de tales documentos puedan desprenderse razones que justifiquen el contenido de la norma; a guisa de ejemplo se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 70/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 353, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"EXENCIONES TRIBUTARIAS. LAS RAZONES PARA JUSTIFICARLAS DEBEN ADVERTIRSE CLARAMENTE DE LA LEY O EXPRESARSE EN EL PROCESO LEGISLATIVO EN QUE SE SUSTENTAN. Cuando en una ley tributaria se establece una exención, ésta debe justificarse como situación de excepción, ya sea porque del propio contenido de la ley se advierta con claridad o porque en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, en los dictámenes de las Comisiones Legislativas o en las discusiones parlamentarias de las Cámaras que sustentaron la norma que prevea la exención, se expresen las razones que den esa justificación."
De esta forma, en las exposiciones de motivos de las iniciativas que dieron origen a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil nueve, se advierten las consideraciones siguientes:
Iniciativa de ley propuesta por el senador Mario López Valdez.
"Cuando menos en alguna ocasión, todos hemos escuchado o sido testigos del arbitrario uso que hacen los delincuentes de los teléfonos celulares. Así como estos aparatos se han convertido en una herramienta de comunicación necesaria para la gran mayoría, también se han convertido en una de las principales armas y medios para delinquir, ejemplo de ello son las extorsiones a que día a día son sujetos los mexicanos, más todos los delitos de delincuencia organizada como secuestros, robos y narcotráfico, que generalmente utilizan celulares para su comisión.
"Si consideramos que en México para este 2007 se pronostica un total de más de 59 millones de líneas celulares, ese es el número de posibles armas a disposición de la delincuencia. Las compañías telefónicas no sólo lesionan la economía de los usuarios con tarifas tan altas, también ponen la tecnología al servicio de la delincuencia como un vehículo de agresión a la sociedad, y sin control alguno por parte del Estado, de los nombres y domicilios de los dueños o usuarios.
"De conformidad con un informe elaborado por el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., tan sólo en el área metropolitana cada día se intentaban en promedio 200 extorsiones vía telefónica, y en 37% de los casos el presunto rescate fue pagado, lo cual representó, durante el periodo comprendido entre 2001 y 2007, una ganancia ilícita de más de 14 millones de dólares.
"En el informe se expuso que las entidades más afectadas por este ilícito, además del Distrito Federal, lo fueron los Estados de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala. En 95% de los casos las extorsiones se realizaron por medio de la telefonía celular y el resto desde teléfonos públicos, y un 80% de dichas llamadas fueron desde los reclusorios.
"...
"Aunado a lo anterior, debe mencionarse que según el llamado ‘libro blanco’ de la Agencia Federal de Investigación (AFI), mientras que en el periodo 2001-2004, solamente se denunciaron 315 extorsiones, en el periodo de 2005-2006, se denunciaron 5,198 llamadas de este tipo, registrándose un aumento excesivo del 1,650%. Y éstas son sólo las llamadas que se denuncian, se estima que solamente 1 de cada 400 llamadas de este tipo son reportadas a las autoridades.
"En semanas recientes la Procuraduría General de la República dio a conocer el informe ‘Resultados de alto impacto’, que detalla que del 1o. de diciembre de 2006 al 31 de marzo de este año se registraron 423 extorsiones telefónicas con amenaza de secuestro. A pesar de que en promedio estas extorsiones han disminuido, según la PGR, lamentablemente no varía el hecho de que se siguen registrando este tipo de actividades, y si alguna razón hay para que este número disminuya, seguramente no es una disminución real, sino la falta de voluntad de las víctimas, en su gran mayoría amas de casa, por denunciar estos delitos y la falta de capacidad de las autoridades para hacerles frente.
"La problemática relativa a las extorsiones y fraudes telefónicos pasa, necesariamente, por la regulación deficiente que rige la compraventa de líneas telefónicas celulares de prepago y las tarjetas conocidas comúnmente como ‘chips’, lo cual ha permitido la comercialización de miles de aparatos móviles que no están registrados a nombre de un usuario específico, tal como sí ocurre con los teléfonos contratados bajo los sistemas de plan tarifario o los teléfonos llamados fijos, lo cual se traduce en la imposibilidad de allegarse información suficiente para localizar a aquellos delincuentes dedicados a esta ilícita actividad cuando se comunican con los familiares de sus víctimas, aun cuando las autoridades conozcan el número telefónico no hay medios para saber quién es el titular o usuario de dicha línea celular, mucho menos su domicilio.
"En tal virtud, y toda vez que a pesar de la supuesta disminución en la comisión de esta clase de ilícitos, sigue siendo necesario abatirlos hasta su erradicación, por lo que se propone que las empresas concesionarias de telefonía celular establezcan mecanismos que permitan obtener información sobre sus usuarios, independientemente del plan o sistema de pago que al efecto contraten, para lo cual será necesario contar con un registro de usuarios finales de todas las líneas telefónicas celulares, tarifarias, de prepago o de las tarjetas conocidas como ‘chips’.
"..."
Iniciativa de ley propuesta por la senadora María Elena Orantes López.
"Los extorsionadores telefónicos se han convertido en un elemento de la delincuencia organizada que mantiene bajo el terror a la ciudadanía.
"La extorsión vía telefónica es una reciente modalidad delictiva que ha venido a tomar auge en gran parte de la República mexicana, favorecida por el avance tecnológico y por la ingenuidad de las víctimas, además de un factor preponderante: no saber y no verificar cómo y dónde se encuentra algún familiar ausente del domicilio, por periodos ya sea de algunas horas o bien de días, semanas e incluso meses.
"Los delincuentes explotan el miedo a ser víctima de un delito, en este caso específicamente de secuestro, amenazando con efectuarlo sobre algún miembro de la familia del que representa la verdadera víctima.
"La característica de este delito es el de la extorsión o estafa, como medio para obtener cantidades de dinero no muy altas, pero en forma rápida y de tal manera que resulta casi imposible acusar a nadie.
"El dinero es exigido a cambio de que, en algunos casos, no se despliegue una conducta delictiva como secuestro, lesiones u homicidio en contra de algún miembro de la familia; o bien, de que el familiar ausente no sufra las consecuencias legales de haber participado en un supuesto incidente, generalmente un hecho de tránsito como un choque o atropellamiento.
"Los delincuentes aprovechan el factor sorpresa, y el hecho de que las víctimas poco saben acerca de dónde y cómo se encuentra el familiar sobre el que supuestamente recaerán las consecuencias en caso de no acceder a sus exigencias, intimidando y generando pánico en el núcleo familiar, para obtener el dinero que solicitan en forma rápida y segura.
"Asimismo, es frecuente que algunos delincuentes observen la rutina de una familia para, en el momento en que alguno de los integrantes, generalmente un hijo, se encuentra en un sitio donde no puede comunicarse, llama a la casa para informar que lo tienen secuestrado y que, sólo mediante la entrega de una pequeña cantidad, lo liberarán. Al igual que en los otros casos, el monto de rescate solicitado no es muy alto, y se exige a los familiares entregarlo casi de inmediato.
"Tan solo en el área metropolitana cada día se intentan en promedio 200 extorsiones vía telefónica, y en 37 por ciento de los casos el rescate es pagado, lo cual representa, de 2002 a la fecha, un monto de alrededor de casi 100 millones de pesos. Lo anterior se desprende de informes presentados por organizaciones ciudadanas preocupadas por la inseguridad que viven las familias en México.
"Las operaciones delictivas son cometidas por al menos 10 bandas de extorsionadores, que realizan esas actividades desde penales de la Ciudad de México. Se informa que el monto de los supuestos rescates oscila entre 30 mil y 200 mil pesos, y 90 por ciento de esos pagos son realizados mediante el sistema de envío express del Banco Azteca y de las tiendas Elektra, y el resto se efectúan por medio de cuentas bancarias que son canceladas en cuanto los delincuentes reciben el dinero.
"Sin embargo y para desgracia de la sociedad, los operadores de las extorsiones se dieron cuenta que podían actuar sin el control de sus jefes en prisión.
"En México como en Colombia, las personas en reclusión se dedicaron a extorsionar, y luego este fenómeno se trasladó a la calle. Ahora los delincuentes afuera de las cárceles aprenden el método y lo empiezan a realizar por cuenta propia en cuanto se dan cuenta que ya no es necesario llevar dinero a los cabecillas en reclusión.
"Este fenómeno ha multiplicado las extorsiones telefónicas a lo largo y ancho del país, generando un estado de pánico e inseguridad entre la población.
"Las autoridades tienen identificadas en el país, aproximadamente 700 bandas de extorsionadores que operan por medio de teléfonos, 14 de ellas en la Ciudad de México.
"El problema en las demás entidades federativas es que no existen cifras confiables para cuantificar este fenómeno delictivo con precisión. Además, la población no confía plenamente en las autoridades por lo que la denuncia ciudadana es casi nula.
"No obstante de que en los últimos meses se han instalado líneas telefónicas para ofrecer orientación y facilitar la denuncia a las personas que reciben llamadas o mensajes de celular para ser extorsionados, el problema sigue en aumento y se diversifican los métodos de extorsión.
"Los extorsionadores actúan de manera similar a los secuestradores: seleccionan a la víctima, la vigilan, negocian, la presionan psicológicamente y cobran el rescate.
"Las entidades más afectadas por este ilícito, además del Distrito Federal, son el Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala.
"En el 95 por ciento de los casos, las extorsiones se realizan por telefonía celular y el resto desde teléfonos públicos, tanto en los reclusorios como en el exterior.
"...
"Por todo ello, es necesario que los permisionarios inicien de manera obligatoria y en coordinación con las autoridades, el levantamiento del padrón de sus usuarios, sin que esto implique el incremento de tarifas y contemplando la adecuada protección de datos.
"Es necesario que la autoridad obligue a los concesionarios de redes de telefonía pública a entregar datos de los usuarios e informar sobre la operación y explotación de dichas redes de telecomunicaciones.
"Resulta de vital importancia implementar un sistema de registro de la numeración por persona en una base de datos, sin que esto repercuta en la adquisición de equipos terminales, ni mucho menos, que se traslade costo alguno a los usuarios.
"Así, los concesionarios para obtener un permiso para explotar una red de telefonía pública tendrán la obligación frente a la autoridad competente, de allegarse de una estadística real sobre los usuarios de telefonía celular, sin que esto sea argumento válido para incrementar el costo de los equipos en áreas donde ellos no tienen control, ni que repercuta en el precio de las llamadas en perjuicio del usuario.
"El terror que vive la ciudadanía, así como las implicaciones que trae consigo el uso de la tecnología en actos delictivos, implica de manera urgente, establecer reglas que permitan tener certeza del tamaño de la población usuaria, así como información precisa de aquellos usuarios de equipo de telefonía celular, tomando en cuenta, que esta información deberá ser protegida y utilizada en coordinación con las autoridades para evitar la extorsión telefónica.
"Según datos de los propios concesionarios, el 90% de los usuarios no han sido requeridos para presentar documento alguno en la adquisición de algún equipo de telefonía celular.
"Con esta propuesta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22346-b42be809/registro-nacional-de-usuarios-de-telefonia-celular-renaut · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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