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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 248/2009. · Registro digital (IUS): 21831
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, , Pág. 848.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 248/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias, que constituye el punto de contradicción a dilucidar, corresponde a la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se emitió una de las resoluciones que se involucran en la presente contradicción en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones vertidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión del quince de enero de dos mil ocho, el recurso de revisión fiscal **********, en la parte conducente, son las siguientes:

"TERCERO. A fin de acreditar la procedencia del recurso la autoridad recurrente aduce lo siguiente: (se transcribe). Este tribunal independientemente de las argumentaciones vertidas por la autoridad recurrente, para acreditar la procedencia del recurso, estima de oficio, que el mismo es procedente en términos de la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por identidad de razón, y por las siguientes razones:

"La fracción VI del artículo citado, establece lo siguiente: (se transcribe).

"De la transcripción que antecede, se advierte la procedencia del recurso, entre otras cosas, cuando verse sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones.

"Ahora bien, no pasa desapercibido para este tribunal, la circunstancia de que en la citada fracción se señale que las mismas sean otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo, por identidad de razón, debe hacerse extensiva dicha circunstancia a las resoluciones emitidas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en asuntos como en el presente que versa sobre pensiones, ya que de no ser así se restringiría la posibilidad de impugnar por parte de esta autoridad en asuntos relacionados con pensiones. ..."

CUARTO. Las consideraciones que sustentó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver con fecha ocho de junio de dos mil nueve, la revisión fiscal **********, son en lo conducente, las siguientes:

"QUINTO. Para justificar la procedencia del recurso de revisión fiscal, el Director Jurídico expresó, lo siguiente: (se transcribe).

"En los restantes argumentos que hace valer la autoridad recurrente, se desprende que sustenta la procedencia del recurso de revisión que intenta, en las fracciones II y VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual es del tenor literal siguiente: (se transcribe).

"En ese sentido, la autoridad recurrente refiere que el asunto reviste las características de importancia y trascendencia que como supuesto de procedencia para el recurso de revisión fiscal consigna la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ... Sin embargo, este tribunal considera que los aspectos invocados por la recurrente, no imprimen al asunto importancia y trascendencia, para la procedencia del recurso de revisión fiscal hecho valer. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a través de diversos criterios, que los aludidos requisitos de importancia y trascendencia, no deben hacerse depender del examen del fondo del asunto, en tanto que constituyen elementos previos a éste, que se justifican mediante razones que no podrían formularse en la mayoría, ni mucho menos en la totalidad de los asuntos ... Por ende, los argumentos que en relación con el fondo del asunto esgrime la autoridad recurrente, no son aptos para acreditar la importancia y trascendencia que el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige para la procedencia del recurso de revisión fiscal, pues como ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es lógico ni jurídico admitir o desechar tales medios de impugnación por las mismas razones que, en su caso, servirían para confirmar o revocar la sentencia recurrida previo al estudio de los agravios hechos valer. Por otro lado, en relación con la debida interpretación y aplicación de los artículos que determinan la integración de los haberes de retiro de los militares, se observa que el criterio sustentado por la autoridad recurrente es contradictorio, pues por una parte, sostiene que dicho tema nunca ha sido ventilado ante los Tribunales Colegiados y, que por ello, se está en presencia de un asunto de naturaleza excepcional, ya que sentaría un precedente; y, por otra parte, refiere que la sentencia recurrida es contraria al pronunciamiento que respecto de la integración del haber de retiro mantienen de forma unificada los citados Tribunales Colegiados de Circuito y, que ha validado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos recursos de amparo directo en revisión.

"Sin embargo, cualquiera de las dos posturas que hace valer la autoridad recurrente, no justifica la importancia y trascendencia que se ponderan, ya que ambas encierran razones que podrían formularse en la mayoría de los asuntos que, como en el caso en específico, tuvieran por materia la integración del haber de retiro de los militares; y, de esta forma, el aceptar la postura de la recurrente, traería como consecuencia el que en cualquiera de ese tipo de juicios, bastara que las demandadas arguyeran contradicción de la sentencia con el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito o bien, el establecimiento de un precedente, para que se surtieran los requisitos de importancia y trascendencia que exige el invocado artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por tanto, no existiría ningún asunto que no reuniera esas características, lo cual desvirtuaría la naturaleza excepcional del recurso de revisión fiscal.

"... Por otra parte, se estima que tampoco se actualiza el supuesto de procedencia establecido en la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al que se refiere la autoridad aquí recurrente, puesto que, como se aprecia de la transcripción que se hizo de dicha fracción en párrafos precedentes, las pensiones a las que se refiere, son las que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y no las que se otorgan conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por tanto, no puede considerarse actualizada esa hipótesis de procedencia del recurso de revisión, puesto que, de haber sido la intención del legislador que el citado recurso fuese procedente en tratándose de aspectos relacionados con las pensiones otorgadas conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así lo hubiese establecido expresamente en el artículo que se analiza, lo que no hizo, siendo que las normas de procedencia del recurso deben aplicarse estrictamente. Por lo que en mérito a las razones hasta ahora vertidas, es dable concluir que no se encuentran justificados los extremos en los que la autoridad recurrente sustenta la procedencia del recurso de revisión fiscal hecho valer. Sin que obste a lo anterior, el criterio que invoca la autoridad recurrente, relativo a la sentencia de quince de enero de dos mil ocho, emitida en el recurso de revisión fiscal número ********** por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; toda vez que es un criterio aislado y este órgano colegiado no lo comparte, pues como quedó demostrado con anterioridad, de la lectura de lo dispuesto por el artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se desprende expresamente que haya sido intención del legislador, establecer que el recurso de revisión fiscal sea procedente, precisamente en las hipótesis previstas en tal fracción, tratándose de aspectos relacionados con las pensiones otorgadas conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

"... También cabe precisar que tampoco se actualiza el otro supuesto de procedencia al que se refiere la fracción en estudio, en razón de que el asunto no versa sobre una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, en concreto, sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para efectos del seguro de riesgos del trabajo.

"En tal virtud, este Tribunal Colegiado se avoca al examen oficioso de las restantes hipótesis de procedencia que establece el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ..."

QUINTO. Existencia de la contradicción de tesis. Corresponde ahora verificar si existe o no la contradicción de criterios denunciada.

Con ese propósito, es necesario establecer que la contradicción de tesis se suscita cuando los Tribunales Colegiados, al resolver los negocios jurídicos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ante las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Del análisis de las ejecutorias en las que se pronunciaron los criterios aparentemente discordantes, se observa que los asuntos sometidos a la decisión de los Tribunales Colegiados contendientes se originan en hechos similares y planteamientos jurídicos también semejantes, en virtud de que ambos se pronunciaron en torno a la procedencia del recurso de revisión fiscal; concretamente, en relación con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, arribando a conclusiones diversas, en tanto que por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideró que al disponer esa fracción que el recurso de revisión fiscal es procedente en contra de resoluciones en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas, así como sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorgue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; debe entenderse que dentro de tal hipótesis de procedencia se encuentran comprendidas no sólo las pensiones que otorga el referido instituto sino también y, por identidad de razón, aquellas que se otorgan conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social para Las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya que de no ser así se restringiría la posibilidad de impugnar por parte de esta autoridad, asuntos relacionados con pensiones.

Por otra parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al interpretar la misma fracción concluyó que dicho numeral se refiere en forma expresa a las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y no a las que se otorgan conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y que, por tanto, no puede considerarse actualizada la hipótesis de procedencia del recurso de revisión en ese supuesto.

De lo expuesto, se obtiene que en la especie se surte la divergencia de criterios entre los citados Tribunales Colegiados de Circuito y que ésta se constriñe a determinar si conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente el recurso de revisión fiscal respecto de resoluciones en materia de pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas o si dicho medio impugnativo sólo puede hacerse valer respecto de aquellas que confiera el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

SEXTO. Configurada la contradicción de tesis en los términos apuntados, procede determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que se sustenta en la presente resolución, atendiendo a las siguientes consideraciones.

En primer término, conviene retomar la referencia histórica relacionada con las disposiciones que han regulado el recurso de revisión fiscal, plasmada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el nueve de junio de dos mil seis, la contradicción de tesis **********.

En dicha ejecutoria se puso de relieve el siguiente estudio histórico, en torno al artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El texto aprobado por el Constituyente, disponía lo siguiente:

"Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

"I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado. De las sentencias que se dicten en segunda instancia, podrán suplicarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preparándose, introduciéndose y sustanciándose el recurso, en los términos que determinare la ley.

"II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo.

"III. De aquellas en que la Federación fuese parte.

"IV. De las que se susciten entre dos o más Estados, o en un Estado y la Federación, así como de las que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal y los de la Federación o un Estado.

"V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro.

"VI. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular."

Ese precepto fue reformado por primera vez mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de enero de mil novecientos treinta y cuatro. Tal reforma se dirigió a la fracción I, para derogar la parte que aludía al recurso de súplica, y quedó de la manera siguiente:

"Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

(Reformada, D.O.F. 18 de enero de 1934)

"I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten a intereses particulares podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado. ..."

Al respecto cabe señalar que la reforma anterior tuvo como antecedente la iniciativa del diputado **********, de ocho de septiembre de mil novecientos treinta y tres, en la que sostuvo la proscripción del recurso de súplica, estrictamente en la materia mercantil, pues ese recurso "... no estaba en la mente de los legisladores incluir ya que ni siquiera hace de ello mención el Diario de los Debates del Congreso Constituyente ...", además de que resultaba contrario a los principios de simplicidad y rapidez de los juicios mercantiles, puesto que "... después de la segunda instancia tienen que esperar los litigantes a veces muchos años, antes de que se resuelva la contienda, dado el recargo de negocios en la Suprema Corte ..."

Dicha iniciativa fue retirada y se presentó otra el siete de noviembre de mil novecientos treinta y tres, por los diputados **********, ********** y **********, en la que se propuso suprimir totalmente el recurso de súplica sobre la base de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo lo admitía para la materia mercantil, y que "... fue un error de los Constituyentes de Querétaro haber adoptado el recurso de súplica, ya que tal recurso, en la forma en que lo establece de manera tan amplia la Constitución, viene a determinar una centralización en el ramo de justicia que no va de acuerdo con el régimen federal, tradicional entre nosotros. Efectivamente este recurso de súplica viene a constituir una tercera instancia para todos los negocios que se tramitan en la República ... y por ello viene además a convertirse la Suprema Corte, que técnica y constitucionalmente es un tribunal de garantía, en un tribunal de apelación ...", según dijo el diputado ********** al defender la iniciativa, en sesión de nueve de noviembre de mil novecientos treinta y tres.

Dicho diputado agregó que la determinación de suprimir el recurso, no traería perjuicios a la administración de justicia "... ya que en sustitución del recurso de súplica quedará nuestro tradicional, nuestro único recurso de amparo. ..."

En la exposición de motivos presentada por el presidente Manuel Ávila Camacho, se hizo una crítica a la interpretación realizada por la Corte en el sentido de que dicho recurso sólo procedía en materia mercantil "... es decir, en aquello en que por mediar sólo el interés privado puede el particular llevar a su elección, ante los Jueces Federales o a los Magistrados del orden común. En otras palabras: contrariando las bases del sistema mismo, que en su país de origen se ha dicho ya que evolucionó con justicia hacia una intervención limitada del Tribunal Máximo a los negocios del más alto interés público, en 1927 se hizo de la Suprema Corte -fuera del amparo- prácticamente sólo un tribunal de tercera instancia para litigios entre los particulares".

Más adelante, mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, se reformó por segunda vez el precepto referido. En la iniciativa presentada por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, se señaló lo siguiente:

"En el mes de septiembre de 1937, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Congreso una iniciativa de reforma a la fracción I del artículo 104 constitucional, con la mira de capacitar al legislador ordinario para organizar, a través del recurso de súplica, la defensa de la Federación en los juicios que a ella interesan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que los tribunales federales inferiores o los de la jurisdicción administrativa hubiesen dictado sentencias adversas a dichos intereses.

"En la exposición que procedió entonces a la iniciativa presidencial, así como en el folleto, dando a conocer los antecedentes históricos y los fundamentos doctrinales de la iniciativa, publicado en el propio año de 1937 por el entonces Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, se encuentran desarrolladas con amplitud las razones que apoyan la reforma. El Ejecutivo de mi cargo cree bastante transcribir algunos de los párrafos de aquella iniciativa:

"‘Estima conveniente el Ejecutivo demostrar que en el caso de la iniciativa que hoy somete a la consideración del Congreso, no se altera sino antes por el contrario se vuelve, como queda dicho, al sistema fundamental que en cuanto a intervención y facultades de la Suprema Corte de Justicia idearon los tres Constituyentes a quienes se deben las Cartas Políticas más importantes que se han regido en México: la de 1824, la de 1857 y la de 1917.

"‘En esas tres ocasiones se pensó que era indispensable conceder a la Suprema Corte de Justicia, competencia para decidir en definitiva las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de los Textos Constitucionales y de las leyes que en prosecución de esos textos dictara el Congreso General.

"‘El pensamiento tiene, por lo demás, una raíz bien clara en las instituciones norteamericanas que, como es sabido, informaron en el punto a las Constituciones de México, a lo menos en sus rasgos básicos. En efecto, la Constitución del país del norte dispone que el Poder Judicial conocerá de todos los casos que en derecho y en equidad deriven de la Constitución y leyes federales, así como de los tratados; y que la Suprema Corte conocerá, en esos casos, en apelación, tanto respecto a los hechos como al derecho, con las restricciones y según las disposiciones reglamentarias que el Congreso establezca.

"‘Al comentar este precepto, la doctrina norteamericana ha dicho que con él se persigue la uniformidad de decisiones alrededor de los principios fundamentales para la vida y la organización de las instituciones de la República, pues que de no existir la posibilidad de una intervención última de la Suprema Corte, los diversos tribunales consagrarían las reglas más variadas, las soluciones más disímbolas, lo que haría imposible una resolución adecuada de los problemas de mayor importancia. Cierto que la historia de la Suprema Corte americana muestra una progresiva restricción a la posibilidad de elevar al conocimiento de ese tribunal las contiendas judiciales; pero el criterio que siempre ha animado al Congreso al establecer limitaciones, ha sido el de conservar íntegra la jurisdicción de la Corte Suprema para los negocios en que están comprometidos los intereses públicos. Si algunos asuntos se han visto excluidos de la posibilidad de su conocimiento, han sido los concernientes a intereses privados, y no porque se hayan estimado como menos respetables, sino porque se ha creído que en las cortes inferiores cuentan ya con garantía suficiente; de manera que esos intereses privados sólo pueden llegar a la Suprema Corte cuando su defensa consiste en negar la validez de las leyes del Congreso, o más genéricamente en pedir la anulación de medidas que en concepto de la administración pública reclama el interés general.

"‘Definida por la Suprema Corte la validez de esas leyes o la subsistencia de aquellas medidas, el alto cuerpo deja de ocuparse de la cuestión, abandonando por entero a los tribunales locales o inferiores la decisión que deba recaer en los ulteriores litigios.

"‘En la Constitución de 1824 el sistema americano fue recogido, aunque no con la estructura que fue definiéndose en el curso de todo el siglo anterior y en lo corrido del presente, sí al menos con lo que de ese sistema se halla en los textos mismos de la carta americana. Así, se dispuso en los artículos 137, fracción V, inciso 6o., parte final y 138 que la Suprema Corte de Justicia estaría facultada para conocer de las infracciones de la Constitución y leyes generales en el modo y grado como lo determinará la ley. Fijado de esa manera el punto de apoyo para la intervención de la Corte Suprema, las formas procesales acogidas no fueron, como es lógico y explicable, las anglosajonas sino las que habían sido heredadas del viejo derecho español. Esto explica que en las leyes sobre organización de los tribunales federales dictadas en la primera mitad del siglo XIX, haya sido el recurso de súplica el establecido para la intervención de la Suprema Corte; pero siempre cuidándose de que la súplica estuviera abierta, entre otros casos, para los negocios que interesaran a la Federación.

"‘La Constitución de 1857, en sus artículos 97, fracción I y 100, conservó el principio de que la Suprema Corte conocería de las controversias que se suscitaran sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, bien en apelación, o en última instancia -esto es, en súplica- de acuerdo con lo que dispusiera la ley reguladora de las atribuciones de los tribunales federales. Sólo que la ley proyectada en 57 no se expidió sino en 1897, cuando nuevas ideas y nuevos hechos impedían ya ver con claridad el problema de la necesidad de conservar a la Suprema Corte de Justicia una intervención específica, relacionada con el mantenimiento de los principios constitucionales y de la legislación federal, y que persiguiera como propósito precisamente ese. Había tomado cuerpo en el lapso transcurrido la generosa institución del amparo, que si por parte logró fincar definitivamente la idea de que era fundamental otorgar ante el Poder Judicial de la Federación una garantía para cualquiera ultraje a los derechos públicos individuales o que derivara del quebrantamiento de la estructura del sistema federal, por la otra había creado un obstáculo para una regulación unitaria de los procedimientos de los tribunales federales. El amparo pronto se formó una doctrina propia, pronto se desvinculó de los procedimientos generales de tramitación ante los Jueces de la Federación, de manera que desde aquella época se produjo un fenómeno que, en rigor, subsiste todavía; la jurisdicción del Poder Judicial Federal se concibió bipartita; por un lado el amparo, con sus particulares exigencias y sus procedimientos especiales y, por la otra, todos los demás negocios cuyo conocimiento correspondía a los tribunales de la Unión. Fueron voces aisladas aquellas, que en las postrimerías del siglo pasado se elevaron para sostener que el juicio de garantías era sólo el procedimiento para llevar a la decisión de los Magistrados federales determinados asuntos, que una vez atraídos, debían seguir el cauce natural que toma cualquier juicio.

"‘Esto explica que en tanto la preocupación por el amparo, haya motivado en el curso de la segunda mitad de la centuria anterior la expedición de cuatro diversas leyes, apenas en la última ocasión -en el código 97- se hubiese pensado en el problema de la intervención de la Suprema Corte en asuntos judiciales del orden federal diversos del amparo y que ni aun entonces llegara a definirse dentro de un sistema general cuándo habría de originarse esa intervención. La Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 97 de la Constitución de 57, de la que tanto hablaron los más eminentes juristas, no llegó a expedirse nunca.

"‘Por último, se suprimió el recurso de casación cuando el crecimiento anormal del amparo, fuera de todo principio regulador, obligó en 1908 a determinar que en materia judicial tendría, a pesar de que no se confesara, el carácter de un recurso extraordinario, mismo que el código de 97 había atribuído al camino para elevar a la Corte las controversias sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales.

"‘Definitivamente se consagró entonces el criterio de que nada más a través del juicio de garantías podrían elevarse a la decisión del Tribunal Máximo de la República las contiendas derivadas de violaciones a los Textos Fundamentales del país; en otras palabras, se admitió el principio de que la lesión a los intereses públicos cometida por tribunales inferiores, y aun en el desconocimiento de las leyes federales que no lesionara a ningún interés privado, no podrían ser objeto de reparación por la Corte Suprema.

"‘Sólo uno de los componentes de la comisión redactora del código de 1908 se opuso a que fuera suprimido el recurso de casación; la mayoría pensó que la casación era inútil, una vez regulado el amparo en materia judicial, y que además era aquel un recurso complicado «aristocrático» según se le calificó en los debates. El problema se planteó en una forma que excluía por completo la reflexión acerca de la defensa ante la Suprema Corte de los intereses públicos.

"‘En 1917 se quiso conservar el sistema tal como estaba estructurado en la Constitución de 57. Esto se dijo con toda claridad en el dictamen presentado por la comisión respecto del actual artículo 104, que en el proyecto aparecía como 103. Pero como el sistema constitucional primitivo había sido abandonado por entero por los autores del código de 1908 a pesar del texto claro y preciso del artículo 100 de la Constitución de 57, en 1917 se pensó con razón, en que era preciso consagrar en un Texto Constitucional la procedencia del recurso ante la Suprema Corte y ya no abandonar el problema a la ley secundaria que tan mal había realizado su cometido. Por otra parte, la opinión francamente hostil que se tenía en aquella época para el recurso de casación, por estimarlo accesible sólo a quienes pudieran contar con el auxilio costoso de un especialista, explica el porqué se haya vuelto al viejo recurso español de la súplica, suprimido apenas veinte años antes.

"‘Por desgracia, la Suprema Corte de Justicia, al interpretar el artículo 104 constitucional, se desentendió del origen del restablecimiento del recurso de súplica. En pocas materias fue tan insegura la jurisprudencia del Tribunal Supremo como en la presente. Una interpretación, fijada en un sentido, generalmente con apoyo en argumentos puramente letrísticos, era abandonada después por consideraciones de la misma índole. La controversia giraba casi exclusivamente sobre sí un «punto seguido» debió ser «punto y aparte». Al fin arraigó la tesis incorporada implícitamente en la ley orgánica de los tribunales federales de 1928, de que la súplica sólo procedía en los negocios de jurisdicción concurren

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21831-01e74ab8/revision-fiscal-procede-contra-las-resoluciones-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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