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Modo: Corpus Pro

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 422/2009. · Registro digital (IUS): 22066
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 1977.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 422/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu, y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, porque las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, porque la promueven los Magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que emitió uno de los criterios implicados en este asunto.

Es aplicable en sentido inverso, la jurisprudencia 4a./J. 4/91, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA."(1)

TERCERO. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el veintitrés de septiembre de dos mil nueve, el amparo en revisión ********** (improcedencia) sostiene, esencialmente:

El oficio del jefe del Departamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Cancerología, que notifica la rescisión administrativa de un contrato, por incumplimiento de la entrega de medicamentos con diversas claves, en un porcentaje superior al diez por ciento del importe total del contrato, es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque se emite en forma unilateral, dentro de una relación de supra a subordinación en la que no existe igualdad entre la administración pública y el particular, sino que aquélla se coloca en una situación distinta y más favorable, en uso de la facultad prevista legalmente en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por virtud de la cual se extingue la relación contractual existente entre las partes, sin acudir a los tribunales ni con el consenso del afectado, máxime cuando ese acto se reclama por violaciones directas a la Constitución, las cuales no pueden impugnarse en la vía ordinaria federal prevista en el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuyo caso procede inmediatamente el juicio de amparo sin necesidad de agotar previamente los medios ordinarios de defensa procedentes cuando el promovente opte por esta vía.

Con apoyo en estas consideraciones el Tribunal Colegiado revocó el proveído del Juez de Distrito que desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías y le ordenó admitirla en caso de no advertir otro motivo para desecharla o tenerla por no interpuesta.

Es necesario precisar que en este asunto el contrato de cuya rescisión se trata se rige por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (fojas 11 a 49 de la contradicción de tesis 422/2009).

CUARTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el diecisiete de agosto de dos mil cinco, el recurso de revisión ********** (improcedencia), en lo conducente, sostiene:

En términos del artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es competente un Juez de Distrito en Materia Administrativa para conocer de la controversia suscitada con motivo de la rescisión de un contrato de obra pública para la construcción de una nueva torre y edificio anexo en el aeropuerto de una entidad federativa, decretada por el subdirector de Proyectos, Obras y Conservación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, porque esa contienda se suscita con motivo de la aplicación de un ordenamiento federal y habrá de decidirse sobre la legalidad de esa determinación de la administración pública que ha realizado actos de autoridad, porque constituyen una declaración unilateral de voluntad, imperativa y coercible, además de que su naturaleza es administrativa.

Asimismo, señaló que el subdirector de proyectos, obras y conservación de aeropuertos y servicios auxiliares no es autoridad para efectos del juicio de garantías, porque no se trata de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, sino de un juicio ordinario administrativo ante un Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Con base en estas consideraciones, el Tribunal Colegiado confirmó el desechamiento de la demanda de amparo decretado por el Juez de Distrito.

En este caso, el contrato administrativo de cuya rescisión se trata está regido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De esta ejecutoria derivó la tesis siguiente:

"No. Registro: 177,053

"Tesis aislada

"Materia(s): Administrativa

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXII, octubre de 2005

"Tesis: I.4o.A.502 A

"Página: 2317

"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. CONTRA SU RESCISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD, CON BASE EN LA LEY FEDERAL RESPECTIVA, PROCEDE EL JUICIO ORDINARIO ADMINISTRATIVO FEDERAL Y NO EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán, entre otras, de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. Tal dispositivo, además de la competencia de dichos Jueces, establece la procedencia del juicio ordinario administrativo federal cuando, por ejemplo, se pretenda impugnar una resolución administrativa dictada por un funcionario de un organismo público descentralizado de la administración pública federal como puede ser aeropuertos y servicios auxiliares, que rescinde un contrato de obra pública con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud de que se suscita una controversia con motivo de la aplicación de una ley federal en la que debe decidirse sobre la legalidad o subsistencia de la rescisión, que es un acto de autoridad en la medida en que constituye una declaración unilateral de voluntad de la administración, imperativa y coercitiva que, además, tiene carácter administrativo por la naturaleza de quien la emite y por sus características intrínsecas. Así las cosas, la procedencia de ese medio de impugnación contra la mencionada rescisión, excluye la del juicio de amparo indirecto.

"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"Amparo en revisión (improcedencia) **********. ********** 17 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.

"Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 78, junio de 1994, página 18, tesis P./J. 20/94, de rubro: ‘CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO SUSCITADO POR SU RESCISIÓN, PROVENIENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIDAD, CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’." (fojas 56 a 91 de la contradicción de tesis 422/2009).

QUINTO. Corresponde ahora verificar la existencia de la contradicción de tesis.

En el caso, ambos asuntos tienen como antecedentes juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de organismos descentralizados que rescindieron administrativamente contratos celebrados con la administración pública, en un caso, para el suministro de medicamentos y, en otro, para la construcción de una obra, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en ellos.

El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión ********** (improcedencia) sostiene, esencialmente, que se trata de un acto de autoridad en contra del cual procede el juicio de amparo.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de revisión ********** (improcedencia), en lo conducente, sostiene que no procede el juicio de amparo indirecto, sino un juicio ordinario administrativo ante un Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Conforme a lo anterior, la contradicción de tesis consiste en dilucidar cuál es la vía procedente para impugnar la rescisión administrativa de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, decretada por las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Es pertinente aclarar que este estudio se efectuará conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que son las legislaciones implicadas en los casos de origen.

Son aplicables las tesis siguientes:

"No. Registro: 166,993

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

"No. Registro: 166,996

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

SEXTO. Con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, debe prevalecer la jurisprudencia que se sustenta en este considerando, la cual no coincide con ninguno de los criterios en conflicto.

El artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,(2) en relación con los numerales 1 y 2 del mismo ordenamiento, establece que las dependencias (unidades administrativas de la presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la República), así como las entidades (los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal), podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento establecido en ese mismo precepto.

A su vez, el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas(3) señala que las dependencias y entidades precisadas podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, conforme al procedimiento establecido en dicho numeral.

El Tribunal Pleno, en la tesis P. XXVII/97, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.",(4) estableció que son autoridades para efectos del juicio de amparo aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, porque ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, son verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.

En complemento de tal criterio, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CCIV/2001, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.",(5) estableció los siguientes rasgos distintivos de una autoridad para efectos del amparo:

a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.

b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad.

c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y,

d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

La rescisión administrativa de un contrato público encuadra en estos parámetros, por las siguientes razones:

a) En términos del artículo 134, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se rigen por un principio de orden público, conforme al cual deben asegurarse al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias y estos principios se establecen, precisamente, en favor del Estado o de la administración pública.

Conforme a estos postulados, en aras del orden público y el interés social que deben prevalecer en la contratación, las leyes citadas otorgan únicamente a las dependencias y entidades precisadas la facultad de rescisión administrativa, para que sean exclusivamente éstas quienes la ejerzan e invoquen, sin que el particular tenga esta facultad que esas normas no le otorgan.

En este aspecto, es palmario que las dependencias y entidades de la administración pública se colocan en una relación de supra a subordinación con el particular contratante, pues actúan en un plano de superioridad respecto de éste y en ejercicio de atribuciones únicas y propias de ellas en este excepcional régimen.

b) Deriva de lo anterior que esta relación tiene su origen, en primer orden, en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ulteriormente en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en sus artículos 54 y 61, respectivamente, dotan a las dependencias y entidades de las facultades para rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, conforme al procedimiento establecido en dichos numerales, atribución que es de ejercicio irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad, cuando la contratación no corresponda o deje de corresponder a los fines constitucionales enunciados con antelación, ante el incumplimiento del particular que contrata con la administración pública.

c) Con motivo de esa relación, las dependencias y entidades de la administración pública federal pueden rescindir administrativamente un contrato público, el cual es un acto unilateral que puede modificar o extinguir por sí y ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular contratante.

d) Para emitir esa declaratoria, las dependencias y entidades de la administración pública federal no requieren acudir a los órganos judiciales ni tampoco necesitan del consenso de la voluntad, participación o intervención del afectado.

De esta manera, la rescisión administrativa de un contrato público, decretada por las dependencias y entidades de la administración pública federal es, en principio, un acto de autoridad, pues con fundamento en las normas precisadas emite esa decisión unilateral a través de la cual extingue por sí o ante sí, una relación contractual en la que era parte un particular, la cual afectó su esfera jurídica, asimismo, dicha rescisión la decreta un órgano integrante de la estructura orgánica de la entidad contratante, sin acudir a los tribunales judiciales o administrativos, ni con el consenso de la voluntad del afectado.

En este sentido se orienta la tesis 1a. LII/2001, aplicada en este caso por analogía, del rubro y tenor siguientes:

"No. Registro: 189,452

"Tesis aislada

"Materia(s): Administrativa

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, junio de 2001

"Tesis: 1a. LII/2001

"Página: 240

"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE DECLARE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS (ABROGADA POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE ENERO DE 2000), TIENE EL CARÁCTER DE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/97, de rubro: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’, precisó el concepto de autoridad para los efectos del amparo, reconociendo ese carácter al órgano que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, ejercen facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, lo que se traduce en auténticos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio. Por tanto, debe concluirse que la rescisión del contrato administrativo por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es, precisamente, un acto jurídico unilateral emitido con fundamento en lo previsto en el artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, a través del cual extinguió, motu proprio, una relación contractual en que era parte un particular, el cual afectó su esfera jurídica, pues la administración pública tiene la facultad de hacer efectiva la garantía otorgada, como consecuencia legal de esa rescisión. Además, la rescisión la decretó un órgano que forma parte de la estructura orgánica de la entidad contratante, sin acudir a los tribunales judiciales o administrativos, ni con el consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, en congruencia con lo anterior y tomando en consideración que la rescisión no es una facultad unilateral que fue invocada por la entidad contratante sólo porque fue convenido en esos términos en el contrato, sino que su base fundamental radica en que dicha facultad está establecida en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas para que la invoquen exclusivamente órganos de la administración pública, resulta inconcuso que el mencionado instituto tiene el carácter de autoridad y la facultad rescisoria que ejerció deriva directamente de la ley."

Lo anterior, sin embargo, no es condicionante de la procedencia del juicio de amparo, pues existen cláusulas legales determinantes de la procedencia de otras vías distintas al juicio de garantías, lo cual se pondrá de manifiesto a partir de una interpretación histórica tradicional y progresiva,(7) conforme a la cual se analizará el estado actual de la cuestión.

El artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(8) establece que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas.

Este precepto establece una atribución genérica a los Jueces de Distrito para conocer de controversias suscitadas con motivo de la aplicación de leyes federales, aunque no prevé el supuesto específico de la rescisión administrativa.

Al respecto, el Tribunal Pleno, en la jurisprudencia P./J. 20/94(9) interpretó este precepto y estableció que son los Juzgados de Distrito quienes deben conocer, en la vía prevista en ese dispositivo legal -juicio ordinario federal- de los conflictos suscitados con motivo de la rescisión administrativa de un contrato de obra pública decretada por la autoridad, si se toma en consideración que esa resolución unilateral e imperativa es de naturaleza administrativa, relacionado con un contrato también administrativo y con disposiciones de esa materia, lo cual actualiza los supuestos del artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la existencia de una controversia suscitada con motivo de la aplicación de una ley federal, en la que debe decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad de naturaleza administrativa.

Aunque esta jurisprudencia parece referirse sólo a la competencia, también implica cuestiones relacionadas con la procedencia de la vía ordinaria federal, al señalar que el juicio previsto en el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se tramita ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, es la vía para dirimir los conflictos suscitados con motivo de la rescisión administrativa de un contrato de obra pública decretada por la autoridad y, por ende, en esta instancia se ejercía el control de la regularidad de un acto de esa naturaleza.

No obstante ese precepto, aún en vigor, corresponde a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, cuando aún no existía una jurisdicción especializada para dirimir este tipo de contiendas.

Sin embargo, actualmente existe un artículo previsto en una ley especial y más reciente, regulador del supuesto específico en análisis, como es el artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,(10) publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre de dos mil siete, en vigor a partir del día siete siguiente, en términos de su primer artículo transitorio,(11) el cual establece que ese órgano jurisdiccional conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados en materia administrativa, sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, supuesto en el cual se ubica la rescisión administrativa de un contrato público, pues ésta se vincula al incumplimiento de las obligaciones contractuales y legales inherentes al mismo y se decreta, precisamente, como consecuencia de éste, según lo previenen los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, implicados en este asunto, los cuales precisa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22066-fc79f6a2/rescision-administrativa-de-contratos-de-obras-publicas-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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