ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY RELATIVA NO PROCEDE CONTRA ACTOS EMITIDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 8 DE JULIO DE 2005 AL 26 DE JUNIO DE 2009).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 363/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden conjuntamente a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
En efecto, el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, si la denuncia de contradicción la hicieron los Magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos posiblemente en contraposición, cabe concluir que proviene de parte legítima.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 337/2009, resuelto el veintiséis de agosto de dos mil nueve, por unanimidad de votos, en la parte que interesa, sostiene:
"SÉPTIMO. Para dar respuesta a los agravios relativos es pertinente señalar que en la sentencia dictada en la audiencia constitucional del uno de julio de dos mil nueve, firmada el nueve de los mismos mes y año, el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal negó la protección constitucional respecto de la resolución contenida en el oficio número ********** del veintitrés de febrero de dos mil nueve, dictada en el expediente administrativo ********** por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la base de las siguientes consideraciones fundamentales:
"1. La resolución reclamada a través de la cual la autoridad responsable se declaró incompetente para conocer y resolver la inconformidad promovida por la quejosa, contra el acta de adjudicación directa para la adquisición de medicamentos con patente en esa institución de salud, se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que las hipótesis de procedencia de ese medio de defensa previstas en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, únicamente se refieren a actos que se realicen dentro de los procedimientos de contratación por licitación pública y por invitación a cuando menos tres personas, mas no así a los relativos a las adjudicaciones directas.
"2. La interpretación sistemática de los artículos 65 y 68 de la referida Ley de Adquisiciones Públicas permite afirmar que las inconformidades en comento sólo proceden respecto de los actos indicados en el citado numeral 65 y que provengan de los procedimientos de contratación por licitación o invitación restringida.
"3. Los supuestos de procedencia de las inconformidades en comento ponen de manifiesto que únicamente son inherentes a los mencionados procedimientos de contratación pública, en virtud de que sólo en ellos existen convocatorias, bases de licitación, junta de aclaraciones, apertura de propuestas y fallo, pues esos actos son exclusivos a esos procesos de concurso.
"4. La procedencia de las inconformidades se limita a los actos emitidos en los procedimientos de contratación abierta, dada la naturaleza de concurrencia y oposición de oferentes, a diferencia de la adjudicación directa en la que la dependencia o entidad designa a la persona con la que se desea contratar, atento a la conveniencia de la institución de adquirir un bien o un servicio específico.
"5. La inconformidad prevista en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sólo es procedente contra actos relacionados con los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, mas no por cuanto hace a actuaciones relativas a las adjudicaciones directas, dado que los supuestos de procedencia no se encuentran vinculados con las actuaciones desplegadas en esta última modalidad de contratación.
"6. Finalmente, es ineficaz el planteamiento de la quejosa en el sentido de que se viola su derecho a acceso a la justicia, en la medida (sic) que ese argumento descansa en la inexacta interpretación de los artículos 65 y 68 de la mencionada legislación de adquisiciones públicas, cuestión que fue desestimada.
"Ahora bien, el examen del recurso de revisión pone de manifiesto que la inconforme formula en vía de agravios, esencialmente, los siguientes planteamientos:
"a) El Juez de Distrito fundó y motivó indebidamente su determinación de negar la protección constitucional solicitada, violando las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.
"b) El Juez Federal interpretó de manera inexacta lo dispuesto en los artículos 65 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, toda vez que en ellos el legislador no hizo distinciones en cuanto a la procedencia de la inconformidad en los diversos procedimientos de contratación pública.
"c) El Juez del conocimiento pasó por alto que las precisiones para la promoción de las inconformidades en las licitaciones públicas y en las invitaciones a cuando menos tres personas, no implica que se excluya su procedencia en relación con los demás procedimientos de contratación pública, como lo es la adjudicación directa.
"d) El juzgador de amparo ignoró que en los artículos 26, fracción III y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se reconoce a la adjudicación como un procedimiento de contratación que es utilizado por las dependencias y entidades de la administración pública, por lo que es procedente la inconformidad prevista en el numeral 65 del mismo ordenamiento legal, al señalar que puede interponerse contra cualquier acto que vulnere esa legislación.
"e) El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 445/2008, sostuvo que la inconformidad en comento es procedente contra actos que se realicen en cualquier procedimiento de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre ellos, la adjudicación directa.
"f) La acción para promover la inconformidad relativa nace a partir del derecho subjetivo que concede el registro sanitario otorgado para comercializar y fabricar el compuesto químico que se adjudicó de manera directa, con la clave número 1006, tocante a la fórmula del ‘**********’.
"g) El Juez de Distrito omitió analizar la violación directa a la garantía constitucional de acceso a la justicia, pues se limitó a afirmar dogmáticamente que es ineficaz, sin examinar las cuestiones propuestas en el concepto de violación identificado como segundo en la demanda de amparo.
"...
"Por cuestión de método, enseguida deben examinarse conjuntamente los planteamientos compendiados con los incisos b) al f) de la síntesis relativa, dado que están orientados a demostrar que la inconformidad prevista en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no sólo procede contra los actos dictados en los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, sino también contra los relativos a la adjudicación directa de contratos públicos celebrados con las dependencias y entidades de la administración pública federal.
"Con tal propósito, en primer lugar, es menester recordar que la quejosa señaló como acto reclamado en la demanda de garantías, entre otros, la resolución contenida en el oficio número ********** del veintitrés de febrero de dos mil nueve, dictada en el expediente administrativo ********** por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la que se declaró incompetente para conocer y resolver su inconformidad promovida contra el acta de adjudicación directa número ********** para la adquisición de medicamentos con patente para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, con clave 1006, relativa al compuesto químico ********** o ********* o **********, **********.
"Al respecto, en la sentencia recurrida el Juez de Distrito negó la protección constitucional solicitada, básicamente, porque la mencionada resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada en la medida (sic) que la inconformidad prevista en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sólo es procedente contra actos relacionados con los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, mas no por cuanto hace a actuaciones relativas a las adjudicaciones directas, dado que los supuestos de procedencia no se encuentran vinculados con las actuaciones desplegadas en esta última modalidad de contratación.
"Para verificar la eficacia de los agravios en estudio, es pertinente señalar, en principio, que el texto original del artículo 134 de la Constitución General de la República no establecía la figura administrativa de la licitación pública, pues preveía lo siguiente: (se transcribe).
"El anterior texto se reformó mediante el decreto publicado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, para prever que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones del Gobierno Federal y del Gobierno del Distrito Federal, se llevarían a cabo por medio de licitaciones públicas. En la iniciativa de dicho decreto, se precisó lo siguiente: (se transcribe).
"Por virtud de la citada reforma constitucional, el artículo 134 de la Carta Fundamental quedó redactado de la siguiente manera: (se transcribe).
"Como puede verse, el procedimiento de licitación pública se desarrolla bajo principios sustanciales como lo son de oportunidad e imparcialidad que significan, respectivamente, que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones que realice el Gobierno Federal o el (sic) Distrito Federal, si bien no tienen la calidad de urgentes, es básico que se lleven a cabo con rapidez, precisión y sin demora alguna, con el propósito de que los objetivos que se pretendan lograr con los recursos económicos se cumplan dentro de los plazos estimados y, por otro lado, el órgano convocante no puede conceder arbitrariamente prerrogativas o privilegios a unos participantes o licitantes en detrimento de los derechos de otros, esto es, debe observar la totalidad de las reglas establecidas para la licitación pública, puesto que su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a los interesados que intervienen en el procedimiento, dando lugar a que pueda estimarse que existió inclinación o emulación hacia alguno de ellos.
"De este último principio de imparcialidad deriva otro, llamado de defensa, en el que las leyes que regulen al procedimiento de la licitación pública deben establecer diversos mecanismos a los que los gobernados puedan acudir para garantizar que sea imparcial la actuación del órgano convocante, sin desdoro de los medios que la ley prevea para que el Gobierno Federal o (sic) del Distrito Federal corrijan oficiosamente sus determinaciones durante el desarrollo de la licitación pública.
"Asimismo, tiene especial importancia destacar que el citado procedimiento de licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la firma del contrato respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
"Cabe precisar que según Marienhoff que es citado por el tratadista José Roberto Dromi, la licitación es un procedimiento relativo a la forma de celebración de ciertos contratos por el que la administración pública invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará (adjudicación) la más ventajosa, con lo cual queda perfeccionado el contrato. En otros términos, es un procedimiento de selección del co-contratante de la administración pública que, sobre la base de una previa justificación de idoneidad moral, técnica y financiera, tiende a establecer qué persona es la que ofrece el precio más conveniente para el Estado (‘Instituciones de Derecho Administrativo’, Editorial Astrea de Rodolfo Depalma y Hnos., Buenos Aires, 1973, páginas 386 a 395).
"Sobre la naturaleza jurídica de la figura jurídica en comento el referido autor señala que para: (se transcribe).
"En cuanto al alcance de la adjudicación el citado autor considera que tiene un doble alcance, a saber, por un lado, determina cuál es la oferta más ventajosa; y, por otro, la declara aceptada y agrega que: (se transcribe).
"La licitación pública es efectivamente un procedimiento que hace a la forma de contratación. En ese sentido, por regla general, un contrato administrativo llevado a cabo sin licitación, cuando ésta es requerida, es un contrato nulo por vicio de forma, no de competencia.
"En consecuencia, la licitación no es un contrato, ni tampoco un acto, sino un conjunto de actos, un procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual, integrado por una diversidad de actos administrativos y simples actos de la administración pública, como formas jurídicas preparatorias de la actividad administrativa contractual.
"La licitación es una formalidad previa de los contratos del Estado como procedimiento de garantía para el interés público y su incumplimiento, cuando ella es requerida por mandato legal, constituye uno de los casos de nulidad por defecto de forma.
"El derecho positivo ha impuesto el requisito de la licitación y debe cumplirse estrictamente. Es, en ese caso, una formalidad esencial en la contratación administrativa y su omisión invalida el contrato, produce su nulidad absoluta, que pueden invocar la administración pública, el particular contratante y los terceros interesados.
"Las etapas del procedimiento licitatorio en su desarrollo cronológico son:
"I. El pliego de condiciones conforme al cual se hace el llamado a los interesados;
"II. La presentación de ofertas por los proponentes;
"III. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más ventajosa, y su notificación al interesado.
"En la última etapa, importa señalar que si bien la administración pública no está obligada a efectuar la adjudicación a alguno de los proponentes, aun cuando sus ofertas fueran admisibles, lo cierto es que todo aquel participante en una licitación adquiere el derecho no a la adjudicación, sino a la participación en una competencia justa; por tanto, jurídicamente el oferente tiene el derecho subjetivo a participar en la comparación de ofertas, e interés legítimo en llegar a ser adjudicatario.
"En esa medida, la ilegítima exclusión de una oferta en su concurrencia con las demás, o la notificación de que se le revoca la adjudicación, constituye la afectación de un derecho subjetivo del participante y adjudicatario, respectivamente, susceptible de defensa en sede administrativa, en este caso a través de la inconformidad prevista en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
"Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, por su contenido y alcance, la tesis número 2a. CXXXVII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, Tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘INCONFORMIDAD. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA ABROGADA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS CONSTITUYE UN RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA Y NO SIMPLEMENTE UNA DENUNCIA DE HECHOS.’ (se transcribe).
"Ahora bien, con el objeto de examinar la procedencia del referido medio de defensa denominado ‘inconformidad’, es menester tener presente lo dispuesto en los artículos 1o., fracciones I a VI, 2o., fracciones VI y VII, 26, fracciones I a III y párrafo segundo, 27, párrafo primero, 30, 31, párrafo primero, 33, párrafos primero y último, 34, párrafo primero, 35, 36, 36 Bis, 37, 40, párrafos primero a tercero, 41, 42, párrafos primero y segundo, 43, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 67, fracción I, numeral 4, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, preceptos vigentes a la fecha de la emisión del acto reclamado (veintitrés de febrero de dos mil nueve), que a la letra indican lo siguiente: (se transcribe).
"De los artículos transcritos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como su propio nombre lo indica, se desprende que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contrata el Estado, resultando destacable la definición legal de licitante que aporta tal cuerpo normativo, al establecer que ‘licitante’ es la persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas (artículo 2o., fracción VII, del referido ordenamiento legal).
"Además, la citada legislación administrativa prevé tres procedimientos de contratación independientes, que son: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa.
"También el ordenamiento legal en comento refiere que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, para que, previa junta de aclaraciones, libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, y que en una junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación o bien se notificará a los participantes.
"Luego, de los preceptos transcritos se advierte que, excepcionalmente, las dependencias o entidades podrán contratar adquisiciones, arrendamientos o servicios, mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en las hipótesis previstas en el artículo 41 de la propia ley, tomando en consideración diversos factores, como son, entre otros, que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona, porque posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, se realicen con fines exclusivamente militares o por la Armada, existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada, etcétera; debiéndose fundar y motivar la selección del procedimiento que realicen, según las circunstancias que concurran, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
"En esa línea de pensamiento, se podrá llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que se establezcan en el presupuesto de egresos de la Federación, y siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidos en los supuestos de excepción a la licitación pública.
"Por lo que respecta al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se establece que se sujeta, entre otros, al acto de presentación y apertura de presentaciones; que para la adjudicación se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente, y que se deberá sujetar a las demás disposiciones de la ley que resulten aplicables.
"En tal sentido, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público contempla, en los preceptos conducentes, los supuestos en los que los ‘licitantes’ pueden inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública, de estimar que los actos contra los que procede, contravienen las disposiciones que rigen las materias objeto de la legislación en comento, encontrándose facultada tal dependencia federal para desechar las inconformidades que no se refieran a esos actos, así como de efectuar las investigaciones pertinentes, de oficio o en atención a las inconformidades a que refiere el artículo 65 de aquel ordenamiento legal, a efecto de constatar que los actos de los procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, se ajustan a las disposiciones de la ley, y una vez admitida la inconformidad o efectuadas las investigaciones, dicha autoridad podrá suspender los procedimientos de contratación en los casos legalmente previstos. Por último, los preceptos relativos, contemplan los alcances que tendrá la resolución que emita la secretaría de Estado en comento en las inconformidades.
"Así, del artículo 67, fracción I, numeral 4, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se advierte que el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la dependencia o entidad correspondiente cuenta con facultades para recibir y resolver las inconformidades que se presenten por estimar que ciertos actos vulneran lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como realizar las investigaciones relativas.
"Sobre esas premisas, es fácil advertir que resultan ineficaces los planteamientos en estudio, toda vez que la interpretación sistemática de las disposiciones en comento pone de manifiesto que los supuestos de procedencia de la inconformidad prevista en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público son limitativos a esas hipótesis, esto es, cuando los actos se refieran a convocatorias, bases de licitación, junta de aclaración, apertura de proposiciones y fallos, así como contra las acciones u omisiones encaminadas a impedir la formalización del contrato público relativo, en términos de lo dispuesto en los propias bases de licitación.
"Se expone el anterior aserto, en virtud de que aquel precepto legal claramente señala que la procedencia de la inconformidad en comento se restringe a los actos relacionados con la licitación pública y la invitación a cuando menos tres personas, pues como bien lo resolvió el Juez de Distrito, únicamente en esos procedimientos de contratación pública se actualizan aquellas actuaciones, a saber, la convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaración, presentación y apertura de proposiciones, así como los que impidan la formalización del contrato relativo.
"Máxime que el carácter restrictivo de la inconformidad se desprende expresamente de lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción III del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al facultar a la Secretaría de la Función Pública para desechar las inconformidades que se presenten contra actos o en momentos distintos a los establecidos en las hipótesis descritas en el propio precepto legal.
"Corrobora la postura que antecede la circunstancia de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 65 del ordenamiento administrativo en comento señala expresamente que la inconformidad ‘... sólo podrá presentarse por el licitante ...’; lo cual tiene singular relevancia en la medida (sic) que, como se explicó en los párrafos anteriores, la misma legislación en cita define a los ‘licitantes’ como aquellas personas que participen en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas (artículo 2o., fracción VII, del citado cuerpo legal).
"En otras palabras, la interpretación sistemática del aludido numeral 65 en relación con el diverso precepto 68 de la propia legislación administrativa pone de manifiesto que las inconformidades a que refieren tales normas generales, sólo proceden respecto de los actos indicados en el numeral 65 de ese ordenamiento legal y que provengan de los procedimientos de contratación por licitación pública o por invitación a cuando menos tres personas.
"Lo anterior es así, toda vez que de la simple lectura del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se advierte que la inconformidad procede contra los siguientes actos relativos a los procedimientos de contratación:
"I. Relacionados con la convocatoria, bases de licitación o la junta de aclaraciones, caso en el cual podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones.
"II. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo, supuestos en los cuales, la inconformidad sólo podrá ser presentada por el licitante, dentro de los diez días hábiles a la notificación del acto respectivo; o,
"III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en la ley, hipótesis que sólo faculta a quien haya resultado adjudicado, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se venció el plazo para la formalización del contrato.
"Las precisiones que anteceden son reveladoras de que las hipótesis de procedencia de las inconformidades se encuentran relacionadas únicamente con los procedimientos de contratación por licitación pública y por invitación a cuando menos tres personas, ya que contrario a lo sostenido por la quejosa, sólo en esos procedimientos abiertos puede existir convocatoria, bases de licitación o junta de aclaraciones, respectivamente, así como presentación, apertura de propuestas y fallo, por la sencilla razón de que en esos procedimientos de contratación (licitación pública e invitación a cuando menos tres personas) tales actos se vuelven incluso necesarios para determinar a quién o quiénes se adjudican las adquisiciones, arrendamientos o servicios, debido a que existe concurrencia u oposición de oferentes, a diferencia del procedimiento de contratación por adjudicación directa, en tanto que a través de este procedimiento la entidad o dependencia designa a la persona con la que se desea contratar, en su caso, las adquisiciones, arrendamientos o servicios, excluyendo así la comparación entre oferentes, porque el procedimiento de contratación se efectúa en forma directa con una persona (sin necesidad de concurrencia de oferentes), atento a la conveniencia de la entidad o dependencia de adquirir de un proveedor en específico el bien o servicio que pueda ofrecer -ya sea por razones de titularidad de derechos, o bien de seguridad nacional, entre otras-.
"Sobre este último punto conviene destacar que el doctrinario Jorge Fernández Ruiz señala que (se transcribe).
"De igual forma, el doctrinario José Pedro López-Elías menciona que (se transcribe).
"Más allá de aquellas posiciones doctrinales, si la hipótesis de procedencia prevista en la fracción III del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público hace alusión a que la inconformidad se podrá hacer valer respecto de los actos y omisiones por parte de la convocante, que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en la ley, y que dicha inconformidad sólo podrá ser presentada por quien haya resultado adjudicado, implica que existió una convocatoria y bases, así como un fallo de adjudicación, actos que como se ha expuesto, sólo pueden existir en los procedimientos de contratación por licitación pública o por invitación de cuando menos tres personas, pues de otra forma, tratándose de una adjudicación directa no son necesarios (sic) tales actuaciones relacionadas con la concurrencia de oferentes, porque la adjudicación directa supone que la contratación se hará en forma directa con una persona, sin concurrencia de participantes, por tanto, no es necesario convocarlos, dado que la negociación se hace en forma cerrada con un particular; menos se deben emitir las bases para el concurso de licitantes, precisamente por no existir concurrencia, y finalmente por esa misma razón no puede existir un resultado de adjudicación, esto es, al no haber competencia de oferentes.
"Lo anterior tiene singular relevancia, habida cuenta que si se toma en consideración que en el supuesto de procedencia de la inconformidad, establecido en la fracción II del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, prevé que sólo podrá ser interpuesto por el ‘licitante’, que conforme a la definición legal señalada en la frac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22062-4441ec11/adquisiciones-arrendamientos-y-servicios-del-sector-publico-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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