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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. EL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE PREVÉ LA FACULTAD PARA EMITIR SU OPINIÓN EN LOS CASOS QUE LO EXIJA LA LEY, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SE RESPETA EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS RELATIVAS, NO OBSTANTE QUE ÉSTE SE TRAMITE Y RESUELVA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. LA OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN DE CONCESIONES SOBRE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS RELATIVAS, NO REQUIERE CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. LOS ARTÍCULOS 16, FRACCIÓN I, INCISO D, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA NO SON VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD AL ESTABLECER EL REQUISITO DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA COMISIÓN DE COMPETENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS RELATIVAS. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. LOS ARTÍCULOS 16, FRACCIÓN I, INCISO D, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, QUE ESTABLECEN COMO REQUISITO LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE CONCESIONES SOBRE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS RELATIVAS, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. LOS ARTÍCULOS 16, FRACCIÓN I, INCISO D, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE CONCESIONES DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS RELATIVAS, NO SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 652/2000. · Registro digital (IUS): 17989
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, , Pág. 387.

AMPARO EN REVISIÓN 652/2000. RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado el veintidós de junio del citado año en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso con posterioridad a la vigencia de dicho acuerdo, en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se planteó la inconstitucionalidad de una ley emanada del Congreso de la Unión y un reglamento federal, subsistiendo en el recurso el problema de constitucionalidad.

SEGUNDO. Es pertinente señalar que en la demanda de amparo también se señaló como acto reclamado el Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica expedido por el presidente de la República, acto cuyo conocimiento compete originalmente a las Salas de esta Suprema Corte de Justicia; sin embargo, se advierte que las violaciones que se aducen al respecto se encuentran íntimamente relacionadas con las expresadas en contra de la ley, por lo que a fin de resolver en su totalidad la cuestión jurídica planteada, en observancia del principio de celeridad procesal que establece el artículo 17 de la Carta Magna, este tribunal decide ejercer la facultad de atracción para conocer del referido reglamento, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 107, fracción VIII, antepenúltimo párrafo, constitucional y correlativamente en el artículo 84, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO. En relación con las cuestiones de constitucionalidad la sociedad recurrente expresó los siguientes agravios:

"Primer concepto de agravio

"La sentencia que se recurre viola lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, así como los artículos 222, 349, 351 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, toda vez que se niega el amparo solicitado conforme al primer concepto de violación de la demanda de garantías, no obstante que los artículos 16, fracción I, inciso D, de la Ley de Telecomunicaciones y 51 del Reglamento de la Ley de Competencia son contrarios a los artículos 1o., 5o., 14, 16, 28, 90, 133 y 134 de la Constitución General de la República y, por tanto, violatorios de las garantías de equidad, de libertad, de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica.

"En el apartado I del primer concepto de violación se destacó que el requisito previsto en el artículo 16, fracción I, inciso D, de la Ley de Telecomunicaciones y que se pretende reglamentar en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Competencia, consistente en obtener opinión favorable de la Cofeco para que los interesados puedan continuar participando en el procedimiento de licitación de marras, es contrario a la garantía tutelada en el artículo 134 constitucional, consistente en la libertad de participación en licitaciones públicas.

"Se destacó que esta garantía individual supone la obligación de la administración pública de realizar licitaciones públicas con los términos constitucionales como contrapartida del derecho que el pueblo tiene para que su patrimonio sea manejado adecuadamente y del derecho que otorga a los particulares de presentar libremente proposiciones solventes.

"Esta garantía supone que dentro de un procedimiento de licitación que se inicia con la publicación de la convocatoria pública y que tiene como objetivo la adjudicación de un contrato o de una concesión mediante la recepción, análisis y evaluación de propuestas, se asegure: 1o. el interés general del Estado; 2o. la libertad de participación en las licitaciones públicas como un mecanismo legal e imparcial de contratación; 3o. la optimización de las contrataciones protegiendo el interés de cada dependencia o entidad, todo lo cual implica respetar los principios que, según el artículo 134 constitucional, debe imperar en la administración de los recursos económicos federales: la economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez.

"Se dijo, pues, que el requisito previsto en el artículo 16, fracción I, inciso D, indicado, que se pretende reglamentar en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Competencia, establece una restricción y una violación al ejercicio del derecho que se concede a los particulares a través de la garantía individual apuntada, de tal forma que atentan contra el principio de competencias especializadas de la administración pública federal, previsto en el artículo 90 constitucional.

"En síntesis, se destacó que el requisito indicado, previsto en los artículos aludidos, viola el principio de competencias específicas y especializadas que parte del artículo 90 constitucional, pues rebasa la esfera de competencia que por su parte tiene la Cofeco, ya que al establecer que en los procesos de licitación previstos en la Ley de Telecomunicaciones debe obtenerse de esta entidad una opinión ‘favorable’ como requisito sine qua non para continuar participando, permite que ésta invada las facultades y atribuciones que fueron reservadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en su caso, a la Cofetel.

"Lo anterior, debido a que se deja en manos de una autoridad distinta de la autoridad que licita, el resolver quiénes pueden y quiénes no pueden participar en un proceso de licitación.

"Específicamente se dijo que la violación de garantías no se debe a que la Cofeco intervenga en los procesos de licitación de frecuencias, sino que la violación consiste en que a dicha dependencia no le corresponde resolver quién debe participar y quién no, por no ser la autoridad licitadora y por no tener todos los elementos necesarios para resolver lo más conveniente respecto de participantes, posturas, sistemas y adjudicación.

"En tal virtud, se dijo que, en todo caso, las opiniones o informes que rindan las demás autoridades en el área de sus respectivas competencias, deberán ser tomadas en consideración al momento de hacer la asignación o de dictar la resolución final, debiéndose fundar y motivar el contenido de la resolución, en la que se detallen por las cuales se otorga o se niega la concesión, o por la que se decide por una persona y no por otra.

"Por todo lo anterior, se dijo que las normas reclamadas resultan violatorias de la garantía individual consagrada en el artículo 134 de la Carta Magna, por ser contraria de los artículos 13, 28 y 90 de la misma, así como del artículo 133 constitucional, que establece el principio de supremacía, ya que dichas normas son contrarias a la división de competencias establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es una ley de jerarquía superior respecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

"En relación con estas consideraciones, en la primera parte del quinto considerando de la sentencia que se recurre, la Juez a quo determinó lo siguiente:

"‘De conformidad con este precepto (se refiere al 134 constitucional) los contratos, y no así las concesiones, como lo señala la quejosa, de obra pública, arrendamientos, adquisiciones, enajenaciones de todo tipo de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, estarán precedidos de un procedimiento específico que, además de constituir un requisito legal para la formación del acuerdo o contrato, servirá para seleccionar a su contra parte. A dicho procedimiento se le denomina licitación, pues a través de él, la administración pública federal, regulada en el artículo 90 constitucional, elige a la persona física o moral, que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y honradez, para celebrar un contrato determinado y, para ello hace un llamado a los particulares de manera impersonal o personal, para que formulen sus ofertas a fin de llevar a cabo la contratación.

"‘Ahora bien, los principios que rigen a dicha licitación de acuerdo con la doctrina son los siguientes: a) Concurrencia, que se refiere a la participación de un gran número de oferentes; b) Igualdad, que consiste en que dentro del procedimiento de licitación no debe haber discriminaciones o tolerancias que favorezcan a uno de los oferentes en perjuicio de los otros; c) Publicidad, que implica la posibilidad de que los interesados conozcan todo lo relativo a la licitación correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas, y d) Oposición o contradicción, que indica en la impugnación de las ofertas y defensas de las mismas.

"‘En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis visible en la página 318, Tomo XIV, octubre de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente señala: «LICITACIÓN PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DE SUS BASES ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA ANALIZAR LAS OFERTAS Y ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO.» (se omite transcribir el texto de la tesis por estar reproducido en las páginas 51 a 57 de esta resolución).

"‘Por otro lado, del artículo 27 constitucional, se desprende que son varias las diferencias que sustentan la expedición de normas en materia de telecomunicaciones, la parte final del cuarto párrafo establece que corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional «el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible», y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

"‘Ahora bien, en el caso de las telecomunicaciones, el artículo 28 constitucional, señala: «Se prohíben los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en la República mexicana»; y el párrafo cuarto señala que: «La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.»

"‘En ese orden de ideas, en el artículo 134 constitucional, se regulan las bases a que deben sujetarse los órganos de la administración pública federal, regulados en el artículo 90 constitucional, respecto del manejo de recursos económicos federales para celebrar contratos, de arrendamiento, de prestación de servicios y de obra, lo cual sólo puede realizarse a través del instrumento legal denominado «licitación», y en dicho precepto no queda incluida la concesión, la cual no es un contrato, o un acuerdo de voluntades, sino un acto administrativo, por medio del cual la administración pública, concede u otorga a los particulares el derecho para explotar un bien propiedad del Estado, o explotar un servicio público, al respecto los artículos 27 y 28 de la misma Constitución, regulan que el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio de la nación, carácter que reviste el espectro radioeléctrico, se permitirá a los particulares, mediante el otorgamiento de una concesión, evitándose los monopolios o las prácticas monopólicas y manteniendo el dominio de las respectivas vías de comunicación, de acuerdo con lo que establezcan las leyes de la materia.

"‘Esto es, la circunstancia que el artículo 16, fracción I, inciso D, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, prevea que el otorgamiento de las concesiones para el uso o aprovechamiento, del espectro radioeléctrico, será mediante licitación, no implica que ésta deba observar todas las reglas y principios establecidos para las licitaciones, en el artículo 134 constitucional, sino la licitación como instrumento legal, para la concesión del uso del espectro radioeléctrico, tiene un objeto distinto, como lo es el otorgamiento de una concesión evitando los monopolios en el uso del citado espectro y, por tanto, tales licitaciones deben sujetarse a lo previsto por los artículos 27 y 28 constitucionales y a las leyes específicas por remisión expresa de dichos dispositivos constitucionales, entre los que se encuentran las reglas establecidas en los artículos 11, 12, 14, 15 y 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 51 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica.

"‘En este sentido si, dentro de esas reglas específicas se prevé que en las licitaciones públicas para el otorgamiento de concesiones, para el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, debe solicitarse la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia, consecuentemente, tal disposición no viola los artículos 1o., 90 y 134 constitucional, sino se ajusta a lo previsto por los preceptos 27 y 28 de la Carta Magna, en virtud de que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal de Competencia Económica, se creó dicho órgano para prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones.

"‘Para un mejor entendimiento de las razones y motivos de la intervención de la Comisión Federal de Competencia, en las licitaciones convocadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se transcribe en lo conducente la exposición de motivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones: (se omite la transcripción por estar reproducida la exposición en las páginas 61 a 66 de esta resolución).

"‘En conclusión, los artículos 16, fracción I, inciso D, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 51 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, no violan los artículos 1o., 14, 16, 28, 90 y 134 constitucionales.’

"De una simple lectura de lo planteado en el apartado I del primer concepto de violación, confrontado con una lectura de las consideraciones de la sentencia antes transcrita, se desprende claramente que la Juez a quo incurrió en una apreciación incorrecta de lo expresado en ese concepto y que, en esa virtud, no resolvió debidamente la cuestión medular en que se funda la reclamación de inconstitucionalidad de los artículos 16, fracción I, inciso D, de la Ley de Telecomunicaciones y 51 del Reglamento de la Ley de Competencia.

"El razonamiento de la Juez a quo para estimar que los preceptos reclamados que se han indicado no son inconstitucionales se reduce a estimar que, toda vez que en este caso la licitación es el medio legal para otorgar una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, tal licitación no debe cumplir con todas las reglas y principios establecidos para las licitaciones previstas en el artículo 134 constitucional, pues, en este caso, la licitación como medio legal para otorgar una concesión, tiene un objeto distinto ‘como lo es el otorgamiento de una concesión evitando los monopolios en el uso del citado espectro y, por tanto, tales licitaciones deben sujetarse a lo previsto por los artículos 27 y 28 constitucionales’.

"Con este argumento la Juez de Distrito distingue donde la ley no lo hace y de manera gratuita llega a una conclusión no sólo no prevista en la Constitución, sino totalmente contraria a ella.

"Concluye la Juez a quo que tales licitaciones deben sujetarse a lo previsto por el artículo 28 constitucional, que prohíbe los monopolios, por lo que si de la exposición de motivos de la Ley de Competencia se aprecia que ésta y su aplicación coordinada con la Ley de Telecomunicaciones, se creó con el fin de prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, el que se exija la opinión favorable de la Cofeco como requisito indispensable para continuar participando en el procedimiento de licitación ante la Cofetel para obtener el otorgamiento de una concesión, no implica una violación al artículo 134 de la Constitución, sino que, al contrario, con ello se cumple con lo previsto en los artículos 27 y 28 de la propia Carta Magna.

"En este sentido, lo que la Juez afirma es que si la intención del legislador es buena, entonces no importa lo que diga el texto constitucional y que éste pueda ser violado con tal de lograr el fin.

"Si el fin es correcto, el legislador debe buscar los medios adecuados para alcanzarlos sin violar la Constitución, así que, aunque busque cumplir con lo que disponen los artículos 27 y 28 constitucionales, debe respetarse el contenido del artículo 134 constitucional. Es indudable que ningún artículo constitucional pueda facultar a autoridad alguna a violar el texto o contenido de otra disposición de la propia Norma Fundamental.

"Como se ha dicho, todo el razonamiento de la Juez a quo parte de una apreciación equivocada del concepto de violación que se analiza y no atiende la cuestión medular de inconstitucionalidad destacada.

"Si bien es cierto que en los procedimientos de licitación para otorgar una concesión, debe respetarse lo dispuesto por los artículos 27 y 28 constitucionales, y es cierto también que la Ley de Competencia y la Cofeco fueron creadas para combatir monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, con dichas consideraciones no se controvierte en absoluto si los artículos 16, fracción I, inciso D, de la Ley de Telecomunicaciones y 51 del Reglamento de la Ley de Competencia, son o no inconstitucionales.

"Lo anterior es así, puesto que la inconstitucionalidad destacada en el apartado I del primer concepto de violación no se hizo consistir en las premisas (o su negación) que establece la Juez a quo en la parte transcrita del quinto considerando de su sentencia.

"En efecto, en primer lugar, la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley de Telecomunicaciones y 51 del Reglamento de la Ley de Competencia, no se hizo consistir en el hecho de que para este tipo de licitaciones se pida la opinión de un órgano encargado de combatir monopolios.

"Mi mandante jamás combatió el hecho de que el procedimiento de licitación en cuestión se verificase en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 27 y 28 constitucionales. Al contrario, se dijo que ante la necesidad de reconocer los bienes jurídicos que la Cofeco y la Cofetel protegen, respectivamente, es indudable que la Cofeco tiene a su cargo la tutela del principio rector que consagra el artículo 28 constitucional al establecer, en su antepenúltimo párrafo, que el Estado podrá en caso de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación y que las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización de los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

"Por eso se dijo que cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resuelve licitar para otorgar concesiones para la explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, lo hace atendiendo al interés general. Este interés responde, en el caso concreto, a la necesidad de contar con mejores recursos de comunicación en beneficio del público en general.

"Sin embargo, se dijo que el análisis del interés público sólo puede ser hecho por la autoridad especializada del ramo, que es la que cuenta con todos los elementos necesarios para determinar lo más conveniente para la sociedad y quien habrá de determinar el monto que deberá recibir como contraprestación y el tiempo en que deberá procederse al otorgamiento de las concesiones correspondientes. Estos últimos son los aspectos más importantes de los bienes o servicios a concesionar. Los demás tendrán que ser secundarios, sin que por ello carezcan de importancia.

"Por ello se sostuvo en la demanda de garantías que las opiniones o informes que rindan las demás autoridades en el área de sus respectivas competencias, deberán ser tomadas en consideración al momento de hacer la asignación o de dictar la resolución final, debiéndose en todo caso, fundar y motivar el contenido de la resolución, en la que se detallen las razones por las cuales se otorga o se niega la concesión, o por la que se decida por una persona y no por otra.

"El bien jurídico de mayor entidad en un proceso de licitación es el que éste se realice para que el bien o servicio que habrá de concesionarse pueda ser aprovechado por el público en general. En ese orden de ideas, con la misma importancia debe estudiarse que la persona o personas que lo presten cuenten con la capacidad y con los recursos suficientes para hacerlo en las mejores condiciones para el usuario y que la contraprestación económica que se reciba por el otorgamiento de la concesión sea, no sólo remuneratoria, sino conveniente.

"Por ello es que se destacó que la inconstitucionalidad de establecer la opinión favorable de la Cofeco como requisito indispensable para continuar participando en el procedimiento de licitación tramitado ante la Cofetel, no se hace consistir en la participación, en sí misma, de dicho órgano. Por el contrario, tal como se dijo en la demanda de garantías, se estima que debe hacerlo en forma activa y efectiva.

"Lo que no debe aceptarse desde ningún punto de vista es que a la Cofeco le corresponda resolver quién debe participar y quién no (que es exactamente lo que provoca el inciso D, fracción I, del artículo 16 aludido), en tanto que se trata de un procedimiento de licitación que se ventila, decide y resuelve por una autoridad diferente, dependiente de una secretaría de Estado distinta, con atribuciones y competencia distintas y especializada en una materia distinta a la competencia económica.

"En esa virtud, se aprecia que la inconstitucionalidad se hizo consistir, entre otras cosas, en que la ‘opinión favorable’ de la Cofeco se prevea como un requisito sine qua non para poder continuar participando en el procedimiento de licitación para obtener una concesión que otorga la Cofetel.

"Lo que en la demanda de amparo se reclama es que el requisito de opinión favorable, como está previsto en los preceptos que se tildan de inconstitucionales, implique la posibilidad de que una autoridad ajena a la materia, competencia y especialidad de aquella que decide y tramita el procedimiento de licitación, impida la participación de algún licitante, lo que resulta contrario a los artículos 90 y 134 constitucionales, no obstante que (como lo expone la Juez a quo) con tal requisito se busque cumplir con la letra de los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, pues el mismo fin de evitar monopolios y concentraciones puede lograrse sin que una autoridad ajena impida a los licitantes su participación en el procedimiento de licitación, de tal forma que en el proceso no se violen las garantías individuales de estos particulares.

"La Juez a quo pierde de vista que ya iniciado el procedimiento de licitación, se deja fuera a uno de los participantes. No es que se le impida concurrir, sino que ya iniciado el proceso, se le impida continuar en él. Con ello se violan los principios de igualdad, imparcialidad y libertad de participación que deben concurrir en este tipo de actos.

"Hubiera bastado con establecer la opinión de la Cofeco, como un elemento más al alcance de la autoridad licitadora para determinar, en aras del interés social y de la mejor y más sana participación en el mercado de telecomunicaciones, a quien deberá otorgarse la concesión que se licita. De esta forma, además de que no se impide injustificadamente a ningún licitador legítimo la participación en el procedimiento de licitación. En todo caso, el impedimento sólo podría partir de la autoridad licitadora y nadie más que ella decidirá con base en todos los elementos a su alcance y en aras de salvaguardar el interés social, protegiendo también los derechos de particulares, quien debe obtener la concesión correspondiente.

"Bajo estos argumentos, no se combate que la Cofeco rinda una opinión como tal, pues como acertadamente se estimó desde la demanda de garantías, su opinión puede ser útil, enriquecedora e incluso necesaria para proteger el proceso de competencia. Lo que se combate es que se establezca tal opinión favorable como un requisito indispensable para poder participar en el procedimiento de licitación que se ventila ante una autoridad totalmente distinta en cuanto a materia, dependencia, jurisdicción y competencia.

"El solo empleo de la palabra opinión corrobora que lo que se persigue es la obtención de elementos de juicio para decidir, y corrobora que no debe ser una resolución final sino intermedia. Las opiniones que rinda la administración pública federal, por conducto de sus entidades gubernamentales, deben ser libres, responsables y fundadas. Una opinión no puede estar acotada como ‘favorable’, pues entonces deja de ser opinión para convertirse en visto bueno, en condición o requisito.

"De conformidad con el cúmulo de facultades concedidas en dicha ley orgánica a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que la Ley de Telecomunicaciones concede a dicha dependencia y sólo a ella la facultad de llevar a cabo los procedimientos de licitación para el otorgamiento de concesiones de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

"La norma del inciso D del artículo 16 de la Ley de Telecomunicaciones y del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Competencia, rebasan la esfera de competencia que por su parte tiene la Cofeco, ya que al establecer que en los procesos de licitación previstos en la Ley de Telecomunicaciones deba obtenerse de esta entidad una opinión ‘favorable’ como requisito sine qua non para continuar participando, permite que ésta invada las facultades y atribuciones que fueron reservadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en su caso, a la Cofetel.

"La falta de este requisito genérico sería suficiente para impedir que una persona participe en un proceso de licitación pública.

"Evidentemente, al establecer este requisito se deja en manos de una autoridad distinta de la autoridad que licita, el resolver quiénes puedan y quiénes no puedan participar en un proceso de licitación. El solo hecho de que otra autoridad pueda resolver a priori quién ha de participar en una licitación, le permite hacerlo con un panorama limitado al ámbito de su propia competencia y sin conocer cabalmente la finalidad de la licitación, ni sus alcances y consecuencias, lo que demuestra que se está en presencia de una franca transgresión constitucional, por violación del principio de competencias específicas y especializadas y por negar al particular el derecho de continuar en un proceso de licitación, lo que afecta su esfera jurídica, pues no se le da la oportunidad de defender sus intereses ni de refutar los argumentos de la autoridad que la emite, ni mucho menos la oportunidad de rendir pruebas o de alegar en contrario.

"Se viola también el texto del artículo 134 constitucional pues con ello se rompe el principio de generalidad tutelado en dicho precepto, pues si se puede resolver quién participa y quién no en una licitación pública sobre bases subjetivas, se está en presencia de un régimen especial prohibido tanto por el artículo 134 como por el 13 de la Constitución.

"Por ello es que en la demanda de amparo se sostuvo que, en todo caso, el requisito debió limitarse a la obtención de una opinión previa de la Cofeco para que dentro de la esfera de sus facultades expresas se dirigiera a la autoridad licitadora haciendo las recomendaciones que estimase pertinentes para ser tomadas en cuenta por esta última al momento de hacer la asignación respectiva o de otorgar el título de concesión correspondiente. Pero aun en este supuesto, es la autoridad licitadora quien determina el resultado del procedimiento de licitación a su cargo.

"Sólo así se respetaría el régimen de competencias y se permitiría la participación de cualquier interesado en el proceso de licitación, dejando las consideraciones de competencia económica como elementos o criterios de definición, como aspectos objetivos a ser tomados en cuenta por la autoridad licitadora al momento de tomar la decisión final.

"Una cosa es que en aras del interés general, con el fin de evitar monopolios, concentraciones, la Cofeco emita una opinión determinada a la Cofetel, para ser tomada en consideración al momento de decidir sobre la asignación de la concesión otorgada mediante licitación y otra muy distinta es que la opinión de una autoridad diversa a la licitadora, como es la Cofeco, se establezca como requisito indispensable para continuar participando en el procedimiento de licitación aludido.

"En ambos casos se busca salvaguardar el interés de la sociedad, consistente en evitar concentraciones y monopolios, sólo que en el segundo caso se busca tal finalidad, al margen de la Constitución, del principio de competencias específicas y especializadas, del principio de generalidad tutelado por la Constitución para las licitaciones públicas, de las demás garantías de audiencia y legalidad previstas a favor de los particulares y de los derechos de los licitantes. Resulta que la sociedad también está interesada en que se respete la voluntad del Constituyente, consistente en que se respeten las garantías individuales previstas a favor de los particulares.

"En el segundo caso, se afecta no sólo al quejoso que no es oído ni vencido en juicio y a quien se le impide participar en una licitación en virtud de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17989-e3e395b5/comision-federal-de-competencia-el-articulo-51-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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