PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO NO CONSTITUYE UNA LEY PRIVATIVA, AL NO AGOTARSE UNA VEZ QUE HA SIDO APLICADA A LOS CONTRIBUYENTES EN LOS SUPUESTOS QUE CONTEMPLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002). PRODUCCIÓN Y SERVICIOS LAS EXENCIONES AUTORIZADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO POR LA PRESTACIÓN DE CIERTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, NO PROPICIAN LA CREACIÓN DE MONOPOLIOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 100/2004. SERVICIOS MODERNOS, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son infundados los agravios hechos valer por la recurrente.
En el primer motivo de inconformidad las recurrentes sostienen que el Juez del conocimiento omitió referirse al argumento consistente en que la ley reclamada se aparta de los motivos para los que fue creada, ya que en la exposición de motivos se consignó como finalidad del tributo la de gravar con un impuesto especial a todos los servicios de telecomunicación, objetivo que no se alcanzó porque el Senado suprimió el gravamen para la telefonía.
Dicho agravio resulta infundado, ya que el Juez de Distrito sí dio contestación al argumento al que aluden las recurrentes, para lo cual invocó la siguiente jurisprudencia:
"LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS QUE LES DAN ORIGEN. La Constitución de la República no instituye la necesaria correspondencia entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión y las exposiciones de motivos que acompañan a las iniciativas que les dieron origen. El Constituyente no consideró a las exposiciones de motivos como elementos determinantes de la validez de las leyes, ni tampoco calificó la función que habrían de desempeñar en alguna de las fases de creación de las leyes. De ahí que el Congreso de la Unión puede apartarse de las razones o motivos considerados en la iniciativa, modificar los textos propuestos y formular los que en su lugar formarán parte de la ley, aunque éstos tengan alcances o efectos distintos o incluso contrarios a los expresados en la exposición de motivos por el autor de tal iniciativa. Por ello, desde el punto de vista constitucional, las exposiciones de motivos no condicionan en modo alguno las facultades del Congreso de la Unión para decidir y establecer las normas legislativas de acuerdo con su competencia." (Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 52, abril de 1992, tesis P./J. 15/1992, página 11).
Dicha jurisprudencia resuelve el planteamiento de fondo propuesto por la quejosa, siendo también aplicable al caso, la siguiente tesis:
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY QUE LO ESTABLECE NO ES INCONSTITUCIONAL PORQUE COMPRENDE COMO CONTRIBUYENTES A SUJETOS NO CONTEMPLADOS EN LA INICIATIVA PRESIDENCIAL QUE LE DIO ORIGEN. Los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales no protegen a los gobernados en contra de la decisión del legislador de apartarse de las consideraciones que inspiren los proyectos o iniciativas de ley que sirvan de antecedentes a sus leyes. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 41 párrafo primero y 50 constitucionales, la potestad de legislar se deposita en el Congreso de la Unión, de modo que sólo a él concierne determinar los contenidos normativos que regirán la conducta de los gobernados, sin que al hacerlo deba subordinar su voluntad a las iniciativas que con arreglo al artículo 71 de la misma Constitución le propongan el presidente de la República -como sucedió en la especie-, sus diputados o senadores, o las Legislaturas de los Estados, ni mucho menos limitar el ejercicio de su atribución a los motivos o fines considerados por el autor de la iniciativa que haya excitado su pronunciamiento; por lo contrario, el ejercicio de la función legislativa entraña como condición sustancial la discusión de las iniciativas presentadas para decidir si merecen su aprobación o rechazo, según se desprende del procedimiento previsto en el artículo 72 de la misma Carta Fundamental. La Ley del Impuesto al Activo de las Empresas no resulta inconstitucional aunque contemple a sujetos y objetos no considerados en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial." (Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, enero de 1992, tesis P. V/92, página 5).
En estas condiciones, se concluye que el motivo de inconformidad aludido es infundado.
En el segundo de ellos, mismo que se analiza en primer término por cuestión de técnica, se combaten los razonamientos del Juez de Distrito, contenidos en el considerando séptimo; ya que a juicio de la recurrente, el Congreso de la Unión carece de facultades para imponer una contribución especial sobre los servicios de telecomunicaciones a que tales preceptos se refieren en virtud de que esa actividad no se encuentra expresamente contemplada en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5, constitucional.
El motivo de inconformidad referido es infundado, pues en relación con el mismo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por unanimidad de cinco votos, en sesión de fecha nueve de junio de dos mil tres, el amparo en revisión número 647/2003 promovido por Delta Comunicaciones Digitales de Aguascalientes, Sociedad Anónima de Capital Variable, siendo ponente Genaro David Góngora Pimentel, consideró que:
"SÉPTIMO. Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que por lo que se refiere a los argumentos que quedaron sintetizados en los incisos e) y f) del considerando cuarto de este fallo, en los que la quejosa sostuvo, por una parte, que el Congreso de la Unión sólo se encuentra facultado para establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción o consumo de cerveza y no así la actividad económica relativa a la prestación de servicios de telecomunicaciones y conexos y, por la otra, que la potestad de gravar la prestación de servicios de telecomunicación y conexos le corresponde en exclusiva a las Legislaturas Locales y no al legislador federal, ya que el texto constitucional en momento alguno le otorga tales facultades en forma expresa a dicho cuerpo colegiado para legislar en materia de telecomunicaciones, los mismos son infundados, en virtud de lo siguiente:
"El análisis de dichas cuestiones requiere tener presente lo previsto en los artículos 31, fracción IV, 73, fracciones VII, X y XXIX, 117, 118 y, especialmente, el numeral 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuáles se señala textualmente:
"‘Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
"‘...
"‘IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"‘...
"‘VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
"‘...
"‘X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.
"‘...
"‘XXIX. Para establecer contribuciones:
"‘1o. Sobre el comercio exterior;
"‘2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27;
"‘3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
"‘4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
"‘5o. Especiales sobre:
"‘a) Energía eléctrica;
"‘b) Producción y consumo de tabaco labrados;
"‘c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
"‘d) Cerillos y fósforos;
"‘e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
"‘f) Explotación forestal.
"‘g) Producción y consumo de cerveza.
"‘Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. ...’
"‘Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
"‘I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras.
"‘II. Derogado.
"‘III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.
"‘IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.
"‘V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.
"‘VI. Gravar la circulación en el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía.
"‘VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.
"‘VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
"‘Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.
"‘IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.
"‘El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.’
"‘Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:
"‘I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.
"‘II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra.
"‘III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al presidente de la República.’
"‘Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’
"Del examen de las anteriores disposiciones constitucionales deriva la obligación de los gobernados de contribuir al gasto público no sólo de la Federación, sino también del Distrito Federal, de los Estados y Municipios en que residan y que la facultad para legislar en materia impositiva no siempre es exclusiva de la Federación, sino que en ocasiones concurre con los Estados, de tal manera que puede suceder que una misma fuente de ingresos puede estar gravada tanto por la Federación como por las entidades federativas, acorde con la facultad genérica establecida en la fracción VII del artículo 73 constitucional, hecha excepción de las materias previstas en la fracción XXIX del mismo artículo, cuyas materias son de competencia exclusiva de la Federación acorde con la interpretación armónica que deriva de este precepto y del último de los reproducidos.
"En tales condiciones, debe afirmarse que no existe una delimitación radical entre la competencia federal y la estatal, en materia impositiva, sino que se trata de un sistema complejo, el cual ha sido explicado por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia que enseguida se reproduce, donde estableció las reglas fundamentales que deben tomarse en consideración para distribuir las facultades impositivas entre ambos niveles de gobierno.
"El criterio mencionado aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Primera Parte, página 149, el cual es del tenor literal siguiente:
"‘IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA MATERIA FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA DECRETARLOS. Una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales que se refieren a materia impositiva, determina que no existe una delimitación radical entre la competencia federal y la estatal, sino que es un sistema complejo y las reglas principales las siguientes: a) Concurrencia contributiva de la Federación y los Estados en la mayoría de las fuentes de ingresos (artículos 73, fracción VII y 124); b) Limitación a la facultad impositiva de los Estados mediante la reserva expresa y concreta de determinada materia a la Federación (artículo 73, fracción XXIX) y c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (artículos 117, fracciones IV, V, VI y VII y 118).’
"Así, deriva que la potestad impositiva a que se contrae la fracción XXIX del artículo 73, únicamente tiene como función enunciar, mas no limitar los tributos que corresponden a la Federación.
"Por tanto, debe decirse que no asiste razón a la quejosa al alegar que el establecimiento del impuesto especial sobre producción y servicios al gravar, entre otras, la actividad de servicios de telecomunicaciones y conexos a que ella se dedica, sea inconstitucional por el hecho de que esta actividad no esté expresamente contemplada en el artículo 73, fracción XXIX, punto 5, constitucional como de aquellas sobre las cuáles el Congreso de la Unión está facultado para fijar ‘contribuciones especiales’.
"En efecto, según se anticipó, el Tribunal Pleno al interpretar el alcance del mencionado precepto constitucional determinó que éste sólo contiene un catálogo enunciativo pero no limitativo de los tributos que en forma exclusiva puede imponer la Federación con participación de las entidades federativas, lo que significa que el hecho de que el legislador ordinario, al incluir en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios como actividad gravada el servicio de telecomunicaciones y conexos no conduce a estimarlo inconstitucional.
"Es cierto que la Constitución, en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5, establece la facultad exclusiva para que el Congreso de la Unión imponga contribuciones especiales sobre las materias ahí enumeradas, entre las que no figura la referente a las telecomunicaciones. Sin embargo, de ello no se sigue que el Poder Legislativo Federal carezca de atribuciones para imponer contribuciones en materia de telecomunicaciones, pues dicha actividad, únicamente pueden llevarla a cabo los particulares mediante concesión que les otorgue el Gobierno Federal, tal como sucede con la quejosa que presta ese servicio por virtud de la concesión federal que le concedió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de modo que el fundamento del tributo impugnado se encuentra en el inciso 4 de la fracción XXIX mencionada, que otorga facultades al Congreso Federal para establecer contribuciones sobre servicios públicos concesionados.
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad
"‘...
"‘VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
"‘...
"‘XXIX. Para establecer contribuciones:
"‘...
"‘4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y ...’
"Bajo esa óptica, esta Segunda Sala advierte que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no se limita a establecer contribuciones sobre algunas de las materias que enumera el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5, constitucional, esto es, energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal, y producción y consumo de cerveza, de tal manera que en dicha ley impositiva deban contenerse forzosa y necesariamente todas las contribuciones sobre las materias acabadas de enumerar, so pena de inconstitucionalidad y tampoco cabe esta censura por el hecho de que en dicho ordenamiento impositivo se grave una materia que no aparece en el citado inciso 5, sino en el 4, que se refiere a los servicios públicos concesionados. Ello, en virtud de que el Congreso Federal, con fundamento en la fracción VII del artículo 73 constitucional, tiene atribuciones para establecer los tributos que sean necesarios para cubrir el presupuesto. Por tanto, no existe inconveniente constitucional alguno para que en la mencionada ley ordinaria se establezca una contribución que grave el servicio de telecomunicaciones.
"Por tanto, es irrelevante que el Constituyente, al expedir la Carta Fundamental, no hubiera considerado a la actividad de telecomunicaciones, específicamente, la radiocomunicación especializada de flotillas, dentro del catálogo de impuestos especiales, pues tal consideración hubiera sido materialmente imposible en 1916-1917, pues en esa época no existía ese servicio.
"Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número 2a. LXXIII/2003 sustentada en la Novena Época por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue aprobada en sesión privada de dieciséis de mayo de dos mil tres y que esta pendiente de publicar, en virtud de que en dicho criterio se esta haciendo referencia al servicio de televisión por cable, cuyos rubro y texto es el siguiente:
"‘PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL, NO ES INCONSTITUCIONAL POR EL HECHO DE QUE EL CONSTITUYENTE DE 1917 NO CONSIDERARA AL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES COMO DE ALTA RENTABILIDAD. Es irrelevante el hecho de que el Constituyente de 1917, al expedir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hubiera considerado a la actividad de las telecomunicaciones, específicamente en el ramo del servicio de televisión por cable, como una actividad de alta potencialidad recaudatoria o de alta rentabilidad, pues ese factor no es el que determina su gravación por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ni, por ende, la inconstitucionalidad de ésta, máxime que tal consideración hubiera sido materialmente imposible en 1917, ya que en esa época no existía ese servicio, el cual, en México se inició en 1954, cuando se instaló el primer sistema de televisión por cable.’
"Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que contrariamente a lo manifestado por la quejosa el Congreso de la Unión sí se encuentra facultado en forma expresa por el texto constitucional para gravar el servicio de telecomunicaciones, por tratarse de un servicio público concesionado, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracciones VII y XXIX, numeral 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que se consideren infundados los argumentos que hizo valer la quejosa en ese sentido.
"Similar criterio sostuvo esta Segunda Sala al resolver por unanimidad de cuatro votos en la sesión de veinticinco de abril de dos mil tres, el amparo en revisión 1154/2002, promovido por Telecable de Tecomán, Sociedad Anónima de Capital Variable."
QUINTO. En diverso motivo de inconformidad se aduce que contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en los artículos impugnados, resulta violatorio de lo dispuesto en los artículos 66 y 67 constitucionales en atención a que no se siguió el procedimiento de creación de leyes que en éstos se establece, pues las reformas a dicha ley fueron aprobadas en la madrugada del primero de enero de dos mil dos, siendo que la Constitución no autoriza al Congreso a celebrar sesiones más allá del treinta y uno de diciembre de cada año.
Es también infundado el agravio en análisis, pues esta Segunda Sala, al resolver, por unanimidad de cinco votos el amparo en revisión número 847/2003, promovido por María Irma Salazar León, en sesión de fecha veintinueve de agosto de dos mil tres, consideró en torno a dicho planteamiento lo siguiente:
"SEXTO. Señala la quejosa en sus conceptos de violación que las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fueron aprobadas el primero de enero del año dos mil dos, en contravención a lo dispuesto en los artículos 65 y 66 constitucionales, que establecen que las sesiones ordinarias del Congreso no podrán prolongarse más allá del quince de diciembre y en el caso del año en el que el presidente de la República inicie su cargo, más allá del treinta y uno de diciembre de ese mismo año, lo que contraviene el procedimiento para la creación de leyes establecido en la Constitución.
"Al respecto el artículo 65 constitucional establece:
"‘Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias ...’
"Por su parte el artículo 66 constitucional señala:
"‘Artículo 66. ...
"‘El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.’
"De los preceptos transcritos, se desprende que el primero de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso, son del 1o. de septiembre al 15 de diciembre de cada año y el segundo del 15 de marzo al 30 de abril.
"En esa tesitura, el Congreso de la Unión no estaba sesionando en forma ordinaria dentro del periodo del 1o. de septiembre al 15 de diciembre, sino que lo hacía durante un periodo extraordinario de sesiones convocado por la Comisión Permanente, el cual concluye hasta que se den por terminados los asuntos que en la convocatoria se señalaron, es decir no tiene un plazo determinado, sino que se cierra una vez que cada Cámara determina que han sido tratados los temas para los cuales fue convocado.
"Así, se desprende del decreto por el que se convocó a un periodo extraordinario de sesiones a partir del 20 de diciembre de 2001, en el que se señaló que la clausura de dicho periodo se verificaría una vez que cada Cámara determinara que habían sido tratados los temas para los cuales fue convocado, en cuyo artículo primero se señaló entre otros temas la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002 y las reformas a diversas disposiciones de carácter fiscal y tributario.
"En esas condiciones, al no existir ordenamiento constitucional ni legal que establezcan prohibición de que los ordenamientos impugnados sean aprobados el primero de enero, debe concluirse que el Congreso de la Unión actuó conforme a derecho."
SEXTO. En diversos motivos de inconformidad se alega que la Cámara de Senadores, como revisora carece de facultades para modificar el texto de la fracción XII del artículo 3o. de la ley impugnada, pues suprimió el impuesto para la telefonía nacional y de larga distancia que había establecido la Cámara de Origen.
Son igualmente infundados los argumentos antes referidos por las razones que a continuación se exponen.
En efecto, el proceso legislativo se encuentra regulado en el capítulo II del título tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer, por una parte, el derecho de iniciar leyes y, por la otra, el proceso de formación de las mismas.
Por lo que se refiere al primer supuesto, el artículo 71 constitucional expresamente prevé que el derecho de iniciar leyes o decretos compete en forma exclusiva al presidente de la República; a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, precisando además que las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, así como por las diputaciones locales, pasarán desde luego a comisión, mientras que las que presenten los miembros del Congreso de la Unión se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento de Debates.
Dicho numeral textualmente establece:
"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
"I. Al presidente de la República;
"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y
"III. A las Legislaturas de los Estados.
"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates."
Por su parte, el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el procedimiento para la formación de leyes o decretos cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, al precisar:
"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
"A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
"B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
"C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
"Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.
"D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.
"E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
"F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
"G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.
"H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.
"I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.
"J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.
"Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente."
De dicho numeral se desprende el procedimiento que debe seguirse para la formación, reforma o derogación de leyes o decretos, estableciéndose un tratamiento especial para aquellos que versen sobre empréstitos, reclutamiento de tropas, contribuciones e impuestos, que es lo que aquí interesa.
Lo anterior es así, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el inciso H del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19124-4e8b0043/produccion-y-servicios-la-ley-del-impuesto-especial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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