LEYES FISCALES. SU ENTRADA EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN NO TRANSGREDE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 Y 71 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. RENTA. LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL CRÉDITO AL SALARIO Y QUE ÉSTE SÓLO PUEDE DISMINUIRSE CONTRA DICHO TRIBUTO A CARGO DEL PATRÓN O DEL RETENIDO A TERCEROS, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
AMPARO EN REVISIÓN 5/2004. STOWE WOODWARD MÉXICO, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito, en síntesis, son los siguientes:
a) Violación del artículo 92 constitucional, en relación con la expedición del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero de dos mil dos, consistente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente por lo que hace a sus artículos 32, fracción I y 119, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (sexto concepto de violación).
b) Violación a la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos 7o. del Código Fiscal de la Federación, así como 3o. y 4o. del Código Civil, toda vez que el decreto materia de la litis entró en vigor el mismo día de su publicación.
c) Son inconstitucionales los artículos 115, penúltimo párrafo y 116, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, al establecer que las cantidades pagadas en efectivo a los trabajadores por concepto de crédito al salario únicamente podrán disminuirse del impuesto sobre la renta a cargo del patrón o del retenido a terceros, ya que la ley anterior establecía que dicha disminución podrá hacerse respecto de cualquier impuesto federal (primer concepto de violación, apartados c) y d).
d) Violación a la garantía de proporcionalidad tributaria, derivada de lo previsto en el artículo 32, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del uno de enero de dos mil dos, al impedir deducir el crédito al salario pagado en efectivo a los trabajadores (quinto concepto de violación).
e) Violación a la garantía de legalidad tributaria, derivada de lo previsto en el artículo 119, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del uno de enero de dos mil dos, al dejar al arbitrio de la autoridad la posibilidad de acreditar el crédito al salario pagado en efectivo a sus trabajadores (cuarto concepto de violación).
f) La norma impugnada transgrede la garantía contenida en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que impone a los gobernados la obligación de enterar un impuesto que en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, se especificó que el Estado no percibiría cantidad alguna por dicho concepto.
CUARTO. Ahora bien, por lo que ve a la afirmación relativa a que la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil dos, en relación con sus artículos 31, fracción I y 119, fracción VI, contrario a lo sostenido por el quejoso, tales preceptos no violan el artículo 92 de la Constitución, por la ausencia de refrendo del secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que tal dispositivo se refiere exclusivamente a los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente, los cuales requerirán para su validez la firma del secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.
En el presente asunto, al estar refrendado el decreto reclamado por el secretario de Gobernación, no se hace necesario el refrendo del secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que cuando la materia o contenido del decreto promulgatorio lo constituye la orden del presidente de la República para su observancia y no para la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, aquél requiere para su validez constitucional únicamente la firma del secretario de Gobernación, cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal; de ahí que no tiene razón de ser el pretender que sea firmado por el secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues tal hecho constituiría el refrendo de un acto que no proviene del órgano ejecutivo sino legislativo, lo que rebasa el imperativo constitucional contenido en el artículo 92, pues, se insiste, dicho precepto establece el refrendo sólo para los actos del presidente de la República en él especificados.
Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 3/88 de la Octava Época, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, visible en la página 160, que dice:
"REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN EL DE LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. En materia de refrendo de los decretos del Ejecutivo Federal, el Pleno de la Suprema Corte ha establecido las tesis jurisprudenciales ciento uno y ciento dos, visibles en las páginas ciento noventa y seis y ciento noventa y siete, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación -mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco- cuyos rubros son los siguientes: ‘REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS.’ y ‘REFRENDO DE UNA LEY, CONSTITUCIONALIDAD DEL.’. Ahora bien, el análisis sistemático de los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución General de la República, conduce a interrumpir las invocadas tesis jurisprudenciales en mérito de las consideraciones que enseguida se exponen. El primero de los preceptos mencionados establece: ‘Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes’: ‘I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia’. A su vez, el artículo 92 dispone: ‘Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos’. De conformidad con el primero de los numerales reseñados el presidente de la República tiene, entre otras facultades, la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, función ésta que lleva a cabo a través de la realización de uno de los actos que señala el artículo 92 constitucional, a saber, la emisión de un decreto mediante el cual ese alto funcionario ordena la publicación de la ley o decreto que le envía el Congreso de la Unión. Esto significa, entonces, que los decretos mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo Federal dispone la publicación de las leyes o decretos de referencia constituyen actos de los comprendidos en el artículo 92 en cita, pues al utilizar este precepto la locución ‘todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente ...’, es incuestionable que su texto literal no deja lugar a dudas acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del presidente, es aplicable el requisito de validez previsto por el citado artículo 92, a saber, que para ser obedecidos deben estar firmados o refrendados por el secretario de Estado a que el asunto o materia del decreto corresponda. Los razonamientos anteriores resultan todavía más claros mediante el análisis de lo que constituye la materia o contenido del decreto promulgatorio de una ley. En efecto, en la materia de dicho decreto se aprecian dos partes fundamentales: la primera se limita a establecer por parte del presidente de la República, que el Congreso de la Unión le ha dirigido una ley o decreto cuyo texto transcribe o reproduce y la segunda a ordenar su publicación para que la ley aprobada por el Congreso de la Unión pueda ser cumplida u observada. Por consiguiente, si la materia del decreto promulgatorio está constituida en rigor por la orden del presidente de la República para que se publique o dé a conocer la ley o decreto para su debida observancia, mas no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además, la firma del secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular o del órgano ejecutivo sino del órgano legislativo, lo cual, evidentemente, rebasa la disposición del artículo 92 constitucional, pues dicho precepto instituye el refrendo sólo para los actos del presidente de la República ahí detallados. Lo hasta aquí expuesto llega a concluir que es inexacto que el artículo 92 constitucional exija, como se sustenta en las jurisprudencias transcritas, que el decreto promulgatorio de una ley deba refrendarse por parte de los secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma ley, pues tal interpretación no tiene fundamento en el precepto constitucional en cita ni en otro alguno de la Ley Suprema."
En otro orden, en relación con el argumento de la quejosa sintetizado en el inciso f), consistente en que del análisis que se haga de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dos, se puede apreciar que en su artículo 1o., fracción I, punto 10, se determina que por concepto de impuesto sustitutivo del crédito al salario no habrá recaudación alguna por el ejercicio de dos mil dos; es decir, se estableció una contribución que no tiene como propósito cubrir el presupuesto de egresos de la Federación, por lo que las disposiciones impugnadas resultan violatorias de la garantía contenida en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, cabe precisar que tal argumento resulta inoperante por ineficaz, en virtud de que con dicho planteamiento el quejoso pretende controvertir la inconstitucionalidad del impuesto sustitutivo del crédito al salario, gravamen respecto del cual el Tribunal Colegiado del conocimiento ya se pronunció en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, con lo cual aquélla no podría obtener mayor beneficio al concedido.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en los razonamientos que la sustentan, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 86/2003, visible a foja 21, Tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS EN QUE SE HACE VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SI RESPECTO AL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ DICHA LEY, YA SE CONCEDIÓ EL AMPARO. Si fue otorgada la protección constitucional del artículo tercero del decreto por el que se expidió la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 1o. de enero de 2002, y los conceptos de violación expresados con la finalidad de acreditar la inconstitucionalidad de los diversos preceptos contenidos en el capítulo I del título cuarto de la indicada Ley, se hacen valer en función del citado numeral, tales conceptos resultan inoperantes, ya que no podría obtener mayor beneficio al concedido."
En otro aspecto, contrario a lo sostenido por el quejoso en el concepto de violación sintetizado en el inciso b), la norma impugnada no vulnera ninguna disposición constitucional el hecho de que la ley impugnada haya entrado en vigor el mismo día de su publicación.
Lo anterior ha sido definido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia, la primera, y aislada la segunda, cuyos rubros, texto y datos de identificación son los siguientes:
Tesis P./J. 50/2003, visible a foja 29, Tomo XVIII, septiembre de 2003, Tribunal Pleno, Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"LEYES. EL LEGISLADOR TIENE FACULTAD PARA FIJAR EL DÍA EN QUE INICIA SU VIGENCIA, PUDIENDO SER, INCLUSO, EL DÍA DE SU PUBLICACIÓN. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 71 y 72, señala a quiénes compete el derecho de emitir leyes y el procedimiento que se sigue para su formación, pero no prevé regla alguna sobre el momento en que deban iniciar su vigencia, por lo que es incuestionable que esta materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario. En consecuencia, el hecho de que una ley haya entrado en vigor el mismo día de su promulgación, no vulnera disposición constitucional alguna, pues debe tomarse en consideración que la promulgación de una ley, no es otra cosa que su publicación formal, esto es, su finalidad consiste en lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, por ende, el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, al no existir disposiciones constitucionales que le impidan establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial, aun cuando lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios antes de que cobre vigencia."
Tesis 2a. CIV/2003, visible a foja 333, Tomo XVIII, agosto de 2003, Segunda Sala, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"LEYES FISCALES. SU ENTRADA EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 Y 71 DE LA LEY FUNDAMENTAL. El artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación dispone que las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior; sin embargo, el hecho de que los propios ordenamientos establezcan que aquéllas entrarán en vigor el mismo día de su publicación no transgrede los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, por un lado, la inconstitucionalidad de una norma surge de su contradicción con un precepto de la propia Constitución Federal y no de su oposición con otras leyes secundarias y, por otro, porque la vacatio legis no está contemplada como una fase esencial del procedimiento legislativo, por lo que la materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario. Además, la promulgación de la ley no es otra cosa que su publicación formal, cuya finalidad es lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan, de modo que no están constreñidos a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, de manera que si bien el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, resulta evidente que jamás podrá determinar que su vigencia sea anterior a su promulgación; empero, ninguna disposición constitucional le impide prever que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial."
En tal virtud, por las razones sustentadas en los criterios antes reproducidos, el argumento en examen resulta infundado.
Por otra parte, la sociedad mercantil quejosa aduce en el concepto de violación que se ha sintetizado en el considerando que antecede en el inciso c), que son inconstitucionales los artículos 115 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que con anterioridad al año dos mil dos, se permitía el acreditamiento del crédito al salario contra otros impuestos federales, y ahora se limita dicho acreditamiento al impuesto sobre la renta o al retenido a terceros.
El argumento jurídico de referencia es infundado, porque no existe un derecho subjetivo a favor del sujeto pasivo de la relación tributaria para que contribuya a solventar los gastos públicos bajo las mismas bases, toda vez que la autoridad legislativa tiene facultades para modificar los lineamientos de recaudación de gravámenes, de acuerdo a las necesidades económicas y sociales del país, de conformidad con lo que se determinó en la tesis aislada número 2a. CXXX/2003, visible a foja 61, Tomo XVIII, octubre de 2003, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"RENTA. LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2002), QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL CRÉDITO AL SALARIO Y QUE ÉSTE SÓLO PUEDE DISMINUIRSE CONTRA DICHO TRIBUTO A CARGO DEL PATRÓN O DEL RETENIDO A TERCEROS, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La violación al principio de no retroactividad de la ley, previsto en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, parte de la premisa de que los gobernados cuentan con un derecho adquirido con anterioridad a la vigencia de una norma. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que los contribuyentes no generan un derecho adquirido, consistente en pagar los tributos siempre bajo un mismo esquema, dado que el Estado está facultado para cambiar las bases de tributación cuando lo estime pertinente, en virtud de que cada ejercicio fiscal se rige por las disposiciones vigentes en el año correspondiente. En congruencia con lo anterior, el hecho de que los artículos 115 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor en 2002, establezcan que el crédito al salario entregado en efectivo a los trabajadores únicamente pueda disminuirse contra el impuesto relativo a cargo del patrón o del retenido a terceros, no obstante que con anterioridad podía hacerlo contra cualquier impuesto federal, no es violatorio de la garantía de irretroactividad prevista en el precepto constitucional mencionado, porque como sujetos pasivos de la relación tributaria no pueden reclamar como derecho adquirido la forma en que lo hacía antes de la reforma reclamada, pues la autoridad legislativa puede modificar los lineamientos para la recaudación de las contribuciones, en función de las cambiantes necesidades económicas y sociales del país, y siempre que los considere conveniente, en el ámbito de sus facultades constitucionales."
Así, el concepto de violación es infundado.
La quejosa sostiene en el concepto de violación, sintetizado en el inciso d) anterior, que el artículo 32, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, pues no permite la deducción de las cantidades erogadas por concepto de crédito al salario, con lo que se obliga a pagar un impuesto sobre la renta sobre bases ajenas a la auténtica capacidad contributiva, no obstante que el crédito al salario representa un gasto impuesto por el legislador.
El concepto de violación que se analiza es infundado, pues si el contribuyente disminuye el crédito al salario del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros conforme al artículo 119 del mismo ordenamiento jurídico que prevé el acreditamiento de las cantidades pagadas en efectivo al trabajador por concepto de dicho crédito, es inconcuso que no puede deducir las cantidades que entrega a sus trabajadores por concepto de crédito al salario, pues de otro modo se estaría disminuyendo dos veces la erogación respectiva, una directamente en el acreditamiento que establecen los artículos 115, 116 y 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y otra como una deducción.
En tal virtud, es inexacto que al no permitirse la deducción de las cantidades erogadas por concepto de crédito al salario se obliga a pagar un impuesto sobre la renta sobre bases ajenas a la auténtica capacidad contributiva.
QUINTO.-Finalmente, la parte quejosa aduce que el artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, establece una condición que deja al arbitrio de la autoridad administrativa para resolver sobre la procedencia o improcedencia del acreditamiento del importe que los patrones hubieran pagado por concepto del crédito al salario, toda vez que dicho acto lo sujeta a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin establecer las condiciones o requisitos que se tomarán en cuenta para ello.
Sobre el particular es menester señalar que en relación con el tema propuesto existe jurisprudencia definida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establece la inconstitucionalidad del artículo 119, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se combate, por considerar que transgrede el principio de legalidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal.
La tesis de jurisprudencia que se señala es la 2a./J. 94/2003, visible a foja 136, Tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CRÉDITO AL SALARIO. LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN EL AÑO DE DOS MIL DOS QUE ESTABLECE DICHO IMPUESTO SUSTITUTIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.-La disposición mencionada prevé que ‘Quienes hagan los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al crédito al salario a que se refieren los artículos 115 y 116 de esta ley sólo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, cuando cumplan con los siguientes requisitos: ... VI. Paguen mensualmente a los trabajadores en nómina separada y en fecha distinta a la que se paga el salario, el monto del crédito al salario previamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’. Dicha norma no establece las bases, requisitos y procedimientos que debe tomar en cuenta la autoridad para llevar a cabo la autorización administrativa a que se refiere, como tampoco lo hace ningún otro precepto legal; por tanto, es evidente que esa situación deja al arbitrio de la autoridad hacendaria la posibilidad de que el particular ejerza un derecho que la ley de la materia prevé expresamente a su favor, en atención a que de los requisitos contenidos en la citada fracción VI, el relativo a que el monto del crédito al salario sea autorizado previamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, omite establecer de manera cierta, precisa y objetiva en qué forma (requisitos, trámites y procedimiento) el contribuyente podrá ejercer el derecho correspondiente, así como las atribuciones que al respecto corresponden a la autoridad administrativa respectiva; en tal virtud, es inconcuso que la referida indefinición e imprecisión en la regulación de la forma en que puede hacerse valer el derecho que establece la ley a favor del particular ante la autoridad fiscal conlleva, por sí mismo, una transgresión al principio constitucional de legalidad tributaria, consagrada en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, en la medida de que genera inseguridad e incertidumbre en los gobernados, deja al criterio subjetivo de la autoridad hacendaria conceder o no la autorización del acreditamiento de las cantidades pagadas en efectivo por los patrones a sus trabajadores por concepto del crédito al salario. Ahora bien, como el requisito cuestionado recae sobre una variable de la contribución y no sobre los elementos esenciales de la misma, la protección constitucional sólo tiene el efecto de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa la observancia del requisito que se le impone para poder acreditar contra el impuesto sobre la renta, a cargo de la quejosa o del retenido a terceros, el crédito al salario pagado en efectivo a sus trabajadores, consistente en la autorización, previa al ejercicio de ese derecho, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
En estas condiciones, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada respecto de la porción normativa en comento, para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica la observancia del requisito que se le impone para poder acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, el crédito al salario pagado en efectivo a sus trabajadores, consistente en la autorización, previa al ejercicio de ese derecho, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Stowe Woodward México, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los artículos 32, fracción I, 115, penúltimo párrafo y 116, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, conforme al considerando cuarto de este fallo.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Stowe Woodward México, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil dos, conforme al punto resolutivo segundo y consideraciones que lo rigen de la sentencia del Tribunal Colegiado.
TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Stowe Woodward México, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del artículo 119, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, de acuerdo a lo expuesto en el último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Ministro Juan Díaz Romero. Fue ponente el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19282-190922b8/leyes-fiscales-su-entrada-en-vigor-el-mismo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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