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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 277 D Y 286 K DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2004.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1970/2004. · Registro digital (IUS): 19123
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO ALSAVISIÓN, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 1681.

AMPARO EN REVISIÓN 1970/2004. GRUPO ALSAVISIÓN, S.A. DE C.V. Y OTRAS.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Es innecesario transcribir los agravios aducidos, en virtud de que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte, de oficio, que en relación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil cuatro, se actualiza una causa de improcedencia diferente a las que abordó y desestimó la Juez de Distrito.

La anterior consideración encuentra sustento, en las jurisprudencias cuyos rubros, textos y datos de publicación, son los siguientes:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, noviembre de 1999. Tesis P./J. 122/99. Página 28).

"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, julio de 1997. Tesis 2a./J. 30/97. Página 137).

En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 80 del propio ordenamiento, que señalan:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

"Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."

El primero de dichos numerales reproducidos dispone una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo, como esta Segunda Sala lo ha indicado en la tesis que enseguida se transcribe:

"IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999. Tesis 2a. LXXXVI/99. Página 373).

El artículo 80 de la propia legislación, establece el objeto de la sentencia protectora, y precisa los efectos derivados de la clase de actos reclamados: Si son actos positivos, el efecto del amparo será restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada; y, si son de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta garantía le exija.

Sustenta la anterior consideración, el criterio de la entonces Segunda Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis cuyos rubro, texto y datos de publicación, enseguida se señalan:

"EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.’; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." (Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 151-156, Tercera Parte. Página 119.)

Como se advierte de lo hasta aquí expuesto, el juicio constitucional debe en todo tiempo tener resultados concretos o prácticos y no constituir sólo un medio para realizar actividades especulativas, de tal modo que cuando tales efectos no pueden obtenerse a pesar de la posible concesión del amparo a la solicitante de garantías, el juicio de amparo debe declararse improcedente, como el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dispuesto en la siguiente jurisprudencia:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.’; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, diciembre de 1997. Tesis P./J. 90/97. Página 9).

Del criterio antes reproducido se infiere que la causa de improcedencia de que se trata, está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de garantías; que es, obtener la reparación constitucional referida en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en los términos ya señalados.

En el presente caso, de la demanda de amparo se advierte que las empresas quejosas reclaman actos de carácter positivo, consistentes -en general- en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto de reformas y adiciones de los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil cuatro; y, en particular, en la autorización otorgada en dichos numerales al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que disponga de su presupuesto con cargo a las cuotas contribuciones y aportaciones que conforme al citado ordenamiento, deba recaudar y recibir, para aportar cantidades al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores jubilados y pensionados del propio instituto, que ostenten cualquiera de esas condiciones hasta antes de la entrada en vigor del decreto citado.

En relación con tales numerales, el representante legal de las quejosas argumenta, sustancialmente, la violación a la garantía tributaria de destino al gasto público contenida en la fracción IV del artículo 31 constitucional, en virtud de que las cuotas patronales que aportan para atender la necesidad pública de seguridad social de sus trabajadores, se desvían de tal destino, pues ahora se canalizan hacia el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, pactado en el contrato colectivo de trabajo, que constituye un gasto privado; y, si bien en su demanda de garantías no es clara en cuanto a los posibles efectos del amparo que se les concediera, de la reclamación de aquellos numerales que establecen la obligación de cubrir las cuotas obrero-patronales se desprende que su intención es que se le desincorpore del deber de contribuir con las aportaciones de seguridad social.

Ahora bien, aun en el supuesto de que fuera procedente conceder el amparo a las quejosas, lo cierto es que al tener los actos reclamados el carácter de positivos, el efecto de la protección federal que en su caso se otorgara (en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo), sería en el sentido de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; esto es, dejar insubsistente el decreto impugnado; y no los efectos que pretenden las empresas peticionarias de garantías; es decir, que se les liberara de la obligación de pagar cuotas patronales; que se ordenara a las responsables la devolución de las contribuciones pagadas que hubieren las quejosas enterado, y, finalmente, que el Instituto Mexicano del Seguro Social continuara prestando a sus trabajadores el servicio de seguridad social.

Así, se reitera, el efecto del amparo no podría consistir en que las quejosas quedaran relevadas del pago de las cuotas patronales, porque esta obligación no proviene de los preceptos combatidos, sino que deriva del imperativo contenido en el artículo 123, apartado A, fracciones XIV y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé lo siguiente:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

"...

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. ..."

Como se ve, la Constitución Federal previene lo relativo a la seguridad social de los trabajadores como obligación primaria de los patrones, pero que puede trasladarse al ámbito de la ley de la materia, en el caso, la Ley del Seguro Social, quedando de esta manera a cargo del organismo público descentralizado respectivo, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De esto resulta que el deber de cubrir las aportaciones de seguridad social deriva del referido precepto constitucional, obligación que recoge, por su parte, la Ley del Seguro Social, entre otros, en los siguientes artículos:

"Artículo 5o. A. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

"...

"XV. Cuotas obrero patronales o cuotas: las aportaciones de seguridad social establecidas en la ley a cargo del patrón, trabajador y sujetos obligados; ..."

"Artículo 15. Los patrones están obligados a:

"...

"III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al instituto; ..."

"Artículo 39. Las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el programa informático, autorizado por el instituto. Asimismo, el patrón deberá presentar ante el instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se trate, y realizar el pago respectivo, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato siguiente.

"La obligación de determinar las cuotas deberá cumplirse aun en el supuesto de que no se realice el pago correspondiente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

"Los capitales constitutivos tienen el carácter de definitivos al momento de notificarse y deben pagarse al instituto, en los términos y plazos previstos en esta ley."

Los preceptos en cuestión regulan la obligación patronal de contribuir con sus aportaciones de seguridad social o cuotas patronales, para lo cual deberán determinarlas y enterarlas al instituto, a fin de que éste pueda prestar el servicio público de seguridad social, lo que habrá de hacer en la forma y términos previstos en el artículo 39.

Es el caso que aun en la posibilidad de que llegara a concederse la protección constitucional a las empresas quejosas, lo cierto es que subsistiría su obligación constitucional de determinar y enterar las cuotas obrero-patronales en su calidad de patrones, de tal modo que los efectos del amparo no podrían concretarse en beneficio de las quejosas.

Como ya se mencionó, el efecto de la hipotética concesión del amparo tampoco podría traducirse en obligar al Instituto Mexicano del Seguro Social a que no destinara las cuotas cubiertas por las empresas quejosas al régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores jubilados y pensionados; dado que, una vez ingresadas las cuotas pagadas al presupuesto del citado instituto, no es factible distinguirlas de las cubiertas por el universo de contribuyentes; de modo tal, que pudiera dársele seguimiento y comprobarse que efectivamente dicho pago de las empresas quejosas se destina al referido régimen o a la seguridad social de sus trabajadores.

En esas condiciones no habría manera de que, concedido el amparo a las quejosas, pudiera dársele efectos prácticos, en el sentido de que las cuotas que aportaran a la seguridad social, se registraran por separado para no destinarlas al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del instituto y sí a los diferentes ramos de seguros que previene la ley de la materia, porque las cuotas que obligadamente deben cubrir por disposición de la Ley Fundamental y de la Ley del Seguro Social, pasan a integrar la gran bolsa de ingresos que el instituto distribuye en sus diversas responsabilidades como entidad pública.

Así, se desprende del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en donde se señalan cifras totales de egresos. Efectivamente, para el referido ejercicio, el artículo 5o. del presupuesto de egresos de la Federación previene:

"Artículo 5o. El ejercicio del gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social se realizará de conformidad con las disposiciones de la Ley del Seguro Social y por lo señalado en este artículo. Conforme al artículo 272 de dicha ley, el gasto programable del instituto será de $184,381'400,000.00. El Gobierno Federal aportará al instituto la cantidad de $32,781'800,000.00, como aportaciones para los seguros y la cantidad de $47,433'200,000.00, para cubrir las pensiones en curso de pago derivadas del artículo Duodécimo Transitorio de la Ley del Seguro Social aprobada el 21 de diciembre de 1995.

"Durante el ejercicio fiscal de 2004, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá destinar a las reservas financieras y actuariales de los seguros y a la reserva general financiera y actuarial, así como al fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o contractual, a que se refieren los artículos 280, fracciones III y IV, y 286 K, respectivamente, de la Ley del Seguro Social, la cantidad de $13,132'600,000.00, a fin de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a los seguros que se establecen en dicha ley; así como para hacer frente a las obligaciones laborales que contraiga, ya sea por disposición legal o contractual, para con sus trabajadores.

"Para los efectos del artículo 277 G de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá sujetarse a las normas de austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en este decreto, en los términos propuestos por el consejo técnico de dicho instituto, las cuales se aplicarán sin afectar con ellas el servicio público que está obligado a prestar a sus derechohabientes. Conforme al mismo artículo 277 G, dichas normas no deberán afectar las metas de constitución o incremento de reservas establecidas en este decreto."

Queda visto, de este modo, que la asignación del presupuesto para los gastos del Instituto Mexicano del Seguro Social está dada de forma general o global; por lo que en el caso, se insiste, en la hipotética concesión de amparo, jurídicamente, no se podrían materializar sus efectos, motivo por el cual se concluye que debe revocarse la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, interpretado a contrario sensu, y el 74, fracción III, todos de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se refiere.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el tercero de los Ministros antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19123-5a7e833e/seguro-social-es-improcedente-el-amparo-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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