SOCIEDADES COOPERATIVAS. DEBEN CUBRIR AL INFONAVIT LAS APORTACIONES DE SUS TRABAJADORES, NO ASÍ DE SUS SOCIOS COOPERATIVISTAS.
AMPARO EN REVISIÓN 1977/2006. CONSORCIO UTELA, S.C. DE R.L. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de los artículos 1o., fracción VIII, inciso 1, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis; 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 2o., fracciones IX y XI, y 3o. del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. El recurso de revisión fue presentado en tiempo, pues la sentencia dictada por el Juez de Distrito fue notificada a la parte quejosa por medio de lista el veintiocho de junio de dos mil seis; la notificación surtió efectos el veintinueve del propio mes, por lo que el término corrió del treinta siguiente al trece de julio de dos mil seis, descontando los días uno, dos, ocho y nueve de julio, por tratarse de sábados y domingos, respectivamente, de ahí que si el recurso se interpuso en el Juzgado de Distrito del conocimiento el trece de julio del mismo año, es claro que el medio de defensa fue promovido en tiempo.
TERCERO. La parte recurrente expresó, en esencia, los siguientes agravios:
a) El Juez de Distrito a quo no examinó los argumentos expresados por el quejoso en relación con los conceptos de violación marcados como uno y dos, en los que se argumentó que los preceptos tildados de inconstitucionales violan los principios de equidad y legalidad tributaria, al tratar igual a sujetos desiguales, como son el socio cooperativista y el trabajador, figuras de naturaleza jurídica distinta tanto por sus características como por sus finalidades, pues mientras los primeros se asocian para trabajar en común con la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado, independientemente de la actividad que desempeñe, además de no precisar los elementos del tributo las normas de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. De esta manera, la razón del Juez de Distrito, en el sentido de considerar incorrecto lo aducido por la quejosa de que no reúne el carácter de patrón, porque conforme a sus estatutos y de conformidad con el artículo 78, fracción VIII, de la Ley General de Sociedades Cooperativas puede contratar trabajadores, evidentemente no es coherente con el argumento contenido en los señalados conceptos de violación, pues el hecho de que pueda hacer ese tipo de contrataciones no quiere decir que la misma tenga el carácter de patrón respecto de los socios que la integran.
Por lo anterior, resulta ilógico lo resuelto por el juzgador de amparo, en virtud de que lo que se sostiene en la demanda de garantías es que a la sociedad quejosa no le son aplicables los preceptos que se tildan de inconstitucionales respecto de los socios cooperativistas que la integran, mas no así en relación con terceros ajenos a la sociedad, como son los trabajadores que pueda contratar.
Por otro lado, el Juez de Distrito tampoco analizó conforme a derecho los señalados conceptos de violación así como las pruebas aportadas por la quejosa, por lo que sus argumentaciones en cuanto a que en términos del artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas es obligación de toda sociedad cooperativa afiliar a sus trabajadores y socios que aporten su trabajo personal a los sistemas de seguridad social, como lo es el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, por ende, está obligada a realizar aportaciones a éste, en términos del numeral 29 de la ley que lo regula, resulta incongruente con lo planteado en la demanda, en la que se expresó que las normas tildadas de inconstitucionales no les eran aplicables a las sociedades cooperativas respecto de sus socios, además de que violan el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Además de lo anterior, los argumentos expuestos por el a quo, en los que realiza un análisis de lo establecido en la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, concluyendo que es obligación de las sociedades cooperativas de afiliar a sus trabajadores y socios que aporten su trabajo personal al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para cumplir con el compromiso de seguridad social establecido en el precepto fundamental señalado, no demeritan las violaciones alegadas por la quejosa en su demanda, pues las anteriores consideraciones no tienen que ver en absoluto con la litis planteada, motivo por el cual se vulnera el principio de congruencia interna que debe cumplir toda resolución.
b) La resolución del Juez de Distrito a quo transgrede lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues la misma carece de la fundamentación, motivación y exhaustividad con que deben emitirse. Ello es así, en virtud de que a través del tercer concepto de violación se expresó que los preceptos tildados de inconstitucionales son violatorios del principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al no estar contenidos en la ley los elementos esenciales de la contribución, es decir, tanto en el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como en los numerales 2o. y 3o. del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al instituto señalado, no se establece expresamente el objeto que debe tomarse en cuenta para determinar la aportación tratándose de sujetos pasivos que tengan la calidad de sociedades cooperativas, ello en virtud de que el objeto de la ley es el gravar salarios y no los rendimientos por trabajo aportado.
Asimismo, el Juez de Distrito no se pronunció en relación con lo que sostuvo la quejosa de que tanto el objeto (suponiendo sin conceder que el rendimiento por trabajo aportado fuere considerado como salario), la época de pago y la base de las aportaciones no se encuentran previstos en un acto material y formalmente legislativo, sino en una disposición reglamentaria, lo que excede lo señalado en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, pues en el reglamento de mérito se establece que para el cálculo de las percepciones base de cotización de los socios cooperativistas las aportaciones se determinarán conforme a las reglas de carácter general que determine la propia autoridad administrativa.
Además, lo resuelto por el Juez en el sentido de que en términos del artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución, toda empresa está obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, aludiendo a que se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, es un argumento del todo incongruente con lo planteado en la demanda, pues no se discutió lo dispuesto en tal precepto constitucional ni tampoco la falta de fundamentación y motivación del proceso legislativo correspondiente, sino la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de que los preceptos que regulan las aportaciones al Infonavit no prevén expresamente los elementos esenciales de toda contribución, en el sentido de que las sociedades cooperativas no se ubican en el supuesto normativo que consigna el sujeto a que obliga la ley que regula al citado instituto, además de que el objeto que grava la contribución no coincide con el hecho fáctico en que se coloca a la quejosa. Así, al expresar el juzgador de amparo que el elemento "sujeto" previsto en el artículo 29, fracciones I y II, de la ley que regula a dicho instituto se relaciona con los patrones obligados a determinar el monto de las aportaciones en un porcentaje del 5% sobre los salarios de los trabajadores, y el objeto se relaciona con el mencionado salario, lo único que hace es justificar la procedencia de los argumentos de la quejosa, en el sentido de que la ley respectiva transgrede el principio de legalidad tributaria citado.
c) El Juez de Distrito transgrede lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues no se pronunció exhaustivamente respecto de los argumentos de la quejosa tendientes a evidenciar la inconstitucionalidad de las normas tildadas de inconstitucionales, al no establecer de manera expresa el sujeto pasivo de la relación tributaria, es decir, no prevén expresamente a las sociedades cooperativas como sujetos pasivos, lo cual violenta flagrantemente el principio de exhaustividad que debe cumplir toda sentencia.
CUARTO. En términos de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de veintiocho de noviembre de dos mil seis, deben quedar firmes las consideraciones del Juez de Distrito para sobreseer en el juicio respecto de los actos que se reclamaron al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores precisados en el resultando primero y en atención a las consideraciones expuestas en el considerando segundo de su resolución de veinte de junio de dos mil seis, terminada de engrosar el veintiséis siguiente.
QUINTO. Previamente al estudio de los agravios hechos valer por la parte recurrente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupa, de oficio, del estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción V del artículo 116, ambos de la Ley de Amparo, la cual no advirtió el órgano colegiado que en primer término conoció del presente asunto, respecto del artículo 1o., fracción VIII, inciso 1, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis, acto respecto del cual el Juez de Distrito determinó negar el amparo solicitado pero sin hacer consideración alguna en su sentencia en relación con el mismo.
Lo anterior es así, porque de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, cuya síntesis se hizo en el resultando segundo de esta ejecutoria, se advierte que no formuló argumento alguno en contra del precepto citado, a fin de demostrar su inconstitucionalidad, pues en dichos conceptos se refiere a preceptos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al instituto señalado, mas no a precepto alguno de la citada Ley de Ingresos.
En ese tenor, es evidente, como ya se precisó, que la quejosa no expresó argumento alguno en contra del precepto citado a fin de demostrar su inconstitucionalidad, razón por la que debe sobreseerse en el juicio respecto del mismo.
Apoya la anterior decisión la jurisprudencia número 3a./J. 28/93, de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 72, diciembre de 1993, página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO."
SEXTO. Son sustancialmente fundados los agravios que quedaron sintetizados en el considerando tercero de la presente resolución, en los que se aduce, básicamente, que la resolución del Juez de Distrito es incongruente porque no examinó los argumentos expresados en la demanda de garantías, concretamente en los conceptos de violación uno y dos, en los que se alegó que los preceptos reclamados resultaban violatorios de los principios de equidad y legalidad tributarias, al tratar igual a sujetos desiguales, como lo son la sociedad cooperativa y sus socios, en relación con los patrones y sus trabajadores, y porque además no se precisaban en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores los elementos del tributo, en relación con las sociedades cooperativas.
En efecto, como se aprecia de la resolución recurrida, para negar el amparo solicitado el Juez de Distrito expresó en cuanto a los mencionados conceptos de violación lo siguiente: "No asiste razón a la impetrante de garantías al considerar que no reúne el carácter de patrón, toda vez que, si bien es cierto, las actividades productivas de bienes y servicios serán realizadas principal y básicamente por los socios, mediante trabajo personal, físico o intelectual, también lo es que puede contratar trabajadores, según lo indica la cláusula quinta del capítulo segundo de la constitución de la sociedad quejosa y de conformidad con la fracción VIII del artículo 78 de la Ley General de Sociedades Cooperativas ... Pero con independencia de quién sea el que desarrolle la actividad económica de producción y distribución de bienes y servicios, es obligación de la cooperativa, afiliar a sus trabajadores y socios que aporten su trabajo personal, a los sistemas de seguridad social, como lo es el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (sic), en términos del último párrafo del artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas ...". También se basó para determinar lo anterior, en la interpretación de la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, al considerar: "Por lo anterior se colige que la impetrante de garantías efectivamente tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores y socios que aporten su trabajo personal, al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para cumplir con el compromiso de seguridad social establecido en la fracción XII del artículo 123 constitucional."
Además, consideró infundado el argumento de la parte quejosa en el que señaló que el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no contiene todos los elementos de un tributo pues, en cuanto al sujeto, el artículo 29, en sus fracciones I y II, señala que es obligación de los patrones determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago; en cuanto al objeto, consideró que se entendía como lo que se grava o está sujeto a imposición, y se contenía en el multicitado artículo 29, fracción II, párrafo primero, de la ley, que establece que las aportaciones del cinco por ciento a cargo del patrón serán sobre el salario de los trabajadores a su servicio; la base consideró que se contenía en la fracción II del artículo 29, en concordancia con el artículo quinto transitorio de la propia ley, que establece que en cuanto a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, será en la parte correspondiente a los seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez (artículos 27 y 28 de la Ley del Seguro Social); por lo que hace a la tasa o tarifa, el propio artículo 29, fracción II, de la invocada ley, estatuye que el monto de las aportaciones será del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores al servicio del patrón; en cuanto al lugar el artículo 29, fracción II, indica que el pago de las aportaciones por parte de los patrones deberá efectuarse en las unidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto; finalmente, en relación con la fecha de pago, expresó que el numeral 35 indica que "el pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29, será por mensualidades vencidas a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente".
Como se aprecia claramente de lo anterior, el mencionado Juez de Distrito no atendió la cuestión efectivamente planteada en la demanda de garantías, pues es claro, como se expresó, que lo que se argumentó en ella fue, por una parte, que el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores transgrede el principio de equidad tributaria por tratar en forma igual a sujetos desiguales, sociedades cooperativas y sus socios, respecto de los patrones y sus trabajadores y, por otra, que tal precepto, así como el diverso numeral 2o., fracciones IX y XI, del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al instituto señalado, resultaban violatorios del principio de legalidad tributaria al no figurar como sujetos obligados a pagar las aportaciones relativas a las sociedades cooperativas, además de no estar previstos en la ley los elementos esenciales del mencionado tributo.
Por lo anterior, en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, en los términos anteriores es que esta Sala se avocará al estudio de los conceptos de violación que omitió el Juez de Distrito.
Debe precisarse que para determinar si es operante el planteamiento de constitucionalidad en los términos expuestos por la quejosa, resulta necesario realizar, previamente, la interpretación que debe darse a los preceptos reclamados, ello con fundamento en la tesis que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 81, septiembre de 1994, tesis P. XLIII/94, página 41, que lleva por rubro y texto, los siguientes:
"REVISIÓN. CUANDO LA OPERANCIA DEL ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEPENDE DE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBA DARSE A LA MISMA, DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE ESTA CUESTIÓN. Debe examinarse, previamente, la interpretación que debe darse a un precepto legal cuando de ella dependa la operancia del planteamiento de inconstitucionalidad de ese precepto, y no desestimarse de antemano considerando que realmente constituye un problema de legalidad, pues de ello podría seguirse una denegación de justicia si, llegado el caso, la interpretación que se diera al precepto tornara operante el planteamiento de constitucionalidad."
Para realizar lo anterior, se considera necesario transcribir el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que dispone lo siguiente:
"Artículo 29. Son obligaciones de los patrones:
"I. Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el instituto y dar los avisos a que se refiere el artículo 31 de esta ley;
"Los patrones estarán obligados, siempre que contraten un nuevo trabajador, a solicitarle su número de Clave Única de Registro de Población.
"Los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciban al momento de su inscripción;
"II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social.
"Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores.
"Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presente ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
"El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, en los términos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su reglamento. Lo anterior, independientemente de los registros individuales que determine llevar el instituto.
"Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta;
"III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, en la forma y términos que establece esta ley y sus disposiciones reglamentarias. La integración y cálculo de la base salarial para efectos de los descuentos será la contenida en la fracción II del presente artículo.
"A fin de que el instituto pueda individualizar dichos descuentos, los patrones deberán proporcionarle la información relativa a cada trabajador en la forma y periodicidad que al efecto establezcan esta ley y sus disposiciones reglamentarias;
"IV. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, establecidas en esta ley y sus disposiciones reglamentarias;
"V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta ley, el Código Fiscal de la Federación y sus disposiciones reglamentarias. A efecto de evitar duplicidad de acciones, el instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la coordinación de estas acciones fiscales;
"VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el instituto, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes;
"VII. Expedir y entregar, semanal o quincenalmente, a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, conforme a los periodos de pago establecidos, tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción.
"Asimismo, deberán cubrir las aportaciones, aun en el caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, en cuyo caso su monto se depositará en una cuenta específica que se manejará en los mismos términos que los recursos individualizados del Fondo Nacional de la Vivienda, hasta en tanto se esté en posibilidad de individualizar los pagos a favor de sus titulares, en los términos de esta ley. Lo anterior, sin perjuicio de que aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se les abonen a sus cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, los importes que les correspondan.
"La administradora de fondos para el retiro en la que el trabajador se encuentre registrado tendrá a petición del mismo, la obligación de individualizar las aportaciones a que se refiere esta fracción contra la presentación de las constancias mencionadas;
"VIII. Presentar al instituto copia con firma autógrafa del informe sobre la situación fiscal del contribuyente con los anexos referentes a las contribuciones por concepto de aportaciones patronales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuando en los términos de dicho código, estén obligados a dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros.
"Cualquier otro patrón podrá optar por dictaminar por contador público autorizado el cumplimiento de sus obligaciones ante el instituto en los términos de las disposiciones reglamentarias correspondientes, y
"IX. Las demás previstas en la ley y sus reglamentos.
"La obligación de efectuar las aportaciones y hacer los descuentos a que se refieren las fracciones II y III anteriores, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la Ley del Seguro Social, siempre que se dé aviso oportuno al instituto, en conformidad al artículo 31. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de aportaciones.
"En caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de dos años, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón."
Por su parte, el Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece en sus artículos 2o. y 3o., en lo conducente, lo siguiente:
"Artículo 2o. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
"...
"IX. Patrones, las personas que tengan este carácter en términos de la Ley Federal del Trabajo;
"...
"XI. Trabajadores, las personas que la Ley Federal del Trabajo define como tales."
"Artículo 3o. Son obligaciones de los patrones de conformidad con la ley:
"I. Inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el instituto; ..."
El primero de los preceptos transcritos establece diversas obligaciones a cargo de los patrones, entre otras, su inscripción al instituto, así como de sus trabajadores; la determinación del monto de las aportaciones relativas a favor de estos últimos; la realización de los descuentos establecidos en la ley; y la de proporcionar información y permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto. Los preceptos transcritos en segundo término, en concordancia con el primero, disponen lo que debe entenderse por "patrones" y "trabajadores", así como la obligación de los patrones de inscribirse e inscribir a sus trabajadores al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Ahora bien, como se apuntó, los argumentos torales de la parte quejosa en el juicio de garantías consistieron en que existe transgresión tanto al principio de equidad tributaria como al de legalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al tratar en forma igual a los desiguales a las sociedades cooperativas y sus socios, por una parte, y a los patrones y sus trabajadores, por otra, además de no establecer los elementos esenciales de la contribución, considerando la quejosa que no es sujeto de aplicación de la ley en comento.
Como es fácil advertir de las transcripciones anteriores, así como de los argumentos expuestos, se considera que la quejosa parte en sus conceptos de violación de una idea falsa que consiste en que considera que tanto el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como el diverso numeral 2o., fracciones IX y XI, del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al instituto, la obligan, como sociedad cooperativa, a realizar aportaciones al instituto señalado en relación con sus socios cooperativistas, cuando lo que se desprende de los numerales en cuestión es que sólo aquellos que tengan el carácter de patrón, entendido éste en términos del mencionado artículo 2o., son los que sí deben realizar las aportaciones de mérito respecto de los trabajadores que hayan contratado, sin que pueda establecerse de los preceptos señalados que las sociedades cooperativas, en relación únicamente con sus socios cooperativistas, tengan los citados caracteres de "patrón" y "trabajadores", razonamientos estos últimos que permiten concluir que los señalados preceptos legal y reglamentario no transgreden los mencionados principios constitucionales en los términos propuestos por la quejosa en su demanda de garantías.
Lo anterior es así, con independencia de que el Juez de Distrito en su resolución haya considerado que las sociedades cooperativas, en términos del artículo 57 de la ley que las regula, establezca como obligación el afiliar a sus trabajadores, así como a sus socios que aporten un trabajo personal, a los sistemas de seguridad social, pues contrariamente a dicho argumento, esta Sala considera que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no se encuentra inmerso dentro de los sistemas de seguridad social, sino de la solidaridad social.
En efecto, el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal contempla, en términos generales, el derecho constitucional de los trabajadores para obtener, por parte del patrón, habitaciones cómodas e higiénicas, lo que constituye, en términos generales, una garantía de previsión social.
El precepto constitucional citado, en lo referente a la previsión social a favor de los trabajadores, prevé:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20438-2095d09b/sociedades-cooperativas-deben-cubrir-al-infonavit-las-aportaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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