Corpus
Modo: Corpus Pro

IMPUESTOS LOCALES. EL CONGRESO DE LA UNIÓN CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ESTABLECER EXENCIONES O DIVERSOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS RESPECTO DE AQUÉLLOS. JERARQUÍA NORMATIVA. ES INEXISTENTE ENTRE LAS LEYES REGLAMENTARIAS EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE SE LIMITAN A INCIDIR EN EL ÁMBITO FEDERAL Y LAS DEMÁS LEYES FEDERALES. JERARQUÍA NORMATIVA. ES INEXISTENTE ENTRE LAS LEYES REGLAMENTARIAS EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE SE LIMITAN A INCIDIR EN EL ÁMBITO FEDERAL Y LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. NÓMINAS. CONFORME AL CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO DE GUANAJUATO, LA LEGISLATURA LOCAL PUEDE ESTABLECER UN IMPUESTO QUE GRAVE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR ESE CONCEPTO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NÓMINAS. EL HECHO DE QUE UNA LEGISLATURA LOCAL SUJETE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL AL PAGO DE ESE IMPUESTO NO INVADE EL ÁMBITO RESERVADO A LA FEDERACIÓN, PREVISTO EN EL NUMERAL 4o. DE LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL. SEGURO SOCIAL. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN ES DE NATURALEZA FEDERAL Y NO GENERAL. SEGURO SOCIAL. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN SE UBICA EN EL MISMO PLANO JERÁRQUICO QUE EL DE LAS DEMÁS LEYES FEDERALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1014/2006. · Registro digital (IUS): 22425
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 205.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1014/2006.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: RICARDO MARTÍNEZ ESTRADA Y RAFAEL COELLO CETINA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito.

SEGUNDO. El recurso fue interpuesto en tiempo, esto es, dentro del plazo de diez días que para tal efecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia recurrida se notificó por oficio a la autoridad recurrente en su calidad de tercero perjudicada el doce de mayo de dos mil seis, como se desprende de la constancia que obra a foja 178 del expediente del juicio de garantías, y el oficio relativo al recurso se presentó el diecinueve siguiente ante el Tribunal Colegiado; por tanto, dicho término transcurrió del dieciséis al veintinueve de mayo de dos mil seis, como se advierte del siguiente calendario:

Ver calendario

Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

"NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE HICIERON, CUANDO SEA TERCERA PERJUDICADA. Conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 34 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se hagan a las autoridades responsables surtirán sus efectos desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas, en tanto que, al tenor de lo previsto en la fracción II del propio numeral, las demás surtirán sus efectos desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista en los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito o Suprema Corte de Justicia. De la interpretación armónica de los artículos 24, 28, fracción I, 29 y 34 de la Ley de Amparo, cabe destacar que por lo que se refiere a las autoridades, la ley da un mismo tratamiento, respecto de las notificaciones que se les hacen, en su carácter de responsables o como terceras perjudicadas, ordenando que en ambos casos se practiquen por medio de oficio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo. No obstante lo anterior, por lo que se refiere a cuándo surten sus efectos, la ley establece que las que se hagan a las autoridades en su carácter de responsables, será desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas, mientras que las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista en los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito o Suprema Corte de Justicia. Lo anterior lleva a concluir que conforme a lo dispuesto en los artículos mencionados existe una expresa distinción entre el carácter de autoridad responsable y la diversa calidad que la autoridad tiene cuando actúa como tercera perjudicada, para el cómputo del término de interposición del recurso de revisión. En tal virtud, para los casos en que la autoridad tenga el carácter de tercera perjudicada, no debe estarse a la regla prevista en el artículo 34, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que conforme a dicho precepto las notificaciones que se hagan a las autoridades responsables, surtirán sus efectos desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas, sino a la fracción II, en donde debe incluirse a las que se hagan a las autoridades actuando con el carácter de terceras perjudicadas, surtiendo efectos desde el día siguiente al de la notificación, máxime que así lo dispone como regla general el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, julio de 2003, tesis P./J. 24/2003, página 20).

TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada, en términos de lo dispuesto en los artículos 5o., fracción III y 87 de la Ley de Amparo, en virtud de que fue promovido por el titular de la Oficina Recaudadora de León, Guanajuato, reconocido por el Tribunal Colegiado de Circuito como tercero perjudicado (foja 48 vuelta), al haber emitido el oficio impugnado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guanajuato, este último que fue analizado en la sentencia de amparo materia del presente recurso. Apoya la conclusión anterior, por analogía, la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN ASUNTOS TRAMITADOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO SE CUESTIONE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL. El artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo establece que el tercero perjudicado es parte en el juicio de garantías y que puede intervenir con tal carácter siempre que se trate, entre otros supuestos, de la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia que no sea del orden penal. En ese sentido, si en el juicio contencioso administrativo federal seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el secretario de Hacienda y Crédito Público invariablemente ostentará el carácter de demandado en la instancia natural, siempre que se controviertan actos que afecten el interés fiscal de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 198, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, resulta inconcuso que dicho funcionario, tendrá el carácter de tercero perjudicado en aquellos juicios de amparo directo donde se reclame una sentencia del referido tribunal, por lo que se encuentra legitimado para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito que realice el estudio de un tema propiamente constitucional, es decir, referido a la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o a la inconstitucionalidad de una ley, pues los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la tramitación del recurso de revisión contra sentencias dictadas en juicio de amparo directo, no señalan restricción alguna para que legítimamente la parte tercero perjudicada pueda hacer valer dicho medio de impugnación en tal supuesto, pues del contenido de los artículos últimamente mencionados se desprende que dicha revisión será procedente siempre que exista un tema propiamente constitucional y se colmen los requisitos de importancia y trascendencia que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acuerdos generales. No es óbice a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, que regula la revisión interpuesta por autoridades contra sentencias que contienen pronunciamientos en materia de inconstitucionalidad de leyes y que esencialmente prevé una legitimación específica para que sólo sean los órganos legislativo y promulgador de la norma quienes defiendan, vía recurso, la constitucionalidad de la ley, porque en tal caso el secretario de Hacienda y Crédito Público no tiene carácter de responsable, sino de tercero perjudicado, y ello ocasiona que su participación en el juicio descanse en fundamentos distintos, de manera que no admitir el derecho del tercero perjudicado para defender, vía revisión, la constitucionalidad de la ley o la interpretación de un precepto constitucional que le favorezca, equivaldría a dejar inaudita a dicha parte sobre aspectos donde válidamente puede reclamar sus derechos." (Tesis CLXXXVIII/2002, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 286. No. Registro: 185323).

La aplicación analógica de la tesis sustentada por la Segunda Sala radica en que si bien se refiere a la legitimación del secretario de Hacienda y Crédito Público para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito que realice el estudio de un tema propiamente constitucional, cuando tenga el carácter de tercero perjudicado en los términos que señala el criterio en comento, no menos lo es que subsiste la razón medular de dicha tesis, consistente en que los artículos 107, fracción IX, de la Constitución y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la tramitación del recurso de revisión contra sentencias dictadas en juicio de amparo directo, no señalan restricción alguna para que legítimamente la parte tercero perjudicada pueda hacer valer dicho medio de impugnación en tal supuesto, pues del contenido de dichos artículos se advierte que dicha revisión será procedente siempre que exista un tema propiamente constitucional y se colmen los requisitos de importancia y trascendencia que determine esta Suprema Corte en acuerdos generales.

En consecuencia, si el titular de la Oficina Recaudadora de León, Guanajuato, tiene el carácter de tercero perjudicado, al ser la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo de origen, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, es inconcuso que se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, en virtud de que en ésta se concluyó que el Instituto Mexicano del Seguro Social no es sujeto del impuesto sobre nóminas contemplado en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y que, por ende, no tiene obligación alguna de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes y, por ello, resulta indebida la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, que así lo determinó; de donde deriva que dicho pronunciamiento del Tribunal Colegiado de Circuito afecta el interés del recurrente y, por ende, debe reconocerse su legitimación para hacer valer esta instancia.

CUARTO. Conforme a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 83, fracción V, 84, fracción II, 89, último párrafo, 90, último párrafo y 93 de la Ley de Amparo, así como 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto primero del Acuerdo Plenario 5/1999, el recurso de revisión en amparo directo tiene un carácter excepcional, por lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional, debe estudiar únicamente los argumentos de los Tribunales Colegiados que decidan sobre la constitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

En el presente asunto, se considera que el recurso de revisión es procedente, al realizarse por el tribunal ad quem la interpretación de los artículos 123 y 133 de la Constitución Federal, a través de los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático y teleológico.

En efecto, en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado consideró, en esencia, que las leyes del Congreso de la Unión que emanan de la Constitución, reconocidas en el artículo 133, se consideran comprendidas en el "orden constitucional" cuando reglamentan directamente un artículo de la Ley Suprema, por lo que la Ley del Seguro Social es una ley constitucional, en virtud de que dicha potestad legislativa desarrolla la materia de seguridad social prevista en la fracción XXIX del artículo 123 constitucional.

Asimismo, para sostener la superioridad jerárquica del artículo 254 de la Ley del Seguro Social frente a los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, argumentó:

1. La propia Constitución otorga cierta jerarquía a normas destinadas a la protección de un interés nacional, porque van dirigidas a la satisfacción de necesidades sociales, citando como ejemplo, entre otros, al artículo 123 constitucional (clase trabajadora).

2. Si se considera que todas las normas que emanan de la Constitución tienen una misma jerarquía, así habría sido la voluntad del Constituyente, "pues al no concebir ese orden jerárquico se estaría ante el riesgo constante de que existiera contradicción."

3. El Congreso de la Unión recibe la facultad de desarrollar el artículo 123 constitucional, dado que amplía y especifica en detalle la materia de seguridad social prevista de manera general en la Carta Magna.

Con base en dichos razonamientos, el tribunal ad quem determinó que si el artículo 254 de la Ley del Seguro Social establece para el Instituto Mexicano del Seguro Social un régimen de no sujeción de contribuciones, en tanto que los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato obligan a dicho instituto al pago del impuesto sobre nóminas, el primero de los ordenamientos debe predominar sobre el segundo.

En esa tesitura, se considera que al haberse interpretado por el Tribunal Colegiado del conocimiento los artículos 123 y 133 de la Constitución para arribar a la conclusión sintetizada en el párrafo anterior, e impugnarse dichos razonamientos en los agravios, es procedente el recurso de revisión, de conformidad con la tesis P. XVIII/2007, sustentada por este Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 16, cuya sinopsis dice:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. BASTA CON QUE SE UTILICE UNO DE LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL PARA QUE SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la interpretación directa de un precepto constitucional implica desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, atendiendo a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el completo y auténtico sentido de la disposición constitucional, lo cual puede lograrse a través de los métodos: gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico. Asimismo, ha establecido que para fijar el justo alcance de una norma constitucional, el intérprete puede acudir indistintamente a cualquiera de los aludidos métodos, en el orden que el grado de dificultad para interpretar la norma lo exija o así resulte jurídicamente conveniente, de manera que si no fuera suficiente la sola interpretación literal, habría que acudir al análisis sistemático, teleológico, histórico, etcétera, hasta desentrañar el verdadero y auténtico sentido de la norma, sin que ello implique que en todos los casos deban agotarse los referidos métodos de interpretación, pues basta con que uno de ellos la aclare para que se considere suficiente y del todo válido para lograr el objetivo buscado. En congruencia con lo anterior, para que se cumpla con el requisito constitucional de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, relativo a que se haya establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución de la República, basta con que se utilice uno de los referidos métodos de interpretación."

QUINTO. En los agravios la recurrente manifiesta, en esencia:

I. El ad quem realiza una interpretación incorrecta del artículo 133 constitucional y, con base en ello, concluye que después de la Constitución Federal y los tratados internacionales, las leyes reglamentarias de los preceptos constitucionales se encuentran jerárquicamente por encima de los ordenamientos locales.

Lo anterior es así, en virtud de que si todas las normas constitucionales tienen el mismo nivel jerárquico en nuestro sistema jurídico, es indudable que las leyes que emanan de tales normas tienen el mismo nivel; bajo tal consideración, no es dable sostener la supremacía de leyes que reglamentan normas constitucionales en relación con las leyes locales, pues no debe perderse de vista que estas últimas también tienen como fundamento para su emisión una norma constitucional, que es el artículo 124; por lo que las leyes que reglamentan una disposición constitucional tienen exactamente la misma jerarquía que las leyes estatales, puesto que ambas emanan de preceptos constitucionales que no tienen una distinción que pudiese determinar su diferencia jerárquica.

II. Por otra parte, el Tribunal Colegiado señaló que desde el punto de vista de su formación y modificación, las normas se clasifican en: a) Leyes reglamentarias, b) Leyes ordinarias, c) Leyes orgánicas y d) Normas individualizadas, atendiendo únicamente a criterios doctrinales; por lo que tal clasificación no puede constituir motivación legal para la emisión del fallo recurrido, pues no encuentra sustento jurídico en la Constitución. En ese tenor, si el Tribunal Colegiado no justificó por qué se apoyó en criterios doctrinales, analizando objetiva y racionalmente las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resultaban convincentes, no resulta válido que haya apoyado su fallo en un criterio doctrinal que no encuentra sustento en precepto legal alguno.

III. También debe indicarse que resulta incorrecto sostener una distinción entre las leyes que emite el Congreso de la Unión, puesto que tal diferenciación no se desprende del texto de nuestra Carta Magna.

En efecto, la Constitución Federal no establece distinción alguna entre las leyes que emanan de la misma y las que son expedidas por el Congreso de la Unión, es más, válidamente puede sostenerse que tales leyes son iguales ante el Texto Constitucional, si se considera que éstas siguen el mismo procedimiento para su creación, según lo previsto por el artículo 72 del Código Supremo, y son emitidas por el mismo órgano legislativo federal, amén de que la atribución del órgano legislativo federal para emitir cualquiera de las leyes referidas deviene del artículo 73 constitucional. Se sostiene lo expuesto, pues la facultad que tiene el Congreso de la Unión para emitir las leyes en relación con las materias expresamente establecidas en el artículo 73 constitucional, se establece evidentemente en dicho numeral; asimismo, la atribución para expedir las leyes que reglamentan preceptos constitucionales se encuentra prevista en la fracción XXX del ordinal en comento, en donde se establece que el referido órgano legislativo federal cuenta con facultades para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas en nuestra Carta Magna a favor de los Poderes de la Unión.

Bajo tal consideración, es evidente que la facultad que tiene el Congreso de la Unión para emitir cualquier tipo de leyes que reglamenten o no un precepto constitucional, es única y está prevista por el artículo 73 de la Ley Suprema y no en otra disposición constitucional diversa.

IV. Aunado a lo anterior, las leyes emitidas por el Congreso de la Unión en el ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Federal, deben entenderse únicamente como leyes federales, pues no hay precepto constitucional que las distinga; por lo tanto, aun cuando tales leyes federales detallen o reglamenten preceptos de la misma Constitución, ello no implica que dichos ordenamientos legales se sitúen jerárquicamente por encima de las leyes locales o estatales.

V. Ahora bien, contrariamente a lo establecido por el ad quem, el artículo 133 constitucional no establece ninguna relación de jerarquía entre leyes federales y locales, sino competencia determinada, puesto que en términos del artículo 124 constitucional, las primeras, son emitidas por el Congreso de la Unión, mientras que las segundas por las legislaturas de las entidades federativas, ello dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.

En este orden de ideas, es importante destacar que tanto las leyes federales como las locales deben ceñirse al texto que establece la Constitución, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 133 constitucional; por ende, si dichos ordenamientos jurídicos observan las disposiciones de la Ley Suprema y son expedidos por los órganos legislativos correspondientes, bajo la competencia que fija la misma Constitución, no es dable considerar que unos estén jerárquicamente por encima de otros, como lo sostiene el a quo.

SEXTO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que asiste la razón al recurrente, en virtud de que al tenor de lo establecido en los artículos 124 y 133 de la Constitución General de la República, no existe jerarquía alguna entre las leyes federales y las leyes locales, aunado a que si bien la Ley del Seguro Social constituye una ley reglamentaria de la propia Constitución, ello no implica que esta última ley sea jerárquicamente superior a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato.

En efecto, si bien la Ley del Seguro Social es reglamentaria de los artículos 123, fracción XXIX(1) y 90(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, por una parte, regula los seguros y los servicios mencionados en aquel numeral y, por otra parte, define la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo descentralizado federal, y sus relaciones con el Ejecutivo Federal y algunas de las dependencias de éste, ello no implica que el referido ordenamiento tenga una jerarquía diferente a la de las demás leyes federales, al no existir sustento constitucional alguno para considerar que una ley, por el hecho de ser reglamentaria de un precepto constitucional, tenga una especial posición en el orden jurídico nacional.

Al respecto, es menester considerar que las leyes que expida el Congreso de la Unión para regular una determinada materia que a la Federación le ha sido reservada expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que se encuentran limitadas a incidir en el ámbito estrictamente federal -pues su emisión no se sustenta en una habilitación constitucional que permita al Congreso de la Unión incidir en los diversos órdenes jurídicos de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios-, se ubican en el mismo plano jerárquico que el de las demás leyes federales, ya que al trascender al mismo ámbito material de validez y sujetarse a idéntico proceso legislativo de creación, modificación y derogación, no existe justificación constitucional que permita conferirles diversa jerarquía.

Por ello, de aceptarse la premisa en la que se sustenta el fallo recurrido, las leyes expedidas por los Congresos de los Estados, al emitirse con base en un mandato expreso de un precepto constitucional, como es el caso de las dictadas con sustento en el párrafo último de la fracción IX del artículo 117 constitucional, tendrían mayor jerarquía que las leyes federales a las que doctrinalmente no se les considere reglamentarias de la propia Constitución.

En ese tenor, debe reconocerse que la Constitución General de la República no establece distinción jerárquica alguna entre la legislación emitida por el Congreso de la Unión para regular las materias reservadas a la Federación, independientemente de que las leyes respectivas, expresa o implícitamente, deriven de lo previsto en una específica porción normativa de la propia Constitución; máxime que, finalmente, toda expresión legislativa federal encuentra sustento cuando menos competencialmente en este magno ordenamiento, con independencia del grado de libertad de configuración que el mismo autorice al Congreso de la Unión.

En ese orden de ideas, para dar respuesta a los agravios materia de esta instancia, relacionados con la interpretación directa de la Constitución General, también resulta necesario precisar que tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de este Alto Tribunal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece una relación jerárquica entre la legislación federal y la legislación local, con independencia de que aquélla derive de lo previsto expresamente en un precepto constitucional, por lo que para solucionar cualquier aparente contradicción entre ambas, deberá verificarse cuál de ellas fue emitida por la autoridad que actuó dentro de su esfera competencial, atendiendo al principio de reserva establecido en el artículo 124 constitucional.

Cabe señalar que la inexistencia de una relación jerárquica entre la esfera federal y la esfera local se corrobora con lo establecido en los artículos 103, fracciones II y III,(3) y 105, fracción I, inciso a),(4) de la Constitución General de la República, ya que al preverse la posibilidad constitucional de que la Federación pueda invadir la esfera de los Estados y, por ende, la necesidad de contar con medios de control que permitan restaurar el orden constitucional cuando ello acontezca, se advierte que, por regla general, la esfera federal no condiciona el contenido de la normativa que compete expedir a las Legislaturas Locales.

Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la Norma Fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su competencia constitucional." (Tesis 3a./J. 10/91, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, marzo de 1991, página 56. No. Registro: 207030).

Por otra parte, si bien existe el criterio aislado de este Tribunal Pleno consistente en que el artículo 133 reconoce la existencia de leyes del Congreso de la Unión que previa habilitación constitucional se erigen en leyes generales(5) integrantes del orden jurídico superior y que, por ende, son jerárquicamente superiores a las de los Estados, en virtud de que mediante ellas se distribuyen funciones respecto de una determinada materia entre los órdenes jurídicos parciales que conforman al Estado mexicano, lo cierto es que la Ley del Seguro Social no participa de la naturaleza de ese tipo de ordenamientos.

Para arribar a esta conclusión debe destacarse que no existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habilitación expresa para que al expedir la Ley del Seguro Social se distribuyan competencias entre la Federación, Estados y Municipios; aunado a que el ámbito material de validez de esta ley no trasciende del que corresponde a la Federación, sin que este Alto Tribunal haya sostenido analogía alguna entre las llamadas leyes reglamentarias y las referidas "leyes generales".

En abono a lo anterior, si bien es cierto que la Ley del Seguro Social en su artículo 3o. establece que la realización de la seguridad social está a cargo de entidades tanto federales como locales conforme a lo dispuesto por la misma y en los demás ordenamientos legales sobre la materia,(6) debe señalarse que la aplicación de esa normativa federal por parte de las autoridades administrativas estatales, en atención a lo previsto en la fracción VII del artículo 116 constitucional,(7) está condicionada a la celebración de los convenios previstos en la propia ley, específicamente en sus artículos 13,(8) 89(9) y 251.(10)

En este contexto, se estima que la Ley del Seguro Social no puede considerarse como una ley de las denominadas por el criterio aislado de este tribunal como "ley general", sino como una ley de naturaleza estrictamente federal que podrá aplicarse por las autoridades estatales y municipales previa celebración de los convenios mencionados en los preceptos antes señalados, al tenor de lo previsto en la fracción VII del artículo 116 constitucional, a diferencia de lo que sucede con las referidas "leyes generales" las que por su propia naturaleza y su diverso ámbito material de validez son aplicables, por lo regular, por autoridades diversas a las federales sin necesidad de convenio alguno.

Ante ello, para resolver la notoria contradicción entre lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato que en su artículo 2o. señala como sujetos obligados al pago del "impuesto sobre nóminas" a la Federación, incluidas sus entidades paraestatales, y lo señalado en la Ley del Seguro Social que en su artículo 254 indica que el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus dependencias y servicios, no serán sujetos de contribuciones federales, estatales y municipales, debe tomarse en cuenta si en términos de las bases que al tenor de lo previsto en la Constitución General de la República rigen la distribución de la potestad tributaria entre la Federación y los Estados, la facultad para imponer un tributo que recaiga sobre las erogaciones que realice el citado organismo descentralizado federal e, incluso, para determinar si se encuentra obligado o exento de su pago, corresponde a la Federación o a los Estados.

Para tal fin, debe tomarse en cuenta que, como lo ha precisado este Alto Tribunal, el sistema de distribución de la potestad tributaria entre la Federación y los Estados se sustent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22425-8213fe74/impuestos-locales-el-congreso-de-la-union-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.